Responsabilidad extracontractual — Pesca — Programa operativo financiado por la Unión — Normativa de la Unión que prohíbe la importación de crustáceos procedentes de Australia — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Abstención de actuar — Confianza legítima

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava) de 16 de noviembre de 2017 (*) «Responsabilidad extracontractual — Pesca — Programa operativo financiado por la Unión — Normativa de la Unión que prohíbe la importación de crustáceos procedentes de Australia — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Abstención de actuar — Confianza legítima» En el asunto T‑458/16, Acquafarm, S.L., con domicilio social en Huelva, representada por el Sr. A. Pérez Moreno, abogado, parte demandante, contra Comisión Europea, representada por el Sr. P. Arenas y las Sras. I. Galindo Martín y F. Moro, en calidad de agentes, parte demandada, que tiene por objeto una demanda basada en el artículo 268 TFUE, por la que se solicita la reparación del perjuicio que la demandante alega haber sufrido ante la imposibilidad de llevar a término un proyecto de acuicultura de crustáceos procedentes de Australia, cofinanciado sobre la base del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DO 2006, L 223, p. 1), como consecuencia de la prohibición de importación de dichos crustáceos establecida por el Reglamento (CE) n.º 1251/2008 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, por el que se aplica la Directiva 2006/88/CE del Consejo en lo referente a las condiciones y los requisitos de certificación para la comercialización y la importación en la Comunidad de animales de la acuicultura y productos derivados y se establece una lista de especies portadoras (DO 2008, L 337, p. 41), EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava), integrado por el Sr. A.M. Collins (Ponente), Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. R. Barents, Jueces; Secretario: Sr. E. Coulon; dicta la siguiente Sentencia Antecedentes del litigio 1        La demandante, Acquafarm, S.L., es una sociedad que opera en el sector de la acuicultura en España. 2        En julio de 2004, tras haber realizado los correspondientes trámites administrativos ante las autoridades locales y regionales de Andalucía para la ejecución de un proyecto de acuicultura que tenía por objeto un crustáceo de agua dulce procedente de Australia, el Cherax Quadricarinatus (en lo sucesivo, «especie en cuestión»), la demandante presentó una solicitud de financiación ante las autoridades regionales de Andalucía, en el marco del Reglamento (CE) n.º 1263/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo al instrumento financiero de orientación de la pesca (DO 1999, L 161, p. 54). 3        La demandante alega que efectuó importaciones a España de la especie en cuestión en diversas ocasiones, concretamente en octubre de 2004, en julio de 2005 y en marzo y abril de 2008. 4        En febrero de 2005, las autoridades locales concedieron a la demandante la licencia municipal de apertura de las instalaciones necesarias para la ejecución de su proyecto. 5        En febrero y en agosto de 2005, las autoridades regionales identificaron riesgos vinculados a la eventual liberación accidental de la especie en cuestión en el medio ambiente y solicitaron información adicional a la demandante. 6        En septiembre de 2005, la demandante remitió un escrito de alegaciones a las autoridades regionales, en el que indicaba, en particular, que la comercialización en vivo del Cherax Quadricarinatus era legal y, por tanto, constituía una actividad realizada efectivamente en el territorio de la Unión Europea. Observaba, además, que en Italia se habían autorizado instalaciones acuícolas para una especie próxima, que incluso habían sido financiadas mediante el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). 7        En noviembre de 2005, las autoridades regionales autorizaron el proyecto de acuicultura en cuestión. 8        En junio de 2006, sobre la base de la solicitud mencionada en el apartado 2 anterior, las autoridades regionales aprobaron con carácter provisional la concesión de una ayuda de aproximadamente 950 000 euros, de los cuales en torno a 866 000 euros fueron aprobados con carácter definitivo en diciembre de 2008 y en agosto de 2010, tras la finalización de las obras proyectadas por la demandante. 9        En septiembre de 2006, entró en vigor el Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DO 2006, L 223, p. 1). 10      En enero de 2009, entró en vigor el Reglamento (CE) n.º 1251/2008 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, por el que se aplica la Directiva 2006/88/CE del Consejo en lo referente a las condiciones y los requisitos de certificación para la comercialización y la importación en la Comunidad de animales de la acuicultura y productos derivados y se establece una lista de especies portadoras (DO 2008, L 337, p. 41). 11      En noviembre de 2010, la demandante presentó una segunda solicitud de financiación ante las autoridades regionales de Andalucía, basándose, en esta ocasión, en el Reglamento n.º 1198/2006. 12      En junio de 2011, estas autoridades regionales acordaron la concesión de la ayuda solicitada por un importe de aproximadamente 260 000 euros, que sería cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca y por las autoridades centrales y regionales españolas y cuyo otorgamiento quedaba sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones. 13      En mayo de 2012, las autoridades regionales concedieron un plazo adicional para la ejecución de las obras de las instalaciones objeto de la ayuda solicitada. 14      En una fecha indeterminada, pero, en cualquier caso, a más tardar en mayo de 2012, la demandante fue informada por un productor y exportador australiano de que la importación en el territorio de la Unión de la especie en cuestión como animales de acuicultura destinados a la cría procedentes de Australia no estaba autorizada por el anexo III del Reglamento n.º 1251/2008. 15      Mediante escrito de 20 de febrero de 2013, la demandante solicitó a la Comisión Europea una indemnización por los daños que alegaba haber sufrido como consecuencia de la falta de coordinación entre las autoridades españolas y la Unión y de la violación del principio de confianza legítima. 16      El 6 de mayo de 2013, la demandante remitió un escrito a las autoridades nacionales en el que solicitaba una indemnización por los daños que alegaba haber sufrido. 17      Mediante escrito de 14 de mayo de 2013, la Comisión respondió a la demandante, indicando que la gestión de la IFOP y del Fondo Europeo de Pesca pertenecían al ámbito de las competencias compartidas entre la Unión y las autoridades nacionales. Observó, además, que la gestión de los proyectos individuales incumbía a las autoridades nacionales y, a los efectos oportunos, remitió a éstas una copia del escrito. Procedimiento y pretensiones de las partes 18      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 28 de julio de 2016, la demandante interpuso el presente recurso. 19      La demandante solicita al Tribunal que: –        Declare la admisibilidad del recurso. –        Condene a la Unión y a la Comisión al pago de una indemnización por daños y perjuicios de 5 millones de euros. 20      La Comisión solicita al Tribunal que: –        Declare la inadmisibilidad del recurso. –        Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado. –        Condene en costas a la demandante. 21      El Tribunal (Sala Octava) decidió, de conformidad con el artículo 106, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento, resolver el recurso sin fase oral. Fundamentos de Derecho 22      En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en la existencia de responsabilidad extracontractual de la Unión. A su juicio, en el presente asunto concurren los tres requisitos constitutivos de tal responsabilidad, que son la ilegalidad del comportamiento de la Comisión, la existencia de un perjuicio y la existencia de una relación de causalidad entre la ilegalidad y el perjuicio. 23      Sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 130 del Reglamento de Procedimiento, la Comisión sostiene que el recurso es inadmisible porque la demandante no acreditó que se hubiera presentado en el plazo de cinco años establecido en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión alega que, en cualquier caso, el recurso es infundado. 24      Ha de recordarse que el Tribunal puede apreciar, en función de las circunstancias de cada asunto, si la buena administración de la justicia justifica que se desestime el recurso en cuanto al fondo, sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad (sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, apartados 50 a 52). En el presente asunto, el Tribunal estima oportuno pronunciarse en primer lugar sobre el fondo del recurso. Sobre la ilegalidad del comportamiento de la Comisión Alegaciones de las partes 25      En sustancia, las alegaciones de la demandante relativas al comportamiento supuestamente ilegal de la Comisión se pueden dividir en dos partes. Por un lado, censura la falta de coordinación entre la Comisión y las autoridades nacionales españolas en la gestión de las ayudas del Fondo Europeo de Pesca, que considera una competencia compartida. Por otro lado, invoca la violación del principio de protección de la confianza legítima. 26      En este contexto, la demandante alega que no es necesario demostrar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada, ya que dicho requisito se refiere fundamentalmente a la adopción de actos normativos, y que, en el presente asunto, ella invoca una infracción resultante de una acción u omisión singular. Sobre la misma base, la demandante cuestiona que sea necesario demostrar que se haya infringido una norma jurídica que confiera derechos a los particulares. 27      En la primera parte de sus alegaciones, que versa sobre una supuesta falta de coordinación, la demandante aduce que, si bien la competencia para la tramitación y el pago de las ayudas concretas relativas al Fondo Europeo de Pesca corresponde a las autoridades regionales de Andalucía, la Unión tiene una competencia de control. Sobre este particular, destaca que la Comisión se asegura de la conformidad del sistema de gestión y control nacional con el Derecho de la Unión y, por tanto, puede suspender los pagos o aplicar correcciones financieras. 28      A este respecto, en primer lugar, la demandante hace referencia al Reglamento n.º 1198/2006, cuyo considerando 12 indica que, sin perjuicio de las competencias de la Comisión, la ejecución y el control de las intervenciones competen, en primer lugar, a los Estados miembros. Observa, además, que, según el artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento, los objetivos del Fondo Europeo de Pesca se persiguen en el marco de una estrecha cooperación entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate. 29      En segundo lugar, la demandante invoca la Decisión C(2007) 6615 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de Pesca de España para el período de programación 2007-2013, que prevé la concesión de ayudas para la modernización de instalaciones de acuicultura. 30      En tercer lugar, la demandante hace referencia al Reglamento n.º 1251/2008, relativo a la comercialización y la importación de animales de la acuicultura, en virtud del cual no es posible importar a la Unión la especie objeto de su establecimiento acuícola. 31      En consideración a este marco normativo, la demandante reprocha sustancialmente a la Comisión que permitiera que se otorgasen ayudas para llevar a cabo un proyecto acuícola sobre una especie de crustáceos procedentes de Australia cuya importación estaba prohibida por la normativa de la Unión, sin tan siquiera haberle advertido acerca de tal hecho, del que tuvo conocimiento a través de su exportador. Alega que esto constituye un incumplimiento de la obligación de coordinación entre la Comisión y las autoridades nacionales españolas y, por tanto, un comportamiento ilegal a efectos del artículo 340 TFUE, párrafo segundo. 32      Respecto a la segunda parte de sus alegaciones, la demandante sostiene que este comportamiento ilegal constituye asimismo una violación del principio de protección de la confianza legítima. Aduce que, de hecho, la concesión de ayudas y el mantenimiento de las autorizaciones concedidas para la actividad de que se trata hicieron que albergase una confianza legítima en que la actividad que desarrollaba era perfectamente lícita. En particular, basa su pretensión en que una parte de la primera ayuda había sido aprobada definitivamente en agosto de 2010 y en que la decisión de conceder la segunda ayuda se había adoptado en junio de 2011, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento n.º 1251/2008, que prohibía la importación de la especie en cuestión procedente de Australia. 33      En último lugar, la demandante sostiene que tanto el Derecho como la jurisprudencia españoles confirman la obligación de la Unión de indemnizar los daños y perjuicios que ha sufrido. 34      La Comisión rechaza las alegaciones de la demandante. 35      En primer lugar, en cuanto al incumplimiento de la obligación de coordinación entre ella y las autoridades nacionales, la Comisión entiende que se le reprocha que no detectara la eventual improcedencia de la concesión de las ayudas. A este respecto, señala que el Derecho de la Unión no prevé un control ex ante. Sostiene, además, que no examina la legalidad de proyectos concretos, ni antes ni después de la concesión de la financiación por los Estados miembros, sino el buen funcionamiento del sistema de gestión y control implementado por éstos y observa que, aun cuando al efectuar este examen puede auditar proyectos concretos, tal auditoría no tendría por objeto comprobar la legalidad de un proyecto concreto, sino garantizar que los sistemas de verificación del gasto implementados por los Estados miembros son eficientes. Por último, pone de relieve que la segunda ayuda en cuestión finalmente no fue cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca, a pesar de lo que se había previsto inicialmente. 36      Asimismo, la Comisión alega que la demandante no ha demostrado que existiera una infracción suficientemente caracterizada, a saber, una inobservancia manifiesta y grave de los límites impuestos a su facultad de apreciación en lo concerniente a la obligación de coordinación. 37      La Comisión sostiene que, en cualquier caso, la obligación de coordinación invocada por la demandante no constituye una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. 38      En segundo lugar, respecto a la alegada violación del principio de protección de la confianza legítima, la Comisión admite que se trata de una norma que tiene por objeto conferir derechos a particulares. Aduce que, no obstante, ella no dio garantías precisas, incondicionales y concordantes sobre la legalidad de la actividad de que se trata ni de la importación a la Unión de la especie en cuestión. Sostiene que, de hecho, la concesión de las ayudas no puede equipararse al ofrecimiento de tales garantías por su parte, dado que ella no participa en la concesión ni examina la legalidad del proyecto. Apreciación del Tribunal 39      A tenor del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión debe reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 40      Según reiterada jurisprudencia, para que nazca la responsabilidad extracontractual de la Unión, con arreglo a la disposición antes mencionada, por comportamiento ilícito de sus instituciones o de sus órganos, es necesario que concurran una serie de requisitos: ilegalidad del comportamiento imputado a la institución o al órgano de la Unión, realidad del perjuicio y existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado (sentencias de 29 de septiembre de 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, apartado 16; de 14 de diciembre de 2005, Beamglow/Parlamento y otros, T‑383/00, EU:T:2005:453, apartado 95, y de 16 de diciembre de 2015, Chart/SEAE, T‑138/14, EU:T:2015:981, apartado 49). 41      Estos tres requisitos son acumulativos. Así, la falta de uno de ellos basta para desestimar el recurso de indemnización (sentencia de 16 de diciembre de 2015, Chart/SEAE, T‑138/14, EU:T:2015:981, apartado 50; véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de septiembre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión, C‑146/91, EU:C:1994:329, apartado 81, y de 20 de febrero de 2002, Förde-Reederei/Consejo y Comisión, T‑170/00, EU:T:2002:34, apartado 37). 42      En lo concerniente al requisito relativo al comportamiento ilegal imputado a la institución o al órgano de la Unión de que se trate, la jurisprudencia exige que se acredite una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, apartado 42). El criterio decisivo que permite considerar que una infracción es suficientemente caracterizada es la inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución u órgano de la Unión de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación. Cuando dicha institución o dicho órgano sólo dispone de un margen de apreciación considerablemente reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho de la Unión puede bastar para demostrar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada (sentencias de 10 diciembre de 2002, Comisión/Camar y Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, apartado 54, y de 12 de julio de 2001, Comafrica y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 y T‑225/99, EU:T:2001:184, apartado 134). 43      Procede señalar que el carácter general o particular del acto de una institución no constituye un criterio determinante para fijar los límites de la facultad de apreciación de que dispone la institución de que se trate (sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, apartado 46). 44      Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que el criterio de la infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica no sólo es aplicable cuando se trate de un acto normativo de la Unión, sino también cuando se trate de un acto individual o de una omisión individual. Incluso en este supuesto, el Juez de la Unión no puede limitarse a declarar la existencia de una mera ilegalidad, sino que debe constatar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada por parte de la institución demandada [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de abril de 2007, Holcim (Deutschland)/Comisión, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, apartado 49]. 45      Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 42 a 44, ha de desestimarse la alegación de la demandante de que en el presente asunto no es necesario demonstrar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares. 46      En lo que atañe a la primera parte de las alegaciones, en la que se sostiene la existencia de una falta de coordinación entre la Comisión y las autoridades nacionales, constitutiva de un comportamiento ilegal imputable a la Comisión, cabe señalar que, como resulta del apartado 20 del escrito de réplica, la demandante no reprocha a esta última la adopción del Reglamento n.º 1251/2008, que prohibía la importación a la Unión de la especie en cuestión procedente de Australia. Como se desprende, en particular, de los apartados 68 y 71 del escrito de demanda y del apartado 23 del escrito de réplica, reprocha a la Comisión que hubiera permitido que las autoridades nacionales concediesen ayudas para tal actividad o que no le hubiera advertido de que dicha actividad no era lícita. Así pues, en sustancia, la demandante reprocha a la Comisión una omisión o una abstención de actuar. 47      Se ha declarado que las omisiones de las instituciones de la Unión tan sólo hacen incurrir en responsabilidad a la Unión en la medida en que las instituciones hayan incumplido una obligación legal de actuar derivada de una disposición de Derecho de la Unión (sentencias de 15 de septiembre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión, C‑146/91, EU:C:1994:329, apartado 58, y de 13 de noviembre de 2008, SPM/Consejo y Comisión, T‑128/05, no publicada, EU:T:2008:494, apartado 128). 48      En el presente asunto, procede constatar que la demandante no identifica ninguna disposición de Derecho de la Unión que imponga a la Comisión la obligación de impedir la concesión de ayudas al proyecto de que se trata o de advertirle de que su actividad era ilícita. En efecto, ni el considerando 12 ni el artículo 8 del Reglamento n.º 1198/2006, citados por la demandante, contemplan tales obligaciones específicas. Estas disposiciones se limitan a hacer referencia a una cooperación estrecha entre la Comisión y los Estados miembros, precisando, además, que la ejecución y el control de las intervenciones competen, en primer lugar, a los Estados miembros. Asimismo, como fundadamente señala la Comisión en sus escritos, del artículo 10 del Reglamento n.º 1198/2006 resulta que la Comisión comprueba que existan sistemas de gestión y de control en los Estados y que éstos funcionen correctamente. Este reparto de las competencias se explicita en mayor medida, en particular, en los artículos 70 y 72 del Reglamento n.º 1198/2006. 49      Por consiguiente, de las disposiciones citadas por la demandante no resulta que la Comisión pueda ser considerada responsable del control de la legalidad de la financiación de proyectos concretos. Su función se limita a garantizar la existencia de sistemas de gestión y de control eficientes en los Estados miembros. 50      Respecto a la decisión por la que se aprueba el programa operativo de España (véase el anterior apartado 29) y al Reglamento n.º 1251/2008, citados por la demandante, baste señalar que esta última no hace referencia a ninguna disposición que imponga la obligación mencionada en los anteriores apartados 46 y 48. 51      A fin de resolver sobre el presente litigio, además de lo expuesto con anterioridad, procede tener en cuenta las dos consideraciones siguientes. 52      Por un lado, en relación con la primera solicitud de ayuda, presentada en julio de 2004 y concedida con carácter provisional en junio de 2006 por las autoridades regionales, consta que el Reglamento n.º 1251/2008, que prohibía la importación de la especie en cuestión procedente de Australia, entró en vigor en un fecha posterior. Por consiguiente, el hecho de que la aprobación definitiva de un tramo de esta ayuda tuviera lugar en agosto de 2010 es inoperante a efectos del presente recurso. Respecto a la segunda solicitud de ayuda, presentada en noviembre de 2010, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento n.º 1251/2008, la Comisión observa, sin que la demandante la contradiga, que dicha ayuda no fue objeto de cofinanciación efectiva por el Fondo Europeo de Pesca. Dadas estas circunstancias, en ningún caso se puede reprochar a la Comisión que incumpliera cualquier tipo de obligación de coordinación resultante del régimen aplicable al Fondo Europeo de Pesca. 53      Por otro lado, se ha de recordar que son en primer lugar los operadores económicos afectados quienes deben apreciar el marco jurídico aplicable a sus actividades, conforme a la máxima «la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento». Además, son las propias empresas quienes asumen el riesgo de una valoración errónea de su situación jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de enero de 2003, Alemania/Comisión, C‑512/99, EU:C:2003:40, apartados 59 a 64, y de 15 de julio de 2015, Socitrel y Companhia Previdente/Comisión, T‑413/10 y T‑414/10, EU:T:2015:500, apartado 304). Por consiguiente, la demandante no puede invocar su desconocimiento del Derecho de la Unión con el fin de dar lugar al nacimiento de una obligación de la Comisión de informarla de que su actividad había pasado a ser ilegal. 54      Así pues, habida cuenta de lo expuesto anteriormente, aun suponiendo que la obligación de coordinación se considerase una norma jurídica que confiriera derechos a los particulares, procede constatar que la demandante no ha demostrado que exista una infracción suficientemente caracterizada de dicha norma por parte de la Comisión. 55      En relación con la segunda parte de las alegaciones, según la jurisprudencia, el derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la administración de la Unión, al darle garantías concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas. Constituyen garantías de esa índole, cualquiera que sea la forma en que le hayan sido comunicados, los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes autorizadas y fiables. Por el contrario, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la administración no le ha dado unas garantías concretas. Además, resulta de la jurisprudencia que unas garantías que no tengan en cuenta las disposiciones aplicables no pueden crear una confianza legítima en el interesado, incluso suponiendo que sean probadas (sentencia de 8 de mayo de 2007, Citymo/Comisión, T‑271/04, EU:T:2007:128, apartado 138). 56      Asimismo, procede recordar que, si bien el principio de protección de la confianza legítima forma parte de los principios fundamentales de la Unión, los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones de la Unión (sentencia de 11 de julio de 1997, Oleifici Italiani/Comisión, T‑267/94, EU:T:1997:113, apartado 32). 57      En el presente asunto, basta constatar que la demandante no aporta ningún elemento que pueda ser calificado de garantías precisas, incondicionales y concordantes dadas por la Comisión y que acrediten sin ambigüedad que la actividad en cuestión era lícita. En efecto, las ayudas en cuestión, así como las autorizaciones para la actividad de la demandante, fueron concedidas por las autoridades nacionales, sin que la Comisión interviniera en la aprobación de proyectos concretos como el que es objeto de controversia, por lo que no se trata de actos de la Comisión. En relación con las ayudas, procede remitirse, además, a las consideraciones expuestas en el anterior apartado 52. 58      Por otra parte, puesto que nadie puede invocar una violación del principio de protección de la confianza legítima si la administración no le ha dado garantías concretas, la demandante no puede fundamentar su confianza legítima en la mera inactividad de la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, DEI/Comisión, T‑169/08 RENV, EU:T:2016:733, apartado 222), con mayor motivo si se tiene en cuenta que en los autos no consta ninguna indicación de que el proyecto en cuestión hubiera sido puesto en conocimiento de la Comisión en una fecha anterior a la del escrito de la demandante de 20 de febrero de 2013. 59      A este respecto, procede recordar que el principio de protección de la confianza legítima no puede ser invocado por una persona que es culpable de una infracción manifiesta de la normativa vigente. Por tanto, una empresa que adopte de forma deliberada un comportamiento contrario a la normativa en vigor no tiene derecho a invocar una violación de dicho principio so pretexto de que la institución de que se trate no le indicó que su comportamiento era contrario a dicha normativa (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2005, ThyssenKrupp/Comisión, C‑65/02 P y C‑73/02 P, EU:C:2005:454, apartado 41). En el presente asunto, se ha de constatar que la importación de la especie en cuestión procedente de Australia era manifiestamente contraria a las disposiciones del Reglamento n.º 1251/2008, a la luz de su anexo III. 60      En cualquier caso, aun suponiendo que la Comisión hubiera ofrecido garantías de que la actividad de importación de la especie en cuestión procedente de Australia fuera lícita, tales garantías serían contrarias a las disposiciones del Reglamento n.º 1251/2008 y, por tanto, no podrían servir de base para crear una confianza legítima en la demandante, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 55. 61      En último lugar, en relación con las alegaciones de la demandante fundadas en el Derecho español, cabe recordar que ninguna disposición confiere al juez de la Unión la competencia para apreciar en el marco de un recurso fundado, ya sea en el artículo 263 TFUE, ya en el artículo 340 TFUE, la legalidad de un acto o de un comportamiento de una institución de la Unión con arreglo al Derecho nacional. La circunstancia de que el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, establezca que la acción de responsabilidad extracontractual se rige por los «principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros» carece de pertinencia a este respecto. De dicha disposición resulta que, a fin de determinar la naturaleza y los requisitos de aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual de la Unión, el juez debe basarse en tales principios. En cambio, la referencia a tales principios no implica que el juez de la Unión pueda conocer de demandas fundadas en disposiciones de Derecho nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, Weissenfels/Parlamento, T‑684/15 P, no publicada, EU:T:2016:525, apartados 30 y 31). Por consiguiente, procede desestimar las alegaciones de la demandante basadas en el derecho nacional. 62      Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, procede desestimar las alegaciones relativas a la ilegalidad del comportamiento de la Comisión. Conclusión 63      Dado que los tres requisitos exigibles para generar la responsabilidad extracontractual de la Comisión son acumulativos, como se ha indicado en el apartado anterior 41, procede desestimar el recurso en su conjunto por ser infundado, sin que sea necesario examinar las alegaciones relativas al perjuicio sufrido y a la relación de causalidad ni pronunciarse sobre la causa de inadmisión formulada por la Comisión. Costas 64      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones de la Comisión. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava) decide: 1)      Desestimar el recurso. 2)      Acquafarm, S.L., cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea. Collins Kancheva Barents Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de noviembre de 2017. El Secretario El Presidente E. Coulon A.M. Collins *      Lengua de procedimiento: español.