ECLI:EU:T:2004:108

Asunto T‑172/01 M contra Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas «Cónyuge divorciado de un antiguo miembro de una institución comunitaria, posteriormente fallecido – Pensión alimenticia – Contrato verbal entre los ex cónyuges – Derecho aplicable a los requisitos de forma del contrato y a la procedencia de los medios de prueba de su existencia (artículo 27 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas)» Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 21 de abril de 2004 Sumario de la sentencia 1.     Derecho comunitario – Interpretación – Principios – Interpretación autónoma – Límites – Remisiones específicas al Derecho de los Estados miembros (Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, art. 27, párr. 1; Reglamento nº 422/67/CEE del Consejo, y nº 5/67/Euratom del Consejo, art. 15, ap. 7) 2.     Funcionarios – Pensiones – Pensión de muerte y supervivencia – Pensión alimenticia fijada por contrato entre los ex cónyuges – Requisitos de validez – Apreciación con arreglo al Derecho nacional (Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, art. 27, párr. 1) 3.     Funcionarios – Pensiones – Pensión de muerte y supervivencia – Existencia de un contrato verbal que fija una pensión alimenticia a raíz de un divorcio – Admisibilidad de los medios de prueba – Aplicación del Derecho nacional, del Reglamento de Procedimiento y de los principios generales aplicables en materia de práctica de la prueba (Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, art. 27, párr. 1) 1.     Los términos de una disposición de Derecho comunitario que, como el artículo 27, párrafo primero, del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aplicable en el presente asunto debido a la referencia a dicha disposición que figura en el artículo 15, apartado 7, del Reglamento nº 422/67 y nº 5/67, por el que se establece el régimen pecuniario del Presidente y de los miembros de la Comisión, del Presidente, los Jueces, los Abogados Generales y el Secretario del Tribunal de Justicia, no implica ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y alcance, normalmente deben ser objeto de una interpretación autónoma, mediante referencia al contexto de la disposición y a la finalidad perseguida por la normativa de que se trate. Sin embargo, incluso a falta de dicha remisión expresa, la aplicación del Derecho comunitario puede implicar una referencia al Derecho de los Estados miembros cuando el juez comunitario no puede descubrir en el Derecho comunitario o en sus principios generales los elementos que le permitan precisar el contenido y el alcance de una disposición comunitaria mediante una interpretación autónoma. (véanse los apartados 70 y 71) 2.     El concepto de «pensión alimenticia [...] fijada [...] por [...] contrato concluido entre los antiguos esposos», en el sentido del artículo 27, párrafo primero, del anexo VIII del Estatuto, no puede ser objeto de una interpretación comunitaria autónoma. El concepto de obligación alimenticia pactada entre los ex cónyuges con motivo de su divorcio pertenece, por el contrario, a las consecuencias patrimoniales que se derivan de la sentencia de divorcio pronunciada con arreglo a las normas del Derecho civil aplicable. En consecuencia, los requisitos de validez de un contrato mediante el que se estipula el pago de una pensión alimenticia en beneficio de un cónyuge divorciado de un agente de las Comunidades o de un antiguo miembro de una institución comunitaria deben, en principio, determinarse con arreglo al Derecho que rige los efectos del divorcio. (véanse los apartados 72 y 73) 3.     Si bien la admisibilidad de los medios de prueba de la existencia de un contrato verbal que estipula, por razón del divorcio de los ex cónyuges, una pensión alimenticia a favor de la esposa divorciada a cargo del de cuius se rige por el Derecho nacional, incumbe, no obstante, al Tribunal de Primera Instancia, cuando conoce de un recurso dirigido contra la denegación de concesión de una pensión de supervivencia que se considera derivada de la aplicación del artículo 27, párrafo primero, del anexo VIII del Estatuto, verificar, para garantizar una aplicación exacta de dicha disposición, si concurren los elementos exigidos por el Derecho interno. Dicha obligación supone el respeto de las disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y de los principios generales aplicables en materia de práctica de la prueba, en particular por cuanto atañe a la admisibilidad de los medios de prueba y, en consecuencia, de la prueba testifical, a las modalidades del examen de los testigos citados y a la interpretación que ha de darse a los hechos comunicados por éstos. Como cualquier órgano jurisdiccional, el Tribunal de Primera Instancia debe, en efecto, ejercer sus competencias con arreglo a las normas que se las confieren. (véanse los apartados 87 y 88) SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)de 21 de abril de 2004(1) «Cónyuge divorciado de un antiguo miembro de una institución comunitaria, posteriormente fallecido – Pensión alimenticia – Contrato verbal entre los ex cónyuges – Derecho aplicable a los requisitos de forma del contrato y procedencia de los medios de prueba de su existencia (artículo 27 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas)» parte demandante, contra parte demandada, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera), dicta la siguiente En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera) Meij Forwood Legal El Secretario El Presidente H. Jung A.W.H. Meij 1 – Lengua de procedimiento: francés.