Responsabilidad extracontractual — Medio ambiente — Directiva (UE) 2019/904 — Prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Inexistencia de diferenciación entre los productos fabricados con plástico oxodegradable y los productos fabricados con plástico oxobiodegradable — Evaluación de impacto — Igualdad de trato — Proporcionalidad

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada) de 31 de enero de 2024 ( *1 ) «Responsabilidad extracontractual — Medio ambiente — Directiva (UE) 2019/904 — Prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Inexistencia de diferenciación entre los productos fabricados con plástico oxodegradable y los productos fabricados con plástico oxobiodegradable — Evaluación de impacto — Igualdad de trato — Proporcionalidad» En el asunto T‑745/20, Symphony Environmental Technologies plc, con domicilio social en Borehamwood (Reino Unido), Symphony Environmental Ltd, con domicilio social en Borehamwood, representadas por los Sres. P. Selley, Solicitor, J. Holmes, KC, y J. Williams, Barrister‑at‑law, partes demandantes, contra Parlamento Europeo, representado por el Sr. L. Visaggio, la Sra. C. Ionescu Dima y el Sr. W. Kuzmienko, en calidad de agentes, Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. A. Maceroni y el Sr. M. Moore, en calidad de agentes, y Comisión Europea, representada por el Sr. R. Lindenthal y la Sra. L. Haasbeek, en calidad de agentes, partes demandadas, El TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada), integrado por el Sr. Van der Woude, Presidente, y los Sres. D. Spielmann, V. Valančius, I. Gâlea (Ponente) y T. Tóth, Jueces; Secretaria: Sra. I. Kurme, administradora; habiendo considerado los escritos obrantes en autos; celebrada la vista el 20 de marzo de 2023; vistos, tras el cese en sus funciones del Juez Sr. Valančius el 26 de septiembre de 2023, los artículos 22 y 24, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General; dicta la siguiente Sentencia 1 Mediante su recurso, basado en el artículo 268 TFUE, las demandantes, Symphony Environmental Technologies plc y Symphony Environmental Ltd, solicitan la indemnización de los perjuicios que afirman haber sufrido por causa de la adopción del artículo 5 y del considerando 15 de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente (DO 2019, L 155, p. 1), en la medida en que la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable, establecida en el mencionado artículo 5 y en el citado considerando 15, se aplica al plástico oxobiodegradable. I. Antecedentes del litigio 2 Las demandantes son sociedades con sede en el Reino Unido que se dedican al desarrollo, a la fabricación y a la comercialización de ciertos productos plásticos especializados, así como de aditivos y de mezclas madre utilizados en la fabricación de dichos productos. 3 Una mezcla madre es un compuesto de varias sustancias químicas incorporado en un soporte polímero que se suministra, en forma granulada, a los fabricantes de productos plásticos, los cuales incorporan dicho compuesto en los polímeros que utilizan para la fabricación de sus productos. 4 Una de las mezclas madre producidas por las demandantes, que comercializan con la marca d2w (en lo sucesivo, «mezcla madre d2w»), contiene un aditivo del que afirman que favorece la degradación abiótica del plástico al que ha sido incorporado y, luego, su biodegradación, una vez agotada su vida útil. 5 Según la definición recogida en el artículo 3, punto 3, de la Directiva 2019/904, un plástico oxodegradable es aquel al que se ha añadido uno o varios aditivos que, mediante oxidación, provocan su fragmentación en microfragmentos o su descomposición química. 6 Un plástico biodegradable es, según el artículo 3, punto 16, de la citada Directiva, un plástico capaz de sufrir descomposición física o biológica, de modo que, en último término, se descompone en dióxido de carbono, biomasa y agua. 7 Según las demandantes, el aditivo contenido en la mezcla madre d2w permite que el plástico al que ha sido incorporado se divida, mediante oxidación, en fragmentos (oxodegradación) cuya masa molecular es, según afirman, lo suficientemente reducida para que pueda ser asimilada por microrganismos (biodegradación). En opinión de las demandantes, dicho aditivo permite, por tanto, que el plástico al que ha sido incorporado se convierta en materiales biodegradables. 8 El 5 de junio de 2019 se adoptó la Directiva 2019/904. 9 Según el considerando 15 de dicha Directiva: «[…] Las restricciones de introducción en el mercado contempladas por la presente Directiva también deben aplicarse a los productos fabricados con plásticos oxodegradables, ya que ese tipo de plástico no se biodegrada correctamente y contribuye por tanto a la contaminación del medio ambiente con microplásticos, no es compostable, afecta negativamente al reciclado del plástico convencional y no ofrece beneficios medioambientales comprobados […]». 10 El artículo 5 de la Directiva 2019/904, titulado «Restricciones a la introducción en el mercado», dispone lo siguiente: «Los Estados miembros prohibirán la introducción en el mercado de los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte B del anexo y de los productos fabricados con plástico oxodegradable.» II. Pretensiones de las partes 11 Las demandantes solicitan al Tribunal General que: – Declare la responsabilidad extracontractual del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea, con arreglo al artículo 340 TFUE, apartado 2, o al artículo 41, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), con respecto a la adopción del artículo 5 y del considerando 15 de la Directiva 2019/904, en la medida en que esas disposiciones se aplican al plástico oxobiodegradable. – Condene al Parlamento, al Consejo y a la Comisión a indemnizarlas por el perjuicio sufrido, incluido cualquier daño adicional que pudiera sobrevenir a lo largo del presente procedimiento, o por cualquier daño probable y previsible, junto con los intereses, cuyo importe y tipo se determinarán en el curso del presente procedimiento. – Subsidiariamente, requiera al Parlamento, al Consejo y a la Comisión para que presenten al Tribunal General, dentro de un plazo razonable contado a partir de la fecha de la sentencia que se dicte en el presente asunto, un cálculo cifrado de la indemnización acordada entre las partes o, en caso de desacuerdo entre dichas partes, las requiera para que presenten al Tribunal General, en el mismo plazo, sus propuestas cifradas. – En cualquier caso, condene en costas al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. 12 El Parlamento y el Consejo solicitan al Tribunal General que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a las demandantes. 13 La Comisión solicita al Tribunal General que: – Declare el recurso inadmisible en lo que le concierne y, en cualquier caso, lo desestime por infundado. – Condene en costas a las demandantes. III. Fundamentos de Derecho 14 Mediante el presente recurso, las demandantes solicitan la reparación del perjuicio que consideran haber sufrido por causa de la prohibición de introducir en el mercado productos de plástico oxodegradable, establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904, en la medida en que la prohibición mencionada se aplica a los productos fabricados con un plástico que ellas califican de oxobiodegradable. El plástico oxobiodegradable es, según afirman las demandantes, un tipo de plástico que, gracias a un aditivo prooxidante, como el contenido en su mezcla madre d2w, puede, según ellas, biodegradarse mucho más rápidamente que el plástico oxodegradable. Consideran que, al no diferenciar el plástico oxodegradable del plástico oxobiodegradable y al extender, en su caso, a los productos fabricados con el segundo la prohibición de los productos fabricados con el primero, las tres instituciones implicadas infringieron de forma suficientemente caracterizada varias normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares. Señalan que, de esta manera, han causado un perjuicio a las demandantes. En su opinión, existe una relación de causalidad suficientemente directa entre dicho perjuicio y el comportamiento ilegal de las citadas instituciones. 15 Las tres instituciones implicadas alegan que no se da ninguno de los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea y solicitan la desestimación del recurso. Alegan, en particular, que no procede distinguir entre plástico oxodegradable y plástico oxobiodegradable. Según ellas, estos dos términos designan un único tipo de plástico, a saber, un plástico convencional al que se ha incorporado un aditivo que acelera, mediante oxidación, su fragmentación o su descomposición química en fragmentos muy pequeños. Añaden que este tipo de plástico no se biodegrada convenientemente en un plazo razonable. A. Sobre la solicitud de que se omitan ciertos datos frente al público 16 Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 21 de diciembre de 2020, las demandantes solicitaron que se omitieran ciertos datos frente al público, con arreglo al artículo 66 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, para garantizar la protección del secreto comercial, tanto en relación con sus propios datos como con datos pertenecientes a terceros. 17 Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 23 de junio de 2021, las demandantes presentaron una segunda solicitud para que se omitieran ciertos datos frente al público, con arreglo al artículo 66 del Reglamento de Procedimiento. Esta solicitud se refiere a datos mencionados en sus réplicas y va también dirigida a que se garantice la protección del secreto comercial, tanto en relación con sus propios datos como con datos pertenecientes a terceros. 18 Mediante estas solicitudes, las demandantes desean, en esencia, que se omitan los siguientes tipos de datos: – las consecuencias para sus clientes de la prohibición de introducir en el mercado productos de plástico oxodegradable, tal y como se desprenden, en particular, de las declaraciones de sus agentes; – la evaluación del importe del perjuicio supuestamente sufrido en razón de dicha prohibición y los datos en que se basa tal evaluación, es decir, en particular, la evaluación de sus pérdidas y ganancias, de sus cuotas de mercado y del valor de sus acciones; – el texto de una serie de normas europeas, americanas, británica e internacional relativas a la biodegradación, a la oxodegradación y al compostaje del plástico, así como un glosario relativo a la degradación y a la biodegradación del plástico. 19 Contrariamente a la solicitud de omisión de las dos primeras categorías de datos mencionadas en el anterior apartado 18, dirigida, según las demandantes, a proteger sus propios datos, la solicitud de omisión de la tercera categoría de datos pretende proteger datos sobre los que terceros ostentan derechos de propiedad. 20 En este sentido, procede recordar que, al conciliar la publicidad de las resoluciones judiciales y el derecho a la protección de los datos personales y del secreto comercial, el juez debe perseguir, en las circunstancias de cada caso concreto, el justo equilibrio, tomando asimismo en consideración el derecho del público a acceder, con arreglo a los principios enunciados en el artículo 15 TFUE, a las resoluciones judiciales (sentencia de 27 de abril de 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Comisión, T‑4/20, EU:T:2022:242, apartado 29). 21 En este caso, los datos que corresponden a las dos primeras categorías mencionadas en el anterior apartado 18 no aparecen en la presente sentencia. 22 En cuanto a los datos que corresponden a la tercera categoría, solo figuran en la presente sentencia aquellos que se mencionan en un estudio publicado en el sitio de Internet de la Comisión, a saber, el estudio realizado por Eunomia Research & Consulting Ltd para la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, titulado «The Impact of the Use of ‘Oxo‑degradable’ Plastic on the Environment» («El impacto de la utilización del plástico “oxodegradable” en el medio ambiente»), de abril de 2017 (en lo sucesivo, «estudio Eunomia»). Dado que los datos mencionados en dicho estudio ya se han hecho públicos, su omisión no es necesaria para proteger el secreto comercial, contrariamente a lo que sostienen las demandantes. 23 En consecuencia, no existe razón legítima para acceder a lo solicitado por las demandantes. B. Observación preliminar 24 Antes de realizar un análisis de la admisibilidad y del fondo del recurso, procede efectuar una observación terminológica. 25 El plástico al que se ha añadido un aditivo prooxidante, como el contenido en la mezcla madre d2w, recibe una calificación diferente por parte de los distintos litigantes. Las demandantes lo califican de «plástico oxobiodegradable», el cual debe, según ellas, distinguirse del plástico oxodegradable, que se biodegrada mucho más lentamente. El Parlamento también utiliza, en sus escritos procesales, la expresión «plástico oxobiodegradable», pero se cuida de precisar que dicha expresión designa el plástico que las demandantes consideran biodegradable, consideración que no comparte. El Consejo utiliza la expresión «plástico CAP» para designar el plástico que «contiene aditivos prooxidantes». La Comisión se refiere al plástico «oxo(bio)degradable» sugiriendo, con el uso de paréntesis, sus dudas acerca del carácter biodegradable de este tipo de plástico. 26 La elección de la expresión utilizada para designar el tipo de plástico de que se trata no es indiferente, pues puede implicar una toma de posición en cuanto al carácter biodegradable de este tipo de plástico. En consecuencia, procede utilizar, en la presente sentencia, el término más neutro posible. Por consiguiente, la expresión que va a utilizarse es la de «plástico que contenga (o contiene) un aditivo prooxidante», a excepción de los pasajes que reproduzcan las alegaciones de las partes, en los que se conservará la terminología que cada una haya elegido, y de las referencias al artículo 5 de la Directiva 2019/904, en las que se hará uso de la expresión «plástico oxodegradable», utilizada en dicho artículo. C. Sobre la admisibilidad 27 La Comisión invoca la inadmisibilidad del recurso en la medida en que va dirigido contra ella, sin formular una excepción de inadmisibilidad a los efectos del artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. 28 La Comisión, apoyada por el Consejo, alega que no cabe imputarle la ilegalidad de la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904. Argumenta, por un lado, que, conforme al artículo 192 TFUE, apartado 1, no fue ella, sino el Parlamento y el Consejo, los que adoptaron la Directiva 2019/904 con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y, por otro lado, que dicha prohibición no figuraba en la propuesta que presentó al Parlamento y al Consejo el 28 de mayo de 2018 [COM(2018)340 final — 2018/0172(COD); en lo sucesivo, «propuesta de Directiva»], sino que fue introducida por una enmienda del Parlamento, que fue aprobada por el Consejo. La Comisión destaca, asimismo, que no podía retirar su propuesta, dado que no concurrían los requisitos para ello. 29 Por último, según el criterio de la Comisión, la prohibición de introducción en el mercado mencionada en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 no le resulta imputable por el hecho de haber incoado y de haber luego puesto fin al proceso de restricción con arreglo a los artículos 68 a 73 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1, corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3; en lo sucesivo, «Reglamento REACH»), ni por el hecho, en caso de que se considerara probado, de que su evaluación de impacto sea deficiente y de que haya incumplido sus obligaciones en materia de obtención y valoración de las pruebas. 30 Las demandantes cuestionan tal inadmisibilidad. 31 Según la jurisprudencia, mientras que los recursos de anulación y por omisión persiguen declarar la ilegalidad o la falta de adopción de un acto jurídicamente vinculante, el recurso de indemnización tiene por objeto la solicitud de reparación de un perjuicio causado por un acto o un comportamiento ilícito imputable a una institución o a un órgano de la Unión (sentencias de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising y otros/Comisión y BCE, C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, apartado 55, y de 23 de mayo de 2019, Steinhoff y otros/BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, apartado 51). 32 En consecuencia, al haber sido adoptada la Directiva 2019/904, conforme al artículo 294 TFUE, por el Parlamento y el Consejo, no importa que la Comisión no haya adoptado un acto jurídicamente vinculante. En efecto, para que se considere que la Comisión genera o contribuye a generar la responsabilidad de la Unión, basta con que le sea imputable un acto ilícito, aunque no sea jurídicamente vinculante, o un comportamiento ilícito. 33 Ciertamente, no se detecta tal acto o comportamiento en la propuesta de Directiva. En efecto, dicha propuesta únicamente contemplaba, en su artículo 5, que «los Estados miembros prohibirán la introducción en el mercado de los productos de plástico de un solo uso que figuran en la parte B del anexo», sin que la parte B del dicho anexo hiciera referencia alguna al plástico oxodegradable. 34 No obstante, las demandantes reprochan a la Comisión el hecho de haber indicado, en el marco del compromiso interinstitucional de 19 de diciembre de 2018, que «acepta[ba] todas las enmiendas» aportadas a su propuesta de Directiva. A este respecto, debe precisarse que fue la enmienda n.o 83, aportada por el Parlamento a la propuesta de Directiva el 24 de octubre de 2018 [COM(2018)0340 — C8‑0218/2018 — 2018/0172(COD); en lo sucesivo, «enmienda del Parlamento»], la que introdujo en dicha propuesta la prohibición de los productos fabricados con plásticos oxodegradables. A continuación, en el marco del compromiso mencionado, las tres instituciones implicadas se pusieron de acuerdo para integrar dicha enmienda en el texto de la futura Directiva. Fue entonces cuando la Comisión indicó que aceptaba todas las enmiendas. 35 Las demandantes también reprochan a la Comisión que, en un escrito de 30 de abril de 2019 (en lo sucesivo, «escrito de 30 de abril de 2019»), solicitara a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que pusiera fin al proceso de restricción tramitado ante ella en relación con el plástico que contiene un aditivo prooxidante. Según las demandantes, si la ECHA hubiera tramitado dicho proceso hasta el final y, en particular, si hubiera elaborado un expediente, como lo prevé el artículo 69, apartado 1, del Reglamento REACH, se hubieran puesto en conocimiento de las tres instituciones implicadas datos adicionales que las hubieran llevado a adoptar, respecto del plástico que contiene un aditivo prooxidante, medidas distintas de la prohibición de introducción en el mercado o, incluso, a no adoptar medida alguna. 36 Por último, las demandantes reprochan a la Comisión que se abstuviera de realizar una evaluación de impacto referida específicamente al plástico que contiene un aditivo prooxidante y a los productos fabricados con ese tipo de plástico y que no recabara o que no hubiera tenido en cuenta pruebas pertinentes relativas a ese plástico y al riesgo que suponía para el medio ambiente y la salud humana. Las demandantes consideran que, de haber dispuesto de datos adicionales, las tres instituciones implicadas habrían modificado su apreciación. 37 La cuestión de si los comportamientos mencionados en los anteriores apartados 34 a 36 son ilegales y de si, a falta de estos, el Parlamento y el Consejo hubieran prohibido, de todos modos, la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico que contiene un aditivo prooxidante tiene relación con la determinación del hecho generador de responsabilidad y de la relación de causalidad entre ese hecho generador y el supuesto perjuicio. Pues bien, las cuestiones que tratan del examen de si se dan los requisitos necesarios para que exista la responsabilidad extracontractual de la Unión, como la determinación del hecho generador y de la relación de causalidad, corresponden al examen del presente recurso en cuanto al fondo y, por ello, no tienen incidencia alguna en la apreciación de su admisibilidad (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 23 de mayo de 2019, Steinhoff y otros/BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, apartados 42 a 47). 38 En consecuencia, procede rechazar la argumentación de la Comisión dirigida a que se declare la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se refiere a ella. D. Sobre el fondo 39 Debe recordarse, con carácter preliminar, que, a tenor del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión debe reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 40 Según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión es necesario que concurra un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados (véase la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, apartado 32 y jurisprudencia citada). 41 En el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos, debe desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Unión. Además, el juez de la Unión no está obligado a examinar estos requisitos en un orden determinado (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de septiembre de 1999, Lucaccioni/Comisión, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, apartados 13, 63 y 64, y de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea, C‑447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672, apartado 148). 42 Por lo que respecta al primero de esos requisitos, el Tribunal de Justicia ha precisado que existe una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares cuando esta implique una inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación; a este respecto, los elementos que procede considerar son, entre otros, el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada y la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a la institución de la Unión (sentencias de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, apartado 30, y de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, apartado 33). 43 En el contexto del presente asunto, procede precisar, a este respecto, que una eventual infracción suficientemente caracterizada de las normas jurídicas de que se trata debe basarse en la inobservancia manifiesta y grave de los límites de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión en el ejercicio de las competencias en el ámbito medioambiental con arreglo a los artículos 191 TFUE y 192 TFUE. En efecto, el ejercicio de dicha facultad discrecional implica, por un lado, la necesidad para el legislador de la Unión de anticipar y de evaluar evoluciones ecológicas, científicas, técnicas y económicas complejas e inciertas y, por otro lado, la ponderación y la elección por dicho legislador entre diferentes objetivos, principios e intereses recogidos en el artículo 191 TFUE (sentencia de 2 de marzo de 2010, Arcelor/Parlamento y Consejo, T‑16/04, EU:T:2010:54, apartado 143). 44 Antes de nada, debe apreciarse si se cumple el primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión. 45 A este respecto, las demandantes formulan cinco motivos de ilegalidad, basados en violaciones suficientemente caracterizadas, en primer término, de los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH; en segundo término, de los apartados 12 y 14 a 16 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 2016 (DO 2016, L 123, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo interinstitucional»); en tercer término, del principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4, y del artículo 191 TFUE, además de errores manifiestos de apreciación; en cuarto término, del principio general de igualdad de trato, y, en quinto término, de los artículos 16, 17 y 41, apartado 1, de la Carta y del artículo 49 TFUE. 1.   Sobre el primer motivo de ilegalidad, basado en la infracción de los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH 46 Mediante su primer motivo de ilegalidad, las demandantes sostienen que la prohibición de introducir en el mercado productos de plástico oxodegradable, establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904, fue adoptada eludiendo el proceso de restricción previsto en los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. Subrayan, sobre este particular, que estaba tramitándose un proceso de restricción ante la ECHA cuando, sin tener en absoluto en cuenta dicho procedimiento, el Parlamento adoptó la enmienda que añadió los productos de plástico oxodegradable a aquellos cuya introducción en el mercado se prohibía en la propuesta de Directiva. El citado proceso seguía tramitándose cuando el Parlamento y el Consejo acordaron esta enmienda y cuando el Parlamento adoptó una resolución legislativa que recogía la enmienda en cuestión. 47 Par consiguiente, según el parecer de las demandantes, la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 fue adoptada sin que las tres instituciones implicadas apreciaran debidamente si el plástico oxodegradable representa para la salud humana o el medio ambiente un «riesgo inaceptable […] al que deba hacerse frente a escala [de la Unión]», sin haber «ten[ido] en cuenta las consecuencias socioeconómicas de la restricción y la disponibilidad de alternativas», como exige el artículo 68, apartado 1, del Reglamento REACH, y sin haber invitado a las demandantes a dirigir a la ECHA sus observaciones, con arreglo al artículo 69, apartado 6, de dicho Reglamento. De ello deducen que la adopción de esta prohibición fue prematura e ilegal. 48 En opinión de las demandantes, al eludir el proceso de restricción previsto en los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH, cuando la ECHA es la única competente, desde el punto de vista técnico, para investigar y determinar si el plástico oxodegradable y el plástico oxobiodegradable se justifican o no desde el punto de vista medioambiental, las tres instituciones implicadas incurrieron en una infracción suficientemente caracterizada de los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. Por último, las demandantes subrayan que dicho Reglamento confiere derechos a los particulares, dado que su artículo 69, apartado 1, prevé que la ECHA invite a todas las partes interesadas a presentar observaciones sobre los expedientes y las restricciones propuestas y un análisis socioeconómico. 49 El Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten la argumentación de las demandantes. 50 Sobre esta cuestión, debe aclararse que, a tenor del artículo 68, apartado 1, del Reglamento REACH, si existe un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente derivado de la fabricación, uso o comercialización de una sustancia al que deba hacerse frente a escala de la Unión, pueden imponerse restricciones a tal fabricación, uso o comercialización. Estas restricciones se detallan en el anexo XVII del referido Reglamento. 51 Con este fin, el artículo 69 del Reglamento REACH permite a la Comisión pedir a la ECHA que elabore un expediente. En caso de que en el expediente se demuestre que es necesario actuar a escala de la Unión, la ECHA propondrá restricciones en el plazo de doce meses a partir de la petición de la Comisión. En ese momento, debe hacerse público el expediente en el sitio de Internet de la ECHA, junto con las propuestas de restricción formuladas por esta, y se invita a las partes interesadas a presentar a la ECHA sus observaciones. 52 A continuación, el expediente es objeto, en el plazo de nueve meses a partir de su publicación, de un dictamen del Comité de evaluación del riesgo de la ECHA y, en el plazo de doce meses desde su publicación, de un dictamen del Comité de análisis socioeconómico de la ECHA, según los artículos 70 y 71 del Reglamento REACH. Ambos dictámenes se presentan a la Comisión y se publican en el sitio de Internet de la ECHA, de conformidad con el artículo 72 de dicho Reglamento. 53 Si se dan las condiciones establecidas en el artículo 68, apartado 1, del Reglamento REACH, la Comisión debe preparar un proyecto de modificación del anexo XVII de dicho Reglamento, con arreglo a su artículo 73, apartado 1. La decisión definitiva se toma con arreglo al procedimiento de reglamentación con control, como disponen los artículos 73, apartado 2, y 133, apartado 4, del mismo Reglamento. 54 En el presente asunto, el procedimiento se incoó, pero no se llevó a término. 55 En efecto, mediante escrito de 22 de diciembre de 2017, la Comisión invitó a la ECHA a que elaborara un expediente sobre los plásticos oxodegradables, con arreglo al artículo 69, apartado 1, del Reglamento REACH. La Comisión y la ECHA se pusieron a continuación de acuerdo en aplazar la presentación de dicho expediente hasta finales de julio de 2019, con el fin de que las partes interesadas pudieran facilitar a la ECHA información adicional, como demuestra un correo electrónico remitido por un agente de la ECHA a las demandantes el 30 de octubre de 2018. No obstante, como se señala en el anterior apartado 35, posteriormente, la Comisión, mediante el escrito de 30 de abril de 2019, solicitó a la ECHA que pusiera fin a la preparación del expediente en cuestión, puesto que ya no era necesario intervenir con arreglo al Reglamento REACH, toda vez que, el 19 de diciembre de 2018, se había alcanzado un compromiso interinstitucional en el marco de la elaboración de la Directiva relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente para prohibir la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico oxodegradable. 56 Como indica el preámbulo de la Directiva 2019/904, la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable se adoptó siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, establecido en el artículo 294 TFUE. 57 Las demandantes alegan que, al adoptar la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 sin esperar el resultado del proceso de restricción en trámite, las tres instituciones implicadas eludieron los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. Afirman que dicha prohibición fue adoptada de forma prematura e ilegal, sin que la ECHA, que, a diferencia de dichas instituciones, sí tiene conocimientos científicos como experta en esta materia, hubiera podido poner en conocimiento de las demandantes los datos que había recabado y sin haber oído a estas. Tal comportamiento constituye, según ellas, una infracción suficientemente caracterizada de los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH, artículos cuyo objeto es, en su opinión, conferir derechos a los particulares. 58 No cabe secundar tal argumentación, pues, por un lado, no se ha cometido infracción alguna de los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH y, por otro lado, dichos artículos no constituyen normas jurídicas que tengan por objeto conferir derechos a los particulares. 59 En primer término, no cabe considerar que la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable debiera adoptarse con arreglo al proceso de restricción establecido en los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. 60 En efecto, la Directiva 2019/904 fue adoptada con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecido en el artículo 294 TFUE. Además, el preámbulo de dicha Directiva indica que su base jurídica es el artículo 192 TFUE, apartado 1. Pues bien, el artículo mencionado establece que el Parlamento y el Consejo deben decidir con arreglo al citado procedimiento. 61 Además, el artículo 2, apartado 4, del Reglamento REACH dispone que dicho Reglamento «se aplicará sin perjuicio […] de la legislación [de la Unión] relativa […] al medio ambiente, que comprende» varias directivas, las cuales enumera. Por lo tanto, el citado Reglamento establece una reserva expresa en cuanto a la aplicación de los actos del Derecho de la Unión relativos a la protección del medio ambiente. Ciertamente, la Directiva 2019/904 no figura entre las disposiciones enumeradas en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento REACH. Sin embargo, la adopción de dicha Directiva es posterior a la del referido Reglamento. Asimismo, el uso de la expresión «que comprende» señala que la enumeración incluida en el citado artículo no es exhaustiva. 62 En segundo término, tampoco puede considerarse que las tres instituciones implicadas estuvieran obligadas, si no a seguir el proceso de restricción con arreglo a los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH, al menos a esperar el resultado del proceso de restricción en trámite para adoptar la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904. 63 En efecto, la facultad de iniciativa legislativa que el artículo 17 TUE, apartado 2, y el artículo 289 TFUE atribuyen a la Comisión implica que es a esta a la que corresponde la decisión de presentar o no una propuesta de acto legislativo y la determinación del objeto, de la finalidad y del contenido de esa propuesta (sentencia de 6 de septiembre de 2017, Eslovaquia y Hungría/Consejo, C‑643/15 y C‑647/15, EU:C:2017:631, apartado 146). 64 Además, la facultad legislativa reservada al Parlamento Europeo y al Consejo por los artículos 14 TUE, apartado 1, y 16 TUE, apartado 1, implica que corresponde exclusivamente a estas instituciones determinar el contenido de un acto legislativo (sentencia de 21 de junio de 2018, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑5/16, EU:C:2018:483, apartado 84). 65 Por lo tanto, obligar a la Comisión, al Parlamento y al Consejo a esperar el resultado del proceso de restricción establecido en los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH para adoptar, respectivamente, la propuesta de Directiva y la enmienda que incluye en dicha propuesta la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable equivaldría a limitar la facultad de iniciativa legislativa de la primera y la facultad legislativa de los últimos. 66 En tercer término, no cabe examinar la legalidad de la Directiva 2019/904 a luz del Reglamento REACH. 67 En efecto, según la jurisprudencia, la legalidad interna de un acto de la Unión no puede examinarse a la luz de otro acto de la Unión del mismo rango normativo, salvo que haya sido adoptado en virtud de ese último acto o si está expresamente contemplado, en cualquiera de esos dos actos, que uno prevalece sobre el otro (sentencia de 22 de febrero de 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd y otros, C‑160/20, EU:C:2022:101, apartado 38). 68 Pues bien, del artículo 289 TFUE, apartados 1 y 3, se desprende que constituyen actos legislativos los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo ordinario. Tal es el caso, como se ha señalado en el anterior apartado 56, de la Directiva 2019/904. En cuanto al Reglamento REACH, su base jurídica es el artículo 95 CE, que preveía la aplicación del procedimiento de codecisión descrito en el artículo 251 CE. Pues bien, el procedimiento establecido en el artículo 294 TFUE recoge, en lo esencial, el procedimiento de codecisión (auto de 6 de septiembre de 2011, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, T‑18/10, EU:T:2011:419, apartado 61), de forma que el Reglamento REACH debe considerarse también un acto legislativo. En consecuencia, la Directiva 2019/904 y el Reglamento REACH deben considerarse del mismo rango normativo (véase, por analogía, la sentencia de 22 de febrero de 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd y otros, C‑160/20, EU:C:2022:101, apartado 38). 69 Por añadidura, la Directiva 2019/904 no fue adoptada en virtud del Reglamento REACH. 70 En la medida en que, como se ha mencionado en el anterior apartado 61, el artículo 2, apartado 4, del Reglamento REACH indica que debe aplicarse sin perjuicio de la legislación de la Unión relativa al medio ambiente, está claro que dicho Reglamento no establece su primacía sobre tales disposiciones, como la Directiva 2019/904. Por otra parte, la citada Directiva tampoco prevé que el Reglamento REACH prime sobre sus disposiciones. 71 De los anteriores apartados 59 a 70 se deduce que las tres instituciones implicadas no han infringido los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. 72 Al no existir una infracción de dichas disposiciones, no procede examinar si tal infracción está suficientemente caracterizada, como exige la jurisprudencia relativa al primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión, citada en el anterior apartado 42. 73 En cualquier caso, no cabe entender que los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH sean normas jurídicas que tengan por objeto conferir derechos a los particulares. 74 A este respecto, las demandantes se basan en el artículo 69, apartado 6, del Reglamento REACH, que prevé que la ECHA invite a todas las partes interesadas a presentar, en el plazo de seis meses a partir de la publicación del expediente, sus observaciones sobre este y sobre las restricciones propuestas, así como un análisis socioeconómico o información que pueda contribuir a tal análisis. Según el parecer de una de las demandantes, esta disposición confiere un derecho a los particulares: el de hacer que se tengan en cuenta sus puntos de vista antes de la adopción de una restricción. 75 Además, según el artículo 71, apartado 1, del Reglamento REACH, la ECHA debe invitar a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre el proyecto de dictamen del Comité de análisis socioeconómico. 76 Pues bien, es cierto que el derecho a ser oído es una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares (sentencia de 28 de octubre de 2021, Vialto Consulting/Comisión, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, apartado 140). 77 No obstante, ninguna de las disposiciones incluidas en los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH garantiza strictu sensu a las partes interesadas el derecho a ser oídas. En particular, la circunstancia de que los artículos 69, apartado 6, letra a), y 71, apartado 1, del mencionado Reglamento prevean una consulta pública no cuestiona el hecho de que ni la ECHA ni la Comisión tienen la obligación, añadida a la consulta pública mencionada, de oír a un particular que se vea afectado por la modificación del anexo XVII del Reglamento REACH (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 25 de septiembre de 2015, VECCO y otros/Comisión, T‑360/13, EU:T:2015:695, apartados 81 y 82). 78 En consecuencia, procede desestimar el primer motivo de ilegalidad. 2.   Sobre el segundo motivo de ilegalidad, basado en la infracción suficientemente caracterizada de los apartados 12 y 14 a 16 del Acuerdo interinstitucional 79 Mediante su segundo motivo de ilegalidad, las demandantes sostienen que, al no haber efectuado la evaluación de impacto relativa a la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable, prevista en el artículo 5 de la Directiva 2019/904, las tres instituciones implicadas infringieron los apartados 12 y 14 a 16 del Acuerdo interinstitucional. Aclaran que la evaluación de impacto anexa a la propuesta de Directiva solo se refiere a las artes de pesca y a los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte B del anexo de dicha propuesta, entre los que no figuran los plásticos oxodegradables. Consideran que el Parlamento y el Consejo infringieron el apartado 15 del Acuerdo interinstitucional y la Comisión su apartado 16, al abstenerse, respectivamente, de efectuar una evaluación de impacto de la enmienda aportada por el Parlamento a la propuesta de Directiva y de completar la evaluación de impacto inicial. 80 Las demandantes reconocen que el Parlamento y el Consejo no están vinculados por la evaluación de impacto efectuada por la Comisión y que las tres instituciones implicadas disponen de un cierto margen de apreciación para determinar si, en el caso de que la Comisión presente una enmienda a la propuesta de Directiva, se precisa una evaluación de impacto complementaria. No obstante, subrayan que la no realización de una evaluación de impacto es la excepción y su realización, la regla. Consideran que, en el presente asunto, las tres instituciones implicadas deberían haber realizado una evaluación de impacto sobre los plásticos oxodegradables, dado que no disponían de suficientes pruebas de carácter científico. De ello concluyen que dichas instituciones cometieron una infracción suficientemente caracterizada del Acuerdo interinstitucional, el cual confiere derechos a los particulares. 81 El Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten la argumentación de las demandantes. 82 No es posible seguir la argumentación de las demandantes. Por un lado, no se ha cometido ninguna infracción del Acuerdo interinstitucional y, por otro lado, no puede considerarse que las disposiciones de este tengan por objeto conferir derechos a los particulares. 83 A este respecto, el Tribunal General comprueba, en primer lugar, que la Comisión efectuó una evaluación de impacto de su propuesta de Directiva. No obstante, dicha evaluación de impacto no versa sobre el plástico oxodegradable. 84 Pues bien, no se cuestiona que la adopción de la enmienda del Parlamento no fue acompañada de una evaluación de impacto relativa a este tipo de plástico. 85 Por ello, debe examinarse si los apartados 12 y 14 a 16 del Acuerdo interinstitucional obligaban a las tres instituciones implicadas, o a una u otra de ellas, a efectuar una evaluación de impacto que tratara específicamente de la enmienda del Parlamento. 86 De los referidos apartados se desprende claramente que no era el caso. 87 En efecto, el apartado 12 del Acuerdo interinstitucional indica, en particular, que las evaluaciones de impacto son un instrumento que ayuda al Parlamento, al Consejo y a la Comisión a tomar decisiones fundadas y que no sustituyen a las decisiones políticas durante el proceso democrático de toma de decisiones. 88 Según el apartado 13 de dicho Acuerdo, la Comisión debe realizar evaluaciones de impacto, entre otras, de las iniciativas legislativas que previsiblemente tengan un impacto económico, medioambiental o social significativo. 89 El apartado 14 del citado Acuerdo señala que el Parlamento y el Consejo deben tener plenamente en cuenta las evaluaciones de impacto de la Comisión. 90 Ahora bien, según la jurisprudencia, una evaluación de impacto no vincula ni al Parlamento ni al Consejo, de manera que el legislador de la Unión puede adoptar medidas distintas de las que hayan sido objeto de esta evaluación de impacto (sentencia de 4 de mayo de 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, apartado 65). 91 Asimismo, a tenor del apartado 15 del Acuerdo interinstitucional, cuando lo consideren oportuno y necesario para el procedimiento legislativo, el Parlamento y el Consejo realizarán evaluaciones de impacto en relación con sus modificaciones sustanciales de la propuesta de la Comisión. Según el mismo apartado 15, compete a la respectiva institución determinar la definición de modificación «sustancial». 92 Pues bien, según la jurisprudencia, el apartado 15 del Acuerdo interinstitucional no contiene ninguna obligación vinculante para el Parlamento y el Consejo. Dicho apartado prevé únicamente la facultad de proceder a una actualización de la evaluación de impacto cuando el Parlamento y el Consejo «lo consideren oportuno y necesario para el procedimiento legislativo» (sentencia de 13 de marzo de 2019, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑128/17, EU:C:2019:194, apartado 43). 93 En el presente caso, tanto el Parlamento como el Consejo alegan que disponían de suficiente información científica, por lo que no era necesaria tal actualización. En consecuencia, no puede reprocharse a dichas instituciones no haber llevado a cabo una evaluación de impacto de la enmienda del Parlamento. 94 En cuanto a una supuesta inacción culposa por parte de la Comisión, es preciso poner de relieve que el apartado 16 del Acuerdo interinstitucional señala que la Comisión «podrá», por propia iniciativa o a instancias del Parlamento Europeo o del Consejo, complementar su propia evaluación de impacto o efectuar cualquier otra labor analítica que considere necesaria. De la redacción del citado apartado 16 se desprende que este no establece obligación alguna para la Comisión de realizar una actualización de la evaluación de impacto. Por consiguiente, no puede reprochársele no haberla realizado para tener en cuenta la enmienda del Parlamento. 95 De lo anterior se desprende que las tres instituciones implicadas no infringieron los apartados 12 y 14 a 16 del Acuerdo interinstitucional. 96 Al no existir tal infracción, no procede examinar si está suficientemente caracterizada, como exige la jurisprudencia relativa al primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión, citada en el anterior apartado 42. 97 En segundo lugar, y en cualquier caso, no cabe entender que los apartados 12 y 14 a 16 del Acuerdo interinstitucional tengan por objeto conferir derechos a los particulares, puesto que, como aclara el mencionado apartado 12, las evaluaciones de impacto son un instrumento que ayuda a las tres instituciones implicadas a tomar decisiones fundadas. 98 En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo de ilegalidad. 3.   Sobre el tercer motivo de ilegalidad, basado en la violación suficientemente caracterizada del principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4, y del artículo 191 TFUE, así como en errores manifiestos de apreciación 99 Mediante su tercer motivo de ilegalidad, las demandantes alegan que, en la medida en que se aplica al plástico oxobiodegradable, la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 es contraria al principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4, y al artículo 191 TFUE y que dicha prohibición se basa en errores manifiestos de apreciación. De ello, las demandantes concluyen que, al adoptar la citada prohibición, las tres instituciones implicadas cometieron una infracción suficientemente caracterizada de normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares. 100 Este motivo se divide en tres partes. 101 Mediante la primera parte de este motivo, las demandantes alegan que las tres instituciones implicadas no contaban con una evaluación científica exhaustiva de los riesgos generados por el plástico oxodegradable y que, por lo tanto, la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 resulta, por sí misma, contraria al principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4, y al artículo 191 TFUE y que dicha prohibición se basa en errores manifiestos de apreciación. 102 Las citadas instituciones no podían, según las demandantes, adoptar una medida tan intrusiva sin disponer de las pruebas que se habrían recabado durante el proceso de restricción previsto en los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. Las tres instituciones implicadas tendrían que haber dispuesto asimismo de una evaluación de impacto específicamente referida al plástico oxodegradable y de cualquier otra evaluación científica de las ventajas y desventajas de este tipo de plástico. Señalan que, al prohibir la introducción en el mercado de dicho plástico, sin disponer de esos elementos, las referidas instituciones siguieron un enfoque puramente hipotético de los riesgos que implicaba. 103 Las demandantes subrayan que el hecho de que las tres instituciones implicadas dispongan de amplias facultades de apreciación en materia medioambiental no las exime de la obligación de tener en cuenta todos los elementos pertinentes. Pues bien, los estudios científicos en los que dichas instituciones afirman, en sus escritos de contestación, haberse basado para adoptar la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable no distinguen, en opinión de las demandantes, entre plástico oxodegradable y plástico oxobiodegradable ni recomiendan una prohibición total del segundo tipo de plástico. Añaden que dichas instituciones, en particular, no tuvieron cuenta las repercusiones económicas y sociales de la referida prohibición. Por último, señalan que existen suficientes pruebas para cuestionar la proporcionalidad de la prohibición. 104 Mediante la segunda parte de este motivo, las demandantes sostienen que las tres instituciones implicadas no han acreditado, o no lo han hecho suficientemente, la existencia de una relación lógica entre la prohibición de introducir en el mercado productos de plástico oxodegradable y el objetivo de la Directiva 2019/904, a saber, la protección del medio ambiente y de la salud humana. Concluyen que dicha prohibición es contraria al principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4. 105 En opinión de las demandantes, ninguna de las cuatro afirmaciones que figuran en el considerando 15 de dicha Directiva está fundamentada. 106 En primer término, consideran que la afirmación de que el plástico oxodegradable no se biodegrada correctamente no se basa en ninguna prueba, puesto que tales pruebas deberían haber sido aportadas en el proceso de restricción, en virtud de los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. Señalan que los estudios científicos en los que las tres instituciones implicadas afirman haberse basado no concluían que el plástico oxodegradable no se biodegrade correctamente, sino simplemente que no existe una prueba concluyente de su biodegradabilidad. Añaden que otros estudios científicos contradicen esa afirmación y también lo hacen ensayos realizados en laboratorio que demuestran que el plástico oxobiodegradable se biodegrada correctamente. 107 En segundo término, según las demandantes, la afirmación de que el plástico oxodegradable no es compostable es inexacta. También señalan que las tres instituciones implicadas no han aclarado en qué medida el hecho de que el plástico oxobiodegradable no sea compostable constituye un riesgo para el medio ambiente o la salud humana ni por qué tal circunstancia justifica la prohibición del plástico oxobiodegradable cuando el plástico convencional, que tampoco es compostable, no está prohibido. 108 En tercer término, en cuanto a la afirmación de que el plástico oxodegradable afecta negativamente al reciclado del plástico convencional, las demandantes manifiestan que los estudios científicos en los que las tres instituciones implicadas dicen haberse basado no niegan la posibilidad de reciclar el plástico oxodegradable y señalan que, con la utilización de compuestos estabilizantes, sería posible evitar que este tipo de plástico afectara negativamente al reciclado del plástico convencional. Otros estudios demuestran, según las demandantes, que el plástico oxobiodegradable puede reciclarse de la misma forma que el plástico convencional. 109 En cuarto término, las demandantes señalan que la afirmación de que el plástico oxodegradable no ofrece beneficios medioambientales comprobados no se basa en ningún estudio científico. 110 Mediante la tercera parte de este motivo, las demandantes alegan, en esencia, que la prohibición total de introducción en el mercado supera los límites de lo necesario para la consecución del objetivo de esta Directiva y que existen otras medidas menos gravosas. Concluyen que dicha prohibición viola el principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4. 111 En apoyo de la tercera parte de este motivo, las demandantes alegan que habría sido posible excluir este tipo de plástico de la prohibición de que se trata, obligar a realizar ensayos con arreglo a una norma homologada con objeto de evaluar su biodegradabilidad, exigir que lleve un marcador que permita una clasificación automática previa al reciclado, contemplar, respecto de él, alguna de las medidas no prohibitivas que figuran en los artículos 4, 7, 8 o 10 de la Directiva 2019/904 o imponer un etiquetado para los consumidores con objeto de prevenir cualquier riesgo de confusión. Las demandantes añaden que, en lugar de prohibir pura y simplemente la introducción en el mercado, las tres instituciones implicadas deberían haber previsto un período transitorio. 112 El Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten la argumentación de las demandantes. 113 El Tribunal General considera que, si bien la infracción del artículo 191 TFUE se alega únicamente en la primera parte del tercer motivo de ilegalidad, en cambio, la violación del principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4, se alega en las tres partes de dicho motivo, En consecuencia, es preciso reagrupar esas tres partes y examinar, en primer término, la infracción del artículo 191 TFUE y, en segundo término, la infracción del artículo 5 TUE, apartado 4. a)   Sobre la primera parte del motivo, en tanto en cuanto se basa en la infracción suficientemente caracterizada del artículo 191 TFUE 114 Con carácter preliminar, debe recordarse que, como se ha dicho en el anterior apartado 43, el legislador de la Unión dispone, en el ejercicio de las competencias en el ámbito medioambiental que ostenta en virtud de los artículos 191 TFUE y 192 TFUE, de una amplia facultad de apreciación. 115 Así pues, el control del juez de la Unión debe limitarse a examinar si, al ejercer tal facultad de apreciación, dicho legislador incurrió en error manifiesto o en desviación de poder o, también, si rebasó manifiestamente los límites de su facultad de apreciación (sentencia de 8 de julio de 2010, Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, apartado 28). 116 Además, según el artículo 191 TFUE, apartado 2, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente se basa, en particular, en el principio de cautela. Según el artículo 191 TFUE, apartado 3, en la elaboración de dicha política, la Unión debe tener en cuenta, entre otras consideraciones, los datos científicos y técnicos disponibles. 117 Pues bien, el principio de cautela implica que, cuando subsista incertidumbre sobre la existencia o el alcance de riesgos para el medio ambiente o la salud humana, podrán adoptarse medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la gravedad de tales riesgos. Cuando resulte imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del supuesto riesgo, a causa del carácter no concluyente de los estudios realizados, pero persista la probabilidad de un perjuicio real para el medio ambiente o la salud humana si llegara a materializarse el riesgo, el principio de cautela justifica la adopción de medidas restrictivas (sentencia de 6 de mayo de 2021, Bayer CropScience y Bayer/Comisión, C‑499/18 P, EU:C:2021:367, apartado 80). A este respecto, se prohíbe a las instituciones adoptar una concepción del riesgo puramente hipotética y fijar como objetivo para sus decisiones el «riesgo cero» (véanse, por analogía, las sentencias de 9 de septiembre de 2003, Monsanto Agricoltura Italia y otros, C‑236/01, EU:C:2003:431, apartado 106; de 12 de diciembre de 2014, Xeda International/Comisión, T‑269/11, no publicada, EU:T:2014:1069, apartados 55 y 56, y de 17 de marzo de 2021, FMC/Comisión, T‑719/17, EU:T:2021:143, apartado 69). 118 Por consiguiente, salvo que se adopten unas medidas arbitrarias que el principio de cautela nunca podría legitimar, la autoridad pública competente debe velar por que las medidas que adopte estén basadas, aunque se trate de medidas preventivas, en una evaluación científica de los riesgos tan exhaustiva como sea posible, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2010, Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, apartado 60; véase también, por analogía, la sentencia de 12 de diciembre de 2014, Xeda International/Comisión, T‑269/11, no publicada, EU:T:2014:1069, apartado 57). 119 Dicha evaluación científica debe basarse en los mejores datos científicos disponibles y debe llevarse cabo de manera independiente, objetiva y transparente (véase, por analogía, la sentencia de 17 de marzo de 2021, FMC/Comisión, T‑719/17, EU:T:2021:143, apartado 70). Debe facilitar a la autoridad pública competente información lo bastante fiable y sólida como para permitirle comprender todas las implicaciones de la cuestión científica planteada y para determinar su política con conocimiento de causa (véanse, por analogía, las sentencias de 14 de noviembre de 2013, ICdA y otros/Comisión, T‑456/11, EU:T:2013:594, apartado 52, y de 17 de marzo de 2021, FMC/Comisión, T‑719/17, EU:T:2021:143, apartado 71). 120 Por consiguiente, la adopción de la prohibición de introducción en el mercado, establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904, presuponía que, sobre la base una evaluación científica lo más exhaustiva posible de los riesgos que generan los productos fabricados con plástico que contiene un aditivo prooxidante, las tres instituciones implicadas podían considerar, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que existía un riesgo para el medio ambiente o la salud humana. También debe recordarse que, conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 42, la responsabilidad extracontractual de la Unión solo se genera cuando la infracción de la norma jurídica está suficientemente caracterizada. 121 Sobre esta cuestión, el Tribunal General considera que, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, ni el hecho de que no se realizara ninguna evaluación de impacto en relación con los productos fabricados con plástico que contiene un aditivo prooxidante ni el hecho de que la Comisión pusiera fin al proceso de restricción a que se refieren los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH y de que, por lo tanto, las tres instituciones implicadas no dispusieran ni de un expediente elaborado por la ECHA, ni de una propuesta de restricción ni de los dictámenes del Comité de evaluación del riesgo y del Comité de análisis socioeconómico previstos por el Reglamento REACH demuestran que la prohibición de dichos productos, prevista en el artículo 5 de la Directiva 2019/904, se adoptara sin que se hubiera llevado a cabo una evaluación científica lo más exhaustiva posible de los riesgos que suponen. En efecto, de los anteriores apartados 78 y 98 se deduce que, para adoptar tal prohibición, dichas instituciones no estaban obligadas a efectuar la evaluación de impacto ni a seguir el proceso establecido en los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. Para cumplir con los requisitos de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 118 y 119, basta con que las tres instituciones implicadas hayan dispuesto, durante el procedimiento legislativo, de una información lo bastante fiable y sólida como para permitirles comprender todas las implicaciones de la cuestión científica planteada y para determinar su política con conocimiento de causa, con independencia del origen y de la forma de esa información. 122 Pues bien, el considerando 15 de la Directiva 2019/904 justifica que la prohibición establecida en su artículo 5 se extienda a los productos fabricados con plástico oxodegradable por cuanto, primero, este tipo de plástico no se biodegrada correctamente y contribuye, por tanto, a la contaminación del medio ambiente con microplásticos; segundo, no es compostable; tercero, afecta negativamente al reciclado del plástico convencional, y, cuarto, no ofrece beneficios medioambientales comprobados. 123 En consecuencia, procede examinar si, pese a no haberse realizado ninguna evaluación de impacto y a no haberse llevado a término el proceso de restricción establecido en los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH, cada una de esas cuatro afirmaciones se basa, aun así, en una evaluación científica lo más exhaustiva posible del riesgo que representan los productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante y si, en función de tal evaluación, las tres instituciones implicadas podían concluir, sin incurrir en errores manifiestos de apreciación, que existían riesgos para el medio ambiente y la salud humana. 1) Sobre la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegrada correctamente 124 Por lo que respecta a la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegrada correctamente, ha de precisarse, con carácter preliminar, que según una definición, no discutida por las partes, que figura en el Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre el impacto en el medio ambiente del uso de plásticos oxodegradables, incluidas las bolsas de plástico oxodegradable [COM(2018) 35 final], de 16 de enero de 2018 (en lo sucesivo, «informe de 16 de enero de 2018»), la biodegradación es el proceso por el cual el material se desintegra y se descompone por la acción de microorganismos en elementos que se encuentran en la naturaleza, es decir, en dióxido de carbono, en biomasa y en agua. Puede producirse en un entorno rico en oxígeno (biodegradación aeróbica) o en un entorno pobre en oxígeno (biodegradación anaeróbica). 125 En sus escritos de contestación, las tres instituciones implicadas dicen que, para concluir que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegradaba convenientemente, se basaron en las siguientes pruebas: el estudio Eunomia, mencionado en el anterior apartado 22; el informe de 16 de enero de 2018, mencionado en el anterior apartado 124; un informe de la Fundación Ellen MacArthur titulado «Oxo Statement» («Declaración oxo»), de 6 de noviembre de 2017 (en lo sucesivo, «declaración oxo»); un estudio realizado por S. Deconinck y B. de Wilde para PlasticsEurope AISBL, una asociación europea de fabricantes de plástico, titulado «Benefits and challenges of bio‑ and oxo‑degradable plastics» («Ventajas y dificultades que presentan los plásticos biodegradables y los plásticos oxodegradables»), de 9 de agosto de 2013 (en lo sucesivo, «estudio De Wilde»), y un estudio realizado por la Universidad de Loughborough (Reino Unido) para el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Gobierno del Reino Unido, titulado «Assessing the Environmental Impacts of Oxo‑degradable Plastics Across Their Life Cycle» («Evaluación de las repercusiones medioambientales de los plásticos oxodegradables a lo largo de su ciclo vital»), de enero de 2010 (en lo sucesivo, «estudio de la Universidad de Loughborough»). 126 En primer término, el estudio Eunomia aclara que no utilizará la expresión plástico «oxobiodegradable», que es el que utilizan los industriales del sector del plástico para comercializar sus productos como biodegradables, sino la expresión plástico «que contiene un aditivo prooxidante», que se limita a describir una particularidad física del plástico de que se trata, sin indicar si es biodegradable. 127 Del estudio Eunomia se desprende que la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante no es posible si no va precedida de una fase en la que quede expuesto a los rayos ultravioletas y al calor. La finalidad de esta fase previa es reducir, mediante oxidación, la masa molecular del plástico con objeto de que descomponga en fragmentos. El citado estudio señala que, sin esta fase previa, la biodegradación no se produce o se produce en un plazo mucho más largo, porque el plástico no ha alcanzado un grado de fragmentación suficiente para poder ser asimilado por microorganismos. Dado que la luz y el calor varían en función de las condiciones de cada lugar, resulta muy difícil estimar el plazo y el grado de fragmentación necesarios para que pueda producirse la degradación. No obstante, el aditivo prooxidante acelera la fragmentación del plástico durante esta fase previa, de manera que, cuando es expuesto a la radiación ultravioleta y al calor, el plástico que contiene ese aditivo se fragmenta más rápidamente que el plástico convencional. 128 Por lo que respecta a la siguiente fase, a saber, la biodegradación propiamente dicha (asimilación por microorganismos), según el estudio Eunomia, la biodegradación al aire libre del plástico que contiene un aditivo prooxidante solo ha sido probada parcialmente. Si bien parece que, al aire libre, dicho plástico puede degradarse, no es seguro que se degrade íntegramente y en un plazo razonable. En efecto, solo se ha conseguido una biodegradación satisfactoria (prácticamente íntegra, de una duración de dos años, el más corto observado) en experimentos de laboratorio. Esta biodegradación nunca se ha observado en una situación real. Además, aunque es posible considerar que la biodegradación al aire libre del plástico que contiene un aditivo prooxidante es mucho más rápida que la del plástico convencional, el impacto negativo en el medio ambiente podría ser aún mayor en esta fase de biodegradación. 129 Por lo que atañe a la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante cuando se deposita en el vertedero, el estudio Eunomia concluye que la hipótesis de que la biodegradación no se produce está probada. Según este estudio, aunque puede haber biodegradación en las capas externas del vertedero, en las que el plástico está expuesto al oxígeno (biodegradación aeróbica); en cambio, la biodegradación es baja, o incluso inexistente, en las capas profundas del vertedero, donde hay poco oxígeno. No obstante, en las capas profundas puede producirse la biodegradación anaeróbica. Pues bien, la biodegradación anaeróbica produce metano, un gas de efecto invernadero veinticinco veces más nocivo que el dióxido de carbono producido por la biodegradación aeróbica. En consecuencia, el plástico que contiene un aditivo prooxidante es ligeramente más problemático que el plástico convencional, porque, contrariamente a este último, puede generar emisiones de gases de efecto invernadero. 130 Por último, según el estudio Eunomia, los datos científicos disponibles son insuficientes para determinar si, en el medio marino, se produce o no la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante. El citado estudio menciona, sin embargo, que los resultados de ciertos experimentos indican que, en ese medio, este tipo de plástico se fragmenta mucho más rápidamente que el plástico convencional, pero que su biodegradación sigue un ritmo mucho más lento que en tierra, al aire libre, lo cual significa que los fragmentos podrían quedarse en el medio ambiente indefinidamente o durante un período lo suficientemente largo como para dañarlo seriamente. 131 En segundo término, según el informe de 16 de enero de 2018, que recoge las conclusiones del estudio Eunomia, la exposición previa del plástico que contiene un aditivo prooxidante al calor o a la radiación ultravioleta es un requisito necesario para que se produzca la biodegradación en la siguiente fase. También se desprende de dicho informe, en primer lugar, que nada permite concluir con certeza que la biodegradación al aire libre de este tipo de plástico se produzca efectivamente en una situación real. En segundo lugar, siempre según el referido informe, la biodegradación en vertedero del plástico que contiene un aditivo prooxidante es posible en las capas externas del vertedero, pero es baja, o incluso inexistente, en las capas profundas, en las que este tipo de plástico es más problemático que el plástico convencional desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero. En tercer lugar, el mismo informe indica que los datos disponibles no permiten afirmar con certeza que haya biodegradación en el medio marino en un lapso de tiempo razonable y que, en cualquier caso, sería probablemente más lenta que en tierra, al aire libre, y causaría daños medioambientales considerables. 132 Pues bien, tanto el estudio Eunomia como el informe de 16 de enero de 2018 estaban a disposición de las tres instituciones implicadas durante la elaboración y la adopción de la Directiva 2019/904. En efecto, el 16 de enero de 2018, esto es, antes de que se adoptara, el 5 de junio de 2019, dicha Directiva, fue el día en que la Comisión presentó el citado informe al Parlamento y al Consejo, con arreglo al artículo 20 bis, apartado 2, de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO 1994, L 365, p. 10), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015 (DO 2015, L 115, p. 11). En cuanto al estudio Eunomia, en él se basa el informe de 16 de enero de 2018, que remite a él reiteradamente. De ello se desprende que también dicho estudio estaba a disposición de las tres instituciones implicadas antes del 5 de junio de 2019. 133 En tercer término, la declaración oxo confirma que no se ha demostrado que el plástico que contiene un aditivo prooxidante se biodegrade correctamente en un plazo razonable. Esta declaración, firmada por numerosas empresas y organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones, organismos de investigación, científicos y miembros del Parlamento Europeo, figura en el sitio de Internet de la Fundación Ellen MacArthur, cuya finalidad es promover la economía circular. De dicha declaración se desprende que no es correcto comercializar el plástico que contiene un aditivo prooxidante como la solución a la contaminación por plásticos ni presentarlo como un plástico que se biodegrada en un plazo razonable. En efecto, después de la división de dicho plástico en pequeños fragmentos, la biodegradación depende de las condiciones medioambientales, que son variables, y suele durar mucho más, incluso muchísimo más, que algunos meses o incluso que varios años. Durante ese lapso de tiempo, los fragmentos permanecen en el medio ambiente, lo cual puede tener una repercusión negativa en este y en la salud humana. 134 No importa que la versión inicial de la declaración oxo, publicada el 6 de noviembre de 2017 y resumida en el apartado anterior, fuera retirada en junio de 2018 del sitio de Internet de la Fundación Ellen MacArthur con objeto de que dicha Fundación pudiera examinar la queja de un tercero ni que tal declaración fuera modificada antes de volver a publicarse en línea en mayo de 2019. En efecto, las modificaciones introducidas en 2019 aclaran el contenido de la declaración, pero no cambian su sentido. 135 Pues bien, por un lado, la declaración oxo fue publicada en el sitio de Internet de la Fundación Ellen MacArthur, es decir, que ha pasado a ser de dominio público. Por otro lado, esta publicación, ya sea de la versión inicial, ya de la versión modificada de dicha declaración, es anterior a la adopción de la Directiva 2019/904, el 5 de junio de 2019. 136 Por añadidura, el informe de 16 de enero de 2018, que, según se ha demostrado en el anterior apartado 132, estaba accesible para las tres instituciones implicadas, hace referencia a la declaración oxo. 137 En consecuencia, debe considerarse que la declaración oxo ya había pasado a ser de dominio público y que, en consecuencia, las tres instituciones implicadas pudieron acceder a ella cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904 (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2010, Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, apartado 39). 138 En cuarto término, también el estudio De Wilde confirma las conclusiones del estudio Eunomia y del informe de 16 de enero de 2018 sobre la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante. 139 En efecto, como destaca la Comisión, del estudio De Wilde se desprende que, aunque dos artículos, uno de Jakubowicz, I., Yarahmadi, N., y Arthurson, V., titulado «Kinetics of abiotic and biotic degradability of low-density polyethylene containing prodegradant additives and its effect on the growth of microbial communities» («Cinética de la degradabilidad abiótica y biótica del polietileno de baja densidad que contiene un aditivo pro‑degradante y sus efectos en el crecimiento de las comunidades microbianas»), publicado en mayo de 2011 (en lo sucesivo, «estudio de Jakubowicz de 2011»), y otro de Chiellini, E., Corti, A., y Swift, G., titulado «Biodegradation of Thermally-oxidised, Fragmented Low-density Polyethylenes» («Biodegradación de polietilenos de baja densidad fragmentados y oxidados térmicamente»), de 2003 (en lo sucesivo, «estudio de Chiellini y Corti»), hayan señalado que el porcentaje de biodegradación de este tipo de plástico es alto, todos los demás artículos disponibles han dejado constancia de que el nivel de biodegradación es inexistente o (muy) bajo. El estudio De Wilde concluye que la cuestión de cuál es el nivel de biodegradación que puede alcanzar el plástico que contiene un aditivo prooxidante es objeto de debate. 140 Contrariamente a lo que sostienen las demandantes, el mero hecho de que el estudio De Wilde sea de agosto de 2013 no basta para acreditar que ha quedado obsoleto. En efecto, las demandantes se limitan, a este respecto, a una afirmación general, ayuna de respaldo y de referencias a pasajes concretos de dicho estudio. 141 Asimismo, la conclusión del estudio De Wilde sobre el bajo o incluso inexistente nivel de biodegradación alcanzado por el plástico que contiene un aditivo prooxidante no puede quedar invalidada por el hecho de que los ensayos en los que se basa se hayan realizado en laboratorio y no en el medio real. En efecto, dicho estudio tuvo en consideración este hecho. Además, se desprende, en particular de los anteriores apartados 127 y 133, que las condiciones medioambientales son variables y, por tanto, difíciles de reproducir en laboratorio. 142 Por último, por un lado, el estudio De Wilde fue publicado en Internet, como lo demuestra el hipervínculo incluido en una nota del escrito de contestación de la Comisión, es decir, que es de dominio público. Por otro lado, el estudio Eunomia, respecto del cual se ha demostrado, en el anterior apartado 132, que estaba accesible para las instituciones implicadas antes de la adopción de la Directiva 2019/904, hace referencia al estudio De Wilde. De ello resulta, conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 137, que las instituciones referidas también pudieron acceder al estudio De Wilde cuando se elaboró y se adoptó dicha Directiva. 143 En quinto término, también el estudio de la Universidad de Loughborough avala las conclusiones del estudio Eunomia y del informe de 16 de enero de 2018 sobre la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante. 144 En efecto, como señala el Parlamento, del referido estudio se deduce que la descomposición de este tipo de plástico en fragmentos depende de las condiciones medioambientales y que, por lo tanto, es imposible evaluar el tiempo que se requiere para ello, pero que, con todo, parece que dura de dos a cinco años al aire libre en las condiciones del Reino Unido. Según el mismo estudio, la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante, que solo puede producirse después de la mencionada fragmentación, se realiza muy lentamente, de manera que el término «biodegradable» casi no tiene sentido, a menos que vaya acompañado de la indicación del porcentaje de biodegradación y de las condiciones en que se realiza, todo ello, con carácter preferente, en relación con una norma ampliamente reconocida. El estudio de la Universidad de Loughborough recomienda que se lleven a cabo estudios adicionales para determinar si hay biodegradación integral y, en tal caso, en qué plazo se produce. 145 Contrariamente a lo que sostienen las demandantes, no cabe deducir del mero hecho de que el estudio de la Universidad de Loughborough date de enero de 2010 que ha quedado obsoleto. En efecto, las demandantes se limitan, en este sentido, a realizar una afirmación general, sin precisar cuáles son los aspectos de dicho estudio que están obsoletos ni aportar datos que sustenten su afirmación. Por lo demás, la circunstancia de que el estudio de la Universidad de Loughborough se mencione reiteradamente en el estudio Eunomia, que data de abril de 2017, sugiere, por el contrario, que sigue siendo de actualidad. 146 Asimismo, la conclusión del estudio de la Universidad de Loughborough en cuanto a la incertidumbre que rodea a la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante no puede verse cuestionada por el documento titulado «OPA Response to Loughborough Report» («Respuesta de la OPA al estudio de la Universidad de Loughborough»), aportado por las demandantes como anexo a sus escritos de réplica al Parlamento y al Consejo. Según dicho documento, en el referido estudio se confundió la oxobiodegradación con la hidrobiodegradación. 147 En efecto, debe recordarse que el principio que prevalece en el Derecho de la Unión es el de la libre apreciación de la prueba, que rige en los procedimientos de recurso, y que el único criterio de apreciación del valor de las pruebas aportadas reside en su credibilidad. Además, para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario comprobar la verosimilitud de la información que en él se contiene y tener en cuenta, en especial, el origen del documento y las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencia de 16 de mayo de 2019, GMPO/Comisión, T‑733/17, EU:T:2019:334, apartado 60). 148 Pues bien, como alega el Parlamento, sin que se le haya contradicho, el autor del documento mencionado en el anterior apartado 146 es la Oxo-Biodegradable Plastics Association (OPA), cuyos únicos directivos en activo son el director financiero y el director de Symphony Environmental. Además, dicho documento no va acompañado de ninguna prueba que respalde las afirmaciones que contiene. 149 En consecuencia, el documento en cuestión solo tiene un valor probatorio reducido (véase, por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 2017, Bank Tejarat/Consejo, T‑346/15, no publicada, EU:T:2017:164, apartados 85 y 86). 150 Por último, por un lado, el estudio de la Universidad de Loughborough está disponible en el sitio de Internet del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Gobierno del Reino Unido. Por otro lado, dicho estudio se cita en numerosas ocasiones en el estudio Eunomia, el cual, como se ha hecho constar en el anterior apartado 132, estaba a disposición de las tres instituciones implicadas antes de la adopción de la Directiva 2019/904. De ello se colige que, conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 137, el estudio de la Universidad de Loughborough también estaba accesible para dichas instituciones. 151 De los anteriores apartados 124 a 150 se deduce que, cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904, las tres instituciones implicadas disponían de una evaluación científica exhaustiva del riesgo de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegrade correctamente y que podían considerar, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que dicho riesgo estaba demostrado. 152 No desvirtúa esta conclusión el argumento de las demandantes de que el estudio Eunomia, el informe de 16 de enero de 2018 y la declaración oxo no tienen en cuenta la distinción entre plástico oxodegradable y plástico oxobiodegradable. Como se ha señalado en el anterior apartado 14, diversas pruebas que, según las demandantes, no fueron tenidas en cuenta por las tres instituciones implicadas acreditan que la biodegradación es mucho más rápida en el caso del segundo plástico y, en consecuencia, que existe una diferencia entre plástico oxodegradable y plástico oxobiodegradable. Se trata de las siguientes pruebas: primero, los puntos 23 y 24 de la declaración testifical del presidente-director general de las demandantes de 16 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «declaración testifical del presidente‑director general de las demandantes»); segundo, un dictamen sobre la tecnología relativa a los plásticos oxobiodegradables de 2 de noviembre de 2018 (en lo sucesivo, «dictamen de 2 de noviembre de 2018»); tercero, el estudio realizado por la Queen Mary University of London titulado «Microbial Degradation of Plastic in Aqueous Solutions Demonstrated by CO2 Evolution and Quantification» («Degradación microbiana del plástico en soluciones acuosas, demostrada por la evolución y la cuantificación de CO2»), publicado en 2020 (en lo sucesivo, «estudio de la Queen Mary University»); cuarto, el informe del Laboratoire d’Océanographie Microbienne de Banyuls‑sur‑Mer (Laboratorio de Oceanografía Microbiana de Banyuls‑sur‑Mer, Francia), de 4 de septiembre de 2020; quinto, la respuesta del Sr. Ignacy Jakubowicz, de 21 de agosto de 2017, a un documento de la Fundación Ellen MacArthur relativo a los aditivos oxodegradables y fotodegradables contenidos en los plásticos (en lo sucesivo, «respuesta del Sr. Jakubowicz a la Fundación Ellen MacArthur»); sexto, la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental de 23 de junio de 2021 (en lo sucesivo, «declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental»), y, séptimo, el estudio realizado por el Laboratorio de Oceanografía Microbiana de Banyuls‑sur‑Mer titulado «Degradation, Biodegradation and toxicity of Oxo-biodegradable Plastics in the oceans» («Degradación, biodegradación y toxicidad de los plásticos oxobiodegradables en los océanos»), de 10 de marzo de 2021 (en lo sucesivo, «estudio Oxomar»). 153 En primer término, por lo que respecta a los puntos 23 y 24 de la declaración testifical del presidente-director general de las demandantes, este afirma, en relación con la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante, que las tres instituciones implicadas no habían demostrado que este tipo de plástico no se biodegradara correctamente; que, por lo tanto, no estaba justificado prohibir totalmente su introducción en el mercado; que dichas instituciones no valoraron suficientemente las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de su intervención, y que no habían probado que los productos de plástico que contienen un aditivo prooxidante se encuentren entre los residuos que aparecen con mayor frecuencia en las playas. El presidente-director general de las demandantes también señala que las tres instituciones implicadas no hicieron caso alguno del dictamen de la ECHA, la cual no estaba convencida de que dicho plástico se fragmentase en microplásticos. 154 Sin embargo, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adopte. En particular, las apreciaciones complejas de su autor deben examinarse únicamente en función de los elementos de los que disponía en el momento en que las efectuó (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2018, Apimab Laboratorios y otros/Comisión, T‑14/16, no publicada, EU:T:2018:524, apartados 124 y 137). 155 En consecuencia, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas el hecho de no haber tenido en cuenta la declaración testifical del presidente-director general de las demandantes, pues esta se realizó específicamente para el presente procedimiento y es, por lo tanto, posterior a la adopción de la Directiva 2019/904. 156 Por otra parte, la declaración testifical en cuestión emana del presidente-director general de las demandantes. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 147 y 149, su autor no puede calificarse de independiente de estas y, por ello, su valor probatorio es reducido. 157 Ciertamente, en apoyo de sus afirmaciones, el presidente-director general de las demandantes invoca tres documentos anexos a su declaración testifical, a saber, primero, un estudio realizado por Eunomia Research & Consulting titulado «Analysis of Branded Items found on UK Beaches» («Análisis de los objetos de marca encontrados en las playas del Reino Unido»), de 9 de mayo de 2019; segundo, un correo electrónico dirigido por un agente de la ECHA a las demandantes el 30 de octubre de 2018, y, tercero, el escrito de 30 de abril de 2019 mencionado en los anteriores apartados 35 y 55. 158 Por lo que respecta al estudio mencionado en el anterior apartado 157, el presidente-director general de las demandantes afirma que dicho estudio no identificó ningún producto fabricado con plástico que contuviera un aditivo prooxidante entre los residuos hallados en las playas del Reino Unido. Ahora bien, ha de señalarse que el único objeto del citado estudio es identificar las marcas de los distintos objetos encontrados en dichas playas con objeto de determinar qué empresas los han comercializado. En consecuencia, ese estudio no precisa de qué tipos de plástico están hechos, en su caso, los objetos encontrados. 159 Por lo que respecta al correo electrónico mencionado en el anterior apartado 157, basta con señalar que, en ese correo electrónico, la ECHA afirma no estar convencida «[en esta fase] de que se formen microplásticos» a partir de plástico que contenga un aditivo prooxidante. Debe precisarse que el término «microplásticos» designa, en general, los fragmentos inferiores a 5 mm, que suelen acumularse en el medio ambiente en vez de biodegradarse en un plazo razonable. Por ello, dicho correo electrónico no puede considerarse una toma de posición firme por parte de la ECHA. Al contrario, en la medida en que la ECHA manifiesta en él su necesidad de un plazo adicional para determinar si la información recibida demuestra la formación de microplásticos y su intención de solicitar a las demandantes información adicional, dicho correo electrónico pone en evidencia las dudas de la ECHA sobre esta cuestión. 160 En cuanto al escrito de 30 de abril de 2019, procede recordar que la Comisión solicitaba en él a la ECHA que pusiera fin al proceso de restricción iniciado en virtud de los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH. No obstante, no es posible considerar que ese escrito sea la expresión de una falta de interés de la Comisión por obtener datos científicos, pues, como resulta del anterior apartado 121, puede recabar datos científicos de otras fuentes. 161 En consecuencia, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas no haber tenido en cuenta los puntos 23 y 24 de la declaración testifical del presidente-director general de las demandantes. 162 En segundo término, por lo que respecta al dictamen de 2 de noviembre de 2018, las demandantes dicen basarse en las pruebas citadas en el mencionado dictamen. Se trata, por un lado, de un estudio realizado por el Sr. Eyheraguibel y otros titulado «Characterisation of oxidised oligomers from polyethylene films by mass spectometry and NMR spectroscopy before and after biodegradation by a Rhodococcus rhodochrous strain» («Caracterización de los oligómeros oxidados de las películas plásticas de polietileno por espectrometría de masas y espectroscopia de RMN antes y después de la biodegradación por una cepa de Rhodococcus rhodochrous»), de 23 de mayo de 2017, en el que se constata un porcentaje de biodegradación del 95 % en cada muestra de polietileno de alta densidad con un aditivo prooxidante, tras haber sido expuesto, durante doscientos cuarenta días, a una bacteria específica del suelo. Por otro lado, según el dictamen de 2 de noviembre de 2018, un estudio realizado por la Sra. Dussud y otros titulado «Colonisation of Non-biodegradable and Biodegradable Plastics by Marine Organisms» («Colonización de los plásticos no biodegradables y biodegradables por organismo marinos»), de 18 de julio de 2018, concluye que, tras seis semanas de exposición a ciertas bacterias marinas, la colonización de muestras de plástico que contiene un aditivo prooxidante es treinta veces más elevada que la colonización de las muestras de plástico convencional. 163 Pues bien, aunque cabe apoyar y completar el cuerpo de la demanda, en relación con puntos específicos, mediante remisiones a extractos de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, incluso presentados con la demanda, no puede paliar la falta de elementos esenciales de la argumentación jurídica, que, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, deben figurar en la demanda. De esta forma, no incumbe al Tribunal General buscar e identificar, en los anexos, los motivos y las alegaciones que este podría considerar que constituyen el fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental (sentencias de11 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, apartados 40 y 41, y de 15 de octubre de 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Comisión, T‑307/18, no publicada, EU:T:2020:487, apartado 239). 164 En el presente asunto, la única mención del dictamen de 2 de noviembre de 2018 en la demanda es una remisión, en una nota, al anexo de catorce páginas que incluye dicho dictamen. En esa nota, las demandantes se limitan a indicar lo siguiente: «véanse, por ejemplo, las pruebas mencionadas en [el dictamen de 2 de noviembre de 2018]». Lo más que señalan las demandantes, en la misma nota, es que dicho dictamen refuerza su conclusión de que «la prohibición establecida en el artículo 5 se cimienta sobre una base errónea o insuficientemente fundamentada, en la medida en que se aplica a los plásticos oxobiodegradables» y que evidencia «las cuestiones que deberían haberse tenido en cuenta». En sus réplicas al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, las demandantes se limitan, bien a una remisión general al anexo que contiene el dictamen de 2 de noviembre de 2018, bien a una remisión a seis páginas del mencionado dictamen, sin precisar cuál es el argumento pertinente de entre ese conjunto de seis páginas. 165 Por otra parte, dado que el referido dictamen ha sido redactado por un abogado sin ninguna formación científica, no puede contarse entre los mejores datos científicos disponibles, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 119. Además, aunque el mencionado abogado afirme que se le instó a que, al redactar su dictamen, se comportara como un juez independiente y manifestara sus reservas, no es menos cierto que recibió el encargo y la remuneración de Symphony Environmental Technologies para redactar tal dictamen. En consecuencia, según la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 147 y 149, solo puede atribuirse un valor probatorio reducido al dictamen de que se trata. 166 Estas consideraciones se ven reforzadas por el hecho de que las pruebas citadas en el dictamen de 2 de noviembre de 2018 no se anexan a dicho dictamen. El segundo estudio, a saber, el de la Sra. Dussud y otros, no figura en el expediente, mientras que el primero, el del Sr. Eyheraguibel y otros, sí figura, pero solo porque fue aportado por las demandantes en la fase de réplica. En consecuencia, no es posible comprobar con exactitud la fiabilidad de dicho dictamen. 167 Por lo tanto, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas no haber tenido en cuenta el dictamen de 2 de noviembre de 2018. 168 En tercer término, en lo tocante al estudio de la Queen Mary University, las demandantes se basan en un pasaje de dicho estudio del que, según ellas, se deduce que, en una solución acuosa, este tipo de plástico se degrada noventa veces más rápidamente que el plástico convencional. 169 A este respecto, debe señalarse que el estudio de la Queen Mary University afirma haber aplicado un nuevo método para analizar la biodegradabilidad de una muestra de plástico que contiene un aditivo prooxidante. Este nuevo método consiste en no colocar la muestra en el suelo, es decir, en un medio del que se desconoce su concentración de bacterias y el tipo de bacterias que contiene, sino en introducir una bacteria específica en la muestra. Al aplicar este método, la Queen Mary University declara haber comprobado que la muestra, que había sido expuesta a radiación ultravioleta durante cuatrocientas cincuenta horas y luego a una bacteria específica del suelo, presenta, al cabo de treinta y cinco días, una biodegradación noventa veces superior a la de una muestra de plástico convencional sometida al mismo tratamiento. 170 No obstante, lo cierto es que las tres instituciones implicadas no tuvieron en cuenta el estudio de la Queen Mary University, que aún no estaba disponible, pero sí, al menos, su contenido. En efecto, el estudio Eunomia hace referencia a información comunicada por la Dra. R. Rose, uno de los autores del estudio de la Queen Mary University. En este sentido, el estudio Eunomia subraya que el método utilizado por la Queen Mary University dista de ser unánimemente aceptado y que no es seguro que los resultados observados en laboratorio por dicha Universidad puedan obtenerse en una situación real. 171 Además, el estudio de la Queen Mary University es posterior a la adopción de la Directiva 2019/904, puesto que data de agosto de 2019 y fue publicado en 2020. Por lo tanto, con arreglo a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 154, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas no haberlo tenido en cuenta. 172 En cuarto término, por lo que respecta al informe del laboratorio de Banyuls‑sur‑Mer, las demandantes subrayan que señala que el plástico que contiene un aditivo prooxidante, especialmente el fabricado por las demandantes, se biodegrada en el medio marino y que lo hace con una eficacia muy superior a la del plástico convencional. 173 Sin embargo, el informe del laboratorio de Banyuls‑sur‑Mer, que data de 4 de septiembre de 2020, es posterior a la adopción de la Directiva 2019/904. En consecuencia, con arreglo a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 154, las tres instituciones implicadas no pudieron tenerlo en cuenta. Sea como fuere, dicho informe no es un estudio científico que presente los resultados de ensayos realizados, sino un documento de una página y media que presenta un proyecto denominado Oxomar. 174 En quinto término, las demandantes se basan en la respuesta del Sr. Jakubowicz, profesor asociado del Research Institutes of Sweden (RISE), a la Fundación Ellen MacArthur. En ella se dice que, según él, «el proceso de degradación [del plástico que contiene un aditivo prooxidante] no se reduce a una fragmentación, sino que consiste en una modificación íntegra del material[:] el polímero que tiene una masa molecular elevada se descompone en fragmentos monómeros y oligómeros, las moléculas de hidrocarburos se convierten en moléculas que contienen oxígeno, las cuales pueden ser bioasimiladas». 175 Sobre este particular, basta con señalar que la respuesta del Sr. Jakubowicz a la Fundación Ellen MacArthur es una simple declaración de una página y media que no remite a ningún estudio científico. Aun suponiendo que, como indica la Comisión, esta respuesta se base en dos artículos anteriores, a saber, el estudio de Jakubowicz de 2011 y el de Chiellini y Corti, se ha indicado en el anterior apartado 139 que, según el estudio De Wilde, el parecer expresado en ambos artículos es singular. Además, tales artículos se mencionan debidamente en el estudio Eunomia. 176 Por lo tanto, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas no haber tenido en cuenta la respuesta del Sr. Jakubowicz a la Fundación Ellen MacArthur. 177 En sexto término, por lo que se refiere a la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental, en primer lugar, las demandantes se basan en ella para rebatir las pruebas aportadas por las tres instituciones implicadas en sus escritos de contestación, es decir, con el fin de acreditar que existe una diferencia entre plástico oxodegradable y plástico oxobiodegradable. El científico sénior de Symphony Environmental afirma, primero, que la norma TR 15351, elaborada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y citada en el estudio Eunomia, distingue la oxodegradación —definida como una «degradación que resulta de la escisión oxidativa de las macromoléculas»— de la oxobiodegradación —definida como una «degradación que resulta de fenómenos oxidativos y por medio de células, simultánea o sucesivamente»—. Segundo, añade que la composición química del plástico oxodegradable difiere de la del plástico oxobiodegradable, pues el aditivo prooxidante que contiene el segundo le permite encajar en la definición de la oxobiodegradación según la norma TR 15351. Tercero, indica que, aunque no exista ninguna norma europea relativa a la oxobiodegradación, hay distintas normas y métodos nacionales que distinguen entre plástico oxodegradable y plástico oxobiodegradable. Cuarto, señala que varios científicos sostienen la existencia de esta distinción. 178 En segundo lugar, las demandantes se basan en dicha declaración testifical para acreditar que el plástico que contiene un aditivo prooxidante es biodegradable. El científico sénior de Symphony Environmental alega, primero, que el estudio Eunomia reconoce que la cuestión decisiva no es si este tipo de plástico sufre una biodegradación total, sino determinar si el tiempo que esta requiere puede considerarse aceptable. Segundo, considera que la biodegradabilidad del plástico que contiene un aditivo prooxidante está avalada por numerosas pruebas. Tercero, señala que es imposible analizar la biodegradación en el medio real y que las condiciones en laboratorio suelen ser, por lo general, menos favorables para la biodegradación que las condiciones reales. Cuarto, declara que diferentes estudios demuestran la biodegradabilidad en el medio marino de dicho plástico. 179 Debe señalarse que la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental procede de un trabajador de una de las demandantes encargado del producto d2w, que se realiza a instancia de las demandantes y específicamente para el presente procedimiento y que va dirigida a defender sus intereses. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 147 y 149, solo tiene un valor probatorio reducido. Asimismo, dado que la mencionada declaración testifical es posterior a la adopción de la Directiva 2019/904, no cabe, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 154, reprochar a las tres instituciones implicadas que no la tuvieran en cuenta. 180 Es cierto que las afirmaciones del científico sénior de Symphony Environmental están respaldadas por documentos anexos a su declaración testifical y que, en sus escritos de réplica, las demandantes se basan en tres de dichos anexos, a saber, primero, el informe elaborado por el laboratorio Intertek para la ECHA, titulado «Oxo-biodegradable plastics and the microplastics: towards a logical approach» («Los plásticos oxobiodegradables y los microplásticos: hacia un enfoque lógico»), de 24 de mayo de 2018 (en lo sucesivo, «informe del laboratorio Intertek»); segundo, una contribución redactada por un científico titulada «Evidence in Response to the UK Government’s July 2019 Call for Evidence on Standards for Bio-Based, Biodegradable, and Compostable Plastics» («Pruebas en respuesta a la solicitud lanzada por el Gobierno del Reino Unido en julio de 2019 para aportar contribuciones en relación con las normas relativas a los bioplásticos, a los plásticos biodegradables y a los plásticos compostables»), de 7 de octubre de 2019 (en lo sucesivo, «contribución de 7 de octubre de 2019»), y, tercero, el resultado de un experimento realizado por el laboratorio Eurofins el 25 de julio de 2017 (en lo sucesivo, «experimento del laboratorio Eurofins de 25 de julio de 2017»). 181 No obstante, y, en cualquier caso, ninguno de estos tres anexos de la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental avala eficazmente la argumentación de las demandantes. 182 En efecto, por lo que respecta al informe del laboratorio Intertek, el cual afirma, en particular, que, «cualquiera que sea la velocidad de degradación [del plástico oxobiodegradable], es superior a la del plástico convencional» y que «las diferencias entre los resultados de los pocos estudios que se han llevado a cabo hasta ahora son cuestión de graduación», debe subrayarse que el mencionado informe se preparó a petición de Symphony Environmental. Por ello, conforme a la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 147 y 149, solo cabe reconocer al referido informe un valor probatorio reducido. 183 En cuanto a la contribución de 7 de octubre de 2019, en la que se concluye que «la formación de microplásticos es muy improbable en el caso de estos plásticos oxobiodegradables», debe precisarse que es posterior a la adopción de la Directiva 2019/904. Conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 154, no cabe reprochar a las instituciones que no la tuvieran en cuenta. En cualquier caso, la contribución de 7 de octubre de 2019 no es un estudio científico que presente los resultados de una serie de ensayos, sino una mera declaración de seis páginas, redactada en respuesta a una solicitud de contribuciones lanzada por el Gobierno del Reino Unido en relación con las normas relativas a los bioplásticos, a los plásticos biodegradables y a los plásticos compostables. 184 En cuanto al experimento del laboratorio Eurofins de 25 de julio de 2017, realizado sobre una muestra de plástico que contenía la mezcla madre d2w, fabricada por las demandantes, en él se evidencia un porcentaje de biodegradación del 88,86 %, obtenido en ciento veintiún días. No obstante, debe subrayarse que la fragmentación y la asimilación del plástico por microorganismos dependen de las condiciones medioambientales. Pues bien, como resulta, en particular, de los anteriores apartados 127 y 133, estas condiciones son variables y no son equiparables a las condiciones de los ensayos realizados en laboratorio. Por lo tanto, la circunstancia de que se haya podido obtener un porcentaje de biodegradación del 88,86 % en laboratorio no demuestra que se vaya obtener el mismo porcentaje en el mismo plazo en una situación real. 185 Por ello, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas no haber tenido en cuenta la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental, el informe del laboratorio Intertek, la contribución de 7 de octubre de 2019 y el experimento del laboratorio Eurofins de 25 de julio de 2017. 186 En séptimo término, por lo que respecta al estudio Oxomar, presentado como anexo a la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental, sus autores concluyen que algunos datos parecen demostrar que el plástico que contiene un aditivo prooxidante se biodegrada en el medio marino. Desconocen, sin embargo, si tal biodegradación es total. 187 No obstante, el estudio Oxomar, que data de 10 de marzo de 2021, es posterior a la adopción de la Directiva 2019/904. Conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 154, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas no haberlo tenido en cuenta. 188 Además, el mencionado estudio no prueba que el plástico que contiene un aditivo prooxidante experimente una biodegradación total en el medio marino en el plazo de dos años. Por consiguiente, no cabe considerar que invalide, en particular, las conclusiones del estudio Eunomia sobre esta cuestión. 189 Por último, procede señalar que, en apoyo del argumento mencionado en el anterior apartado 152, las demandantes también alegan que la norma que más suele utilizarse en Europa para analizar la biodegradabilidad del plástico, a saber, la norma EN 13432, no es pertinente respecto del plástico que contiene un aditivo prooxidante. 190 En este sentido, las demandantes no alegan que el plástico que contiene su mezcla madre d2w cumpla con la norma EN 13432, la cual, según lo precisado por el estudio Eunomia, exige, en lo relativo a la degradación aeróbica, un porcentaje de conversión en dióxido de carbono y en biomasa de, al menos, un 90 % en un período máximo de seis meses. 191 Afirman que la norma EN 13432 evalúa la biodegradación de una muestra de plástico en condiciones particulares, a saber, las del compostaje industrial. De ello deducen que, en la medida en que el plástico que contiene la mezcla madre d2w no está concebido para ser compostado y en la medida en que no se comercializa como compostable, la norma EN 13432 no es pertinente para apreciar su biodegradación. Según las demandantes, la norma americana ASTM D 6954 es la que debería utilizarse para medir la biodegradación de este tipo de plástico, pues este se concibió para biodegradarse al aire libre, y no en las condiciones particulares del compostaje industrial. 192 Es cierto que el estudio Eunomia señala que, a escala de la Unión, no existe una, sino varias normas que permiten evaluar la biodegradabilidad del plástico, que algunas de ellas son simples métodos, que algunas son nacionales y que no paran de evolucionar. 193 También es cierto que, dado que cada medio (compostaje industrial, agua dulce, medio marino, suelo y vertedero) tiene sus propias condiciones, las normas que permiten medir la biodegradación en un determinado medio no permiten hacerlo en otros. Así, el estudio Eunomia indica que las normas aplicables a la biodegradación por compostaje, entre las que figura la norma EN 13432, se distinguen de las normas que permiten medir la biodegradación en agua dulce, en el medio marino o en el suelo y de las normas ideadas para medir la degradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante. Estas últimas han sido desarrolladas recientemente. Entre ellas figuran la norma americana ASTM D 6954, la norma británica BS 8472:2011 y la norma francesa AC T 51‑808. El mismo estudio aclara que el desarrollo de normas que miden específicamente la degradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante se explica por el hecho de que ninguna de las demás normas exige una exposición previa de la muestra a radiación ultravioleta o al calor, pese a que, a falta de tal exposición previa, es prácticamente seguro que la muestra no se biodegradará. 194 El estudio Eunomia precisa, además, que los fabricantes de plástico que contiene un aditivo prooxidante no lo comercializan como compostable, con arreglo a la norma EN 13432, sino que afirman, al contrario, que no es apto para compostaje. 195 Por último, al ser interrogadas, mediante una diligencia de ordenación del procedimiento, las tres instituciones implicadas coincidieron en decir que la norma EN 13432 era pertinente para apreciar la biodegradación del plástico mediante compostaje industrial, pero que otras normas podían, en función del uso previsto, ser pertinentes para apreciar su biodegradación. 196 No obstante, como señala el estudio Eunomia, el único entorno cuyas condiciones pueden reproducirse de modo satisfactorio en laboratorio es el compostaje, pues se trata de un proceso industrial, controlado en cuanto tal. En consecuencia, por lo que respecta a los demás entornos, los resultados de los experimentos realizados en laboratorio no son necesariamente reproducibles en una situación real. De este modo, aun suponiendo que una muestra de plástico que contenga un aditivo prooxidante sea objeto de un experimento destinado a apreciar su biodegradación en condiciones distintas de las del compostaje industrial, con arreglo a una norma distinta de la norma EN 13432, por ejemplo, la norma ASTM D 6954, el resultado de dicho experimento, realizado en laboratorio, no sería necesariamente reproducible en una situación real. Como se ha señalado en el anterior apartado 184, si bien el acta del experimento realizado el 25 de julio de 2017 por el laboratorio Eurofins indica que la muestra de plástico que contiene la mezcla madre d2w cumple la norma ASTM D 6954, pues ha alcanzado un porcentaje de biodegradación del 88,86 %, esto no demuestra que se vaya a obtener el mismo porcentaje en una situación real. 197 Asimismo, debe dejarse constancia de que, como ha indicado el Parlamento en respuesta a la diligencia de ordenación del procedimiento mencionada en el anterior apartado 195, no existe una norma unificada a escala de la Unión que permita evaluar la biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante, sino tan solo normas nacionales, cuyos criterios y umbrales son diferentes. Por ejemplo, según el estudio Eunomia, mientras la norma americana ASTM D 6954 establece un umbral del 60 % de degradación, la norma británica BS 8472 establece el umbral en el 50 % de transformación de la masa carbónica. 198 Por último, del estudio Eunomia se desprende que el compostaje industrial es, de entre todos los entornos, el más agresivo, es decir, el más favorable a la biodegradación. En consecuencia, es poco probable que una muestra de plástico que contenga un aditivo prooxidante que no se biodegrade correctamente en condiciones de compostaje industrial y que no cumpla la norma EN 13432 se biodegrade correctamente en otros entornos, como, por ejemplo, en el suelo o en el medio marino. En consecuencia, no cabe considerar que la norma EN 13432 carezca de toda pertinencia a la hora de apreciar la biodegradación de este tipo de plástico en condiciones que no sean las del compostaje industrial. 199 Por consiguiente, debe considerarse que, al apreciar, con arreglo a estudios realizados de conformidad con la norma EN 13432, que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegradaba correctamente, las tres instituciones implicadas no han excedido los límites de la amplia facultad de apreciación en materia ambiental de que disponen, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 115. 200 En consecuencia, no cabe seguir la argumentación de las demandantes que se ha resumido en el anterior apartado 152. 201 Por consiguiente, de los anteriores apartados 124 a 200 se desprende que las tres instituciones implicadas disponían de una evaluación científica lo más exhaustiva posible del riesgo de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegrade correctamente y que pudieron considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que ese riesgo existía. 2) Sobre la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no es compostable 202 Por lo que respecta a la afirmación, contenida en el considerando 15 de la Directiva 2019/904, de que el plástico oxodegradable no es compostable, debe precisarse que el informe de 16 de enero de 2018 indica que el compostaje es una biodegradación mejorada que se realiza en condiciones controladas, que se caracterizan fundamentalmente por una aireación forzada y una liberación natural de calor resultante de la actividad biológica en el interior de la materia. 203 En sus escritos de contestación, la Comisión y el Parlamento dicen haberse basado en el estudio Eunomia, en el informe de 16 de enero de 2018, en la declaración oxo y en el estudio De Wilde para concluir que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no es compostable. 204 Como se ha señalado en los anteriores apartados 132, 135 y 142, dichos documentos estaban a disposición de las tres instituciones implicadas cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904. 205 En efecto, a tenor del estudio Eunomia, el plástico que contiene un aditivo prooxidante no es apto para ninguna forma de compostaje y no cumple la norma EN 13432, la cual, como se ha indicado en el anterior apartado 190, exige una biodegradación del 90 % en el plazo de seis meses. El estudio Eunomia destaca, en este aspecto, que el porcentaje de biodegradación más elevado obtenido en un estudio científico es muy inferior al 90 % y que se obtuvo en un plazo muy superior a los que están en vigor en la industria del compostaje, lo cual implica el riesgo de que se diseminen los fragmentos de plástico. Como se ha señalado en el anterior apartado 194, dicho estudio indica, asimismo, que la mayor parte de los fabricantes de este tipo de plástico no afirman que este sea compostable. 206 El informe de 16 de enero de 2018 confirma que, según los datos disponibles, los plásticos oxodegradables no parecen prestarse a ninguna forma de compostaje o de digestión anaeróbica ni tampoco responder a las normas aplicables a los envases valorizables mediante compostaje actualmente en vigor en la Unión. El citado informe señala asimismo la posibilidad de que los fragmentos de plástico que genera dicho proceso comprometan la calidad del compost. 207 También la declaración oxo indica que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no cumple ninguna de las normas aplicables a los envases de plástico o a la recuperación del plástico, porque su biodegradación es excesivamente larga y porque pueden permanecer en el compost fragmentos de plástico y, en consecuencia, incidir en la calidad de ese plástico e, incluso, diseminarse en el medio ambiente. 208 De igual forma, el estudio De Wilde concluye que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no cumple las distintas normas relativas al compostaje industrial o doméstico. 209 De los anteriores apartados 202 a 208 se deduce que, cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904, las tres instituciones implicadas disponían de una evaluación científica exhaustiva del riesgo de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no fuera compostable y que podían considerar, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que la existencia de este riesgo estaba demostrada. 210 No desvirtúa esta conclusión el argumento de las demandantes de que las tres instituciones implicadas no tuvieron en cuenta pruebas que, según ellas, demuestran que el plástico que contiene un aditivo prooxidante es compostable y que no supone ningún riesgo, a saber, en primer término, los puntos 23 y 24 de la declaración testifical del presidente-director general de las demandantes; en segundo término, los puntos 56 y 58 de la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental; en tercer término, el experimento del laboratorio Eurofins de 25 de julio de 2017, y, en cuarto término, una propuesta del Comité Europeo de las Regiones de enmendar el artículo 3 de la Directiva 2019/904. 211 Debe señalarse que, en los puntos 23 y 24 de su declaración testifical, el presidente‑director general de las demandantes se limita a afirmar, por un lado, que las tres instituciones implicadas no han explicado por qué el compostaje del plástico oxodegradable es deseable y, por otro lado, que dichas instituciones no han indicado las razones por las cuales el hecho de que este tipo de plástico no sea compostable constituye un riesgo para el medio ambiente o la salud humana que puede justificar su prohibición. 212 De igual forma, en los puntos 56 y 58 de su declaración testifical, el científico sénior de Symphony Environmental afirma que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no ha sido creado para cumplir con la norma EN 13432, que, por muchas razones, no es necesario que este tipo de plástico sea compostable y que el hecho de no serlo no justifica su prohibición. 213 No obstante, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas no haber tenido en cuenta los puntos 23 y 24 de la declaración testifical del presidente-director general de las demandantes y los puntos 56 y 58 de la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental, por las razones que se han indicado en los anteriores apartados 155, 156 y 179, respectivamente. 214 Asimismo, las demandantes no pueden alegar, con el fin de demostrar que el plástico que contiene su mezcla madre d2w es compostable, que ha superado las pruebas efectuadas conforme a la norma ISO 14855, a saber, en particular, el experimento del laboratorio Eurofins de 25 de julio de 2017. En efecto, según el anterior apartado 184, el hecho de que se haya obtenido cierto porcentaje de biodegradación en laboratorio no demuestra que pueda obtenerse el mismo porcentaje, en el mismo plazo, en una situación real. 215 Por otra parte, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas que, durante los trabajos preparatorios de la Directiva 2019/904, no tuvieran en cuenta la propuesta del Comité Europeo de las Regiones de enmendar su artículo 3, de forma que no se consideren «plástico» ciertos polímeros sintéticos, concretamente los que se consideran biodegradables según la norma ASTM D 6002. Se trata de polímeros sintéticos que «pueden descomponerse biológicamente en una planta de compostaje […] en un grado comparable al de los materiales compostables». En efecto, no se desprende de la citada propuesta de enmienda que el plástico que contiene un aditivo prooxidante figure entre los polímeros sintéticos que pueden experimentar tal descomposición. 216 Por último, el Tribunal General hace constar que las demandantes se contradicen en relación con el carácter compostable del plástico que contiene un aditivo prooxidante. En efecto, afirman en la demanda que, «en realidad, el plástico oxobiodegradable es compostable». Sin embargo, no por ello dejan de reconocer, en sus réplicas, al final de una comparación entre este tipo de plástico y el plástico convencional, que este último «tampoco» es compostable y, en su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, que el plástico que contiene un aditivo prooxidante «no está destinado a ser tratado en instalaciones controladas de tratamiento de residuos». 217 Con respecto al argumento de las demandantes de que el carácter no compostable del plástico que contiene un aditivo prooxidante no representa un riesgo para el medio ambiente o la salud humana, procede subrayar que el carácter no compostable de este tipo de plástico, unido al hecho de que no se biodegrada correctamente, de que no es apto para el reciclado y de que no ofrece beneficios medioambientales comprobados, implica que, si se deja al aire libre, se fragmentará en microplásticos que permanecerán en el medio ambiente hasta su eventual biodegradación. Debe considerarse que, conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 115, la cuestión de si —atendiendo, en particular, al hecho de que no se biodegrada correctamente— el carácter no compostable del plástico que contiene un aditivo prooxidante constituye un riesgo para el medio ambiente o la salud humana corresponde a la facultad de apreciación de las tres instituciones implicadas. 218 De los anteriores apartados 202 a 217 se desprende que las tres instituciones implicadas disponían de una evaluación científica lo más exhaustiva posible del riesgo de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no sea compostable y que pudieron considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que ese riesgo existía. 3) Sobre la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante afecta negativamente al reciclado del plástico convencional 219 Por lo que respecta a la afirmación, que figura en el considerando 15 de la Directiva 2019/904, de que el plástico oxodegradable afecta negativamente al reciclado del plástico convencional, debe resaltarse que, en sus escritos de contestación y de dúplica, las tres instituciones implicadas dicen haberse basado en el estudio Eunomia, en el informe de 16 de enero de 2018, en la declaración oxo y en el estudio de la Universidad de Loughborough para avalar dicha afirmación. 220 Como se ha indicado en los anteriores apartados 132, 135 y 150, estos documentos estaban a disposición de las citadas instituciones cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904. 221 Según el estudio Eunomia, los datos recabados indican que la tecnología disponible en la actualidad no permite identificar el plástico que contiene un aditivo prooxidante con objeto de separarlo de los demás plásticos. El estudio aclara que, por lo tanto, dicho plástico se recicla con los plásticos convencionales. También advierte de que esto afecta a la calidad del plástico reciclado. Señala que, aunque la utilización de compuestos estabilizantes permita, en ciertos casos, evitar tal deterioro de la calidad del plástico reciclado, es difícil determinar la cantidad de estabilizantes necesaria, pues esta depende de la concentración y del tipo de aditivo prooxidante utilizado. 222 Además, el estudio Eunomia indica que la degradación, antes del reciclado, del plástico que contiene un aditivo prooxidante parece incidir en las cualidades físicas y en la vida útil del plástico reciclado. Dicho estudio deduce de ello que el plástico reciclado no es apto para todos los usos finales y que, en particular, no debería utilizarse para productos con una larga vida útil. Añade que, sin embargo, sí es posible fabricar un plástico reciclado que pueda utilizarse para productos con una vida útil más corta. El estudio Eunomia concluye que, si el plástico reciclado incorpora plástico que contenga un aditivo prooxidante, esto incide negativamente en la posibilidad de comercializar el plástico reciclado y en la calidad y precio de este último. 223 El informe de 16 de enero de 2018, que recoge las conclusiones del estudio Eunomia, afirma que la tecnología disponible en la actualidad no permite a las empresas de reprocesamiento identificar y aislar el plástico que contiene un aditivo prooxidante y que este se reciclará necesariamente con el plástico convencional, lo que puede suponer un deterioro de la calidad de los materiales reciclados. Según este informe, resulta difícil dosificar los compuestos estabilizantes que podrían prevenir tal deterioro. Asimismo, según el mencionado informe, es imposible controlar el grado de envejecimiento experimentado antes del reciclado por el plástico que contiene un aditivo prooxidante. El informe de 16 de enero de 2018 pone de relieve el efecto negativo que dichos elementos producen en el precio del plástico reciclado y concluye que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no es apto para el reciclado. 224 También la declaración oxo indica que, en la actualidad, la tecnología no permite separar el plástico que contiene un aditivo prooxidante del plástico convencional y que es difícil evaluar tanto el grado de envejecimiento ya alcanzado por este como la cantidad de compuestos estabilizantes necesaria para prevenir la degradación del plástico reciclado. La referida declaración deduce de ello que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no es apto para un reciclado a gran escala. 225 De igual forma, el estudio de la Universidad de Loughborough indica que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no es apto para el reciclado, debido a la presencia, en el material reciclado, de aditivos prooxidantes que acelerarán su degradación. Afirma que el añadido de compuestos estabilizantes es delicado, debido a la incertidumbre sobre la cantidad de estabilizantes necesarios y sobre el grado de oxidación ya alcanzado. 226 De los anteriores apartados 219 a 225 se desprende que, cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904, las tres instituciones implicadas disponían de una evaluación científica exhaustiva del riesgo de los efectos negativos del plástico que contiene un aditivo prooxidante en el reciclado de los plásticos convencionales y que podían considerar, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que la existencia de este riesgo estaba demostrada. 227 No desvirtúa esta conclusión el argumento de las demandantes que afirma que dichas instituciones no tuvieron en cuenta los siguientes documentos: primero, el informe del laboratorio austriaco TCKT titulado «Effect of mechanical recycling on the properties of films containing oxo-biodegradable additive» («Efecto del reciclado mecánico en las propiedades de las películas plásticas que contienen un aditivo oxobiodegradable»), de 17 de marzo de 2016 (en lo sucesivo, «informe del laboratorio TCKT de marzo de 2016»); segundo, otro informe del mismo laboratorio titulado «Weathering study on LDPE (with and without d2w/oxobiodegradable additive)» [«Estudio de la alteración del LDPE (con y sin aditivo d2w/oxobiodegradable)»], de 27 de julio de 2016 (en lo sucesivo, «informe del laboratorio TCKT de julio de 2016»); tercero, un informe del laboratorio sudafricano Roediger titulado «Recycling report on d2w oxo‑biodegradable plastics» («Informe sobre el reciclado de los plásticos oxobiodegradables d2w»), de 21 de mayo de 2012 (en lo sucesivo, «informe del laboratorio Roediger»); cuarto, un estudio de Samper, M. D., y otros titulado «Interference of Biodegradable Plastics in the Polypropylene Recycling Process» («Interferencia de los plásticos biodegradables en el proceso de reciclado del polipropileno»), de 2018 (en lo sucesivo, «estudio de la Sra. Samper»), y, quinto, los puntos 48 a 52 de la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental. 228 Bien es cierto que del informe del laboratorio TCKT de marzo de 2016 se desprende que el material reciclado obtenido a partir de plástico que contiene la mezcla madre d2w puede utilizarse para productos de una vida útil corta, como las bolsas de basura o las bolsas para llevar la compra. Además, según el informe del mismo laboratorio de julio de 2016 —cuyo objeto es examinar si unas bolsas fabricadas con plástico que contiene un aditivo prooxidante pueden reciclarse para fabricar con ellas productos de plástico compacto destinados a un uso a largo plazo —, si bien la presencia, en el material reciclado, de plástico que contiene un aditivo prooxidante puede tener efectos negativos, como el aumento de fisuras en superficie, tales efectos negativos no se producen cuando se añade un compuesto estabilizante. También el informe del laboratorio Roediger señala que la presencia de plástico que contiene la mezcla madre d2w no perjudica significativamente el material reciclado. 229 No obstante, tanto el informe del laboratorio TCKT de marzo de 2016 como el del laboratorio Roediger se mencionan en el estudio Eunomia. Pues bien, como se ha indicado en el anterior apartado 132, el citado estudio se encontraba a disposición de las tres instituciones implicadas cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904. En consecuencia, no cabe reprochar a dichas instituciones no haberlos tenido en cuenta. 230 Además, del estudio Eunomia se desprende que tanto el informe del laboratorio TCKT de marzo de 2016 como el del laboratorio Roediger fueron encargados por la industria del plástico que contiene un aditivo prooxidante. Asimismo, del informe del laboratorio TCKT de julio de 2016 se desprende que fue redactado a solicitud de las demandantes. Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 147 y 149, solo puede otorgarse un valor probatorio reducido a estos tres informes, en particular al del laboratorio TCKT de julio de 2016. 231 Por último, el estudio Eunomia señala una incoherencia en los resultados que figuran en el informe del laboratorio Roediger, incoherencia que dicho informe no explica. El referido estudio también recalca que es difícil dar crédito a las conclusiones del informe del laboratorio TCKT de marzo de 2016, debido a su falta de claridad, especialmente en relación con la evolución de las distintas muestras, pues cada una contenía un porcentaje diferente de plásticos con aditivos prooxidantes. 232 En cuanto al estudio de la Sra. Samper, debe resaltarse, al igual que la Comisión, que no versa sobre el reciclado del plástico que contiene un aditivo prooxidante, sino sobre el de los polímeros biodegradables. Del hecho de que la introducción en el mercado del tipo de plástico objeto del estudio de la Sra. Samper no haya sido prohibida, pese a que ese plástico no se presta mucho al reciclado, no cabe deducir que la introducción en el mercado del plástico que contiene un aditivo prooxidante tampoco deba prohibirse. En efecto, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 115, la determinación de la existencia del riesgo que representa cada tipo de plástico entra dentro del margen de apreciación de que disponen las tres instituciones implicadas. 233 Por último, en lo tocante a la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental, es verdad que los puntos 48 a 52 de esta, a los que remiten los escritos de réplica, indican, entre otras cosas, que el plástico que contiene un aditivo prooxidante puede ser reciclado de la misma manera que el plástico convencional y que no es necesario separarlo de este para reciclarlo. No obstante, por las razones que se han indicado en el anterior apartado 179, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas no haber tenido en cuenta los puntos 48 a 52 de la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental. 234 De los anteriores apartados 219 a 233 se desprende que las tres instituciones implicadas disponían de una evaluación científica lo más exhaustiva posible del riesgo de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante afecte negativamente al reciclado del plástico convencional y que pudieron considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que ese riesgo existía. 4) Sobre la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no ofrece beneficios medioambientales comprobados 235 Por lo que respecta a la afirmación que figura en el considerando 15 de la Directiva 2019/904 de que el plástico oxodegradable no ofrece beneficios medioambientales comprobados, el Parlamento y la Comisión dicen que se basaron, respectivamente, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 16 de enero de 2018, titulada «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular» [COM(2018) 28 final], y en el estudio De Wilde. 236 Pues bien, el estudio De Wilde, que tiene por objeto apreciar, en particular, las ventajas y desventajas de los plásticos oxodegradables en comparación con las ventajas y desventajas de los plásticos llamados biodegradables, se limita a concluir que los primeros no son biodegradables, sin invocar ningún beneficio comprobado. Sobre todo, la Comunicación de la Comisión mencionada en el apartado anterior indica, en su página 17, que «algunos materiales que alegan propiedades de biodegradabilidad, como el plástico “oxodegradable”, se ha comprobado que no ofrecen ninguna ventaja medioambiental con respecto a los plásticos convencionales, mientras que su rápida fragmentación en trozos minúsculos sí es motivo de preocupación». En suma, no se deduce de las evaluaciones científicas de la biodegradación, del compostaje y del reciclado del plástico que contiene un aditivo prooxidante mencionadas en los anteriores apartados 124 a 234 que este tipo de plástico aporte, en alguno de esos aspectos, un beneficio comprobado. 237 Sin embargo, por un lado, las demandantes alegan que las mencionadas instituciones deberían haber tenido en cuenta la opinión de la Comisión de Pesca del Parlamento sobre la propuesta de Directiva, que recomendaba definir con claridad el plástico biodegradable. 238 Por otro lado, las demandantes consideran particularmente revelador el hecho de que, en sus opiniones sobre la propuesta de Directiva de 3 y de 11 de octubre de 2018, respectivamente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento propusieran prohibir la introducción en el mercado de productos fabricados con plástico oxodegradable, sin exponer, sin embargo, ninguna justificación a este respecto. 239 Pues bien, según el artículo 59, apartado 1, del Reglamento interno del Parlamento Europeo (DO 2019, L 302, p. 1), su posición, en el sentido del artículo 294 TFUE, apartado 3, se aprueba mediante votación en sesión plenaria y no por la opinión de una de sus comisiones. Poco importa, por lo tanto, que una comisión, como la de Pesca, tenga una opinión distinta de la que se aprobó en sesión plenaria. Con mayor motivo, poco importa que una comisión, como la de Agricultura y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, no justifique su opinión. En consecuencia, no cabe reprochar al Parlamento, y menos aún al Consejo y a la Comisión, que no tuvieran en cuenta tal opinión. 240 De los anteriores apartados 235 a 239 se desprende que las tres instituciones implicadas disponían de una evaluación científica lo más exhaustiva posible de las eventuales ventajas medioambientales del plástico que contiene un aditivo prooxidante y que podían concluir, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que no se había comprobado ningún beneficio. 241 En consecuencia, dichas instituciones disponían de una evaluación científica lo más exhaustiva posible de los riesgos mencionados en el considerando 15 de la Directiva 2019/904, a saber, de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegrade correctamente, no sea compostable, afecte negativamente al reciclado del plástico convencional y no ofrezca beneficios medioambientales comprobados. Por lo tanto, dichas instituciones podían considerar, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que la existencia de esos riesgos estaba caracterizada. 5) Sobre la lista anexa a los escritos de réplica, que recoge el conjunto de documentos supuestamente ignorados por las instituciones implicadas 242 Por último, debe precisarse que las demandantes han aportado, como anexo de sus escritos de réplica, una lista que recoge el conjunto de documentos ignorados, según las demandantes, por las tres instituciones implicadas (en lo sucesivo, «lista anexa a los escritos de réplica»). 243 La mayor parte de los documentos que figuran en la referida lista ya ha sido objeto de examen en la presente sentencia. 244 Entre aquellos que no han sido examinados, algunos de ellos son posteriores a la adopción de la Directiva 2019/904, a saber, primero, la norma británica PAS 9017:2020, que data de octubre de 2020; segundo, el estudio de Babetto, A. S., Antunes, M. C., Bettini, S. H. P., y Bonse, B. C., titulado «A Recycling‑Focused Assessment of the Oxidative Thermomechanical Degradation of HDPE Melt Containing Pro‑oxidant» («Evaluación centrada en el reciclado de la degradación oxidativa termomecánica del polietileno de alta densidad fundido que contiene un prooxidante»), publicado en Internet el 21 de diciembre de 2019; tercero, el estudio de Saikrishnan, S., Jubinville, D., Tzoganakis, C., y Mekonnen, T. H., titulado «Thermo-mechanical degradation of polypropylene (PP) and low‑density polyethylene (LDPE) blends exposed to simulated recycling» [«Degradación termomécanica de mezclas de polipropileno (PP) y de polietileno de baja densidad (LDPE) expuestas a un reciclado simulado»], publicado en diciembre de 2020, y, cuarto, el estudio de Åkesson, D., Kuzhanthaivelu, G., y Bohlén, M., titulado «Effect of a Small Amount of Thermoplastic Starch Blend on the Mechanical Recycling of Conventional Plastics» («Efectos de una pequeña cantidad de mezcla de almidón termoplástico en el reciclado mecánico de los plásticos convencionales»), publicado el 24 de octubre de 2020. Conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 154, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas que no hayan tenido en cuenta estos cuatro documentos. 245 Uno de los documentos que figuran en la lista anexa a los escritos de réplica se menciona en el estudio Eunomia, que estaba accesible a las tres instituciones implicadas cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904. Por lo tanto, estas lo tuvieron en cuenta. Se trata del estudio de Jakubowicz, I. y Enebro, J., titulado «Effects of Reprocessing of Oxobiodegradable and Non-degradable Polyethylene on the Durability of Recycled Materials» («Efectos del reciclado del polietileno oxobiodegradable y del polietileno no degradable en la durabilidad de los materiales reciclados»), de marzo de 2012. 246 En la demanda, se realiza una mera remisión general a otro de los documentos que figuran en la lista anexa a los escritos de réplica, a saber, el anexo A.27 de la demanda, que incluye escritos dirigidos a la ECHA por científicos en relación con el plástico oxobiodegradable. En efecto, en la demanda solo se señala que esos escritos se remitieron en respuesta a una consulta pública lanzada por la ECHA en relación con este tipo de plástico y que sus autores se oponen a su prohibición. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 163, no incumbe al Tribunal General identificar, entre los escritos incluidos en el anexo A.27, que consta de cien páginas y de más de treinta correos electrónicos, cuáles son pertinentes, fiables y están documentados ni cuál es la alegación de las demandantes que avalan. También los escritos de réplica se limitan a una remisión general a dicho anexo. No obstante, hay una excepción, que se refiere a un escrito de la Dra. R. Rose de 3 de mayo de 2018. Este es objeto de una remisión específica en la demanda y en los escritos de réplica. Sin embargo, ha sido citado en apoyo del cuarto motivo de legalidad, por lo que será examinado con él. 247 Por último, uno de los documentos que figuran en la lista anexa a los escritos de réplica no es objeto de remisión alguna, ni en la demanda ni en los escritos de réplica. Se trata del estudio de Jin, H., Gonzalez-Gutierrez, J., Oblak, P., Zupančič, B., y Emri, I., titulado «The effect of extensive mechanical recycling on the properties of low‑density polyethylene» («Efectos del reciclado mecánico extensivo en las propiedades del polietileno de baja densidad»), de noviembre de 2012. Únicamente la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental, a su vez anexa a los escritos de réplica, remite a dicho estudio. Pues bien, la jurisprudencia citada en el anterior apartado 163 también se refiere a la réplica (sentencia de 11 de julio de 2018, Europa Terra Nostra/Parlamento, T‑13/17, no publicada, EU:T:2018:428, apartado 86). Por lo tanto, el Tribunal General no puede tener en cuenta dicho estudio. 248 En consecuencia, no cabe reprochar a las tres instituciones implicadas que no tuvieran en cuenta los documentos incluidos en la lista anexa a los escritos de réplica. 249 Así pues, procede concluir que, como se ha señalado en el anterior apartado 241, las demandantes yerran al sostener que las tres instituciones implicadas incurrieron en un error manifiesto de apreciación, por un lado, al adoptar la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante, cuando no disponían, según ellas, de una evaluación científica lo más exhaustiva posible de los riesgos que presentan estos tipos de plástico, y, por otro lado, al considerar probada la existencia de dichos riesgos. 250 Dado que, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 115, la facultad que el legislador de la Unión obtiene del artículo 191 TFUE es objeto de control en cuanto al error manifiesto de apreciación, debe concluirse que las tres instituciones implicadas no infringieron esa disposición. 251 Al no haberse infringido el artículo 191 TFUE, no procede examinar si tal infracción está suficientemente caracterizada, como exige la jurisprudencia relativa al primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión, citada en el anterior apartado 42. 252 En consecuencia, procede desestimar la primera parte del tercer motivo de ilegalidad, en la medida en que se basa en la infracción suficientemente caracterizada del artículo 191 TFUE y en errores manifiestos de apreciación. b)   Sobre la violación suficientemente caracterizada del principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4 253 Mediante las partes segunda y tercera y, parcialmente, la primera parte de su tercer motivo de ilegalidad, las demandantes sostienen que la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable, establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904, es contraria al principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4. 254 Con carácter preliminar, debe recordarse que el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones de la Unión sean idóneos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (sentencia de 13 de marzo de 2019, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑128/17, EU:C:2019:194, apartado 94). 255 En lo que atañe al control judicial del respeto de este principio, en un contexto técnico complejo y cambiante, el legislador de la Unión dispone de una amplia facultad de apreciación, en particular en cuanto a hechos de carácter científico y técnico de gran complejidad, para determinar la naturaleza y el alcance de las medidas que adopte, mientras que el control del juez de la Unión debe limitarse a examinar si, al ejercer esa facultad de apreciación, el legislador incurrió en error manifiesto o en desviación de poder o si rebasó manifiestamente los límites de su facultad de apreciación. En tal contexto, el juez de la Unión no puede sustituir la apreciación de los hechos de carácter científico y técnico efectuada por el legislador de la Unión, a quien el Tratado encomendó dicha tarea, por la suya (sentencia de 13 de marzo de 2019, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑128/17, EU:C:2019:194, apartado 95). 256 A la vista de estas consideraciones, procede examinar si las demandantes han hecho valer a justo título, mediante la segunda parte de su tercer motivo de ilegalidad, que, en la medida en que se aplica al plástico oxobiodegradable, la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 no es idónea para la consecución del objetivo de la referida Directiva y, a continuación, si, como sostienen, mediante la tercera parte del mismo motivo, dicha prohibición sobrepasa los límites de lo que es necesario para la realización del citado objetivo. 257 En cuanto a la primera parte del tercer motivo, debe recordarse que se basa, parcialmente, en que la prohibición de que se trata es desproporcionada debido simplemente a que no existe una evaluación científica de los riesgos del plástico oxodegradable para el medio ambiente y la salud humana. Pues bien, procede dejar constancia de que las demandantes alegan, en esencia, que, al no haberse probado la existencia de tales riesgos, dicha prohibición no puede ser idónea para protegerse de ellos. Por lo tanto, en la medida en que se basa en este argumento, la primera parte del motivo se confunde con la segunda y será examinada con esta. 1) Sobre la segunda parte del motivo, basada en que, en la medida en que se aplica al plástico oxobiodegradable, la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 no es idónea para la consecución del objetivo de dicha Directiva y sobre la primera parte del motivo, en la medida en que se basa en el mismo argumento 258 De los anteriores apartados 124 a 249 resulta que las tres instituciones implicadas no incurrieron en un error manifiesto de apreciación al considerar que el plástico que contiene un aditivo prooxidante presentaba riesgos para el medio ambiente y la salud humana, al no biodegradarse correctamente, no ser compostable, afectar negativamente al reciclado del plástico convencional y no ofrecer beneficios medioambientales comprobados. 259 En consecuencia, con arreglo a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 255, una medida que prohíbe que se introduzcan en el mercado productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante debe considerarse idónea para la consecución del objetivo de protección del medio ambiente y de la salud humana, enunciado en el considerando 36 y en el artículo 1 de la Directiva 2019/904. 2) Sobre la tercera parte del motivo, basada en que, en la medida en que se aplica al plástico oxobiodegradable, la prohibición prevista en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 sobrepasa los límites de lo necesario para la consecución del objetivo perseguido por dicha Directiva 260 Mediante la tercera parte del tercer motivo de ilegalidad, las demandantes sostienen que, en tanto en cuanto se aplica al plástico oxobiodegradable, la medida establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 sobrepasa los límites de lo necesario para la consecución del objetivo de protección del medio ambiente y de la salud humana que persigue dicha Directiva. 261 En primer lugar, las demandantes alegan que existen otras medidas menos gravosas que una prohibición pura y simple de introducción en el mercado, a saber, en primer término, excluir el plástico oxobiodegradable de la definición de «plástico oxodegradable» que figura en artículo 3, punto 3, de la referida Directiva y, en consecuencia, del ámbito de aplicación de su artículo 5; en segundo término, someter el plástico oxobiodegradable a la realización de experimentos con arreglo a la norma americana ASTM D 6954 o a otras normas comparables; en tercer término, exigir que el plástico oxobiodegradable lleve un marcador que permita un clasificación automática previa al reciclado; en cuarto término, incluir este tipo de plástico en el ámbito de aplicación de los artículos 4, 7, 8 o 10 de la Directiva 2019/904, o, en quinto término, imponer un etiquetado para prevenir cualquier riesgo de confusión por parte de los consumidores. 262 No obstante, ninguna de las cinco medidas propuestas por las demandantes permite alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 2019/904. 263 En primer término, en cuanto a la propuesta de las demandantes de excluir el plástico oxobiodegradable de la definición de «plástico oxodegradable» del artículo 3, punto 3, de la Directiva 2019/904, ya se ha señalado, al examinar la primera parte del presente motivo, que las tres instituciones implicadas podían considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegrada correctamente en un plazo razonable y que, por consiguiente, no procede distinguir entre plástico oxodegradable y plástico oxobiodegradable. En consecuencia, excluir el plástico que contiene un aditivo prooxidante de la definición de «plástico oxodegradable» de dicho artículo 3, punto 3, de la Directiva 2019/904 supondría limitar el ámbito de aplicación de la prohibición establecida en el artículo 5 de esa misma Directiva a los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte B de su anexo, lo cual contravendría el propio texto de dicho artículo. 264 En segundo término, en cuanto a la propuesta de las demandantes de que se someta al plástico que contenga un aditivo prooxidante a la realización de experimentos conforme a la norma americana ASTM D 6954 o a otras normas comparables, ya se ha señalado, en el anterior apartado 197, que, en la medida en que no existe una norma unificada a escala de la Unión que permita evaluar la biodegradación de dicho plástico, sino tan solo normas nacionales, las tres instituciones implicadas no han excedido los límites de su facultad de apreciación por el hecho de no haberse basado en la norma ASTM D 6954 o en otras normas comparables. 265 En tercer término, en cuanto a la propuesta de las demandantes de exigir que el plástico que contenga un aditivo prooxidante incluya un marcador que permita su identificación por una máquina de clasificación automática con el fin de que sea separado de los plásticos convencionales y no se recicle con ellos, debe decirse que, a tenor del estudio Eunomia, la tecnología actual no permite una clasificación automática del plástico que contiene un aditivo prooxidante, y que, según el informe de 16 de enero de 2018, «las tecnologías disponibles en la actualidad no permiten […] a las empresas de tratamiento identificar y separar los plásticos oxodegradables». 266 Sobre esta cuestión, la Comisión subraya que las técnicas de separación automática que se utilizan tradicionalmente, como la espectroscopia cercana al infrarrojo, no permiten detectar el plástico que contiene un aditivo prooxidante y que, por lo tanto, sería necesario desarrollar nuevas máquinas de clasificación automática con este fin, pero que no se trata de una opción viable desde el punto de vista económico para la industria del reciclado. Pues bien, las demandantes se limitan a afirmar que el desarrollo de nuevas máquinas de clasificación automática es viable desde el punto de vista económico, sin aportar ninguna prueba que sustente tal afirmación ni demostrar que sea posible implantar de modo efectivo el marcador que proponen. 267 En cuarto término, las demandantes proponen incluir el plástico que contiene un aditivo prooxidante en el ámbito de aplicación de los artículos 4, 7, 8 y 10 de la Directiva 2019/904, que permiten a los Estados miembros adoptar las siguientes medidas: medidas de reducción del consumo (artículo 4); medidas que prevén que se coloque una marca que informe a los consumidores, por un lado, de las opciones adecuadas de gestión de los residuos generados por el producto de que se trate o de los medios de eliminación de los residuos que deben evitarse para ese producto y, por otro lado, de la presencia de plástico en el producto y del impacto negativo de los medios inadecuados de eliminación de residuos de este (artículo 7); medidas que prevén el establecimiento de regímenes de responsabilidad ampliada del productor por la introducción en el mercado de productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante (artículo 8), y medidas de concienciación dirigidas a informar a los consumidores y a incentivar un comportamiento responsable de los consumidores (artículo 10). 268 No obstante, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación, que se ha recordado en el anterior apartado 255, de la que dispone el legislador de la Unión para determinar la naturaleza y el alcance de las medidas que adopte, no cabe considerar que las tres instituciones implicadas hayan excedido los límites de tal facultad al estimar que, a la vista de los riesgos que presentan los productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante, especialmente el riesgo de que no se biodegraden correctamente, procedía prohibir su introducción en el mercado, mejor que someter su comercialización a una u otra de las medidas a que se refieren los artículos 4, 7, 8 y 10 de la Directiva 2019/904, que, por lo demás, pueden variar de un Estado miembro a otro. 269 En quinto término, por lo que se refiere a la propuesta de las demandantes de imponer un etiquetado de los productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante que prevenga cualquier riesgo de confusión de los consumidores, viene a coincidir con su propuesta de someter tales productos a las medidas contempladas en los artículos 7 o 10 de la Directiva 2019/904. En consecuencia, por las razones mencionadas en el anterior apartado 268, debe rechazarse. 270 En segundo lugar, las demandantes sostienen que, en lugar de prohibir pura y simplemente la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante, las tres instituciones implicadas deberían haber previsto un período transitorio, como hizo la ECHA en su propuesta de restricción relativa a los microplásticos añadidos intencionalmente. 271 No es posible seguir esta argumentación. 272 Es cierto que la comunicación de la ECHA titulada «Propuesta de restricción sobre los microplásticos añadidos intencionalmente — preguntas y respuestas», de septiembre de 2020, aportada por las demandantes, señala que dicha agencia propuso una restricción basada en el Reglamento REACH en la que recomienda prohibir la introducción en el mercado de los microplásticos utilizados en los productos cosméticos, aunque establece un período transitorio de entre cuatro y ocho años. 273 No obstante, debe destacarse que el plazo de transposición del artículo 5 de la Directiva 2019/904, adoptada el 5 de junio de 2019, expiraba, según el artículo 17, apartado 1, de esta, el 3 de julio de 2021 y que dicho plazo podría considerarse equivalente, en la práctica, a un período transitorio de dos años que acompañase a la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante. Además, los períodos transitorios recomendados por la ECHA respecto de los microplásticos añadidos intencionalmente a productos cosméticos no se aplican en todos los casos. Así, no se aplican a los productos cosméticos que contienen microesferas, porque estas pueden ser sustituidas fácilmente por sustancias naturales como almendras en polvo, nueces de coco o semillas de olivo. Por último, como sostiene la Comisión, teniendo en cuenta que los usos del plástico que contiene un aditivo prooxidante no son complejos, no procede considerar que las tres instituciones implicadas hayan sobrepasado los límites de su margen de apreciación al estimar que los productos fabricados con este tipo de plástico debían prohibirse sin establecer un período transitorio. 274 En consecuencia, las demandantes no pueden apoyarse en los períodos transitorios recomendados por la ECHA en relación con los microplásticos añadidos intencionalmente para invocar que la prohibición pura y simple de los productos fabricados con plástico que contiene un aditivo prooxidante, sin la previsión de un período transitorio, es desproporcionada. 275 En tercer lugar, las demandantes argumentan que los inconvenientes causados por la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico que contiene un aditivo prooxidante son desmesurados con respecto a los objetivos perseguidos, en la medida en que las tres instituciones implicadas no apreciaron las repercusiones sociales y económicas de la referida prohibición. 276 Pues bien, la protección de la salud pública tiene una importancia preponderante con respecto a las consideraciones económicas y la protección del medio ambiente constituye uno de los objetivos primordiales de la Unión. La importancia de tales objetivos puede justificar consecuencias económicas negativas, incluso considerables, para determinados operadores (sentencia de 12 de diciembre de 2014, Xeda International/Comisión, T‑269/11, no publicada, EU:T:2014:1069, apartado 138). 277 Además, las demandantes se limitan a afirmar que las tres instituciones implicadas no hicieron una apreciación de las repercusiones sociales y económicas de la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904. No explican en qué consisten los supuestos inconvenientes sociales y económicos que esta plantea, limitándose a mencionar las trabas que se han puesto al desarrollo de una tecnología oxobiodegradable más eficaz, sin respaldar este argumento. 278 Ha de concluirse que la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante no rebasa los límites de lo necesario para alcanzar el objetivo de protección del medio ambiente y de la salud humana perseguido por la Directiva 2019/904. 279 En consecuencia, de los anteriores apartados 259 y 278 se deduce que la referida prohibición no viola el principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4. 280 Al no existir violación de dicho principio, no procede examinar si tal violación está suficientemente caracterizada, como exige la jurisprudencia relativa al primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión, citada en el anterior apartado 42. 281 En consecuencia, procede desestimar las partes segunda y tercera del tercer motivo de ilegalidad y su primera parte, en la medida en que se basa en la violación suficientemente caracterizada del principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4. 282 En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo en su totalidad. 4.   Sobre el cuarto motivo de ilegalidad, basado en la violación suficientemente caracterizada del principio general de igualdad de trato 283 Mediante su cuarto motivo de ilegalidad, las demandantes alegan que las tres instituciones implicadas violaron el principio general de igualdad de trato, por un lado, al prohibir la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico oxobiodegradable, pero no la de los productos fabricados con plástico convencional, a excepción de nueve productos de un solo uso, y, por otro lado, al prohibir la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico oxobiodegradable, pero no la de los productos fabricados con plástico comercializado como «compostable». 284 Por lo que se refiere, en particular, a la diferencia de trato entre los productos fabricados con plástico oxobiodegradable y los productos fabricados con plástico convencional, a excepción de nueve productos de un solo uso, las demandantes alegan que no se ha demostrado que el plástico oxobiodegradable dañe el medio ambiente en mayor medida que el plástico oxodegradable o el plástico convencional. Afirman que el plástico oxobiodegradable no se fragmenta en microplásticos y que se biodegrada más rápidamente que el plástico convencional. Consideran que tampoco puede depositarse en vertederos ilegales con mayor facilidad que el plástico convencional. En su opinión, dicho plástico se presta al reciclado de la misma forma que el plástico convencional. Las demandantes alegan, también en relación con la diferencia de trato entre productos fabricados con plástico oxobiodegradable y productos fabricados con plástico convencional, a excepción de nueve productos de un solo uso, que nada justifica que solo estén prohibidos nueve productos de un solo uso fabricados con plástico convencional, cuando todos los productos fabricados con plástico oxobiodegradable lo están. 285 Con carácter subsidiario, las demandantes sostienen que la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 supone un falseamiento de la competencia entre los distintos tipos de plásticos biodegradables. 286 El Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten la argumentación de las demandantes. 287 Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato solo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Solvay/Comisión, C‑455/11 P, no publicada, EU:C:2013:796, apartado 77 y jurisprudencia citada). 288 El carácter comparable de situaciones diferentes debe apreciarse basándose en el conjunto de circunstancias que las caracterizan. Tales circunstancias deben determinarse y valorarse a la luz del objeto y la finalidad del acto de la Unión que establece la distinción de que se trate. Además, deben tenerse en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenece el acto en cuestión (sentencias de 16 de diciembre de 2008, Arcelor Atlantique y Lorraine y otros, C‑127/07, EU:C:2008:728, apartado 26, y de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, apartado 67). 289 Procede examinar, por un lado, si las tres instituciones implicadas violaron el principio general de igualdad de trato al prohibir la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico oxobiodegradable y no la de los productos fabricados con plástico convencional, a excepción de nueve productos de un solo uso, y, a continuación, por otro lado, si violaron dicho principio al prohibir la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico oxobiodegradable, pero no la de los productos fabricados con plásticos comercializados como «compostables». 290 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la primera de las dos violaciones mencionadas en el anterior apartado 289, el Tribunal General considera que no cabe entender que los productos fabricados con plástico que contiene un aditivo prooxidante estén en una situación comparable a la de los productos fabricados con plástico convencional. 291 En efecto, por un lado, del examen del tercer motivo de ilegalidad se desprende que, con arreglo a la evaluación científica de riesgos a la que tuvieron acceso las tres instituciones implicadas cuando se elaboró y se adoptó la Directiva 2019/904, no cabe excluir que el plástico que contiene un aditivo prooxidante sea, al menos en ciertos aspectos relativos, en particular, a su reciclado y a su biodegradación en vertedero, más problemático que el plástico convencional. 292 En este sentido, de los anteriores apartados 129 y 131 se desprende que, según el estudio Eunomia y el informe de 16 de enero de 2018, en caso de biodegradación en las capas profundas de un vertedero, el plástico que contiene un aditivo prooxidante es ligeramente más problemático que el plástico convencional desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero. 293 Además, como se ha señalado en el anterior apartado 234, el plástico que contiene un aditivo prooxidante no puede reciclarse con el plástico convencional sin que se resienta la calidad del material reciclado. 294 Por último, de los anteriores apartados 127 a 131 se desprende que, según el estudio Eunomia y el informe de 16 de enero de 2018, el plástico que contiene un aditivo prooxidante se fragmenta más rápidamente que el plástico convencional, pero no se excluye que, al ser la fragmentación del primero más rápida, tanto al aire libre como en el medio marino, su impacto negativo en el medio ambiente sea aún mayor, al concentrarse en un período más corto. 295 Esto es lo que se subraya, en relación con los residuos marinos, en la sección 4.3 del informe de 16 de enero de 2018, según la cual «dado que la fragmentación de los plásticos oxodegradables es, en general, más rápida que la de los plásticos tradicionales, los efectos negativos asociados a la presencia de microplásticos en el medio marino se concentran en un período más corto. Es posible que, en definitiva, esta concentración de efectos sea peor que una difusión de efectos en un período más largo, puesto que la proporción de individuos, especies y hábitats afectados aumentaría, al igual que la gravedad de los efectos para cada individuo». 296 Esto es lo que también subraya el estudio Eunomia a propósito de la biodegradación en un medio abierto. Según el citado estudio, «es posible que la degradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante sea mucho más breve que la del plástico convencional. No obstante, es preciso preguntarse si la repercusión en el medio ambiente no presenta aún mayor importancia durante la fase de biodegradación, teniendo en cuenta la hipótesis contrafáctica». 297 Las demandantes no pueden, con el fin de refutar lo que se ha hecho constar en los anteriores apartados 291 a 294, basarse en el escrito que la Dra. R. Rose —la autora del estudio de la Queen Mary University—remitió a la ECHA el 3 de mayo de 2018. Es verdad que, en dicho escrito, la Dra. R. Rose manifiesta estar «sorprendida de que la Unión se proponga prohibir un producto que, ciertamente, no es peor que el [polietileno de baja densidad, es decir, un plástico convencional] no modificado, el cual no es objeto de la misma medida» y que «legislar contra un solo tipo de plástico no permite resolver la acumulación de numerosos tipos de polihidrocarburos». No obstante, ese escrito alude a la utilización del nuevo método desarrollado por la Queen Mary University, del que se ha dejado constancia en el anterior apartado 170 que estaba lejos de conseguir la unanimidad y que no era seguro que permitiera obtener resultados reproducibles en una situación real. 298 Para refutar lo señalado en los anteriores apartados 291 a 294, las demandantes tampoco pueden basarse en los puntos 19, letra c), y 47, letra b), de la declaración testifical del científico sénior de Symphony Environmental. Es verdad que dicho científico afirma en ella, por un lado, que el plástico convencional se fragmenta en microplásticos que permanecen en el medio ambiente durante decenas o centenas de años y, por otro lado, que, con frecuencia, los consumidores que abandonan residuos de plástico no se preocupan de si estos son biodegradables o no lo son. No obstante, procede recordar que, como se ha indicado en el anterior apartado 179, solo cabe otorgar un valor probatorio reducido a la mencionada declaración testifical. Avala esta consideración el hecho de que la única prueba citada por el científico sénior de Symphony Environmental para fundamentar sus alegaciones sea el informe del laboratorio Intertek, respecto del cual se ha señalado, en el anterior apartado 182, que fue preparado a petición de Symphony Environmental. 299 Por último, en la medida que las demandantes desean basar su alegación en los puntos 25 y 26 de la declaración testifical del presidente-director general de las demandantes, en los que este subraya, pero sin remitirse a un estudio científico, la incoherencia de la Directiva 2019/904, que prohíbe el plástico oxobiodegradable, pero no el plástico convencional ni el plástico compostable, pese a que, según afirma, estos últimos no se biodegradan convenientemente en un medio abierto y no ofrecen beneficios medioambientales comprobados, basta con recordar que, como se ha señalado en el anterior apartado 156, solo cabe otorgar un valor probatorio reducido a dicha declaración testifical. 300 Por otra parte, del considerando 36 de la Directiva 2019/904 se desprende que esta tiene como objetivo, en particular, prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana de determinados productos de plástico de un solo uso, de productos fabricados con plásticos oxodegradables y de las artes de pesca que contienen plástico. Así pues, dicha Directiva no pretende abarcar todos los productos de plástico que puedan representar un riesgo para el medio ambiente y la salud humana, sino concentrar los esfuerzos allí donde resultan más necesarios, como señala su considerando 7, en relación con los productos de plástico de un solo uso. El artículo 1 de la Directiva 2019/904 confirma que el objeto de esta es, sobre todo, prevenir y reducir el impacto de «determinados» productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud humana. 301 Pues bien, se ha acreditado, al analizar el tercer motivo de ilegalidad, que las tres instituciones implicadas pudieron considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que los productos fabricados con plástico oxodegradable afectaban al medio ambiente y a la salud humana. 302 En consecuencia, dado que, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 288, el carácter comparable de situaciones diferentes debe apreciarse a la luz del objeto y de la finalidad del acto de la Unión que establece la distinción de que se trate, no cabe considerar que los productos fabricados con plástico oxodegradable —la prevención y reducción de cuyo impacto sobre el medio ambiente y la salud humana son objeto y objetivo de la Directiva 2019/904— estén en una situación comparable a la de los productos fabricados con plástico convencional. 303 Por consiguiente, las tres instituciones implicadas no han violado el principio general de igualdad de trato al prohibir la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante, pero no la de los productos fabricados con plástico convencional, a excepción de nueve productos de un solo uso. 304 En cuanto al argumento de las demandantes de que dichas instituciones violaron el principio general de igualdad de trato al prohibir la introducción en el mercado de «todos» los productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante, pero solo la de «determinados» productos de plástico convencional de un solo uso, no puede seguirse. En efecto, a tenor del considerando 36 de la Directiva 2019/904, su objetivo es, entre otros, prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana de «determinados» productos de plástico de un solo uso, y, a tenor del considerando 7 de dicha Directiva, para concentrar los esfuerzos allí donde resultan más necesarios, esta solo debe aplicarse a los productos de plástico de un solo uso que se encuentran con mayor frecuencia en las playas de la Unión, a saber, los que se enumeran en la parte B del anexo de la referida Directiva. Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 288, no cabe considerar que los productos de plástico de un solo uso que no figuran en la lista anexa a la Directiva 2019/904 estén en una situación comparable a la de los productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante. Por ello, las tres instituciones implicadas no han violado el principio general de igualdad de trato al prohibir la introducción en el mercado de los segundos y no de los primeros. 305 Por último, en la medida en que el argumento de las demandantes que afirma que la prohibición de introducción en el mercado establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 supone un falseamiento de la competencia entre los distintos tipos de plástico oxodegradable deba entenderse como la alegación de que, al prohibir no solo los productos fabricados con plástico oxodegradable, sino también los fabricados con un plástico calificado por las demandantes de «oxobiodegradable», las tres instituciones implicadas violaron el principio general de igualdad de trato, no es posible seguirlo. En efecto, ya se ha dejado constancia, al examinar el tercer motivo de ilegalidad, de que dichas instituciones pudieron considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegradaba correctamente y que no procedía distinguir entre plástico oxodegradable y plástico oxobiodegradable. Por ello, no puede sostenerse que, al tratar los productos fabricados con plástico oxodegradable de manera diferente a los fabricados con un plástico que las demandantes califican de «oxobiodegradable», dichas instituciones hayan violado el principio general de igualdad de trato. 306 En segundo lugar, respecto a la violación del principio general de igualdad de trato que, según las demandantes, resulta de la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxobiodegradable, pero no productos fabricados con plástico comercializado como «compostable», el Tribunal General considera que ambas categorías de productos no están en una situación comparable. 307 En efecto, del examen del tercer motivo de ilegalidad resulta que las tres instituciones implicadas pudieron considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que existe un riesgo de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no sea compostable, lo cual fue reconocido por las demandantes, como se ha indicado en el anterior apartado 216. Por último, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 288, debe tenerse en cuenta el hecho de que, si bien la prevención y la reducción del impacto de los productos fabricados con plástico oxodegradable constituyen el objeto y el objetivo de la Directiva 2019/904, los productos fabricados con plástico comercializado como «compostable» no están incluidos ni en el objeto ni en el objetivo de dicha Directiva. 308 De los anteriores apartados 303, 306 y 307 se desprende que las tres instituciones implicadas no violaron el principio general de igualdad de trato al prohibir la introducción en el mercado de los productos fabricados con plástico que contenga un aditivo prooxidante y no la introducción de los productos fabricados con plástico convencional, a excepción de nueve productos de un solo uso, ni la de los productos fabricados con plástico comercializado como «compostable». 309 Al no existir violación de dicho principio, no procede examinar si tal violación está suficientemente caracterizada, como exige la jurisprudencia relativa al primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión, que se ha citado en el anterior apartado 42. 310 En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo de ilegalidad. 5.   Sobre el quinto motivo de ilegalidad, basado en la infracción suficientemente caracterizada de los artículos 16, 17 y 41, apartado 1, de la Carta y del artículo 49 TFUE 311 El quinto motivo de ilegalidad se divide en dos partes. Mediante la primera parte del presente motivo, las demandantes sostienen que, al adoptar la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904, las tres instituciones implicadas vulneraron su libertad de empresa, consagrada en el artículo 16 de la Carta, su derecho de propiedad, reconocido en el artículo 17 de la mencionada Carta, y su libertad de establecimiento, a la que se refiere el artículo 49 TFUE. Consideran que la prohibición de que se trata les impide comercializar los productos que contienen su mezcla madre d2w en el mercado de la Unión. Mediante la segunda parte de este motivo, las demandantes alegan que dicha prohibición fue adoptada vulnerando su derecho a una buena administración, recogido en el artículo 41 de la Carta, en la medida en que las tres instituciones implicadas no tuvieron en cuenta pruebas pertinentes y no siguieron los procedimientos adecuados. 312 El Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten la argumentación de las demandantes. a)   Sobre la primera parte del quinto motivo, basada en la infracción suficientemente caracterizada de los artículos 16 y 17 de la Carta y del artículo 49 TFUE 313 Debe examinarse si las tres instituciones implicadas infringieron de forma suficientemente caracterizada, en primer lugar, el artículo 16 de la Carta; en segundo lugar, su artículo 17, y, en tercer lugar, el artículo 49 TFUE. 314 El Tribunal General considera que no es así. 315 En efecto, por lo que se refiere, en primer lugar, a la infracción del artículo 16 de la Carta, relativo a la libertad de empresa, debe resaltarse que la protección conferida por esta disposición implica la libertad para ejercer una actividad económica o mercantil, la libertad contractual y la libre competencia (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartado 79). Además, la libertad contractual incluye, en particular, la libre elección de clientes y proveedores y la libertad para determinar el precio de las prestaciones (sentencia de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, apartado 43). 316 No obstante, la libertad de empresa consagrada en el artículo 16 de la Carta no constituye una prerrogativa absoluta, sino que, por un lado, debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad y, por otro lado, debe ponderarse con los demás intereses protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión y con los derechos y libertades de los demás (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartado 80). 317 Habida cuenta del tenor del artículo 16 de la Carta, que establece que se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, diferenciándose con ello del tenor de las demás libertades fundamentales consagradas en el título II de la Carta y asemejándose al de determinadas disposiciones de su título IV, esta libertad puede quedar sometida a un amplio abanico de intervenciones del poder público que establezcan limitaciones al ejercicio de la actividad económica en aras del interés general (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartado 81). 318 Pues bien, esta circunstancia se refleja, en particular, en el modo en el que han de apreciarse el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales a la vista del principio de proporcionalidad, en virtud del artículo 52, apartado 1, de la Carta. De conformidad con esta última disposición, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades consagrados por la Carta debe ser establecida por la ley, respetar el contenido esencial de estos y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (sentencias de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, apartados 47 y 48, y de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartados 82 y 83). 319 En este caso, la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 implica una limitación al ejercicio, por parte de las demandantes, de su libertad de empresa. En efecto, por un lado, las demandantes comercializan productos fabricados con plástico que contiene la mezcla madre d2w, como bolsas de basura y bolsas para congelación, algo que ya no están autorizadas a hacer en virtud de la prohibición de que se trata. Por otro lado, esa prohibición puede afectar a la actividad principal de las demandantes, a saber, la fabricación y la comercialización de la mezcla madre d2w. Pues bien, esta actividad principal está vinculada a la actividad de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable, de manera que la prohibición de la segunda podría tener consecuencias económicas en la primera e influir en la decisión de las demandantes de continuar con esta (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2020, IFSUA/Consejo, T‑251/18, EU:T:2020:89, apartados 150 y 151). 320 No obstante, esta restricción está prevista legalmente, a saber, por la Directiva 2019/904. Asimismo, no afecta al contenido esencial de la libertad de empresa de las demandantes, puesto que se prohíbe únicamente la introducción en el mercado de la Unión de productos fabricados con plásticos que contengan un aditivo prooxidante, pero no su fabricación. En consecuencia, las demandantes pueden seguir fabricando esos productos para comercializarlos en el mercado de terceros Estados. También puede seguir fabricando su mezcla madre d2w y venderla a clientes que la utilizarán en la fabricación de productos destinados a ser introducidos en el mercado de terceros Estados. Por último, como se ha señalado al examinar el tercer motivo de ilegalidad, esta restricción es necesaria y proporcionada y responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión, a saber, la protección del medio ambiente y de la salud humana. 321 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la infracción del artículo 17 de la Carta, este dispone, en su apartado 1, que toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos, y que nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. Por otra parte, el uso de los bienes puede regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. 322 No obstante, según la jurisprudencia, ningún operador económico puede reivindicar un derecho de propiedad sobre una cuota de mercado, aunque dispusiera de ella en un momento anterior a la adopción de la medida que afecta a dicho mercado, ya que esa cuota de mercado únicamente representa una posición económica momentánea expuesta a los imprevistos de un cambio de circunstancias. Un operador económico tampoco puede invocar un derecho adquirido, ni siquiera una confianza legítima en el mantenimiento de una situación existente, que puede verse modificada por decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión en el marco de su facultad de apreciación (sentencia de 12 de julio de 2005, Alliance for Natural Health y otros, C‑154/04 y C‑155/04, EU:C:2005:449, apartado 128). 323 En este caso, de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 322 se desprende que las demandantes no pueden reivindicar la protección del artículo 17, apartado 1, de la Carta respecto de su derecho a comercializar en el mercado de la Unión la mezcla madre d2w (véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 60). 324 En cuanto al argumento de las demandantes de que la prohibición de introducir en el mercado productos fabricados con plástico oxodegradable establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 resulta contraria al artículo 17, apartado 2, de la Carta, a tenor del cual «se protege la propiedad intelectual», al reducir considerablemente el valor del derecho de propiedad intelectual que ostentan sobre la fórmula de la mezcla madre d2w, no es posible secundarlo. En efecto, aunque las demandantes han precisado que dicha mezcla madre estaba protegida en virtud de un derecho de marca y del saber hacer necesario para su fabricación, han seguido sin indicar las razones por las que, a su parecer, se han vulnerado esos derechos. 325 En cualquier caso, debe resaltarse que ni del artículo 17 de la Carta ni de la jurisprudencia se desprende que la protección de los derechos de propiedad intelectual deba garantizarse en términos absolutos (véase, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, apartado 56). Cualquier limitación que se introduzca en el artículo 17, apartado 2, de la Carta debe hacerse con arreglo a su artículo 52, apartado 1. Pues bien, en este caso, la limitación del ejercicio del derecho de propiedad intelectual que las demandantes puedan tener sobre la mezcla madre d2w, suponiendo que esté probada, estaría prevista por la ley. No menoscabaría el contenido esencial de dicho derecho, puesto que no se prohíbe la fabricación de productos con plástico que contenga un aditivo prooxidante y su venta en el mercado de Estados terceros ni la fabricación e introducción en el mercado de la Unión de tal aditivo. Como se ha señalado al examinar el tercer motivo de ilegalidad, esta limitación responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión, a saber, la protección del medio ambiente y de la salud humana, y no va más allá de lo necesario. 326 Por lo que respecta, en tercer lugar, a la infracción del artículo 49 TFUE, basta con recordar que las demandantes no aclaran las razones por las cuales la prohibición de introducir en el mercado plástico que contenga un aditivo prooxidante obstaculizaría su libertad de establecimiento. 327 De los anteriores apartados 313 a 326 se desprende que las tres instituciones implicadas no infringieron ni el artículo 16 de la Carta, ni su artículo 17 ni el artículo 49 TFUE. 328 Al no existir infracción de dichos artículos, no procede examinar si tal infracción está suficientemente caracterizada, como exige la jurisprudencia relativa al primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión, citada en el anterior apartado 42. 329 En consecuencia, procede desestimar la primera parte del quinto motivo de ilegalidad. b)   Sobre la segunda parte del quinto motivo, basada en la vulneración suficientemente caracterizada del derecho a una buena administración, reconocido en el artículo 41 de la Carta 330 Mediante la segunda parte de su quinto motivo de ilegalidad, las demandantes sostienen que la prohibición prevista en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 fue adoptada vulnerando su derecho a una buena administración, reconocido en el artículo 41 de la Carta. Alegan que las tres instituciones implicadas no tuvieron en cuenta las pruebas pertinentes y no siguieron los procedimientos adecuados. 331 No es posible seguir esta argumentación. 332 A este respecto, basta con indicar que, según la jurisprudencia, el derecho a una buena administración derivado del artículo 41 de la Carta no comprende los procesos de elaboración de los actos legislativos, como la Directiva 2019/904 (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, apartado 37, y de 12 de junio de 2015, Health Food Manufacturer’s Association y otros/Comisión, T‑296/12, EU:T:2015:375, apartado 98). 333 En consecuencia, las tres instituciones implicadas no han infringido el artículo 41 de la Carta. 334 Al no existir infracción del referido artículo, no procede examinar si tal infracción está suficientemente caracterizada, como exige la jurisprudencia relativa al primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión, citada en el anterior apartado 42. 335 En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del quinto motivo de ilegalidad y, por ende, este motivo en su totalidad. 336 De todo cuanto antecede se desprende que procede desestimar cada uno de los cinco motivos de ilegalidad y que las demandantes no han conseguido demostrar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. 337 Dado que los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión son acumulativos, como se ha señalado en el anterior apartado 41, procede por ello desestimar el presente recurso, sin que sea necesario examinar los requisitos para que exista un perjuicio real y cierto y la relación de causalidad. IV. Costas 338 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que las demandantes han visto desestimadas sus pretensiones, procede condenarlas en costas, conforme a lo solicitado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Symphony Environmental Technologies plc y Symphony Environmental Ltd cargarán con sus propias costas. Van der Woude Spielmann Gâlea Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de enero de 2024. Firmas Índice I. Antecedentes del litigio II. Pretensiones de las partes III. Fundamentos de Derecho A. Sobre la solicitud de que se omitan ciertos datos frente al público B. Observación preliminar C. Sobre la admisibilidad D. Sobre el fondo 1. Sobre el primer motivo de ilegalidad, basado en la infracción de los artículos 68 a 73 del Reglamento REACH 2. Sobre el segundo motivo de ilegalidad, basado en la infracción suficientemente caracterizada de los apartados 12 y 14 a 16 del Acuerdo interinstitucional 3. Sobre el tercer motivo de ilegalidad, basado en la violación suficientemente caracterizada del principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4, y del artículo 191 TFUE, así como en errores manifiestos de apreciación a) Sobre la primera parte del motivo, en tanto en cuanto se basa en la infracción suficientemente caracterizada del artículo 191 TFUE 1) Sobre la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no se biodegrada correctamente 2) Sobre la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no es compostable 3) Sobre la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante afecta negativamente al reciclado del plástico convencional 4) Sobre la afirmación de que el plástico que contiene un aditivo prooxidante no ofrece beneficios medioambientales comprobados 5) Sobre la lista anexa a los escritos de réplica, que recoge el conjunto de documentos supuestamente ignorados por las instituciones implicadas b) Sobre la violación suficientemente caracterizada del principio general de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4 1) Sobre la segunda parte del motivo, basada en que, en la medida en que se aplica al plástico oxobiodegradable, la prohibición establecida en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 no es idónea para la consecución del objetivo de dicha Directiva y sobre la primera parte del motivo, en la medida en que se basa en el mismo argumento 2) Sobre la tercera parte del motivo, basada en que, en la medida en que se aplica al plástico oxobiodegradable, la prohibición prevista en el artículo 5 de la Directiva 2019/904 sobrepasa los límites de lo necesario para la consecución del objetivo perseguido por dicha Directiva 4. Sobre el cuarto motivo de ilegalidad, basado en la violación suficientemente caracterizada del principio general de igualdad de trato 5. Sobre el quinto motivo de ilegalidad, basado en la infracción suficientemente caracterizada de los artículos 16, 17 y 41, apartado 1, de la Carta y del artículo 49 TFUE a) Sobre la primera parte del quinto motivo, basada en la infracción suficientemente caracterizada de los artículos 16 y 17 de la Carta y del artículo 49 TFUE b) Sobre la segunda parte del quinto motivo, basada en la vulneración suficientemente caracterizada del derecho a una buena administración, reconocido en el artículo 41 de la Carta IV. Costas ( *1 ) Lengua de procedimiento: inglés.