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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuestos especiales — Otros gravámenes indirectos sobre los productos sujetos a impuestos especiales — Artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE — Concepto de “otro gravamen indirecto” — Contribución tarifaria sobre los servicios de transporte y de distribución de electricidad — Repercusión del impuesto al consumidor — Relación directa e indisociable entre el impuesto y el consumo de electricidad

ECLI: ECLI:EU:T:2026:48Entscheidung vom: 28.01.2026

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Prejudicial) de 28 de enero de 2026 ( *1 ) «Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuestos especiales — Otros gravámenes indirectos sobre los productos sujetos a impuestos especiales — Artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE — Concepto de “otro gravamen indirecto” — Contribución tarifaria sobre los servicios de transporte y de distribución de electricidad — Repercusión del impuesto al consumidor — Relación directa e indisociable entre el impuesto y el consumo de electricidad» En el asunto T‑653/24, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia), mediante resolución de 29 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de diciembre de 2024, en el procedimiento entre Accorinvest, Société générale y Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Prejudicial), integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y la Sra. T. Pynnä (Ponente) y los Sres. J. Laitenberger, G. Hesse e I. Dimitrakopoulos, Jueces; Abogada General: Sra. M. Brkan; Secretario: Sr. L. Ramette, administrador; vista la transmisión por el Tribunal de Justicia de la petición de decisión prejudicial al Tribunal General el 18 de diciembre de 2024, con arreglo al artículo 50 ter, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; vista la materia contemplada en el artículo 50 ter, párrafo primero, letra b), del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la inexistencia de una cuestión independiente de interpretación en el sentido del artículo 50 ter, párrafo segundo, de dicho Estatuto; habiendo considerado los escritos obrantes en autos; celebrada la vista el 12 de septiembre de 2025; consideradas las observaciones presentadas: – en nombre de Accorinvest y Société générale, por la Sra. S. Espasa-Mattei y el Sr. J.‑P. Renaudin, abogados; – en nombre del Gobierno francés, por las Sras. P. Chansou y B. Travard, en calidad de agentes; – en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Björkland y M. Herold, en calidad de agentes; oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 29 de octubre de 2025; dicta la siguiente Sentencia 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO 2009, L 9, p. 12). 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de dos procedimientos acumulados en el litigio principal entre, en un caso, Accorinvest y el ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (Ministro de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial y Digital, Francia) y, en el otro, Société générale y dicho Ministro, en relación con la legalidad del gravamen que dichas sociedades soportaron, con arreglo a la normativa francesa, en virtud de la suscripción de contratos de acceso a la red eléctrica. Marco jurídico Derecho de la Unión 3 La Directiva 2008/118 fue derogada por la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales (DO 2020, L 58, p. 4). Sin embargo, la Directiva 2008/118 sigue siendo aplicable, ratione temporis, a los hechos del litigio principal. 4 El artículo 1 de la Directiva 2008/118 disponía: «1.   La presente Directiva establece el régimen general en relación con los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos que se mencionan a continuación (en lo sucesivo, “los productos sujetos a impuestos especiales”): a) productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva 2003/96/CE [del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO 2003, L 283, p. 51)]; […] 2.   Los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de que tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido por lo que respecta a la determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo y el control del impuesto. Dichas normas no incluyen las disposiciones relativas a las exenciones. 3.   Los Estados miembros podrán recaudar impuestos sobre: […] b) prestaciones de servicios, incluidos los relacionados con productos sujetos a impuestos especiales, que no tengan el carácter de impuestos sobre el volumen de negocios. […]» Derecho nacional 5 El artículo 18 de la loi no 2004‑803, du 9 août 2004, relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (Ley n.o 2004‑803, de 9 de agosto de 2004, relativa al Servicio Público de la Electricidad y del Gas y a las Compañías Eléctricas y de Gas; en lo sucesivo, «Ley de 9 de agosto de 2004») dispone: «I. Se crea en favor de la Caisse nationale des industries électriques et gazières [(Caja Nacional de las Industrias Eléctricas y Gasísticas, Francia)] una contribución tarifaria sobre los servicios de transporte y de distribución de electricidad […]. II. Serán deudores de dicha contribución tarifaria: 1.o En el sector de la electricidad: a) los gestores de las redes públicas de transporte o de distribución que la recauden de los consumidores […] con los que hayan suscrito un contrato de acceso a la red, sumada a la tarifa de utilización de las redes públicas de transporte y de distribución […]; b) los proveedores de electricidad que la recauden de los consumidores, sumada al precio de venta de electricidad aplicado […], cuando dichos proveedores hayan suscrito un contrato de acceso a las redes […] con objeto de abastecer a estos consumidores; c) los proveedores de electricidad que la recauden, sumada a las tarifas de venta […]. […] III. La base para el cálculo de la contribución tarifaria será: 1.o En el sector de la electricidad: – la parte fija, antes de impuestos, de la tarifa de utilización de las redes públicas de transporte y de distribución de electricidad, cuando la contribución tarifaria se devengue en virtud de lo dispuesto en el apartado II, punto 1, letra a); – la parte fija, antes de impuestos, de la parte relativa a la utilización de las redes, incluida en el precio de venta de la electricidad, cuando la contribución tarifaria se devengue en virtud de lo dispuesto en el apartado II, punto 1, letra b); – la parte fija, antes de impuestos, de la parte relativa a la utilización de las redes, incluida en las tarifas reguladas de venta de electricidad, cuando la contribución tarifaria se devengue en virtud de lo dispuesto en el apartado II, punto 1, letra c) […]. […] IV. La contribución tarifaria se devengará, en virtud de los contratos suscritos por las personas mencionadas en el apartado II para la realización de las prestaciones mencionadas en el apartado I, en el momento del cobro de los pagos a cuenta o del precio por el deudor o, a elección de este último, en el momento del adeudo; en ese supuesto, se devengará en cualquier caso en el momento del cobro de los pagos a cuenta o del precio, si precede al adeudo. […] VII. Mediante decreto adoptado previo dictamen del Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia) se establecerán las disposiciones de aplicación del presente artículo.» 6 El artículo 1 del décret n. 2005‑123, du 14 février 2005, relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel (Decreto n.o 2005‑123, de 14 de febrero de 2005, relativo a la Contribución Tarifaria sobre los Servicios de Transporte y de Distribución de Electricidad y Gas Natural; en lo sucesivo, «Decreto de 14 de febrero de 2005»), en su versión aplicable hasta el 31 de julio de 2017, disponía que: «I. La parte fija, antes de impuestos, de la tarifa de utilización de las redes públicas de transporte y de distribución de electricidad a que se refiere el artículo 18, apartado III, punto 1, de la Ley de 9 de agosto de 2004 […] está constituida por la suma de los siguientes conceptos: – el componente anual de gestión, según se define dicha expresión en la decisión de aprobación de las tarifas de utilización de las redes públicas de transporte y de distribución de electricidad en vigor; – el componente anual de contadores, según se define dicha expresión en la decisión de aprobación de las tarifas de utilización de las redes públicas de transporte y de distribución de electricidad en vigor; – la parte fija del componente anual de extracciones […]; – la parte fija del componente anual de alimentación complementaria y de reserva […].» 7 A tenor del artículo 1 del Decreto de 14 de febrero de 2005, en su redacción aplicable a partir del 1 de agosto de 2017: «[…] La parte fija, antes de impuestos, de la tarifa de utilización de las redes públicas de transporte y de distribución de electricidad está constituida por la suma de los componentes de la tarifa según se definen en las decisiones sobre las tarifas de utilización de las redes públicas de transporte y de distribución de electricidad en vigor, enumerados en los puntos 1 a 4: 1.o El componente anual de gestión; 2.o el componente anual de contadores; 3.o la parte fija del componente anual de extracciones. Esta parte fija está constituida por los términos que figuran en las fórmulas de fijación de tarifas relativas a este componente, que dependen de las potencias contratadas, con exclusión de los componentes mensuales por superación del límite de potencia contratada; 4.o la parte fija del componente anual de alimentación complementaria y de reserva. Esta parte fija está constituida por el componente anual de la alimentación complementaria y de reserva, con exclusión del término de energía y de los componentes mensuales por superación del límite de potencia contratada cuando la alimentación de reserva esté situada en un nivel de tensión distinto del de la alimentación principal.» 8 A tenor del artículo 2 del Decreto de 14 de febrero de 2005: «El proveedor de electricidad que recaude la contribución tarifaria en virtud del artículo 18, apartado II, punto 1, letras b) o c), de la Ley de 9 de agosto de 2004 […] calculará en el precio o la tarifa de venta, de conformidad con el artículo 1, la parte fija, antes de impuestos, de la parte relativa a la utilización de las redes.» 9 El artículo L. 341‑3 del code de l’énergie (Código de la Energía) establece: «La Commission de régulation de l’énergie [(Comisión Reguladora de la Energía)] fijará los métodos para establecer las tarifas de utilización de las redes públicas de transporte y de distribución de electricidad […]». Litigios principales y cuestiones prejudiciales 10 Accorinvest y Société générale son dos sociedades francesas que, como consumidoras finales de electricidad, soportaron una contribución tarifaria sobre los servicios de transporte y de distribución de electricidad (en lo sucesivo, «contribución tarifaria de despacho»). 11 En dos procedimientos distintos, Accorinvest y Société générale solicitaron al tribunal administratif de Paris (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de París, Francia) que condenara al Estado francés a pagarles una indemnización por un importe correspondiente a las cantidades que habían pagado en concepto de contribución tarifaria de despacho durante los años 2016 a 2018 y durante los años 2017 y 2018, respectivamente. En apoyo de sus solicitudes, estas sociedades alegaron que esta contribución tenía la naturaleza de «otro gravamen indirecto sobre los productos sujetos a impuestos especiales», en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118, y que no respetaba las normas impositivas establecidas en dicha disposición. Mediante autos de 26 de abril de 2021, la presidenta de la sección 1.a del tribunal administratif de Paris (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de París) desestimó las referidas demandas por haberse presentado ante un órgano jurisdiccional que carecía de competencia para conocer de ellas. 12 Al conocer de los recursos de apelación interpuestos por Accorinvest y Société générale, la cour administrative d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de París, Francia) anuló dichos autos y, resolviendo en vía de avocación, desestimó sus pretensiones de indemnización, por entender que no existía una «relación directa e indisociable» entre la contribución tarifaria de despacho y el consumo de electricidad, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de modo que dicha contribución no estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118. 13 Accorinvest y Société générale interpusieron sendos recursos de casación ante el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), que es el órgano jurisdiccional remitente. 14 El órgano jurisdiccional remitente observa que la cuantificación de la contribución tarifaria de despacho se basa en la parte fija de las tarifas de utilización de las redes públicas de electricidad, que depende esencialmente del nivel de tensión y de la potencia contratada en el marco del contrato de conexión a las redes, con exclusión de la parte variable de dichas tarifas, que es la única que viene determinada por la cantidad de electricidad consumida. 15 El órgano jurisdiccional remitente señala, por una parte, que el primer motivo invocado por Accorinvest y Société générale, basado en que la contribución tarifaria de despacho se repercute legalmente al consumidor final de electricidad, plantea la cuestión de si la existencia de un mecanismo legal de repercusión al consumidor final de un impuesto sobre un producto sujeto a impuestos especiales implica por sí sola la existencia de una relación directa e indisociable entre el referido impuesto y el consumo de ese producto, aun cuando dicho impuesto se calcule con independencia de la cantidad de producto efectivamente consumida. Señala, por otra parte, que su segundo motivo, basado en la existencia de una relación directa e indisociable entre dicha contribución y el consumo de electricidad, plantea la cuestión de si debe entenderse que un gravamen cuya cuantificación se basa exclusivamente en la parte fija de las tarifas de utilización de las redes públicas de electricidad, pero que se devenga en virtud de los contratos de acceso a la red suscritos por los consumidores o sus proveedores, presenta tal relación. El órgano jurisdiccional remitente considera que estas cuestiones, que se refieren a la interpretación de la Directiva 2008/118, son determinantes para el resultado del litigio. 16 En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 1, apartado 2, de la Directiva [2008/118] en el sentido de que el hecho de que exista un mecanismo legal para la repercusión del impuesto al consumidor final de un producto sujeto a impuestos especiales implica por sí solo la existencia de una relación directa e indisociable entre el referido impuesto y el consumo de ese producto, de modo que debe considerarse “otro gravamen indirecto” a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva [2008/118], aun cuando el cálculo de su importe se efectúe con independencia de la cantidad de producto efectivamente consumida? 2) ¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 1, apartado 2, de la Directiva [2008/118] en el sentido de que un gravamen, como la contribución tarifaria de despacho, cuya cuantificación se basa en la parte fija de las tarifas de utilización de las redes públicas de electricidad, con exclusión de la parte variable de dichas tarifas —que es la única que viene determinada por la cantidad de electricidad consumida—, pero que se devenga en virtud de los contratos de acceso a la red suscritos por los consumidores o sus proveedores, presenta una relación directa e indisociable con el consumo de electricidad, de modo que debe considerarse “otro gravamen indirecto” a efectos de dichas disposiciones?» Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento 17 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de noviembre de 2025, tras la presentación de las conclusiones de la Abogada General, Accorinvest y Société générale solicitaron la reapertura de la fase oral del procedimiento. 18 En apoyo de su solicitud, Accorinvest y Société générale indican, fundamentalmente, que las conclusiones de la Abogada General contienen argumentos que no han sido debatidos por las partes interesadas. En efecto, a su juicio, el análisis de la Abogada General se basa en un enfoque contextual a la luz de los objetivos de la Directiva 2008/118 en materia de formalidades y de control que no fue desarrollado por las partes interesadas en sus escritos procesales ni abordado mediante cuestiones en la vista. 19 Por una parte, procede recordar que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General prevén la posibilidad de que los interesados mencionados en el artículo 23 de ese Estatuto formulen observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General. Por otra parte, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. A este respecto, el Tribunal General no está vinculado ni por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas. Por consiguiente, el hecho de que una parte interesada no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones que examine en sus conclusiones (véase la sentencia de 14 de marzo de 2024, f6 Cigarettenfabrik, C‑336/22, EU:C:2024:226, apartado 25 y jurisprudencia citada). 20 Cierto es que, con arreglo al artículo 222 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando un interesado haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre los interesados. 21 No obstante, en este litigio, el Tribunal General dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse y Accorinvest y Société générale, en su solicitud de reapertura de la fase oral del presente asunto, no han demostrado en modo alguno que este deba resolverse basándose en un argumento que no fuera debatido entre los interesados. Además, esta solicitud no contiene ningún hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que el Tribunal General debe dictar en el presente asunto. En estas circunstancias, oída la Abogada General, el Tribunal General considera que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento. Sobre las cuestiones prejudiciales Primera cuestión prejudicial 22 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 debe interpretarse en el sentido de que un mecanismo legal de repercusión del impuesto al consumidor final de electricidad implica por sí solo la existencia de una relación directa e indisociable entre ese impuesto, el cálculo de cuyo importe se efectúa con independencia de la cantidad de electricidad efectivamente consumida, y el consumo de electricidad, de modo que dicho impuesto debe considerarse «otro gravamen indirecto» a efectos de dicha disposición. 23 A ese respecto, debe recordarse que la Directiva 2008/118, según se desprende de su considerando 2, pretende armonizar las condiciones para gravar con impuestos especiales los productos comprendidos en su ámbito de aplicación, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior. 24 A tenor de su artículo 1, apartado 1, la Directiva 2008/118 establece el régimen general en relación con los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de productos enumerados en dicha disposición, entre los que figuran «productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva [2003/96]». 25 El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118, que pretende tener en cuenta la diversidad de las tradiciones fiscales de los Estados miembros en esta materia y la utilización frecuente de los impuestos indirectos para la aplicación de políticas no presupuestarias, permite a los Estados miembros introducir, además del impuesto especial mínimo, otros impuestos indirectos que persigan una finalidad específica (sentencia de 4 de junio de 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, apartado 58). 26 Como disposición que establece una excepción al principio de armonización de las condiciones para gravar con impuestos especiales los productos comprendidos en su ámbito de aplicación, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 debe ser objeto de una interpretación estricta (véase la sentencia de 5 de marzo de 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, apartado 39 y jurisprudencia citada). 27 Un impuesto que no grava directa o indirectamente el consumo de electricidad ni el de otro producto sujeto a impuestos especiales no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/118 (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Elecdey Carcelén y otros, C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 y C‑221/16, EU:C:2017:705, apartados 61 a 63). De la jurisprudencia se desprende que, para que un impuesto se califique de «otro gravamen indirecto» sobre la electricidad, debe existir una relación directa e indisociable entre dicho impuesto y el consumo de electricidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de junio de 1999, Braathens, C‑346/97, EU:C:1999:291, apartado 23, y de 3 de marzo de 2021, Promociones Oliva Park, C‑220/19, EU:C:2021:163, apartado 54). 28 A fin de determinar si puede considerarse que un gravamen presenta una relación directa e indisociable con el consumo de electricidad, la jurisprudencia tiene en cuenta diversos factores. 29 En la sentencia de 4 de junio de 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354), apartados 62 a 65, el Tribunal de Justicia consideró que no existía una relación directa e indisociable entre el uso de combustible nuclear, que era el elemento desencadenante del impuesto controvertido en dicho asunto, y el consumo de electricidad. El Tribunal de Justicia tomó en consideración dos elementos. En primer lugar, señaló, por una parte, que la cantidad de electricidad producida por un reactor de central nuclear no venía directamente condicionada por la cantidad de combustible nuclear utilizada, sino que podía variar en función de la naturaleza y de las propiedades del combustible utilizado y del grado de rendimiento del reactor de que se tratara, y, por otra parte, que el impuesto instaurado podía percibirse como consecuencia del inicio de una reacción en cadena automantenida, sin que se produjera ni consumiera necesariamente siquiera una cantidad de electricidad. En segundo lugar, observó que este impuesto no se percibía del consumidor, sino del productor de electricidad, y que no podía repercutirse íntegramente al consumidor final de electricidad. 30 En la sentencia de 3 de marzo de 2021, Promociones Oliva Park (C‑220/19, EU:C:2021:163), apartados 50, 51, 54 y 58, el Tribunal de Justicia tomó en consideración, en primer lugar, el hecho imponible del impuesto en cuestión, a saber, la producción neta de energía eléctrica; en segundo lugar, el hecho de que no se percibiera directamente de los consumidores de electricidad, sino de los operadores económicos que la producían y la incorporaban al sistema, y de que no existiera ningún mecanismo formal de repercusión del impuesto, y, en tercer lugar, el hecho de que dicho impuesto se calculara en función exclusivamente de la condición de productor de electricidad, sobre la base de los ingresos de los sujetos pasivos parcialmente fijados y, por tanto, con independencia de la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada al sistema eléctrico. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluyó que no existía una relación directa e indisociable entre dicho impuesto y el consumo de electricidad. 31 Por último, en la sentencia de 18 de enero de 2017, IRCCS — Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2017:17), apartados 30 a 38, el Tribunal de Justicia, para apreciar si los importes exigidos a las empresas para cubrir los costes generales del sistema eléctrico constituían impuestos indirectos, tomó en consideración cuatro elementos, a saber, en primer lugar, la obligación establecida por la ley de abonar esos importes; en segundo lugar, el destino de los importes requeridos, que debían financiar objetivos de interés general; en tercer lugar, la posibilidad de repercutir tales importes en las facturas que se les presentaban a los consumidores finales de electricidad, y, en cuarto lugar, el hecho de que dichos importes estuvieran relacionados con la electricidad consumida. 32 De las sentencias citadas en los anteriores apartados 29 a 31, como recuerda la Abogada General en el punto 54 de sus conclusiones, se desprende que la repercusión íntegra de un impuesto al consumidor final no basta, como tal, para calificar dicho impuesto de «otro gravamen indirecto», sino que constituye un elemento que debe tenerse en cuenta, entre otros, para esta calificación. 33 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de un mecanismo legal de repercusión de un impuesto al consumidor final de electricidad no implica por sí sola que dicho impuesto, el cálculo de cuyo importe se efectúa con independencia de la cantidad de electricidad efectivamente consumida, presente una relación directa e indisociable con el consumo de electricidad y sea considerado «otro gravamen indirecto» a efectos de dicha disposición. Segunda cuestión prejudicial 34 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si un impuesto que se devenga en virtud de los contratos de acceso a la red de suministro de electricidad suscritos por los consumidores o sus proveedores y cuya cuantificación no depende de la cantidad de electricidad consumida presenta una relación directa e indisociable con el consumo de electricidad, de modo que debe considerarse «otro gravamen indirecto» a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118. 35 De los anteriores apartados 29 a 31 se desprende que la jurisprudencia enuncia varios factores que deben tomarse en consideración cuando se trata de determinar la existencia de una relación directa e indisociable a la hora de calificar un impuesto de «otro gravamen indirecto» a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118, en particular, el hecho imponible del impuesto, sus modalidades de cálculo y su posible repercusión al consumidor. 36 En el caso de autos, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que, en primer lugar, el hecho imponible de la contribución tarifaria de despacho es la firma por los consumidores de electricidad o sus proveedores de un contrato que se suscribe para acceder a la red eléctrica. Como subraya la Abogada General, en el punto 56 de sus conclusiones, dicho hecho imponible se sitúa en una fase anterior a cualquier consumo de electricidad. 37 En segundo lugar, por lo que respecta al cálculo de la contribución tarifaria de despacho, de la información de que dispone el Tribunal General se desprende, sin perjuicio de la comprobación de estos elementos por el órgano jurisdiccional remitente, que la cuantificación de dicha contribución se basa, en virtud de los artículos 1 y 2 del Decreto de 14 de febrero de 2005, en el componente anual de gestión, el componente anual de contadores, la parte fija del componente anual de extracción y la parte fija del componente anual de alimentación complementaria y de reserva. 38 El órgano jurisdiccional remitente precisa que los componentes en los que se basa la contribución tarifaria de despacho no dependen de la cantidad de electricidad consumida. En particular, si bien la parte fija del componente anual de extracción depende de la potencia contratada por el consumidor y de las opciones tarifarias elegidas, de la información de que dispone el Tribunal General se desprende que la elección del consumidor se hace a partir de una estimación de su consumo futuro de electricidad que no tiene relación con su consumo efectivo. De los debates mantenidos en la vista se desprendió que, si bien el consumidor puede modificar esa elección, dicha modificación es válida para el futuro y no supone la restitución de la contribución tarifaria de despacho que hubiera abonado previamente por la contratación de una potencia que no se ajustara a sus necesidades. Por otra parte, parece que la falta total de consumo de electricidad durante un período determinado no exime al consumidor del pago de la contribución tarifaria de despacho. 39 En tercer lugar, como se desprende de los anteriores apartados 29 a 33, si bien la contribución tarifaria de despacho se le repercute al consumidor final de electricidad, este elemento no basta, como tal, para concluir que existe una relación directa e indisociable entre un impuesto y el consumo de electricidad. 40 En consecuencia, y sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe los elementos de hecho y las normas del Derecho nacional en los que se basan las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 36 a 39, procede declarar que la contribución tarifaria de despacho no constituye «otro gravamen indirecto» que recaiga directa o indirectamente sobre el consumo de electricidad a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118. 41 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 debe interpretarse en el sentido de que un impuesto que se devenga en virtud de los contratos de acceso a la red de suministro de electricidad suscritos por los consumidores o sus suministradores y cuya cuantificación no depende de la cantidad de electricidad efectivamente consumida no está comprendido en el concepto de «otro gravamen indirecto» a efectos de dicha disposición. Costas 42 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal General no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Prejudicial) declara: 1) El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, debe interpretarse en el sentido de que la existencia de un mecanismo legal de repercusión de un impuesto al consumidor final de electricidad no implica por sí sola que dicho impuesto, el cálculo de cuyo importe se efectúa con independencia de la cantidad de electricidad efectivamente consumida, presente una relación directa e indisociable con el consumo de electricidad y sea considerado «otro gravamen indirecto» a efectos de dicha disposición. 2) El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 debe interpretarse en el sentido de que un impuesto que se devenga en virtud de los contratos de acceso a la red de suministro de electricidad suscritos por los consumidores o sus suministradores y cuya cuantificación no depende de la cantidad de electricidad efectivamente consumida no está comprendido en el concepto de «otro gravamen indirecto» a efectos de dicha disposición. Papasavvas Pynnä Laitenberger Hesse Dimitrakopoulos Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de enero de 2026. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: francés.

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