Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas motivadas por acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Lista de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos y que son objeto de restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Inclusión y mantenimiento del nombre del demandante en la lista — Concepto de “asociación” — Artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145/PESC — Excepción de ilegalidad — Error de apreciación — Derechos fundamentales — Proporcionalidad

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada) de 26 de febrero de 2025 ( *1 ) «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas motivadas por acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Lista de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos y que son objeto de restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Inclusión y mantenimiento del nombre del demandante en la lista — Concepto de “asociación” — Artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145/PESC — Excepción de ilegalidad — Error de apreciación — Derechos fundamentales — Proporcionalidad» En el asunto T‑498/22, Aleksandra Melnichenko, con domicilio en San Mauricio (Suiza), representada por la Sra. A. Miron, el Sr. D. Müller, la Sra. H. Bajer Pellet, el Sr. R. Pieri y la Sra. A. Beauchemin, abogados, y por el Sr. C. Zatschler, SC, parte demandante, apoyada por EuroChem Group AG, con domicilio social en Zug (Suiza), y por Siberian Coal Energy Company AO (SUEK), con domicilio social en Moscú (Rusia), representadas por la Sra. N. Montag y los Sres. L. Engelen y S. Bonifassi, abogados, partes coadyuvantes, contra Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. B. Driessen y J. Rurarz, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. B. Maingain y la Sra. S. Remy, abogados, parte demandada, apoyado por Reino de Bélgica, representado por las Sras. C. Pochet, M. Van Regemorter y L. Van den Broeck, en calidad de agentes, parte coadyuvante, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada), integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. R. Mastroianni, en funciones de Presidente, y la Sra. M. Brkan y los Sres. I. Gâlea, T. Tóth y S. L. Kalėda (Ponente), Jueces; Secretaria: Sra. R. Ūkelytė, administradora; habiendo considerado los escritos obrantes en autos; celebrada la vista el 9 de julio de 2024; dicta la siguiente Sentencia ( 1 ) 1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, la Sra. Aleksandra Melnichenko, solicita la anulación de los actos siguientes, en la medida en que incluyen y mantienen su nombre en las listas adjuntas a ellos (en lo sucesivo, «listas controvertidas»): – En primer lugar, la Decisión (PESC) 2022/883 del Consejo, de 3 de junio de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 153, p. 92), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/878 del Consejo, de 3 de junio de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 153, p. 15) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos iniciales»). – En segundo lugar, la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 149), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de septiembre de 2022»). – En tercer lugar, la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 134), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de marzo de 2023»), así como la Decisión (PESC) 2023/811 del Consejo, de 13 de abril de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 101, p. 67), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/806 del Consejo, de 13 de abril de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 101, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de abril de 2023», y, junto con los actos iniciales, los actos de septiembre de 2022 y los actos de marzo de 2023, «actos impugnados»). [omissis] Pretensiones de las partes 27 La demandante, apoyada por EuroChem Group y SUEK, solicita al Tribunal General que: – Declare inaplicables el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 modificada y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 modificado, en la medida en que dichos actos se refieren a los «asociados» a las personas y entidades incluidas en las listas controvertidas. – Anule los actos impugnados en la medida en que se refieren a ella. – Condene en costas al Consejo. 28 El Consejo, apoyado por el Reino de Bélgica, solicita al Tribunal General que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a la demandante. Fundamentos de Derecho 29 En apoyo de su recurso, la demandante invoca esencialmente cinco motivos, basados, el primero, en un «error manifiesto de apreciación»; el segundo, en el incumplimiento de la obligación de motivación; el tercero, en la violación del principio de proporcionalidad y de los derechos fundamentales; el cuarto, en una excepción de ilegalidad contra el criterio contemplado en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 modificada y en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 modificado, que se refieren a las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos asociados a una persona sujeta a medidas restrictivas en virtud de alguno de los criterios de inclusión previstos en el artículo 2, apartado 1, letras a) a h), de dicha Decisión y en el artículo 3, apartado 1, letras a) a h), del referido Reglamento (en lo sucesivo, «criterio de la asociación»), y, el quinto, en la vulneración del derecho a ser oído. [omissis] [omissis] [omissis] Tercer motivo, basado en la vulneración de los derechos fundamentales [omissis] 105 Por otra parte, la demandante, apoyada por EuroChem Group y SUEK, añade que, dado que nunca tuvo relación con los responsables rusos, el hecho de sancionarla no contribuye en modo alguno a la consecución de los objetivos del Reglamento n.o 269/2014 modificado, que consisten en presionar a las autoridades rusas, y va en contra de la política de la Unión dirigida a garantizar la seguridad alimentaria mundial. Por lo tanto, no es necesario ni apropiado mantener esas medidas restrictivas que la afectan. 106 El Consejo, apoyado por el Reino de Bélgica, rebate las alegaciones de la demandante. 107 Procede recordar que el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones, el derecho a la propiedad y el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros están consagrados, respectivamente, en los artículos 7, 17 y 45 de la Carta. 108 En lo que atañe, en primer lugar, a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 17 de la Carta, en el caso de autos, las medidas restrictivas controvertidas constituyen medidas cautelares, que no tienen por objeto privar a las personas afectadas de su derecho a la propiedad ni de su derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones. Sin embargo, con excepción del derecho al respeto de las comunicaciones, respecto del cual no se ha demostrado la existencia de una limitación, las medidas controvertidas suponen indudablemente en el presente asunto una limitación de esos derechos fundamentales (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de marzo de 2014, Al Assad/Consejo, T‑202/12, EU:T:2014:113, apartado 115 y jurisprudencia citada). 109 No obstante, según reiterada jurisprudencia, en el Derecho de la Unión, los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 17 de la Carta no gozan de una protección absoluta, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad (véase la sentencia de 12 de marzo de 2014, Al Assad/Consejo, T‑202/12, EU:T:2014:113, apartado 113 y jurisprudencia citada). 110 A este respecto procede recordar que el artículo 52, apartado 1, de la Carta establece, por una parte, que «cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades» y, por otra, que, «dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás». 111 Así, para ser conforme con el Derecho de la Unión, la limitación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales debe satisfacer cuatro requisitos. Primero, debe estar «establecida por la ley», en el sentido de que la institución de la Unión que adopte medidas que puedan restringir los derechos fundamentales de una persona física o jurídica debe disponer de una base legal para ello. Segundo, debe respetar el contenido esencial de esos derechos. Tercero, debe tener un objetivo de interés general reconocido como tal por la Unión. Cuarto, debe ser proporcionada (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartados 145 y 222 y jurisprudencia citada). 112 Pues bien, en el caso de autos, es preciso señalar que se satisfacen estos cuatro requisitos. 113 En primer término, procede señalar que las limitaciones al ejercicio por la demandante de su derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio, así como de su derecho a la propiedad, están «establecidas por la ley», ya que figuran en actos que tienen, en particular, un alcance general, a saber, la Decisión 2014/145 modificada y el Reglamento n.o 269/2014 modificado, y disponen de una base jurídica clara en el Derecho de la Unión, en concreto, respectivamente, el artículo 29 TUE y el artículo 215 TFUE. 114 En segundo término, dado que los actos impugnados se aplican por un período de seis meses y son objeto de un seguimiento constante, como prevé el artículo 6 de la Decisión 2014/145 modificada, las limitaciones mencionadas en el anterior apartado 113 son temporales y reversibles. Por consiguiente, procede considerar que no menoscaban el contenido esencial de su derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio ni de su derecho a la propiedad. Además, los actos impugnados prevén la posibilidad de conceder excepciones a las medidas restrictivas aplicadas. En particular, en lo que se refiere a la inmovilización de fondos, el artículo 2, apartados 3 y 4, de la Decisión 2014/145 modificada y los artículos 4, apartado 1, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 modificado contemplan la posibilidad, por una parte, de autorizar la utilización de fondos inmovilizados para atender necesidades básicas o cumplir determinados compromisos y, por otra, de conceder autorizaciones expresas que permitan la liberación de fondos, de otros activos financieros o de otros recursos económicos. 115 En tercer término, las limitaciones contempladas en el apartado 113 de la presente sentencia tienen la finalidad de presionar a las autoridades rusas para que pongan término a sus acciones y a sus políticas de desestabilización de Ucrania. En efecto, este es un objetivo de interés general que forma parte de los objetivos de la PESC mencionados en el artículo 21 TUE, apartado 2, letras b) y c), tales como la consolidación y el respaldo de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de los principios del Derecho internacional, así como el mantenimiento de la paz, la prevención de los conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional y de la protección de la población civil (véase, por analogía, la sentencia de 30 de noviembre de 2016, Rotenberg/Consejo, T‑720/14, EU:T:2016:689, apartado 176). 116 En cuarto término, en lo relativo al principio de proporcionalidad, procede recordar que, en cuanto principio general del Derecho de la Unión, este principio exige que los actos de las instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulta adecuado y necesario para el logro de los objetivos perseguidos por la normativa de que se trate. Así pues, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos gravosa y las desventajas ocasionadas no deben ser desmesuradas en comparación con los objetivos perseguidos (véase la sentencia de 30 de noviembre de 2016, Rotenberg/Consejo, T‑720/14, EU:T:2016:689, apartado 178 y jurisprudencia citada). 117 En lo que atañe al carácter adecuado de las limitaciones mencionadas en el apartado 113 de la presente sentencia, procede señalar que, a la vista de objetivos de interés general tan fundamentales para la comunidad internacional como los contemplados en los actos impugnados, esas limitaciones no pueden, como tales, considerarse inadecuadas. Además, en lo que se refiere a su carácter necesario, procede señalar que medidas alternativas y menos restrictivas, como un sistema de autorización previa, no permiten alcanzar tan eficazmente los objetivos perseguidos. Asimismo, se trata de restricciones temporales y reversibles que ofrecen la posibilidad de establecer excepciones. Por lo tanto, procede declarar que los inconvenientes causados a la demandante no son desmesurados en relación con la importancia del objetivo perseguido por tales actos. 118 Por otro lado, en lo que respecta a la alegación de la demandante de que las limitaciones contempladas en el apartado 113 de la presente sentencia no son proporcionadas debido a los peligros que suponen para la seguridad alimentaria mundial, esta alegación debe desestimarse por inoperante, ya que no guarda relación alguna con el derecho de propiedad de la demandante ni con su derecho al respeto de la vida privada y familiar y de su domicilio. 119 De ello se deduce que las limitaciones contempladas en el apartado 113 de la presente sentencia no son desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas. 120 En lo que se refiere, en segundo lugar, a la alegación de la demandante basada en el menoscabo de su derecho a circular libremente en el territorio de los Estados miembros, consagrado en el artículo 45, apartado 1, de la Carta, procede señalar que, de conformidad con el artículo 52, apartado 2, de esta, los derechos reconocidos por la Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por estos. Como se deriva de las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17), el derecho garantizado en el artículo 45, apartado 1, de la Carta es el que garantiza el artículo 20 TFUE, apartado 2, letra a). El alcance de este derecho se explicita en el artículo 21 TFUE. 121 Pues bien, procede señalar que, en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, la libertad de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros se ejerce con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Dicha sujeción, formulada en la segunda parte de la frase del artículo 21 TFUE, apartado 1, que hace referencia a los Tratados en plural, incluye también el Tratado UE y las disposiciones adoptadas para su aplicación. De ello se desprende que, en el ámbito de la PESC, pueden imponerse limitaciones al ejercicio del derecho de libre circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión consagrado en el artículo 45, apartado 1, de la Carta mediante actos adoptados sobre la base del artículo 29 TUE, como los actos impugnados (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de noviembre de 2014, Mayaleh/Consejo, T‑307/12 y T‑408/13, EU:T:2014:926, apartados 195 y 196, y de 4 de diciembre de 2015, Sarafraz/Consejo, T‑273/13, no publicada, EU:T:2015:939, apartados 194 y 195). 122 No obstante, como se ha señalado en el apartado 111 de la presente sentencia, para ser compatibles con el Derecho de la Unión, las limitaciones al ejercicio de los derechos consagrados en la Carta deben cumplir las condiciones establecidas en el artículo 52, apartado 1, de esta, a saber: ser establecidas por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos, responder a un objetivo de interés general reconocido como tal por la Unión y no ser desproporcionadas. Esto se aplica también a los derechos reconocidos por la Carta que son objeto de disposiciones en los Tratados (véanse, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, apartado 46, y las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Agenzia delle dogane e dei monopoli y Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2021:855, punto 60). Por consiguiente, las limitaciones al ejercicio del derecho consagrado en el artículo 45, apartado 1, de la Carta impuestas en el marco de la aplicación de la PESC deben satisfacer dichos requisitos. 123 En el presente asunto, en primer término, las limitaciones del derecho de la demandante a circular libremente en el territorio de los Estados miembros derivadas de los actos impugnados están «establecidas por la ley», ya que se enuncian en actos que tienen, en particular, un alcance general, a saber, la Decisión 2014/145 modificada y el Reglamento n.o 269/2014 modificado, y disponen de una base jurídica clara en el Derecho de la Unión, en concreto, respectivamente, el artículo 29 TUE y el artículo 215 TFUE. 124 En segundo término, en lo que atañe a la cuestión de si las limitaciones a que se refiere el anterior apartado 123 respetan el «contenido esencial» del derecho de la demandante a circular libremente en el territorio de los Estados miembros, procede atender a la naturaleza y el alcance de las medidas restrictivas de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 153). 125 A este respecto, procede señalar que las limitaciones mencionadas en el anterior apartado 123 respetan el «contenido esencial» del derecho de la demandante a circular libremente en el territorio de los Estados miembros. En efecto, ante todo, con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2014/145 modificada, dichas limitaciones respetan el principio de Derecho internacional según el cual un Estado no puede denegar a sus propios nacionales el derecho a entrar en su territorio y a permanecer en él. A continuación, en virtud del artículo 6 de la Decisión 2014/145 modificada, las listas controvertidas son objeto de revisión periódica a fin de excluir de ellas los nombres de las personas que hayan dejado de reunir los requisitos para figurar en las mismas. Por último, estas limitaciones no ponen en entredicho el referido derecho como tal, puesto que suponen suspender temporalmente, en determinadas circunstancias y debido a su situación individual, el derecho de ciertas personas a circular libremente en el territorio de los Estados miembros, siempre que sigan concurriendo tales circunstancias (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, apartado 48). 126 En tercer lugar, las limitaciones a que se hace referencia en el anterior apartado 123 responden al objetivo de interés general mencionado en el apartado 115 de la presente sentencia. 127 En cuarto lugar, en lo que atañe al carácter adecuado de las limitaciones mencionadas en el anterior apartado 123, ha de señalarse que estas limitaciones son apropiadas para alcanzar el objetivo de interés general mencionado en el apartado 115 de la presente sentencia, en la medida en que contribuyen a su consecución. 128 Por lo que respecta al carácter necesario de las limitaciones mencionadas en el anterior apartado 123, procede señalar que la demandante no ha demostrado que el Consejo pudiera considerar la adopción de medidas menos rigurosas, pero tan adecuadas como las previstas. Por otra parte, la aplicación de las medidas restrictivas de que se trata va acompañada de un régimen de excepciones contemplado en el artículo 1, apartado 6, de la Decisión 2014/145 modificada, que autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a las medidas impuestas, en particular en los casos en que el desplazamiento de una persona esté justificado por razones humanitarias urgentes. 129 Además, si bien se reconocen las consecuencias negativas para la demandante, tal como esta las describe, que se derivan de la aplicación de las medidas restrictivas controvertidas, ha de considerarse que, habida cuenta de la importancia de los objetivos que se persiguen con las referidas medidas, las limitaciones a que se refiere el anterior apartado 123 no son manifiestamente desmesuradas (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 14 de octubre de 2009, Bank Melli Iran/Consejo, T‑390/08, EU:T:2009:401, apartado 71). 130 Por otra parte, la demandante no presenta ningún elemento concreto que sustente la supuesta gravedad de las consecuencias negativas derivadas de la aplicación de las medidas restrictivas de que se trata. Por cuanto se refiere a la imposibilidad de desplazarse a la residencia familiar en Suiza, este elemento no es pertinente en el marco del análisis de su alegación basada en la vulneración de su derecho a circular libremente dentro de la Unión. 131 De ello se deduce que las limitaciones mencionadas en el anterior apartado 123 satisfacen los requisitos del artículo 52, apartado 1, de la Carta. 132 Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la aplicación por analogía de la sentencia de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), apartado 46, le confiere, en virtud del artículo 21 TFUE, el derecho derivado a residir en un Estado miembro, cuando ello sea necesario para garantizar el disfrute del derecho de residencia de sus hijos de corta edad, que son ciudadanos de la Unión, procede señalar que las consideraciones derivadas de dicha sentencia no pueden extrapolarse al caso de autos, dado que la demandante, como ciudadana de la Unión, dispone del derecho autónomo a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Pues bien, tal derecho no es absoluto y de las consideraciones anteriores se desprende que se considera justificada la limitación del derecho de la demandante a circular libremente en la Unión. 133 Además, en la medida en que la demandante alude al derecho derivado de su marido, nacional de un tercer país, a circular y residir en el territorio de los Estados miembros, esta alegación también debe desestimarse por inoperante, ya que no puede demostrar la vulneración del derecho de la demandante a circular libremente dentro de la Unión. 134 En cuanto a la referencia hecha por la demandante al derecho de sus hijos menores de edad a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, es preciso recordar que el artículo 24, apartado 2, de la Carta establece que, en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial. 135 Pues bien, en el caso de autos, procede observar, por una parte, que la demandante precisó, en sus escritos y en la vista, que no invocaba una vulneración del derecho de sus hijos a circular y residir libremente en la Unión de una manera autónoma. Por otra parte, en la medida en que la demandante se refiere a la situación de sus hijos para demostrar el carácter supuestamente desproporcionado de la limitación de su propio derecho a circular libremente en la Unión, procede señalar que esta alegación carece de fundamento. En efecto, la demandante se limita a alegar que las medidas restrictivas que se le han impuesto obligan a sus hijos a abandonar el territorio de la Unión. Además, cuando fue interrogada sobre este extremo, se limitó a afirmar de manera general que se impide a los miembros de su familia vivir juntos en sus domicilios situados en la Unión y en Suiza y a mencionar la interrupción de las relaciones familiares de sus hijos con los abuelos de estos que viven en Europa, así como la interrupción de su educación. Pues bien, procede señalar que las medidas restrictivas controvertidas, por una parte, no afectan a los hijos de la demandante y, por otra, no limitan el derecho de la demandante a entrar y residir libremente en el territorio del Estado miembro de la Unión del que es nacional. Por consiguiente, la demandante sostiene erróneamente que, debido a dichas medidas, sus hijos se ven obligados a abandonar el referido territorio. Por lo demás, procede recordar que el artículo 1, apartado 6, de la Decisión 2014/145 modificada autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a las medidas controvertidas, en particular en los casos en que el desplazamiento esté justificado por razones humanitarias urgentes, disposición que debe interpretarse y aplicarse, a la luz del artículo 24, apartado 2, de la Carta, teniendo en cuenta el interés superior del niño. 136 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el tercer motivo y, en consecuencia, el recurso en su totalidad. Costas 137 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por el Consejo. [omissis] En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas a la Sra. Aleksandra Melnichenko. 3) EuroChem Group AG, Siberian Coal Energy Company AO (SUEK) y el Reino de Bélgica cargarán con sus propias costas. Mastroianni Brkan Gâlea Tóth Kalėda Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de febrero de 2025. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: inglés. ( 1 ) Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.