Ayudas de Estado - Recurso de anulación - Admisibilidad - Acto que afecta individualmente a la demandante - Artículo 87 CE, apartado 1 - Acuerdos de aplazamiento y de devolución de deudas - Criterio del acreedor privado.

Asunto T‑36/99 Lenzing AG contra Comisión de las Comunidades Europeas «Ayudas de Estado – Recurso de anulación – Admisibilidad – Acto que afecte individualmente a la demandante – Artículo 87 CE, apartado 1 – Acuerdos de aplazamiento y de devolución de deudas – Criterio del acreedor privado» Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 21 de octubre de 2004 Sumario de la sentencia 1.     Procedimiento – Decisión que modifica durante el procedimiento la decisión impugnada – Razón nueva – Ampliación de las pretensiones y motivos iniciales 2.     Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Decisión de la Comisión que concluye un procedimiento en materia de ayudas – Empresa competidora de la empresa beneficiaria de la ayuda – Legitimación activa – Requisitos (Art. 88 CE, ap. 2) 3.     Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Carácter selectivo de la medida – Medida de alcance general que debe ser aplicada por un órgano administrativo dotado de una facultad discrecional a tal efecto – Inclusión (Art. 87 CE, ap. 1) 4.     Ayudas otorgadas por los Estados – Perjuicio para la competencia – Organismo público encargado de recaudar las cotizaciones de seguridad social que permite el retraso en el pago de dichas cotizaciones – Ventaja comercial apreciable – Exigencia de intereses y recargos de demora como contrapartida – Irrelevancia (Art. 87 CE, ap. 1) 5.     Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Actuación pública destinada a financiar los salarios e indemnizaciones adeudados a los trabajadores de una empresa y que otorga una ventaja a ésta – Condiciones de pago – Irrelevancia 6.     Ayudas otorgadas por los Estados – Decisión de la Comisión por la que se declara la compatibilidad de una medida nacional con el artículo 87 CE, apartado 1 – Aplicación por la Comisión del criterio del acreedor privado – Apreciación económica compleja – Control jurisdiccional – Límites (Art. 87 CE, ap. 1) 1.     Una modificación de la decisión impugnada realizada durante el procedimiento constituye un elemento nuevo que permite a la parte demandante adaptar sus motivos y pretensiones. (véase el apartado 54) 2.     Para poder afirmar que le afecta individualmente una decisión de la Comisión por la que se da por concluido el procedimiento incoado con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, en relación con una ayuda individual, una empresa no puede limitarse a invocar su condición de competidora de la empresa beneficiaria de la ayuda de que se trate, sino que además debe demostrar que, habida cuenta de su grado de participación eventual en el procedimiento y de la medida en que haya resultado afectada su posición en el mercado, se encuentra en una situación de hecho que la individualiza de manera análoga a la del destinatario. Por lo que se refiere a la medida en que resulta afectada la posición de la empresa demandante en el mercado, no compete al órgano jurisdiccional comunitario, en la fase de examen de la admisibilidad del recurso, pronunciarse con carácter definitivo sobre las relaciones de competencia entre ésta y las empresas beneficiarias de las ayudas. En este contexto, corresponde a la empresa demandante únicamente indicar de modo oportuno las razones por las que la decisión de la Comisión puede lesionar sus intereses legítimos al afectar sustancialmente a su posición en el mercado de referencia. (véanse los apartados 75 y 80) 3.     Las medidas de alcance puramente general no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1. Sin embargo, incluso las actuaciones que a primera vista son aplicables a la generalidad de las empresas pueden revestir cierto carácter selectivo y, en consecuencia, ser consideradas medidas destinadas a favorecer a determinadas empresas o producciones. Este caso se da, en especial, cuando la administración que debe aplicar la norma general dispone de una facultad discrecional a tal efecto. (véase el apartado 129) 4.     El comportamiento de un organismo público competente para recaudar las cuotas de la Seguridad Social que permite que éstas se paguen con retraso da a una empresa con dificultades financieras graves que se beneficie de ello una ventaja comercial apreciable, al mitigar, a su favor, la carga que deriva de la aplicación normal del régimen de Seguridad Social. Los recargos e intereses de demora que se impongan a la empresa no pueden determinar la íntegra desaparición de dicha ventaja. (véanse los apartados 137 y 139) 5.     Los salarios e indemnizaciones debidos a los trabajadores de una empresa forman parte de los costes normales de la actividad de ésta, que en principio está obligada a soportar con cargo a sus recursos propios. Por tanto, cualquier actuación pública destinada a financiar estos costes podrá constituir una ayuda siempre que tenga como consecuencia conceder una ventaja a la empresa, con independencia de que los pagos se realicen a ésta directamente o a sus trabajadores a través de un organismo público. (véase el apartado 146) 6.     Como la aplicación por parte de la Comisión del criterio del acreedor privado requiere una apreciación económica compleja, al igual que la aplicación del criterio del inversor privado, sólo debe ser objeto de un control limitado a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento y de motivación, de la exactitud material de los hechos tomados en consideración, de la falta de error manifiesto en la apreciación de dichos hechos o de la inexistencia de desviación de poder. (véase el apartado 150) SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada)de 21 de octubre de 2004(1) «Ayudas de Estado – Recurso de anulación – Admisibilidad – Acto que afecte individualmente a la demandante – Artículo 87 CE, apartado 1 – Acuerdos de aplazamiento y de devolución de deudas – Criterio del acreedor privado» parte demandante, contra parte demandada, parte coadyuvante, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta ampliada), dicta la siguiente En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada) García-Valdecasas Lindh Cooke Legal Martins Ribeiro El Secretario El Presidente H. Jung R. García-Valdecasas 1 – Lengua de procedimiento: alemán.