Política pesquera común — Artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/2336 — Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 — Métodos y criterios para determinar las zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o en las que sea probable que existan — Elaboración de una lista de zonas en las que se ha demostrado o es probable la presencia de ecosistemas marinos vulnerables — Establecimiento de zonas de protección — Excepción de ilegalidad — Proporcionalidad

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima ampliada) de 11 de junio de 2025 ( *1 ) «Política pesquera común — Artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/2336 — Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 — Métodos y criterios para determinar las zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o en las que sea probable que existan — Elaboración de una lista de zonas en las que se ha demostrado o es probable la presencia de ecosistemas marinos vulnerables — Establecimiento de zonas de protección — Excepción de ilegalidad — Proporcionalidad» En el asunto T‑781/22, Madre Querida, S. L., con domicilio social en Burela (Lugo), y las demás partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo, ( 1 ) representadas por los Sres. Á. Givaja Sanz y A. Lamadrid de Pablo y por la Sra. V. Romero Algarra, abogados, partes demandantes, apoyadas por Reino de España, representado por las Sras. A. Gavela Llopis y M. J. Ruiz Sánchez, en calidad de agentes, y por Comunidad Autónoma de Galicia, representada por los Sres. Á. Givaja Sanz y A. Lamadrid de Pablo y por la Sra. V. Romero Algarra, abogados, partes coadyuvantes, contra Comisión Europea, representada por el Sr. A. E. Dawes y la Sra. I. Galindo Martín, en calidad de agentes, parte demandada, apoyada por Parlamento Europeo, representado por el Sr. I. Terwinghe y las Sras. C. A. Ionescu Dima y C. Burgos, en calidad de agentes, y por Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. L. Hamtcheva y los Sres. F. Naert y G. Rugge, en calidad de agentes, partes coadyuvantes, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima ampliada), integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y la Sra. K. Kowalik-Bańczyk, los Sres. E. Buttigieg e I. Dimitrakopoulos (Ponente) y la Sra. B. Ricziová, Jueces; Secretaria: Sra. P. Núñez Ruiz, administradora; habiendo considerado los escritos obrantes en autos; celebrada la vista el 4 de julio de 2024; dicta la siguiente Sentencia 1 Mediante recurso basado en el artículo 263 TFUE, las demandantes, Madre Querida, S. L., y las otras personas jurídicas cuyos nombres figuran en anexo, solicitan, en esencia, la anulación del artículo 2 y del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2022, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan (DO 2022, L 242, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución impugnado» o «Reglamento impugnado»). I. Antecedentes del litigio 2 El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO 2013, L 354, p. 22), determina, en particular, los objetivos y los principios de la Política Pesquera Común (PPC). Prevé, entre otras cosas, la adopción de medidas para la conservación y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos. 3 El Reglamento (UE) 2016/2336 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, por el que se establecen condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en el Atlántico Nororiental y disposiciones relativas a la pesca en aguas internacionales del Atlántico Nororiental y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2347/2002 del Consejo (DO 2016, L 354, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), tiene por objeto contribuir al logro de los objetivos del Reglamento n.o 1380/2013 por lo que respecta a las especies y hábitats de aguas profundas, a saber, garantizar que las actividades pesqueras sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios en el ámbito económico, social y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. 4 El artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base dispone que, a más tardar el 13 de julio de 2017, los Estados miembros a cuyos buques se haya concedido un permiso de pesca en alta mar de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2347/2002 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por el que se establecen las modalidades específicas de acceso y otras condiciones aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas (DO 2002, L 351, p. 6), y en lo que respecta a actividades de pesca de buques que capturen más de diez toneladas por año civil, informarán a la Comisión Europea, a través de datos del sistema de localización de buques (SLB) o, si tales datos no estuvieran disponibles, de otros medios de información pertinentes y verificables, de los lugares en los que se hayan desarrollado las actividades de pesca de especies de aguas profundas de dichos buques durante los años civiles de referencia de 2009 a 2011. 5 El artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base dispone que la Comisión adoptará actos de ejecución con objeto de establecer una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables (en lo sucesivo, «EMV») o sea probable que existan. Según el artículo 9, apartado 9, de dicho Reglamento, se prohibirá la pesca con artes de fondo en todas las zonas incluidas en la lista de conformidad con el apartado 6. 6 En abril de 2017, la Comisión solicitó datos, con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base. En respuesta a esa solicitud, los Estados miembros transmitieron datos SLB y otros datos pertinentes y verificables sobre el lugar de las actividades de pesca de especies de aguas profundas llevadas a cabo por dichos buques durante los años civiles 2009‑2011. 7 En julio de 2017, sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros, la Comisión solicitó al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) que emitiera un dictamen para determinar las zonas de pesca en aguas profundas existentes y establecer una lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. 8 El 5 de enero de 2021, tras haber obtenido de los Estados miembros datos adicionales sobre los EMV y el SLB relativos a un período que abarcaba hasta 2018 e incluso, para algunos datos, hasta 2020, el CIEM emitió un dictamen en el que determinó las zonas existentes de pesca en aguas profundas para los artes de fondo a una profundidad comprendida entre 400 y 800 metros y estableció una lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o la posibilidad de que existan (en lo sucesivo, «dictamen del CIEM de 2021»). 9 El 17 de noviembre de 2021, la Comisión solicitó al CIEM que emitiese un dictamen adicional que incluyera las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes y la lista de zonas con EMV en aguas de la Unión Europea únicamente del Atlántico Nororiental. Dicho dictamen fue emitido el 7 de febrero de 2022. 10 El 15 de septiembre de 2022, a partir de esa información, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución impugnado, cuyo fundamento está constituido esencialmente por el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base. 11 El artículo 2 del Reglamento impugnado dispone lo siguiente: «1.   La lista de zonas en las que se conoce la existencia de [EMV] o la posibilidad de que existan se establece de acuerdo con las coordenadas establecidas en el anexo II. 2.   Dichas zonas estarán sujetas a las normas establecidas en el [Reglamento de base], en particular en su artículo 9, apartados 1 y 9, en lo que respecta a su aplicación a las actividades pesqueras con artes de fondo a más de 400 metros de profundidad y a la prohibición de pescar con artes de fondo en todas esas zonas designadas.» II. Pretensiones de las partes 12 Las demandantes solicitan, en esencia, al Tribunal General que: – Anule el artículo 2 y el anexo II del Reglamento impugnado. – Condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento y al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo a cargar con sus propias costas. 13 La Comisión solicita al Tribunal General que: – Desestime el recurso por ser parcialmente inadmisible y, en todo caso, infundado. – Condene a las demandantes al pago de las costas del presente procedimiento y a la Comunidad Autónoma de Galicia a cargar con sus propias costas. 14 El Consejo solicita al Tribunal General que: – Desestime el segundo motivo, relativo a la supuesta ilegalidad del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base. – Condene en costas a las demandantes. 15 El Parlamento solicita al Tribunal General que: – Estime las pretensiones formuladas por la Comisión y, en consecuencia, desestime el segundo motivo, relativo a la supuesta ilegalidad del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base, por ser en parte inadmisible y, en cualquier caso, carente de fundamento. – Condene en costas a las demandantes. 16 El Reino de España solicita, en esencia, al Tribunal General que: – Estime el recurso de anulación. – Condene en costas a la Comisión. 17 La Comunidad Autónoma de Galicia solicita, en esencia, al Tribunal General que: – Anule el artículo 2 y el anexo II del Reglamento impugnado. – Condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento y al Parlamento y al Consejo a cargar con sus propias costas. III. Fundamentos de Derecho A. Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución impugnado 18 Como se desprende de la primera pretensión de las demandantes, esta tiene por objeto la anulación del artículo 2 del Reglamento impugnado en su totalidad y del anexo II de dicho Reglamento de Ejecución (véase el apartado 12 anterior). 19 A este respecto, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, únicamente las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica, constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación en el sentido del artículo 263 TFUE (sentencia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, EU:C:1981:264, apartado 9; auto de 4 de octubre de 1991, Bosman/Comisión, C‑117/91, EU:C:1991:382, apartado 13, y sentencia de 15 de enero de 2003, Philip Morris International/Comisión, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 y T‑272/01, EU:T:2003:6, apartado 77). 20 Procede abordar la esencia de la medida cuya anulación se solicita para determinar si puede ser objeto de recurso, siendo en principio a este respecto indiferente la forma que revista (sentencias de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, EU:C:1981:264, apartado 9; de 28 de noviembre de 1991, Luxemburgo/Parlamento, C‑213/88 y C‑39/89, EU:C:1991:449, apartado 15, y de 24 de marzo de 1994, Air France/Comisión, T‑3/93, EU:T:1994:36, apartados 43 y 57). 21 Pues bien, es preciso señalar que, en el presente asunto, el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución impugnado, cuyo tenor se ha recordado en el apartado 11 anterior, se limita a remitirse a las normas aplicables del Reglamento de base, sin tener un alcance reglamentario autónomo y, más concretamente, sin establecer obligaciones adicionales respecto de las personas afectadas, que puedan modificar sustancialmente su situación jurídica. En efecto, se trata de una disposición que simplemente recuerda el marco jurídico pertinente establecido por el Reglamento de base y, en particular, por su artículo 9, apartados 1 y 9. Por tanto, el recurso debe considerarse inadmisible en la medida en que tiene por objeto la anulación del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución impugnado. B. Sobre la fundamentación del recurso 22 Las demandantes invocan dos motivos. Mediante el primer motivo, se alega que el Reglamento impugnado infringe el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base y vulnera los principios generales del Derecho de la Unión, más concretamente los principios de no discriminación y de proporcionalidad. Mediante el segundo motivo, las demandantes proponen una excepción de ilegalidad del Reglamento de base, fundada en la vulneración de los principios generales del Derecho de la Unión por el artículo 9, apartados 6 y 9, de dicho Reglamento de base. 1.   Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base y en la vulneración de los principios de no discriminación y de proporcionalidad 23 Según las demandantes, en esencia, las disposiciones impugnadas infringen el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base y vulneran el principio de no discriminación, por cuanto, sin que exista información científica, dan un trato idéntico a artes de pesca que no son comparables y aplican la prohibición de pesca de manera desigual en el Atlántico Nororiental. Las demandantes sostienen que dichas disposiciones también vulneran el principio de proporcionalidad, puesto que rebasan los límites de lo que resulta adecuado y necesario para el logro de los objetivos legítimos de la PPC, en la medida en que, según ellas, prohíben la pesca con artes fijos sin atender al impacto de estos artes en el fondo marino, sin delimitar los polígonos de protección de EMV de una forma precisa y adecuada para los artes fijos y sin tener en cuenta el impacto socioeconómico de estas restricciones en los agentes económicos. A su juicio, tal infracción y tales vulneraciones constituyen errores manifiestos de apreciación de la Comisión. a)   Sobre la infracción del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base y la vulneración del principio de no discriminación 1) Sobre la primera imputación, basada en la infracción del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base y en la vulneración del principio de no discriminación debido al trato idéntico, a la hora de determinar las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, de los artes de pesca fijos y móviles sin razón objetiva 24 Las demandantes, apoyadas por el Reino de España y por la Comunidad Autónoma de Galicia, alegan, en esencia, que los artes de pesca se distinguen por su funcionalidad, dependiendo de que sean arrastrados por el medio marino (puede tratarse, en particular, de redes de arrastre; en lo sucesivo, «artes móviles») o de que se fijen en un punto específico del medio marino (que pueden consistir, en particular, en palangres; en lo sucesivo, «artes fijos»). Las demandantes indican que los artes de pesca se distinguen también por su operatividad, en función de la profundidad a la que se emplean y de su proximidad con el fondo marino. Aducen que los artes fijos tienen un impacto mínimo en la superficie del fondo marino, que, en cualquier caso, no es relevante. Precisan que entre ellos se encuentra el palangre demersal (utilizado por las demandantes), que, según ellas, tiene un impacto insignificante. 25 Las demandantes alegan que el hecho de que el arte de pesca de arrastre de fondo tenga un impacto considerablemente mayor en los ecosistemas marinos y en el propio fondo marino, por tener un considerable mayor contacto con este, también se pone de relieve en el Reglamento de base, en particular en su considerando 7 y en su artículo 16, apartado 1. Sostienen que, consciente de estas diferencias, la Comisión inició el proceso legislativo que culminó con la adopción del Reglamento de base, proponiendo que se prohibiera la pesca de arrastre y que esta se transformase en flota de palangre e indicando que los palangres tenían un impacto escaso en el fondo marino. Las demandantes subrayan, asimismo, el compromiso de la Unión de aplicar las Resoluciones 61/105 y 64/72 adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en sus Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar, de 29 de agosto de 2008 (en lo sucesivo, «Directrices de la FAO de 2008»), haya distinguido entre los diferentes artes de pesca a la hora de evaluar las actividades pesqueras en aguas profundas. Según las demandantes, pese a todo ello, y sin que exista razón alguna que lo justifique, el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base establece una prohibición indiscriminada de pesca que afecta de igual modo a todos los artes de fondo en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. 26 A continuación, las demandantes señalan que el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base dispone que, a más tardar el 13 de enero de 2018, la Comisión debía elaborar, mediante actos de ejecución, una lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan. Esa lista debía establecerse «sobre la base de la mejor información científica y técnica disponible y las evaluaciones e identificaciones llevadas a cabo por los Estados miembros y el organismo científico consultivo». Alegan que, sin embargo, ni el CIEM, en su dictamen de 2021, ni la Comisión dispusieron de ninguna evidencia técnica o científica que sugiera que los artes de pesca fijos (y, en particular, el palangre demersal) pueden tener efectos significativos sobre los EMV. En consecuencia, las demandantes alegan la infracción del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, en la medida en que la Comisión procedió a delimitar las zonas en las que se conoce la existencia de EMV, en el anexo II del Reglamento de Ejecución impugnado, tratando de manera idéntica los artes de pesca móviles y fijos, a pesar de sus diferencias en cuanto al impacto en el fondo marino, sin haber tenido en cuenta la mejor información científica y técnica disponible. Consideran que, por tanto, al proceder así, la Comisión vulneró el principio de no discriminación. 27 La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes. 28 A este respecto, procede recordar que el principio general de no discriminación o el principio general de igualdad exigen que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado [sentencias de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuota de pesca del pez espada del Mediterráneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, apartado 129, y de 4 de febrero de 2021, Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe y otros, C‑640/19, EU:C:2021:97, apartado 70]. 29 En el presente asunto, ha de señalarse, por una parte, que las alegaciones de las demandantes que se refieren al artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución impugnado son inadmisibles (véase el apartado 2 anterior). Por otra parte, en cuanto concierne a las relativas a la infracción del artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base, deberán ser tratadas en el marco del segundo motivo. 30 Respecto a la imputación basada en la infracción del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, habida cuenta de las alegaciones de las demandantes (véanse los anteriores apartados 24 a 26), procede interpretar esta disposición, a fin de definir cuáles son los criterios de determinación de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan que son objeto del anexo II del Reglamento impugnado y, en particular, de establecer si incluyen una evaluación de los efectos adversos de la pesca con artes fijos en tales zonas. 31 En primer lugar, cabe señalar que la interpretación del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base debe hacerse a la luz de determinadas definiciones que se desprenden directamente del artículo 4 de dicho Reglamento, así como que este artículo remite a las definiciones que figuran en el artículo 4 del Reglamento n.o 1380/2013 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 734/2008 del Consejo, de 15 de julio de 2008, sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo (DO 2008, L 201, p. 8). 32 Sobre este particular, por un lado, el artículo 4, apartado 2, letra j), del Reglamento de base dispone que se entenderá por «indicadores de [EMV]» los enumerados en el anexo III de este Reglamento. El artículo 4, apartado 2, letra h), de dicho Reglamento establece que se considerará «hallazgo» la captura de una cantidad tal de una especie indicadora de un EMV que supere los límites establecidos en el anexo IV del mismo Reglamento. Más concretamente, en el citado anexo III figura, en primer término, una lista de los tipos de hábitats de EMV que incluye los taxones con más probabilidades de encontrarse en esos hábitats que se consideran indicadores de EMV. A continuación, el anexo IV antes mencionado, letras a) y b), define el hallazgo de un posible EMV, bien para un lance de arrastre y otros artes de pesca distintos de los palangres (en cuyo caso es relevante la presencia de más de 30 kg de coral vivo o de 400 kg de esponja viva de indicadores de EMV), bien para un calado de palangre (siendo en este caso relevante la presencia de indicadores de EMV en 10 anzuelos por segmento de 1000 anzuelos o por sección de 1200 metros de palangre, eligiendo la más corta). Por tanto, con arreglo a estas disposiciones, la presencia de EMV se demuestra o se indica mediante elementos relacionados con la naturaleza y la cantidad de las especies «halladas» tanto por artes móviles como por artes fijos. Dichos elementos son pertinentes e importantes no solo para la aplicación del artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento de base, sino también para el establecimiento de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, de conformidad con el artículo 9, apartados 4 y 6, del mismo Reglamento, como se analizará a continuación (véanse los siguientes apartados 44 a 51). 33 Por otro lado, los conceptos de «artes de fondo» y de «efectos adversos significativos» forman parte integrante de la definición del EMV, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, al que remite el artículo 4 del Reglamento de base. 34 En primer término, según el artículo 2, letra d), del Reglamento n.o 734/2008, son artes de fondo los «artes desplegados en contacto con el fondo marino en el transcurso normal de operaciones de pesca», que en dicho artículo se ilustran mediante ejemplos («incluidos las redes de arrastre de fondo […], los palangres de fondo»). De ello se desprende claramente que los «artes de fondo», en el sentido de la definición mencionada, comprenden los artes de fondo fijos, incluidos los palangres. 35 En segundo término, a tenor del artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 734/2008, los «efectos adversos significativos» que ponen en peligro la integridad del ecosistema, según las precisiones contenidas en el artículo 2, letra c), del mismo Reglamento, resultan de un contacto físico del fondo marino con los artes de fondo en general, en el transcurso normal de operaciones de pesca. En este contexto, la expresión «en el transcurso normal de operaciones de pesca» está vinculada a la de «contacto físico con artes de fondo», que figura en el artículo 2, letra b), de dicho Reglamento, y no implica una evaluación de las actividades de pesca realizadas en los espacios marítimos de que se trate. Esta interpretación se ve corroborada por el artículo 2, letra d), del Reglamento en cuestión, según el cual los «artes de fondo» son los «artes desplegados en contacto con el fondo marino en el transcurso normal de operaciones de pesca». 36 En tercer término, la definición que figura en el artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 734/2008 incluye también una enumeración no taxativa de los EMV, que comprenden «los arrecifes, los montes marinos, las fuentes hidrotermales, los corales de aguas frías o los campos de esponjas de aguas frías». A este último respecto, como sostiene la Comisión ante el Tribunal General, sin que haya sido rebatido, dicha enumeración corresponde a los tipos de hábitats de EMV mencionados en el anexo III del Reglamento de base que, como se ha indicado anteriormente, se definen a partir de taxones representativos, con independencia del tipo de artes de pesca que puedan afectarlos. Por tanto, la caracterización de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan resulta de la aplicación de criterios objetivos vinculados a la presencia verificada o probable de especies protegidas como las enumeradas, cuya protección se garantiza frente a los peligros vinculados a los efectos de una pesca mediante «artes de fondo» en general. En efecto, el tipo, móvil o fijo, de los artes de fondo no tiene incidencia en los indicadores de estas zonas ni en los tipos de hábitats de EMV identificados por el legislador en el anexo III del Reglamento de base. De ello se desprende, como sostuvo fundadamente la Comisión en la vista, que esta no disponía de una facultad de apreciación acerca de si los hábitats marinos expresamente incluidos en la enumeración de la definición antes mencionada [artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 734/2008] y reproducidos en el anexo III del Reglamento de base constituían o no EMV en función de los datos relativos a los tipos de artes de fondo utilizados durante el transcurso normal de las operaciones de pesca realizadas en las zonas de que se trata. 37 En cuarto término, según el artículo 2, letra c), del Reglamento n.o 734/2008, los «efectos adversos significativos» a los que antes se ha hecho mención son evaluados individualmente, en combinación o de forma acumulativa. En consecuencia, no es necesario examinar por separado los efectos adversos de los artes de fondo fijos, en la medida en que los efectos adversos significativos en zonas en las que se conoce la existencia de EMV ya pueden constatarse o son previsibles sobre la base de los artes móviles y, por tanto, a lo sumo, solo se reforzarían en caso de que se constataran efectos adversos adicionales debidos a los artes fijos. Como se ha indicado en el apartado 36 anterior, la presencia verificada o probable de las especies protegidas lleva a calificar las zonas pertinentes de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, de forma que se garantice su protección contra los «artes de fondo» en general. 38 Procede concluir de ello que, en contra de lo alegado por las demandantes (véase el apartado 26 anterior), según el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, una zona puede calificarse de zona en la que se conoce la existencia de EMV o en la que sea probable que existan en razón de los efectos adversos significativos provocados por la utilización de artes de fondo móviles únicamente o por la utilización de artes de fondo en general, sin que esta calificación pueda ponerse en tela de juicio en relación con los artes de fondo fijos, habida cuenta de sus efectos (potencialmente menos) adversos en el ecosistema de que se trate. Pues bien, en tales circunstancias, la elaboración de la lista de dichas zonas, que forma parte del anexo II del Reglamento de Ejecución impugnado, no puede depender del análisis comparativo de los artes de fondo móviles y fijos, aun cuando se considerase que estos últimos puedan presentar riesgos menores que los artes móviles. Más concretamente, por una parte, la Comisión no podía limitarse a evaluar tan solo los efectos adversos de los artes fijos, ya que tal enfoque no es posible porque excluiría que se tuviese en cuenta el riesgo vinculado a la utilización de los artes móviles, no obstante acreditado. Por otra parte, en cualquier caso, no se ha demostrado que el hecho de que se hubieran tomado en consideración de manera adicional los artes fijos habría podido tener como consecuencia la exclusión de una o varias de las zonas actualmente incluidas en el anexo II de dicho Reglamento de Ejecución atendiendo a la existencia cierta o probable de EMV. Por consiguiente, no puede considerarse que el enfoque adoptado por la Comisión discrimine la pesca con artes fijos, respecto de los cuales cabe señalar que también están comprendidos en la prohibición general de los «artes de fondo» establecida en el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base. Por lo que se refiere a la alegación de las demandantes relativa a la inexistencia de cualquier efecto adverso de los artes fijos, se analizará en el marco del segundo motivo. 39 En segundo lugar, procede señalar que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base remite a las Directrices de la FAO de 2008, a efectos de la evaluación anual de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. Los factores que deberían utilizarse como criterios para la identificación de los EMV se desprenden de los apartados 14, 15 y 42 de dichas Directrices. 40 En particular, se indica que esos factores, vinculados a las características de los ecosistemas propiamente dichos, concretamente a sus aspectos biológicos y estructurales, son los siguientes: – unicidad y rareza [i]; – importancia funcional del hábitat [ii]; – fragilidad [iii]; – características del ciclo biológico de las especies que componen ese hábitat y que dificultan su recuperación [iv]; – complejidad estructural [v]. 41 De ello se desprende que la clasificación de un ecosistema marino como vulnerable no presupone un examen de los efectos adversos de los artes de fondo fijos. Es cierto que, de conformidad con el apartado 15 de las Directrices de la FAO de 2008, la vulnerabilidad de un ecosistema se aprecia en relación con las actividades antrópicas y puede variar en función de los tipos de artes de pesca utilizados. Sin embargo, ello no implica que la clasificación de un ecosistema como vulnerable presuponga la apreciación de su fragilidad atendiendo específicamente a cada tipo de arte utilizado o que pueda limitarse a determinados tipos de artes, con exclusión de otros, dado que dicha clasificación se basa en las características del ecosistema propiamente dicho, que no varían en función del efecto de cada tipo de arte utilizado. 42 Además, de los apartados 17, 18 y 47 de las Directrices de la FAO de 2008 se desprende que la evaluación de los efectos adversos de la pesca realizada o prevista en las zonas de que se trata es posterior a la identificación de los EMV y forma parte de una fase ulterior del procedimiento relativo a su protección, que concierne a la adopción de medidas de gestión y conservación adecuadas, destinadas a evitar cualquier efecto adverso significativo sobre los EMV. 43 Por tanto, las Directrices de la FAO de 2008 no aportan elementos de interpretación que puedan sustentar la tesis formulada por las demandantes sobre la necesidad de evaluar la posible incidencia del tipo de pesca y de los artes que se utilicen. 44 En tercer lugar, debe realizarse un análisis teleológico y sistémico del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base. 45 En primer término, cabe señalar que la identificación por los Estados miembros de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, que la Comisión tendrá en cuenta a efectos de la elaboración de la lista de tales zonas, se basa, en particular, en la información biogeográfica y en la información sobre los hallazgos de EMV, que dependen de la cantidad de determinadas especies (véanse las disposiciones de los anexos III y IV de dicho Reglamento) capturadas en el transcurso de una operación pesquera. Así pues, se trata de información que, más que a las características o los efectos de los diferentes artes de fondo utilizados, se refiere a las características biológicas y estructurales de los hábitats afectados. 46 En segundo término, debe considerarse que, aun cuando el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, en la medida en que se refiere al hecho de establecer una lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, instaura un requisito de conservación de los EMV, se trata, no obstante, de un elemento distinto del relativo a la adopción de medidas específicas para la conservación y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos. 47 A este respecto, como se desprende, en particular, de los artículos 4, apartado 1, punto 20, y 7, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1380/2013, el tipo de artes de pesca utilizados o sus características, relativas a su utilización, pueden ser objeto de «medidas técnicas» para regular los efectos de las actividades pesqueras en los componentes de los ecosistemas. Constituye una medida de este tipo, que forma parte de la «gestión de la pesca», la prevista en el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base, según el cual «se prohibirá la pesca con artes de fondo en todas las zonas incluidas en la lista de conformidad con el apartado 6». 48 En ese mismo sentido, la posibilidad, establecida en el artículo 9, apartado 6, segunda frase, del Reglamento de base, de eliminar una zona de la lista de EMV, sobre la base de una evaluación de impacto y tras la adopción de medidas de conservación y de gestión adecuadas que garanticen la prevención de las repercusiones adversas significativas en los EMV en esa zona, presupone precisamente que se hayan adoptado tales medidas. Así pues, no cabe deducir de esta disposición que deba aplicarse un enfoque de gestión, que incluya la exigencia de evaluar las consecuencias de las medidas de protección de los EMV sobre las actividades pesqueras y sobre la vida económica y social (véase el apartado 23 anterior), en relación con el establecimiento de la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. 49 En tercer término, tal enfoque, preconizado en esencia por las demandantes, sería incompatible con el concepto de «acto de ejecución», puesto que modificaría o completaría el Reglamento de base en sus elementos esenciales respecto a la protección de los EMV (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartados 44 y 48 a 51) e iría mucho más allá de la facultad conferida a la Comisión por el artículo 9, apartado 6, primera frase, del Reglamento de base. 50 Esta consideración no queda desvirtuada por el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, en virtud del cual la evaluación de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan se efectuará según el criterio de precaución en materia de gestión de la pesca a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 8, del Reglamento n.o 1380/2013, según el cual «la falta de información científica suficiente no debe servir de justificación para posponer o para no adoptar medidas de gestión destinadas a conservar las especies principales, así como las especies asociadas o dependientes, las especies acompañantes y el medio en el que se encuentran». En efecto, la aplicación de dicho criterio, en cuanto al establecimiento de la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, se justifica, por una parte, por el hecho de que la identificación de esas zonas forma parte integrante de su protección y, por otra parte, por la probabilidad de que no existan datos científicos suficientes (o suficientemente fiables y creíbles) sobre las características de los ecosistemas afectados, que deben tomarse en consideración para la identificación de los EMV. Este criterio implica que la falta de tales datos no debe excluir que la Comisión, al ejercer su facultad de apreciación en este ámbito (véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Comisión, C‑259/22 P, no publicada, EU:C:2023:513, apartado 45), califique las zonas afectadas de zonas en las que sea probable que existan EMV, tomando en consideración, en su caso, elementos relativos a las actividades de pesca llevadas a cabo, con el fin de apreciar la probabilidad de la existencia continuada de EMV. 51 De todas estas consideraciones que figuran en los anteriores apartados 31 a 50 se desprende que, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base no exige ni una evaluación de los efectos adversos significativos de los artes fijos en cada zona en la que se conoce la existencia de EMV o en la que sea probable que existan incluida en la lista de que se trata, ni un enfoque de gestión, o de una gestión que incluya la evaluación de las consecuencias de las medidas de protección de los EMV en las actividades pesqueras y en la vida económica y social. 52 Más concretamente, las demandantes centran sus alegaciones en la cuestión de si los «efectos adversos» de los artes fijos, incluidos los palangres demersales, que debían tenerse en cuenta a la hora de determinar la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, eran «significativos» y ponían en peligro la integridad del ecosistema (véanse, en particular, los anteriores apartados 23 y 24). Pues bien, a este respecto, ya se ha señalado en el apartado 41 anterior que, al establecer una lista de EMV, procedía basarse en las características de los ecosistemas propiamente dichos, incluida su fragilidad, teniendo en cuenta el riesgo de daños relacionados con los efectos adversos significativos que resultan, en general, de la utilización de artes de fondo. Así pues, en la medida en que la cuestión del tipo concreto de arte utilizado para la pesca, móvil o fijo, no determina la designación de dichas zonas, la alegación relativa a la discriminación debido a la falta de análisis de los efectos de los artes fijos no puede prosperar. 53 Aun cuando las demandantes se remitan también al considerando 7 y al artículo 16, apartado 1, del Reglamento de base, al procedimiento legislativo y a las Resoluciones 61/105 y 64/72 adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las Directrices de la FAO de 2008 (véase el apartado 25 anterior), ya se ha constatado que el enfoque sistémico y teleológico conduce a una conclusión diferente de la propuesta por estas últimas. Además, en la medida en que las demandantes pretenden formular, a partir de las remisiones mencionadas, argumentos sobre la inexistencia de cualquier efecto adverso de los artes fijos, estas cuestiones forman parte del segundo motivo y serán analizadas en ese marco. Del mismo modo, las demandantes no pueden deducir de manera útil argumentos relativos a la legalidad del Reglamento de Ejecución impugnado a partir de la propuesta inicial de la Comisión en cuanto al Reglamento de base. 54 Las demandantes sostienen, asimismo, que la doctrina científica ha reconocido la falta de impacto significativo de los palangres en el fondo marino, a diferencia de lo que ocurre con las redes de arrastre. A este respecto, procede recordar, por un lado, las consideraciones del legislador, inherentes a la definición establecida en el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, al que remite el artículo 4 del Reglamento de base, según las cuales los artes fijos pueden tener efectos adversos para los EMV. Por otro lado, como se examinará con más detalle en el marco del segundo motivo, es preciso señalar que las pruebas presentadas por las demandantes ante el Tribunal General no permiten excluir la posibilidad de que los artes fijos también puedan presentar riesgos de efectos adversos para los EMV, en particular durante su despliegue repetido y su recuperación. 55 Por último, en la medida en que las demandantes alegan, por una parte, que el dictamen del CIEM de 2021, pese a indicar las diferencias existentes entre los artes de pesca fijos y los móviles, no midió la intensidad de la pesca con los artes fijos (como el palangre) ni, por tanto, el impacto que tendrían en el fondo marino, procede señalar que del método utilizado por el CIEM en su dictamen de 2021 se desprende que este indicó expresamente que solo había podido tener en cuenta la intensidad de la pesca en relación con los artes móviles, ya que estos eran los únicos sobre los que disponía de información pertinente. Las demandantes no rebaten, de manera clara y precisa, la falta de información suficientemente concreta respecto a la intensidad de la pesca mediante artes fijos. Además, la consideración de la intensidad de la pesca con los artes móviles solo tenía por objeto apreciar la probabilidad de la existencia de un EMV en las zonas con un índice «bajo» de presencia, que podía estar ya dañado de manera irreversible, de modo que la continuación de las actividades pesqueras no podría causar otros efectos adversos significativos. Por otra parte, en cuanto atañe a las alegaciones relativas a la cuestión de la proporcionalidad de la medida adoptada, estas serán apreciadas en el marco de las imputaciones pertinentes de la segunda parte del presente motivo. 56 A la vista de lo anterior y sin perjuicio de lo señalado en los anteriores apartados 29, 38, in fine, y 55, procede desestimar por infundada la primera imputación del primer motivo, basada en la infracción del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base y en la vulneración del principio de no discriminación debido al trato idéntico, al determinar las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, de artes de pesca fijos y móviles sin razón objetiva. 2) Sobre la segunda imputación, basada en que el Reglamento impugnado no trata las aguas de la Unión del Atlántico Nororiental de manera uniforme, vulnerando de ese modo el principio general de igualdad y de no discriminación 57 Las demandantes sostienen, en esencia, que se da la paradoja de que, ante la falta de información sobre el impacto que la pesca con artes de fondo fijos tiene en las ecorregiones de las Azores (Portugal) y del mar del Norte, la Comisión ha decidido excluirlas de las zonas en las que se veta la pesca con artes de fondo fijos y móviles de entre 400 y 800 metros de profundidad, y, por el contrario, ante la falta de información sobre el impacto que los artes fijos tienen en el fondo marino en las zonas frente a las costas de España, Portugal continental, Francia e Irlanda, la Comisión ha decidido prohibir indiscriminadamente todos los artes de fondo, con independencia de si son fijos o móviles. Aducen que esto pone de manifiesto que la prohibición de los artes de fondo fijos en las zonas delimitadas por el anexo II del Reglamento impugnado es contraria al principio general de igualdad o de no discriminación, puesto que los palangreros que pesquen en el mar del Norte y en aguas occidentales europeas son tratados de manera desigual, sin que esta diferencia de trato esté objetivamente justificada. Afirman, además, que el artículo 2 de dicho Reglamento de Ejecución y su anexo II vulneran el principio de proporcionalidad por cuanto sus disposiciones rebasan los límites de lo que resulta adecuado y necesario para el logro de los objetivos legítimos, en la medida en que dichas disposiciones prohíben la pesca con artes fijos sin tener en cuenta su impacto en el fondo marino. 58 La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes. 59 En el presente asunto, como se desprende de las explicaciones dadas por la Comisión y del dictamen del CIEM de 2021 [titulado «Geographical range» (Ámbito geográfico), pp. 2 y 12], las razones para no incluir en la lista controvertida las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan situadas en los otros territorios mencionados por las demandantes no están relacionadas con el hecho de que no se conociera el impacto que tiene en las ecorregiones la pesca con artes fijos de fondo, como ellas insinúan. Para la región de las Azores, por una parte, lo que resultaba pertinente era la falta de información que permitiera determinar la existencia, o la probable existencia, de dichas zonas. Por otra parte, como indica la Comisión, sin que haya sido rebatido, se solicitó al CIEM un análisis adicional, de manera que en el futuro pudiera prepararse una lista de las zonas en cuestión. Por lo que respecta a las aguas de Suecia y de Dinamarca, como se ha indicado, el elemento decisivo era la inexistencia de todo tipo de pesca (y, de manera más general, de autorizaciones de pesca) en la zona o zonas en cuestión. Así pues, no se ha demostrado que la Comisión haya tratado situaciones comparables de manera diferente ni que haya tratado situaciones diferentes de igual manera sin justificación objetiva. 60 Con carácter subsidiario, procede señalar que, aun suponiendo que la Comisión hubiera incumplido su obligación de incluir en la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV, o en las que sea probable que existan, determinadas zonas situadas en la región de las Azores o en las aguas de Suecia y de Dinamarca, tal omisión no puede viciar de ilegalidad las disposiciones del Reglamento impugnado que mencionan en dicha lista otras zonas del Atlántico Nororiental. Por último, en cuanto concierne a las alegaciones relativas a la vulneración del principio de proporcionalidad, se examinarán en el marco de la parte pertinente del presente motivo. 61 En estas circunstancias, procede desestimar por infundada la segunda imputación de las demandantes, basada en que el Reglamento impugnado no trata de manera uniforme las aguas de la Unión del Atlántico Nororiental, vulnerando de ese modo el principio general de igualdad y de no discriminación. 3) Sobre la tercera imputación, basada en que el Reglamento impugnado se apoya en una metodología que cierra zonas de mucha mayor superficie en aguas meridionales que en aguas septentrionales del Atlántico Nororiental, vulnerando de ese modo el principio de no discriminación 62 Las demandantes, apoyadas por el Reino de España, sostienen, en esencia, que el Reglamento impugnado es contrario al principio de no discriminación, por cuanto se basa en la metodología recomendada por el dictamen del CIEM de 2021, según la cual el tamaño de los polígonos cambia y aumenta conforme estos se sitúan más al sur. Alegan que las zonas enumeradas en el anexo II de dicho Reglamento de Ejecución se basan en la unidad de medida «cuadrado C», cuyo tamaño depende, según indican, de la latitud en la que se encuentre, por lo que no es uniforme a lo largo del Atlántico Nororiental. Según las demandantes, ello significa, además, que el Reglamento impugnado no cumple con el mandato encomendado a la Comisión en el Reglamento de base, a saber, «garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento en cuanto a la determinación de las zonas de pesca existentes». 63 La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes. 64 Mediante sus alegaciones, las demandantes, basándose en el principio de no discriminación, cuestionan, en esencia, el carácter adecuado de la metodología utilizada por la Comisión, de modo que tales alegaciones se solapan con las presentadas en el marco de la segunda imputación de la segunda parte del presente motivo, que ha sido desestimada por infundada (véanse los siguientes apartados 80 a 85). Por consiguiente, procede desestimar también las alegaciones de las demandantes formuladas en el marco de la presente imputación. b)   Sobre la vulneración del principio de proporcionalidad en la medida en que la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, adoptada por el Reglamento de Ejecución impugnado, rebasa los límites de lo que resulta adecuado y necesario para alcanzar los objetivos de la PPC 65 Las demandantes, apoyadas por el Reino de España y la Comunidad Autónoma de Galicia, alegan, en esencia, que el artículo 2 y el anexo II del Reglamento impugnado vulneran el principio de proporcionalidad, en la medida en que establecen una prohibición indiscriminada de pesca con artes de fondo, en primer lugar, sin que exista una evaluación de impacto de los artes fijos; en segundo lugar, de acuerdo con una metodología e información inapropiadas para determinar la dimensión de los «cuadrados C»; en tercer lugar, incorporando además zonas tapón a los «cuadrados C» en los que se conoce la existencia de EMV o en los que sea probable que existan, para los artes fijos, cuando es imposible que dichos artes alcancen tales EMV, y, en cuarto lugar, sin tomar en consideración el impacto socioeconómico de las medidas adoptadas para los agentes económicos. 1) Sobre la primera imputación, basada en que, ante la falta de información sobre el impacto que los artes fijos tienen en los EMV, la prohibición indiscriminada de la pesca que utiliza artes fijos y móviles en la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan resulta manifiestamente inadecuada para alcanzar el objetivo de protección de los fondos marinos 66 En esencia, las demandantes, apoyadas por el Reino de España y la Comunidad Autónoma de Galicia, alegan que el artículo 2, apartado 2, del Reglamento impugnado prohíbe la pesca tanto para artes móviles como para artes fijos, en primer lugar, sobre la base de un análisis de datos relativos exclusivamente a los artes móviles, al emplear un índice «swept-area ratio» (coeficiente de superficie barrida; en lo sucesivo, «SAR»), que solo tiene en cuenta el impacto de los artes móviles en el fondo de los «cuadrados C», y no el de los artes fijos (escenario 2 del dictamen del CIEM de 2021), y, en segundo lugar, por elegir la versión más represiva (escenario 2, opción 1, del mismo dictamen), de modo que incluye «cuadrados C» en los que ni siquiera se supera el umbral SAR y en los que, por tanto, el «impacto adverso significativo» no es ni siquiera seguro en relación con los artes móviles, que son mucho más «agresivos» que los artes fijos. Según las demandantes, el Reglamento impugnado constituye una medida manifiestamente inadecuada y desproporcionada, habida cuenta de que la Comisión no analizó el impacto de los artes fijos de pesca en los fondos marinos y, muy particularmente, del palangre, que, a juicio de las demandantes, tiene un «impacto nulo o insignificante», cuando determinó las zonas de pesca que les están prohibidas. 67 La Comisión ha formulado sus observaciones sobre este particular en el marco de la primera parte del presente motivo. 68 En primer lugar, en la medida en que las demandantes sostienen que el Reglamento impugnado «prohíbe» la pesca con artes móviles y artes fijos, debe constatarse que se trata de una imputación inadmisible (véase el apartado 21 anterior). 69 En segundo lugar, por cuanto concierne a las alegaciones relativas al supuesto carácter manifiestamente inadecuado y desproporcionado de la medida controvertida, conforme a reiterada jurisprudencia reiterada, el principio de proporcionalidad, al que remite el Reglamento n.o 1380/2013, mencionado a su vez en el Reglamento de base, forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión y exige que los medios que aplica una disposición del Derecho de la Unión sean aptos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlos (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, C‑58/08, EU:C:2010:321, apartado 51 y jurisprudencia citada). 70 A este respecto, debe recordarse que el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulta adecuado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate (véase la sentencia de 11 de enero de 2017, España/Consejo, C‑128/15, EU:C:2017:3, apartado 71 y jurisprudencia citada). Según jurisprudencia reiterada, para ajustarse al criterio de proporcionalidad, una medida debe ser idónea para contribuir al objetivo perseguido, y no necesariamente para lograrlo por sí sola (sentencia de 13 de junio de 2018, Deutscher Naturschutzring, C‑683/16, EU:C:2018:433, apartado 49 y jurisprudencia citada). 71 Sobre este particular, como se desprende del cuadro 1 del dictamen del CIEM de 2021, este estableció cuatro maneras diferentes de delimitar las zonas con EMV (según el escenario y la opción pertinentes), en la primera columna del cuadro, así como las implicaciones para su gestión, en su segunda columna. De estos elementos del dictamen del CIEM de 2021 y de las explicaciones que los acompañan se desprende que el nivel de actividad pesquera no se tuvo en cuenta en el marco de un enfoque de gestión de la pesca o de ponderación de los intereses concurrentes, sino más bien para apreciar la probabilidad de la existencia de un EMV en las zonas con un índice «bajo» de presencia, que ya podía estar dañado de manera irreversible, de modo que la continuación de las actividades pesqueras no pueda causar otros efectos adversos significativos. En particular, del dictamen del CIEM de 2021 se desprende que el escenario 2 tenía en cuenta los SAR que habían sido establecidos sobre la base de datos empíricos para el nivel de actividad pesquera, vinculados a las repercusiones negativas significativas y que, por tanto, permitían evaluar los efectos de la pesca sobre la presencia o la inexistencia de EMV. Como se ha explicado en el anterior apartado 50, tal enfoque no puede excluirse en el marco de la aplicación del principio de precaución. 72 Aun teniendo en cuenta la segunda columna del cuadro 1 del dictamen del CIEM de 2021, relativa a la opción 1 del escenario 2 y, en particular, a las «implicaciones para la gestión», no puede deducirse una lógica diferente. En efecto, en ella se menciona que esta opción «da prioridad a la protección de los EMV cuando su presencia está “verificada” o es “probable”» e incluye «los cuadrados C con bajo índice de EMV en los que la actividad pesquera es también baja y las repercusiones negativas significativas (SAI) debidas a la actividad pesquera pasada son menos probables». Tales elementos muestran, en su conjunto, un enfoque vinculado a las características de las zonas de que se trata. En cualquier caso, la parte final de esta descripción de las implicaciones para la gestión, según la cual se «ofrece una protección del EMV de bajo coste para el pescador y una protección máxima de los EMV en la huella pesquera», constituye simplemente una apreciación de los efectos de dicho escenario en cuanto a la protección de los EMV y a su incidencia en la pesca, que, sin embargo, no se utilizó como factor adicional para determinar las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, además de los elementos indicados en la página 5 del dictamen del CIEM de 2021, que coinciden con los demás factores indicados en el apartado 40 anterior y en la primera columna del cuadro 1, que figura en la página 6 de dicho dictamen. 73 En cuanto a la alegación de las demandantes de que la Comisión tuvo en cuenta la opción «más represiva», en el sentido de que, a diferencia de una opción en la que, según ellas, «se prioriz[aba] la protección de los [EMV] teniendo en cuenta el impacto de la actividad pesquera sobre los mismos» (opción 2 del escenario 2 en el dictamen del CIEM de 2021), eligió una opción en la que «se prioriz[aba] la protección de los [EMV] con independencia de la actividad pesquera» (opción 1 del escenario 2 del mismo dictamen), tal alegación debe desestimarse, puesto que la Comisión, al establecer la lista de las zonas de que se trata, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, no podía llevar a cabo, en el marco de las competencias que le habían sido atribuidas para adoptar un reglamento de ejecución, ninguna ponderación entre la protección de los EMV y otros objetivos de la PPC. Así pues, la crítica de las demandantes en cuanto a lo que, a su juicio, constituía la elección de la opción «más represiva», en el contexto de la utilización del índice SAR, carece de fundamento, y el enfoque adoptado por la Comisión tampoco puede considerarse, sobre la base de tal crítica, contrario a la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 69 y 70. Más concretamente, procede señalar que la mencionada opción 1 del escenario 2, que figura en el dictamen del CIEM de 2021 y que con posterioridad fue adoptada por la Comisión en el Reglamento de Ejecución impugnado, no se basa en una ponderación entre la protección de los EMV y otros objetivos de la PPC ni tampoco en un enfoque de gestión de la pesca que, además, pueda describirse como el «más represivo», en particular en relación con la opción 2 del escenario 2, que se ha designado «teniendo en cuenta el impacto de la actividad pesquera sobre los [EMV]» (véase, asimismo, el apartado 55 anterior). 74 Por tanto, en el presente asunto, las demandantes carecen de fundamento para censurar a la Comisión alegando que las medidas controvertidas eran manifiestamente inadecuadas y desproporcionadas, debido a la absoluta falta de consideración y análisis por parte de aquella del impacto de los artes fijos de pesca en los fondos al determinar las zonas de pesca prohibidas precisamente a dichos artes fijos en general y muy particularmente al palangre, y al elegir la versión «más represiva» entre las opciones propuestas por el CIEM en su dictamen de 2021. 75 En estas circunstancias, procede desestimar por infundada la primera imputación de la presente parte del primer motivo. 2) Sobre la segunda imputación, basada en que el diseño de los polígonos enumerados en el anexo II del Reglamento impugnado descansa en una metodología manifiestamente inadecuada a la luz de la información disponible 76 Las demandantes, apoyadas por el Reino de España y la Comunidad Autónoma de Galicia, alegan que el dictamen del CIEM de 2021 utilizó la información de su propia base de datos para la delimitación de los «cuadrados C». Señalan que, no obstante, la Comisión fue advertida por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), con anterioridad a la adopción del Reglamento de Ejecución impugnado, de que la información de que disponían los Estados miembros permitía configurar los «cuadrados C» de una forma mucho más precisa, sobre la base de técnicas de recopilación de datos y modelos de distribución con escalas más pequeñas y de resolución superior. Añaden que, según el IEO, la Comisión conocía dicha información, que provenía de proyectos cofinanciados por ella, como son los proyectos Indemares e Intemares. 77 Las demandantes sostienen que, sin embargo, la Comisión hizo caso omiso de esa información al delimitar las zonas en el anexo II del Reglamento de Ejecución, de modo que los Estados miembros no pudieron completar las zonas cartografiadas por el CIEM con información propia. Alegan que, por tanto, la Comisión no utilizó la mejor información disponible, como exige el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base. Las demandantes aducen que tal omisión resulta incongruente en vistas de la consecución del objetivo de protección de dichos ecosistemas y, en todo caso, «desproporcionada para la consecución del objetivo de una pesca sostenible» establecido por el Reglamento de base y por la propia PPC. En su opinión, el hecho de que los Estados miembros utilicen el método de los «cuadrados C» para proporcionar información sobre las actividades pesqueras no está en contradicción con el hecho de que tal método sea manifiestamente inadecuado para definir las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. 78 Según las demandantes, contrariamente a lo que afirma la Comisión, la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) no utiliza ese método, sino que emplea la estimación de densidad designada como método «Kernel» [Durán Muñoz, P., «Cold-water corals and deep-sea sponges by-catch mitigation: Dealing with groundfish survey data in the management of the northwest Atlantic Ocean high seas fisheries» (Mitigación de las capturas accidentales de corales de agua fría y de esponjas de aguas profundas: tratamiento de los datos de la encuesta sobre los peces de fondo en la gestión de las pesquerías en alta mar del Noroeste del Océano Atlántico), Marine Policy, vol. 116, 2020]. 79 La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes. 80 En cuanto a las críticas de las demandantes relativas a la metodología basada en la unidad «cuadrado C», cuyas limitaciones, según alegan, llevan a un enfoque incompatible con la consecución del objetivo de protección de los EMV y, en cualquier caso, desproporcionado para la consecución del objetivo de pesca sostenible establecido por el Reglamento de base y por la PPC (véase el apartado 77 anterior), ha de observarse, con carácter preliminar, que el artículo 9 del Reglamento de base (incluidas las Directrices de la FAO a las que remite) no contiene normas específicas en cuanto a la metodología concreta que se debe utilizar para elaborar la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, en particular en lo que respecta al sistema de cuadrícula técnica o al sistema de coordenadas que tienen que utilizarse como referencia cartográfica, y, por tanto, debe considerarse que el uso de estos está comprendido en el margen de apreciación de que dispone la Comisión en cuanto a la aplicación de los criterios de elaboración de la lista de dichas zonas (véase el apartado 50 anterior). En este contexto, a fin de que pueda cumplir eficazmente el objetivo que se le ha marcado, y en consideración a las complejas valoraciones técnicas que debe efectuar, es preciso reconocer a la Comisión una amplia facultad de apreciación (véase, por analogía, la sentencia de 19 de enero de 2012, Xeda International y Pace International/Comisión, T‑71/10, no publicada, EU:T:2012:18, apartado 69 y jurisprudencia citada). Habida cuenta de estos elementos, tan solo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, en relación con el objetivo que la Comisión pretenda conseguir, puede afectar a la legalidad de tal medida, en el marco del examen, por parte del Tribunal General, del respeto del principio de proporcionalidad (véase, por analogía, la sentencia de 9 de septiembre de 2020, Eslovenia/Comisión, T‑626/17, EU:T:2020:402, apartado 173). 81 Tales son las consideraciones, junto con las recordadas en los apartados 69 y 70 anteriores, que se deben tener en cuenta al examinar las alegaciones de las demandantes. 82 En primer lugar, el CIEM explicó en su dictamen de 2021 que, en esencia, el enfoque en cuestión, a saber, la utilización del sistema de «cuadrados C», de una resolución de 0,05° de longitud por 0,05° de latitud [aproximadamente 15 km2 (3 km × 5 km) a una latitud de 60° Norte], constituía una escala práctica para recopilar, explorar y evaluar los datos relativos a las actividades pesqueras en el medio marino. En este contexto, hizo referencia a los datos de batimetría de la Red Europea de Observación y Datos Marinos (EMODnet) modelizados, así como a los trabajos de la NAFO, destacando efectivamente algunas imprecisiones o insuficiencias derivadas de la utilización de la metodología de los «cuadrados C». No obstante, el CIEM concluyó a este respecto que determinadas variaciones criticables, resultantes de la utilización de la metodología en cuestión, «no se [podían] resolver con los datos disponibles y [requerían] modificaciones fundamentales en la solicitud de datos del SLB del CIEM [o] en el análisis a escala precisa por parte de los diferentes Estados miembros de la Unión». 83 En segundo lugar, si bien es cierto que las demandantes y el Reino de España sostienen, en particular, en relación con el IEO (véase el apartado 76 anterior), que se podía disponer de información más precisa, principalmente procedente de los proyectos Indemares e Intemares, estos elementos no bastan para considerar que la Comisión excediese manifiestamente su margen de apreciación al utilizar la metodología del «cuadrado C», es decir, la tomada en consideración por el CIEM en su dictamen de 2021, o que no utilizara la mejor información científica y técnica disponible. En efecto, la Comisión se basa en su argumentación no solo en el hecho de que estaba obligada a utilizar los datos disponibles, constituidos mediante dicha metodología, sino también en que su enfoque tomaba en consideración las características de la pesca de fondo y la necesidad de garantizar una aplicación uniforme del Reglamento de base. A este respecto, hizo referencia al método basado en los «cuadrados C», utilizado tanto por los Estados miembros para determinar las actividades pesqueras como por organizaciones como la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CPANE), de la que es miembro la Unión, para delimitar prohibiciones de pesca en relación con los EMV, similares a la prohibición establecida por el Reglamento de base. Por otro lado, las demandantes y el Reino de España no indican ninguna alternativa eficaz y realista, atendiendo a la necesidad de armonizar los enfoques de los Estados miembros y de aplicar de manera uniforme el artículo 9, apartado 6, de dicho Reglamento. 84 Tampoco se desprende de la referencia al IEO (véase el apartado 76 anterior) ni de las correspondientes alegaciones (véase el apartado 77 anterior) que los demás datos presentados sean más precisos para el conjunto de los espacios marítimos pertinentes, tomados en consideración por el CIEM en su dictamen de 2021 y por la Comisión en el Reglamento de Ejecución impugnado, en particular en la fecha de adopción de este último, o tan siquiera que uno o varios datos concretos, utilizados por el CIEM y por la Comisión, hagan que el método utilizado sea manifiestamente inadecuado sobre la base de la información facilitada por las demandantes y el Reino de España o debido a la posibilidad de utilizar otros métodos, como el método «Kernel», al que se ha hecho referencia como método de estimación de densidad, método cuantitativo que permite determinar la distribución y la extensión de las zonas en las que existen EMV supuestamente utilizado por la NAFO (véase el apartado 78 anterior). Además, procede señalar que, en su dictamen de 2021, el CIEM se basó, en particular, en datos de batimetría extraídos de la base de datos de EMODnet, que son constituidos con la ayuda de un conjunto importante de partes interesadas. Por otro lado, como señaló la Comisión en la vista, sin que las demandantes ni el Reino de España la contradijeran, pese a que, con arreglo al artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, los Estados miembros podían elaborar una lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan en la que la Comisión pudiera basarse (además del dictamen del CIEM), el Reino de España no propuso tal lista a la Comisión. 85 En consecuencia, de estas alegaciones no se desprende que la Comisión utilizara, con el método de los «cuadrados C», una metodología manifiestamente inadecuada a la luz de la información disponible ni que su enfoque fuera desproporcionado en relación con el objetivo perseguido. Por tanto, procede desestimar por infundada la segunda imputación de las demandantes. 3) Sobre la tercera imputación, basada en que el diseño de los polígonos enumerados en el anexo II del Reglamento de Ejecución impugnado, que incluyen zonas tapón, es desproporcionado y manifiestamente inadecuado para alcanzar el objetivo de protección de los fondos marinos 86 Las demandantes, apoyadas por el Reino de España y la Comunidad Autónoma de Galicia, alegan, en referencia esencialmente a las zonas tapón, que la metodología utilizada por la Comisión para delimitar la dimensión de los «cuadrados C», como parte de un sistema de cuadrícula que depende de la identificación en un punto dado de un EMV, es manifiestamente errónea y desproporcionada cuando se aplica a los artes fijos y carece de respaldo técnico o científico alguno. Subrayan que el enfoque, adoptado por el CIEM en su dictamen de 2021, según el cual, en esencia, la ubicación de los artes de pesca móviles (redes y aparejos) puede diferir sustancialmente de la ubicación del buque (véase el apartado 90 anterior), sería adecuado para garantizar la protección de los hábitats de EMV de cada «cuadrado C», teniendo en cuenta el desplazamiento incontrolado de las redes de los artes móviles al ser desplazados por la embarcación. Sin embargo, a su juicio, dicho razonamiento carece de toda lógica para los artes fijos, en la medida en que estos se encuentran calados en un punto concreto del medio acuático y su desplazamiento no es significativo. Aducen que «es completamente imposible que actividades de pesca realizadas con artes fijos en las zonas tapón puedan jamás entrar en contacto con los [EMV]». 87 Las demandantes añaden que el vicepresidente del Consejo Asesor del CIEM, al explicar en el Parlamento Europeo el informe que fue utilizado por la Comisión como la información científica sobre la que descansaba el Reglamento impugnado, destacó que «el análisis y los polígonos que se seleccionaron, se seleccionaron en función del engranaje móvil y no del engranaje estático». 88 Según las demandantes, el Reglamento impugnado no tiene en cuenta tal extremo e impone así, en el contexto de las zonas tapón, una restricción de la pesca con artes fijos que, lejos de ser la medida más adecuada para conseguir el objetivo de protección de los EMV, es extremadamente onerosa y carente de justificación e implica un riesgo para la viabilidad de la pesca con dichos artes. Consideran que el hecho de que el legislador de la Unión haya establecido una «zona de seguridad» en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento de base no confirma la posición de la Comisión. Por tanto, a su juicio, al adoptar el artículo 2 y el anexo II del Reglamento de Ejecución impugnado, la Comisión vulneró, en esencia, el principio de proporcionalidad, puesto que rebasó los límites de lo que resulta adecuado y necesario para alcanzar los objetivos legítimos de la PPC. 89 La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes. 90 Con carácter preliminar, procede señalar que, por lo que respecta a los tapones espaciales alrededor de los «cuadrados C» cerrados, el dictamen del CIEM de 2021 indica lo siguiente: «Los sistemas de navegación modernos proporcionan una ubicación muy precisa de los buques de pesca marítima. No obstante, cuando faenan en profundidades comprendidas entre 400 y 800 metros, la ubicación de los artes de pesca puede diferir sustancialmente de la ubicación del buque. El CIEM considera que un tapón de la mitad de un cuadrado C alrededor de cada cuadrado C sería adecuado para garantizar la protección de los hábitats de EMV distribuidos en los márgenes del cuadrado C. La elección de un tapón de medio cuadrado C en lugar de otra distancia se hizo principalmente atendiendo a la facilidad de su aplicación (CIEM, 2020b). Anteriormente, el CIEM había recomendado (CIEM, 2013) […], para los EMV presentes en los fondos marinos planos o no, una zona tapón de aproximadamente dos veces (inferior a 500 m de profundidad) o tres veces (superior a 500 m de profundidad) la profundidad local […]. Dada la complejidad de la aplicación de esta recomendación en el dictamen actual, el CIEM ha optado por un tapón de medio cuadrado C alrededor de cada cuadrado C.» 91 En cuanto concierne a las críticas de las demandantes relativas al establecimiento de las buffer zones (zonas de protección), que consisten esencialmente en añadir «medio cuadrado C» a los «cuadrados C» ya protegidos que contienen EMV, procede señalar que el establecimiento de zonas de protección era necesario para garantizar el efecto útil del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base y la protección eficaz de los EMV que se pretende lograr mediante la aplicación combinada de estas disposiciones. 92 En efecto, a la vista de las explicaciones pertinentes que figuran en el dictamen del CIEM de 2021 (véase el apartado 90 anterior), el establecimiento de esas zonas tapón tiene por objeto garantizar, de conformidad con el principio de precaución, la protección de los hábitats de EMV que pudiesen estar esparcidos en los márgenes de los «cuadrados C» y que, por tanto, podrían verse amenazados por las actividades pesqueras de los buques que se encontraran en las proximidades de esos «cuadrados C», debido a la probable diferencia entre la ubicación del buque y la del arte de pesca, potencialmente significativa, habida cuenta de las profundidades de que se trata (entre 400 y 800 metros). 93 Por consiguiente, aun cuando dichas zonas tapón no contienen indicadores de EMV y, en consecuencia, según los datos accesibles al CIEM y a la Comisión, no es probable que en ellas existan EMV, su establecimiento, como parte esencial de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, es conforme con los objetivos de protección de los EMV que pretende lograr el artículo 9 del Reglamento de base y es necesario para su aplicación eficaz y uniforme (véase, por analogía, la sentencia de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, C‑58/08, EU:C:2010:321, apartado 51 y jurisprudencia citada). Así, la imputación de las demandantes según la cual la inclusión de las zonas tapón en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, establecidas por el Reglamento de Ejecución impugnado, es una medida manifiestamente inadecuada para proteger el fondo marino y desproporcionada (véase el apartado 86 anterior) no puede prosperar, al igual que las alegaciones de orden socioeconómico relacionadas con la viabilidad de las actividades de pesca con artes fijos (véase el apartado 88 anterior), que no son pertinentes en esta fase del análisis. 94 Además, dado que la protección de los EMV a que se refiere el artículo 9 del Reglamento de base concierne al riesgo vinculado a la pesca con artes de fondo en general, el hecho de que el riesgo antes mencionado sea creado sobre todo por los artes móviles no puede excluir ni limitar la posibilidad de que la Comisión establezca tales zonas en el marco del ejercicio de su competencia. En esta lógica también es inoperante, por lo que respecta a la propia delimitación de las zonas tapón, la cuestión de si era posible «permitir la pesca» con artes fijos en dichas zonas, medida defendida por las demandantes en sus escritos ante el Tribunal General. En cualquier caso, como se desprende de los anteriores apartados 149 y 151, no puede excluirse que, debido a las corrientes de agua o a los movimientos laterales en el momento de su recuperación, los artes fijos puedan desplazarse (o incluso perderse) accidentalmente, de modo que causen daños en los EMV. 95 Por lo que respecta a la imputación de las demandantes relativa a la vulneración del principio de proporcionalidad debido a la extensión de las zonas tapón (véase el apartado 88 anterior), procede observar además que, habida cuenta del carácter esencialmente técnico de los elementos de la metodología seguida por la Comisión, el control del Tribunal General se limita, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 80 anterior, a un examen del carácter manifiestamente inadecuado del tamaño de dichas zonas en relación con el objetivo de su establecimiento, que está vinculado a la prevención del riesgo probable antes mencionado, que a su vez está vinculado a la pesca con artes de fondo en general. No obstante, las demandantes no han logrado demostrar el carácter manifiestamente inadecuado del tamaño de las zonas en cuestión. 96 En efecto, las demandantes no han aportado elementos concretos y detallados a partir de los cuales pueda deducirse que el enfoque relativo a la opción consistente en añadir una zona tapón de «medio cuadrado C» alrededor de cada «cuadrado C», basado en la diferencia, potencialmente significativa, entre la ubicación del buque y la del arte de pesca, en la pesca efectuada a profundidades comprendidas entre 400 y 800 metros, fuera manifiestamente inadecuado. Si bien es cierto que los cálculos relativos a las dimensiones de las zonas tapón efectuados por la Organisation des pêcheurs de Bretagne (Organización de pescadores de Bretaña, Francia), presentados por las demandantes, así como los datos elaborados por las partes en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal General durante la vista, demuestran la importante envergadura de las zonas tapón, no obstante, no se trata de un elemento que pueda modificar los análisis antes expuestos. 97 Asimismo, en la medida en que las alegaciones de las demandantes, recordadas al inicio del apartado 86 anterior, pudieran llegar a interpretarse en el sentido de que se refieren también al cierre de zonas en las que supuestamente no existen EMV, encerradas entre «cuadrados C» que contienen EMV, procede señalar, por una parte, que las explicaciones dadas por el CIEM en el dictamen de 2021 se refieren al hecho de que es poco probable que los buques pesqueros puedan pescar eficazmente en zonas muy pequeñas sin riesgo de que ello tenga efectos en zonas cerradas adyacentes y a que debe evitarse el riesgo de perjuicio en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan a causa de actividades pesqueras efectuadas en las zonas adyacentes (véase el dictamen del CIEM de 2021, p. 16). Por tanto, estas consideraciones son análogas a las ya analizadas en el contexto de las zonas tapón de «medio cuadrado C» y conciernen al objetivo de garantizar un efecto útil para la protección de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. 98 Por otra parte, del dictamen del CIEM de 2021 se desprende también que en las zonas delimitadas en cuestión «era mayor la probabilidad de que contuvieran EMV que en otras zonas sobre las que no se disponía de datos, puesto que estaban rodeadas de zonas (cuadrados C) con EMV». De ello se dedujo que podían presentar simplemente una falta de datos en relación con los EMV existentes. Tal explicación en cuanto a las razones del cierre de estas zonas es suficiente a la luz del principio de precaución, teniendo también en cuenta el margen de apreciación de que disponía la Comisión en este ámbito (véase el apartado 50 anterior). 99 A la vista de cuanto antecede, no se ha demostrado que la Comisión actuara de manera manifiestamente inadecuada y vulnerase el principio de proporcionalidad al diseñar los polígonos enumerados en el anexo II del Reglamento de Ejecución impugnado, que incluyen zonas tapón. En estas circunstancias, debe desestimarse la tercera imputación de las demandantes. 4) Sobre la cuarta imputación, basada en que la falta de consideración del impacto económico y social en la delimitación de las zonas enumeradas en el anexo II del Reglamento impugnado vulnera el principio de proporcionalidad y la PPC 100 Las demandantes, apoyadas por el Reino de España y la Comunidad Autónoma de Galicia, alegan que la conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la PPC es una competencia exclusiva de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 TFUE, apartado 1, letra d). Aducen que el Reglamento n.o 1380/2013 incluye en su ámbito de aplicación la conservación de los recursos biológicos marinos y la gestión de la pesca y de las flotas que explotan dichos recursos. Las demandantes sostienen, asimismo, que el artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento establece que la PPC deberá garantizar que las actividades de la pesca sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y, además, se gestionen «de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios». En consecuencia, según las demandantes, de conformidad con la PPC, tanto el Reglamento de base como el Reglamento impugnado deben establecer medidas que contribuyan a la gestión de las actividades de pesca de manera sostenible con el medio ambiente y de forma coherente con la generación de beneficios económicos, sociales y de empleo. 101 En el presente asunto, a juicio de las demandantes, la Comisión no tuvo en cuenta ningún tipo de información económica o social para elaborar la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. Según las demandantes, la Comisión desconoce por completo el impacto concreto que las prohibiciones impuestas por el Reglamento impugnado tendrán en el volumen de capturas, la facturación, la rentabilidad, la viabilidad y el empleo de las empresas afectadas. Añaden que, a falta de este análisis, la Comisión no estaba en condiciones de valorar qué medidas podrían haber sido menos onerosas y, por ende, más adecuadas y proporcionadas para alcanzar los objetivos de protección del fondo marino. Entienden que, al obrar así, la Comisión excedió los límites que se imponen a su facultad de apreciación. Las demandantes señalan, en primer lugar, que ninguno de los enfoques propuestos por el CIEM incorpora consideraciones concretas de carácter económico o socioeconómico en relación con el impacto de las prohibiciones en la actividad pesquera y, en segundo lugar, que la Comisión tampoco recabó información de carácter económico o social o relativa al empleo por vías alternativas al CIEM, y omitió consultar al sector afectado a este respecto. Por consiguiente, según las demandantes, la Comisión no pudo evaluar si la medida adoptada era proporcionada y la menos onerosa para alcanzar los objetivos perseguidos, ni su conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.o 1380/2013. 102 La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes y considera que deben examinarse junto con las alegaciones relativas a la vulneración del principio de proporcionalidad, en el marco del segundo motivo. 103 Como ya se ha señalado en los apartados 31 a 51 anteriores, el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base no exige ni una evaluación de los efectos adversos significativos de los artes fijos en cada zona en la que se conoce la existencia de EMV o en la que sea probable que existan incluida en la lista controvertida, ni un enfoque de gestión, ni siquiera de una gestión que incluya la evaluación de las consecuencias de las medidas de protección de los EMV en las actividades pesqueras y en la vida económica y social. En cuanto a las alegaciones de las demandantes relativas al Reglamento de base (véase el apartado 100 anterior), estas cuestiones se apreciarán en el marco del segundo motivo. 104 Con esta salvedad, procede desestimar por infundada la cuarta imputación de las demandantes, basada en que la falta de consideración del impacto económico y social en la delimitación de las zonas enumeradas en el anexo II del Reglamento impugnado vulnera el principio de proporcionalidad y la PPC y, por tanto, desestimar el primer motivo en su totalidad. 2.   Sobre el segundo motivo, basado en la excepción de ilegalidad del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base, debido a la incorrecta remisión a actos de ejecución para establecer condiciones uniformes de ejecución y a que dichas disposiciones son contrarias al principio de proporcionalidad e infringen las normas de la PPC a)   Consideraciones preliminares sobre la excepción de ilegalidad 105 En el marco del segundo motivo, las demandantes proponen una excepción de ilegalidad del Reglamento de base en el supuesto de que no se estime el primer motivo. Este segundo motivo se articula en dos partes. La primera parte se refiere al artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, en la medida en que su remisión a un acto de ejecución para completar elementos esenciales que establece infringe el artículo 291 TFUE, apartado 2. La segunda parte se basa en que la prohibición indiscriminada de la pesca con artes de fondo en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, establecida en el artículo 9, apartado 9, del mismo Reglamento, infringe las normas de la PPC y vulnera el principio de proporcionalidad. 106 Las demandantes aducen que existe una relación de conexión entre el Reglamento impugnado y la norma cuya supuesta ilegalidad se alega. Sostienen que, por una parte, la Comisión adoptó dicho Reglamento de Ejecución para aplicar el artículo 9 del Reglamento de base, más concretamente su apartado 6, que le confía la elaboración de la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan, y, que, por otra parte, la inclusión en esa lista, de conformidad con el artículo 9, apartado 9, de dicho Reglamento, conlleva la prohibición de la pesca con artes de fondo en la zona de que se trate. 107 La Comisión, apoyada por el Consejo y el Parlamento, considera que el segundo motivo es inadmisible en la medida en que propone, con arreglo al artículo 277 TFUE, una excepción de ilegalidad del artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base. Sostiene que, en esencia, el artículo 2 del Reglamento impugnado se basa únicamente en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base. 108 De la jurisprudencia se desprende que la finalidad del artículo 277 TFUE no es permitir a una parte cuestionar la aplicabilidad de cualquier acto de alcance general mediante cualquier recurso. El acto cuya ilegalidad se alega debe ser aplicable, directa o indirectamente, al asunto objeto del recurso (sentencia de 13 de julio de 1966, Italia/Consejo y Comisión, 32/65, EU:C:1966:42, p. 594; véase también la sentencia de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, apartado 45 y jurisprudencia citada). 109 Por otra parte, existe en particular un vínculo jurídico directo entre el acto impugnado y el acto de alcance general cuya ilegalidad se invoca cuando el acto de alcance general constituye la base jurídica de la medida, individual o reglamentaria, directamente impugnada (véase la sentencia de 17 de diciembre de 2020, BP/FRA, C‑601/19 P, no publicada, EU:C:2020:1048, apartado 29, en relación con las medidas individuales). 110 En el presente asunto, cabe señalar que no se discute que el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base constituye la base jurídica del artículo 2 del Reglamento de Ejecución impugnado, que se refiere a él en su preámbulo, lo que hace que la excepción de ilegalidad sea admisible respecto a dicha disposición, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 108 y 109 anteriores. 111 En cambio, por lo que respecta a la causa de inadmisión propuesta por la Comisión, así como por el Consejo y el Parlamento, en cuanto a la excepción de ilegalidad del artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base, el Tribunal General considera oportuno apreciar la fundamentación de dicha excepción sin examinar la cuestión de su admisibilidad. b)   Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 291 TFUE, apartado 2, por cuanto el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base remite a un acto de ejecución para completar sus elementos esenciales 112 Las demandantes sostienen, en esencia, que, para que la atribución a la Comisión de una facultad de ejecución sea compatible con el artículo 291 TFUE, apartado 2, dicha facultad de ejecución debe generar condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión y no debe dejar ningún margen de apreciación a la Comisión para su ejecución. 113 En el presente asunto, según las demandantes, la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan, adoptada por la Comisión, respondía a una elección efectuada por esta institución sobre la base de los escenarios que el CIEM le había expuesto, fundados en variables del CIEM que permitían la adopción de múltiples combinaciones, y que presentaban diferentes alternativas. Estas ofrecían diferentes grados de protección de los EMV y de incidencia en las actividades pesqueras. Así, a juicio de las demandantes, la Comisión no se limitó a garantizar la aplicación uniforme del Reglamento de base, sino que realizó un ejercicio de apreciación y elección ponderando intereses divergentes a la hora de adoptar la lista de dichas zonas sobre la base de la opción 1 del escenario 2 presentada por el CIEM. Las demandantes aducen, asimismo, que la Comisión decidió discrecionalmente excluir del ámbito de aplicación las aguas del mar del Norte y de las Azores. En consecuencia, a su juicio, esta lista constituye una decisión política que debería haberse dejado al legislador de la Unión. 114 Según las demandantes, el artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base no puede remitirse a un acto de ejecución o a un acto delegado para la elaboración de la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan, puesto que tal lista no establece condiciones uniformes de ejecución y, además, tiene por objeto completar o modificar elementos esenciales. En la réplica, las demandantes afirman que, en contra de lo que sostiene la Comisión, la facultad de ejecución que confiere a esta el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base infringe el artículo 291 TFUE, apartado 2, dado que no garantiza que la prohibición de pesca con todos los artes de fondo se aplique en condiciones uniformes. 115 La Comisión, apoyada por el Consejo y el Parlamento, rebate las alegaciones de las demandantes. 116 A tenor del artículo 291 TFUE, apartado 2, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, estos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 TUE y 26 TUE, al Consejo. 117 En cuanto a los límites de las competencias de ejecución que se mencionan en el artículo 291 TFUE, apartado 2, conviene recordar que la adopción de las normas esenciales de una materia está reservada a la competencia del legislador de la Unión. De ello se deriva que las disposiciones que establecen los elementos esenciales de una normativa de base, cuya adopción hace necesarias decisiones políticas que forman parte de las responsabilidades propias de dicho legislador, no pueden ser adoptadas mediante actos de ejecución ni tampoco mediante los actos delegados a que se refiere el artículo 290 TFUE (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 41). 118 Por otra parte, la identificación de los elementos de una materia que deben calificarse de esenciales ha de basarse en criterios objetivos que puedan ser objeto de control judicial y exige tener en cuenta las características y las particularidades del ámbito de que se trate (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 42). 119 Las competencias de ejecución conferidas a la Comisión y al Consejo al amparo del artículo 291 TFUE, apartado 2, comprenden, en esencia, la facultad de adoptar medidas que sean necesarias o útiles para la aplicación uniforme de las disposiciones del acto legislativo en el que se fundan y que se limiten a precisar el contenido de este, respetando los objetivos generales esenciales perseguidos por el acto legislativo, sin modificar ni completar sus elementos esenciales ni sus elementos no esenciales (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 49). 120 En particular, procede considerar que una medida de ejecución se limita a precisar las disposiciones del acto legislativo de que se trate cuando únicamente vaya dirigida, con carácter general o para determinados casos particulares, a clarificar el alcance de esas disposiciones o a determinar su modo de aplicación, siempre que, no obstante, dicha medida evite cualquier contradicción respecto a los objetivos de dichas disposiciones y no altere de ninguna forma el contenido normativo o el ámbito de aplicación de ese acto legislativo (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 50). 121 En el marco del análisis de la excepción de ilegalidad del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, es necesario examinar si este último pretende establecer elementos que excedan de cuanto propugna la jurisprudencia antes mencionada. 122 Así pues, en el presente asunto, procede examinar si el artículo 9 del Reglamento de base efectúa una remisión a un acto de ejecución únicamente para precisar sus disposiciones o para completarlas en sus elementos esenciales, o incluso no esenciales, de manera contraria al artículo 291 TFUE, como sostienen las demandantes. 123 Tal como afirma la Comisión, apoyada por el Consejo y el Parlamento, procede señalar que los actos de ejecución mencionados en el artículo 9, apartado 6, primera frase, del Reglamento de base, relativos al establecimiento de una lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan, se limitan a precisar esas zonas y, por tanto, a concretar ratione loci el régimen de protección de los EMV adoptado por dicho artículo, teniendo en cuenta las realidades sobre el fondo marino y los entornos marinos resultantes de los datos disponibles, sobre la base del procedimiento y con arreglo a los criterios materiales establecidos en dicho artículo. A este respecto, procede recordar que los elementos esenciales relativos a la definición y a los criterios de identificación de un EMV (Reglamento n.o 734/2008, Directrices de la FAO de 2008 y principio de precaución), los indicadores de EMV (anexos III y IV del Reglamento de base) y el procedimiento de elaboración de la lista de estos ecosistemas (teniendo en cuenta la mejor información científica y técnica disponible, así como las evaluaciones e identificaciones llevadas a cabo por los Estados miembros y el organismo científico consultivo de la Comisión) ya se desprenden del artículo 9 del Reglamento de base. Para responder a la necesidad de establecer condiciones uniformes de aplicación de las medidas de protección introducidas por dicho artículo, estas debían determinarse a escala de la Unión. 124 La Comisión elaboró la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan, contemplada en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, con arreglo a criterios materiales de los EMV suficientemente claros y precisos y siguiendo un procedimiento igualmente definido por el Reglamento de base. Si bien es cierto que dicha disposición le confirió un cierto margen de apreciación en cuanto a la aplicación de esos criterios, esto es compatible con su facultad de ejecución, de conformidad con la jurisprudencia según la cual, en el marco de la ejecución del Reglamento de base, la Comisión no está desprovista de toda facultad de apreciación, en particular al establecer la metodología precisa relativa a la aplicación de los criterios establecidos por el legislador en dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2015, Países Bajos/Comisión, T‑261/13 y T‑86/14, EU:T:2015:671, apartado 44). 125 Además, por lo que respecta a las alegaciones de las demandantes según las cuales, en esencia, en el presente asunto, la Comisión actuó discrecionalmente, al adoptar decisiones políticas y económicas, debido a la atribución de facultades que infringen el artículo 291 TFUE (véanse las alegaciones recordadas en los anteriores apartados 113 y 114), y como ya se ha señalado en el marco del primer motivo, es preciso subrayar que la Comisión no estaba facultada para adoptar tales decisiones relativas a la conservación de los ecosistemas marinos y de los recursos (véanse los apartados 45 a 51 anteriores). Por otra parte, en la medida en que las alegaciones de las demandantes antes mencionadas se refieren a la actuación efectivamente emprendida por la Comisión al adoptar el Reglamento de Ejecución impugnado, son inoperantes en el marco de la excepción de ilegalidad relativa al Reglamento de base. 126 De manera más general, en cuanto a las facultades de gestión de la política pesquera que supuestamente se atribuyeron a la Comisión, ya se ha señalado, en el primer motivo, que, en contra de lo alegado por las demandantes, la Comisión actuaba efectivamente en el marco de sus facultades de ejecución y no de gestión de la política pesquera (véanse, en particular, los anteriores apartados 50 y 51). En este contexto, también se ha indicado que la Comisión podía tener en cuenta elementos relativos a las operaciones de pesca llevadas a cabo a fin de apreciar la probabilidad de la existencia (continuada) de EMV cuya integridad pudiera verse amenazada por los artes de fondo con efectos adversos significativos. Tal enfoque respondía al objetivo de tomar en consideración las realidades sobre el fondo marino y los entornos marinos resultantes de los datos disponibles (véase el apartado 123 anterior). 127 En estas circunstancias, la primera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 291 TFUE, apartado 2, por cuanto el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base remite a un acto de ejecución para completar sus elementos esenciales, debe desestimarse. c)   Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada, en esencia, en que la prohibición indiscriminada de pesca con artes de fondo establecida en el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base vulnera el principio de proporcionalidad y las normas de la PPC, así como en la insuficiente motivación a este respecto 128 Las demandantes, apoyadas por el Reino de España y la Comunidad Autónoma de Galicia, alegan, en esencia, que la prohibición indiscriminada establecida por el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base es incompatible con las normas de la PPC y con el principio de proporcionalidad. Sostienen que una prohibición de pesca diferenciada entre artes, en función del impacto que tengan en el fondo marino, sobre la base de la mejor información científica, técnica y económica, hubiese sido una medida adecuada y proporcionada. Tal alegación, que se refiere a la falta de distinción por parte del legislador, también puede interpretarse en el sentido de que se formula una crítica según la cual el legislador incumplió su obligación de motivar la elección de la medida de que se trata. 129 Las demandantes aducen que, por un lado, el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base establece una prohibición indiscriminada de pesca con artes de fondo, sin que se conozca el contenido exacto de la prohibición, y que, por otro lado, el Reglamento de base menciona de manera específica, en su considerando 7, las redes de arrastre de fondo como artes cuyo impacto en el fondo marino representa «un riesgo mayor para los [EMV] y genera los mayores porcentajes de capturas no intencionales de especies de aguas profundas». En consonancia con esta observación, señalan que el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento recoge la prohibición de autorización «para fines de pesca con redes de arrastre de fondo a más de 800 metros de profundidad». 130 Según las demandantes, resulta así paradójico y contrario a Derecho que el propio Reglamento de base señale las redes de arrastre de fondo como artes que tienen un impacto mayor en el fondo marino y, no obstante, disponga que en el futuro tenga que prohibirse de manera indiscriminada la pesca con todos los artes de fondo, sea cual sea la modalidad de pesca de fondo de que se trate, con independencia de su impacto concreto en los ecosistemas marinos y de su impacto socioeconómico. A su juicio, esto es totalmente desproporcionado. 131 En la réplica, las demandantes afirman, en esencia, que el Reglamento de base debía establecer medidas que contribuyan a la gestión de las actividades pesqueras de manera sostenible con el medioambiente y de forma coherente con la generación de beneficios económicos, sociales y de empleo (objetivos de la PPC). Según ellas, ninguno de los elementos invocados por las instituciones sirve para demostrar que el impacto de los artes fijos, y en particular del palangre, en los ecosistemas marinos sea significativo. 132 Por último, haciendo referencia a las modificaciones que tuvieron lugar durante el procedimiento legislativo que condujo a la adopción del Reglamento de base, las demandantes indican que el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre la mejora de la legislación (DO 2016, L 123, p. 1, apartado 15) establece que, cuando lo consideren oportuno y necesario para el procedimiento legislativo, el Parlamento y el Consejo realizarán evaluaciones de impacto en relación con sus «modificaciones sustanciales» de la propuesta de la Comisión. Según las demandantes, en el presente asunto, pese a hacer una modificación sustancial en el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base, al introducir una prohibición general respecto de las «medidas menos estrictas» que proponía la Comisión, el legislador no realizó ninguna evaluación de impacto que demostrara la adecuación y necesidad de su enmienda y tampoco tuvo en cuenta la evaluación de impacto de la Comisión. 133 A la luz de las consideraciones anteriores, cabe concluir, según las demandantes, que la prohibición de pesca con cualquier arte de fondo establecida en el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base vulnera el principio de proporcionalidad y resulta manifiestamente inadecuada para cumplir el objetivo de protección de los fondos marinos. 134 La Comisión, apoyada por el Consejo y por el Parlamento, rebate las alegaciones de las demandantes, del Reino de España y de la Comunidad Autónoma de Galicia. 135 A este respecto, procede señalar, con carácter preliminar, que de los artículos 2, apartados 1 a 3 y 5, letras a), f), i) y j), y 4, apartado 1, puntos 8 y 9, del Reglamento n.o 1380/2013 se desprende, en esencia, que la sostenibilidad a largo plazo, desde el punto de vista medioambiental, de las actividades pesqueras implica reducir al mínimo el impacto de dichas actividades en el ecosistema marino, aplicando el criterio de precaución a la gestión pesquera, así como un enfoque ecosistémico. 136 En particular, en cuanto concierne a la sostenibilidad, al criterio de precaución y al enfoque ecosistémico, el artículo 2 del Reglamento n.o 1380/2013, que se titula «Objetivos», está redactado en los siguientes términos: «1.   La PPC deberá garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. 2.   La PPC aplicará el criterio de precaución a la gestión pesquera y procurará asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible. […] 3.   La PPC aplicará a la gestión de la pesca un enfoque ecosistémico a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino, y se esforzará por garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura eviten la degradación del medio marino. […]» 137 El artículo 4, apartado 1, puntos 9 y 20, del Reglamento n.o 1380/2013, titulado «Definiciones», tiene el siguiente tenor: «1.   A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: […] 9) “enfoque ecosistémico de la gestión de la pesca”, un enfoque integrado de la gestión de la pesca dentro de límites ecológicamente significativos, que procura gestionar el uso de los recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades pesqueras y otras actividades humanas, a la vez que se conservan la riqueza biológica y los procesos biológicos necesarios para salvaguardar la composición, la estructura y el funcionamiento de los hábitats del ecosistema de que se trate, teniendo en cuenta los conocimientos y las incertidumbres en cuanto a los componentes bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas; […] 20) “medidas técnicas”, las medidas que regulan la composición de las capturas por especies y tallas y sus efectos en los ecosistemas como resultado de las actividades pesqueras, a través del establecimiento de condiciones relativas a la utilización y la estructura de los artes de pesca y restricciones de acceso a zonas de pesca; […]». 138 El artículo 6 del Reglamento n.o 1380/2013, con el epígrafe «Disposiciones generales», incluido en el título «Medidas de conservación», establece, en su apartado 1, lo siguiente: «Para alcanzar los objetivos de la PPC respecto de la conservación y explotación sostenible de los recursos biológicos marinos establecidos en el artículo 2, la Unión adoptará medidas de conservación con arreglo al artículo 7.» 139 A tenor del artículo 7 del Reglamento n.o 1380/2013, titulado «Tipos de medidas de conservación»: «1.   Las medidas de conservación y explotación sostenible de los recursos biológicos marinos podrán incluir, entre otros, los siguientes elementos: […] b) objetivos para la conservación y la explotación sostenible de las poblaciones, y medidas conexas para minimizar la repercusión de la pesca en el medio marino; […] j) medidas técnicas según lo dispuesto en el apartado 2. 2.   Las medidas técnicas podrán incluir, entre otros, los siguientes elementos: a) las características de los artes de pesca y las normas relativas a su utilización; […] c) las limitaciones o prohibiciones en la utilización de determinados artes de pesca y en las actividades pesqueras, en determinadas zonas o durante determinados períodos; […]». 140 En el marco de la ponderación de los intereses en juego, que es inherente a la adopción de las medidas de conservación de los recursos biológicos marinos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2021, Países Bajos/Consejo y Parlamento, C‑733/19, no publicada, EU:C:2021:272, apartado 52), el legislador goza de un amplio margen de apreciación, que corresponde a las responsabilidades políticas que le atribuyen los artículos 40 TFUE a 43 TFUE. Su decisión de adoptar tales medidas, para reducir al mínimo el impacto de las actividades pesqueras en el ecosistema marino, aplicando el criterio de precaución a la gestión pesquera y el enfoque ecosistémico, está sujeta al control del juez de la Unión, que debe limitarse a examinar si el ejercicio de tal competencia adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si el legislador ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, Friends of the Irish Environment (Posibilidades de pesca superiores a cero), C‑330/22, EU:C:2024:19, apartado 80]. 141 Más concretamente, en dicho marco, el legislador no está obligado a realizar una ponderación específica y motivada del interés de la protección del medio marino, vinculado a la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos, con los intereses de las personas que llevan a cabo actividades pesqueras y los aspectos socioeconómicos de esas actividades. En efecto, en el contexto de las medidas técnicas, el autor del acto no está obligado a formular una motivación específica para su decisión si el acto impugnado pone de manifiesto la parte esencial del fin perseguido [sentencia de 16 de noviembre de 2023, España/Consejo (Medidas de conservación complementarias en el Mediterráneo occidental), C‑224/22, no publicada, EU:C:2023:891, apartados 36 y 44]. Por cuanto las demandantes parecen alegar que el legislador incumplió su obligación de motivar la elección de la medida controvertida (véase el apartado 128 anterior), motivación que, según ellas, debía incluir la evaluación específica de los efectos de los artes de fondo fijos en los EMV, con el fin de ponderar el interés de la protección del medio ambiente marino frente a esos efectos con los aspectos socioeconómicos de las actividades pesqueras mediante dichos artes y las consecuencias socioeconómicas de la prohibición controvertida, debe desestimarse esta imputación. 142 En efecto, por un lado, procede señalar que el considerando 1 del Reglamento de base hace referencia a un enfoque de precaución y ecosistémico. 143 Por otro lado, como se desprende del considerando 9 del Reglamento de base, la medida establecida en el artículo 9, apartado 9, de dicho Reglamento tiene precisamente por objeto reducir al máximo las posibles repercusiones de las actividades de pesca en aguas profundas en los EMV. Por tanto, se trata efectivamente de una medida comprendida en el marco de la aplicación de los enfoques fundamentales enunciados en el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1380/2013, a la que son aplicables las consideraciones que figuran en los anteriores apartados 140 y 141. 144 Sin embargo, las demandantes no han logrado demostrar que el legislador haya excedido manifiestamente los límites de su facultad de apreciación al adoptar la prohibición contemplada en el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base. 145 En primer lugar, como se desprende del artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base, este solo se aplica a las actividades pesqueras con artes de fondo a más de 400 metros de profundidad. Por consiguiente, la prohibición establecida en el artículo 9, apartado 9, de dicho Reglamento no se aplica a la pesca con dichos artes a una profundidad inferior o igual a 400 metros. 146 En segundo lugar, las consideraciones del legislador según las cuales los artes fijos pueden tener efectos adversos para los EMV son inherentes a la definición establecida en el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, al que remite el artículo 4 del Reglamento de base (véanse los apartados 31 a 36 anteriores). Las demandantes no cuestionan la legalidad de estas disposiciones, que, por lo demás, son coherentes con el enfoque adoptado por la CPANE en su Recomendación 19:2014, de 23 de junio de 2014 [Recommendation on area management measures for the protection of vulnerable marine ecosystems in the NEAFC Regulatory Area (Recomendación sobre las medidas de gestión de las zonas establecidas para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables en la zona de regulación del Convenio CPANE)]. 147 En tercer lugar, ha de señalarse que, si bien las demandantes niegan la posibilidad de que los artes fijos, en particular los palangres demersales, puedan presentar también riesgos de efectos adversos en los EMV, no han logrado demostrar que tal riesgo quede completamente excluido, en concreto durante su despliegue repetido y su recuperación. A este respecto, cabe observar que la posibilidad de tales riesgos se menciona, además, en el documento del Parlamento (Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión) de 7 de diciembre de 2007, titulado «Seminario sobre la gestión de las poblaciones de peces de aguas profundas», en el que se indica que «no solo los artes de pesca de arrastre, sino también las redes fijas y los palangres pueden dañar los corales de aguas frías», y que, «cuando se pierden en los fondos marinos, las redes suelen seguir capturando peces, dando lugar a un fenómeno conocido como pesca fantasma». Esta posibilidad también se ve confirmada en un primer dictamen del CIEM de 28 de junio de 2018 [Advice on locations and likely locations of VMEs in EU waters of the NE Atlantic, and the fishing footprint of 2009‑2011 (Recomendaciones sobre los emplazamientos y los emplazamientos potenciales de los EMV en aguas de la Unión del Atlántico Nororiental y sobre la huella de pesca 2009‑2011)]. De hecho, los elementos de prueba presentados por las demandantes ante el Tribunal General, interpretados en su conjunto, no demuestran de modo suficiente en Derecho la inexistencia de efectos adversos de los artes fijos, sino más bien efectos menores respecto a los artes móviles (véase, asimismo, el apartado 151 siguiente). 148 En este plano, el artículo de Pham, C. K., Diogo, H., Menezes, G., Porteiro, F., Braga-Henriques, A., Vandeperre, F., y Morato, T., «Deep-water longline fishing has reduced impact on Vulnerable Marine Ecosystems» (La pesca con palangre en aguas profundas tiene un impacto reducido en los EMV), Scientific reports, n.o 4/4837, abril de 2014, aportado por el Parlamento, admite un cierto efecto adverso de los artes fijos (longlines, palangres), al tiempo que subraya, por una parte, que este riesgo es mucho menor que el de los artes móviles y, por otra parte, que los datos existentes sobre los palangres son limitados. Se constata, además, que el impacto de los palangres puede afectar, en particular, a organismos que presentan una morfología compleja, con efectos desestabilizadores en el ecosistema de que se trate. 149 Indicaciones similares en cuanto a los posibles efectos negativos vinculados a los artes fijos están presentes en otros elementos de prueba, como el artículo de Clark, M. R., Althaus, F., Schlacher, T. A., Williams, A., Bowden, D. A., y Rowden, A. A., «The impacts of deep-sea fisheries on benthic communities: a review» (El impacto de la pesca en alta mar en las comunidades bénticas: un informe), ICES Journal of Marine Science, vol. 73, 2016, pp. i51 a i69, presentado por el Parlamento, según el cual «estudios recientes sobre los palangres demuestran que su impacto es mucho menor que el de los artes móviles, pero que, no obstante, puede ser significativo». Según este mismo artículo, «en determinadas circunstancias, por ejemplo durante la recuperación, los artes fijos pueden desplazarse lateralmente a lo largo del fondo marino, lo que tiene efectos en el hábitat y la biota», y «se ha observado que los palangres tienen un impacto en los corales y en las esponjas […], al ser posible, por ejemplo, que los lastres los partan o las líneas los corten al desplazarse lateralmente durante la pesca o la recuperación». 150 Además, como se desprende de la definición que figura en el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, los efectos adversos de los artes de fondo son evaluados individualmente, en combinación o de forma acumulativa. Por tanto, los efectos de los artes fijos pueden agravar los de los artes móviles, cuya importancia no es, por lo demás, rebatida por las demandantes. Este enfoque permite la protección de los EMV de manera compatible con el criterio de precaución y el enfoque ecosistémico en materia de gestión de la pesca, que forman parte integrante de la PPC, en virtud del artículo 2 del Reglamento n.o 1380/2013. 151 Así pues, las demandantes no han aportado elementos de prueba suficientemente precisos y convincentes que demuestren que los artes fijos carecen de efectos adversos, de modo que sea posible, desde un enfoque ecosistémico y de precaución, excluir el riesgo, demostrado de modo suficiente en Derecho por los elementos indicados en los anteriores apartados 148 a 150, que dichos artes de pesca presentan en relación con los EMV. Tampoco pueden considerarse concluyentes a este respecto las referencias efectuadas en la vista al hecho de que los artes fijos, más concretamente los palangres, sean inmóviles y estén provistos de dispositivos de geolocalización. En efecto, como se ha señalado en el apartado 149 anterior, no puede excluirse que, debido a las corrientes de agua o a los movimientos laterales cuando se recuperan, puedan desplazarse (o incluso perderse) accidentalmente, de modo que causen daños a los EMV, a causa de su contacto con el fondo marino o con arrecifes que puedan ser especialmente sensibles (véase el apartado 148 anterior). Pues bien, a la luz del principio de precaución, al que remite el Reglamento n.o 1380/2013, mencionado a su vez en el Reglamento de base, el legislador no estaba obligado a demostrar de manera concluyente la existencia de efectos significativos de los artes fijos. Si bien es cierto que las demandantes también presentaron ante el Tribunal General, como anexo a la demanda, un estudio de la Xunta de Galicia, denominado «Estudio Comportamiento e Impacto de las Artes de Pesca en el Fondo Marino», del que se desprende, al menos en el caso de los palangres demersales, que no tienen efectos negativos, es preciso señalar, por una parte, que se trata de un documento elaborado en el contexto del presente procedimiento (como señalaron las propias demandantes en la vista), respecto al cual es imposible apreciar la independencia del autor respecto a la coadyuvante (la Comunidad Autónoma de Galicia), y, por otra parte, que, en cualquier caso, solo se trata de un único dictamen científico contrario a los ya analizados anteriormente, lo que no basta para ponerlos en duda. Además, no se ha demostrado que en la fecha de adopción del Reglamento de base existiera un estudio similar. Por razones análogas, carecen de toda pertinencia las referencias, efectuadas en la vista por las demandantes, a determinados análisis recientes del IEO, que, por lo demás, no fueron presentados durante la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal General y, por tanto, no figuran en los autos. 152 Habida cuenta de lo anterior, el legislador de la Unión, ejerciendo su amplia facultad de apreciación en la materia (véase, por analogía, la sentencia de 23 de marzo de 2006, Unitymark y North Sea Fishermen’s Organisation, C‑535/03, EU:C:2006:193, apartado 57), podía considerar necesaria para evitar el riesgo de los efectos adversos de los artes fijos en los EMV, pese a los probables efectos negativos en el ámbito socioeconómico, la prohibición de la pesca con artes de fondo en general en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. En este contexto, como se ha señalado en el apartado 140 anterior, el legislador no estaba obligado a realizar una ponderación específica y motivada del interés de la protección del medio ambiente marino con los intereses de las personas que llevan a cabo actividades pesqueras y los aspectos socioeconómicos de esas actividades. A este respecto, procede recordar que la sostenibilidad medioambiental a largo plazo de las actividades pesqueras constituye un objetivo fundamental de la PPC (artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 1380/2013), cuya consecución actúa a favor no solo de la protección del ecosistema marino, sino también de la viabilidad económica y social a largo plazo de las actividades pesqueras. 153 Cabe añadir que, como sostuvo la Comisión en la vista y como resulta igualmente de las alegaciones del Consejo y del Parlamento, el legislador actuó teniendo en cuenta el análisis de impacto, que había preparado la Comisión, de diversas opciones resultantes de su propuesta inicial, entre las que finalmente optó por una. El conjunto de estos elementos fue tomado en consideración por el legislador en el marco del ejercicio de su facultad de apreciación al adoptar las medidas de conservación. 154 En cuarto lugar, como sostiene el Parlamento, la decisión del legislador era similar a la adoptada en la normativa de la CPANE. El enfoque del legislador también correspondía, en esencia, al objetivo establecido en el apartado 83, letra c), de la Resolución 61/105 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 155 Procede concluir que las demandantes no han aportado elementos que permitan demostrar que el legislador excediera manifiestamente los límites de su amplia facultad de apreciación, vulnerando el principio de proporcionalidad, al prohibir la pesca con artes de fondo fijos a más de 400 metros de profundidad, en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, con el fin de reducir al mínimo las repercusiones de las actividades de pesca llevadas a cabo en aguas profundas en los EMV, en el marco de la aplicación del principio de precaución y del enfoque ecosistémico de la gestión pesquera. 156 En estas circunstancias, sin que sea necesario examinar su admisibilidad, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo y, en consecuencia, el segundo motivo en su totalidad, incluidas las alegaciones de las demandantes presentadas en el marco del primer motivo que se han considerado comprendidas en el ámbito del segundo (véanse los anteriores apartados 29, 38 in fine y 103). 157 Por tanto, procede desestimar el recurso en su totalidad. IV. Costas 158 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión, conforme a lo solicitado por esta. 159 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, el Reino de España, el Parlamento y el Consejo cargarán con sus propias costas. 160 Por último, con arreglo al artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General podrá decidir que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en los apartados 1 y 2 de dicho artículo cargue con sus propias costas. En el presente asunto, se decide que la Comunidad Autónoma de Galicia cargue con sus propias costas. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima ampliada) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Madre Querida, S. L., y las demás partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea. 3) El Reino de España, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comunidad Autónoma de Galicia cargarán con sus propias costas. Papasavvas Kowalik-Bańczyk Buttigieg Dimitrakopoulos Ricziová Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 2025. El Secretario V. Di Bucci El Presidente S. Papasavvas ( *1 ) Lengua de procedimiento: español. ( 1 ) La lista de las demás partes demandantes únicamente figura como anexo en la versión notificada a las partes y a los destinatarios mencionados en el artículo 55 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.