Zum Inhalt springen
Ansicht Kontext.

ra.de Urteile

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 — Obligación de motivación — Igualdad de trato — Principio de proporcionalidad — Margen de apreciación de la JUR — Excepción de ilegalidad — Base jurídica del Reglamento (UE) n.º 806/2014 — Margen de apreciación de la Comisión

ECLI: ECLI:EU:T:2024:33Entscheidung vom: 24.01.2024

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada) de 24 de enero de 2024 ( *1 ) «Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 — Obligación de motivación — Igualdad de trato — Principio de proporcionalidad — Margen de apreciación de la JUR — Excepción de ilegalidad — Base jurídica del Reglamento (UE) n.o 806/2014 — Margen de apreciación de la Comisión» En el asunto T‑405/21, Dexia Crédit Local, con domicilio social en París (Francia), representada por los Sres. H. Gilliams y J.‑M. Gollier, abogados, parte demandante, contra Junta Única de Resolución (JUR), representada por el Sr. J. Kerlin y la Sra. C. De Falco, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. H.‑G. Kamann, F. Louis, P. Gey y por la Sra. V. del Pozo Espinosa de los Monteros, abogados, parte demandada, apoyada por Parlamento Europeo, representado por los Sres. J. Étienne y O. Denkov, en calidad de agentes, por Consejo de la Unión Europea, representado por las Sras. E. d’Ursel y A. Westerhof Löfflerová, en calidad de agentes, y por Comisión Europea, representada por el Sr. D. Triantafyllou y la Sra. A. Steiblytė, en calidad de agentes, partes coadyuvantes, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada), integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y los Sres. G. De Baere, D. Petrlík (Ponente) y K. Kecsmár y la Sra. S. Kingston, Jueces; Secretario: Sr. L. Ramette, administrador; habiendo considerado los escritos obrantes en autos; celebrada la vista el 1 de marzo de 2023; dicta la siguiente Sentencia ( 1 ) 1 Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Dexia Crédit Local, solicita la anulación de la Decisión SRB/ES/2021/22 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 14 de abril de 2021, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 al Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), en lo que a ella se refiere. [omissis] III. Pretensiones de las partes 22 La demandante solicita, en esencia, al Tribunal General que: – Anule la Decisión impugnada en lo que a ella se refiere. – Condene en costas a la JUR. 23 La JUR solicita al Tribunal General que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a la demandante. – Con carácter subsidiario, en caso de que se anule la Decisión impugnada, mantenga los efectos de dicha Decisión hasta que sea sustituida o, al menos, durante un período de seis meses desde la fecha en que la sentencia sea firme. 24 El Parlamento Europeo solicita al Tribunal General que: – Desestime el recurso en cuanto que se basa en la excepción de ilegalidad del Reglamento n.o 806/2014 planteada en los motivos quinto y sexto. – Condene en costas a la demandante. 25 El Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal General que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a la demandante. 26 La Comisión solicita al Tribunal General que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a la demandante. IV. Fundamentos de Derecho [omissis] A.   Sobre las excepciones de ilegalidad del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento Delegado 2015/63 1. Sobre los motivos quinto y sexto del recurso, basados en excepciones de ilegalidad de las disposiciones del Reglamento n.o 806/2014 en relación con los Tratados 29 En primer lugar, la demandante alega que los artículos 5, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, con arreglo a los cuales la JUR determinó el objetivo de financiación anual y su aportación ex ante, son ilegales. Estas disposiciones se adoptaron sobre la base del artículo 114 TFUE, a pesar de que sustituyen a las autoridades nacionales de resolución competentes para el cálculo del nivel fijado como objetivo anual y de las aportaciones ex ante por una agencia europea independiente, la JUR, creada por dicho Reglamento. 30 En segundo lugar, según la demandante, las disposiciones cuya legalidad se impugna en el marco del sexto motivo, es decir, los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, como indicó en su respuesta a las preguntas escritas que le formuló el Tribunal General, constituyen «disposiciones fiscales» en el sentido del artículo 114 TFUE, apartado 2, de modo que no podían adoptarse sobre la base del apartado 1 de este artículo. En efecto, en la medida en que establecen la imposición de una obligación de pago de aportaciones ex ante, dichas aportaciones tienen carácter fiscal, puesto que no constituyen la remuneración real y proporcional de un servicio determinado. En efecto, la demandante no puede esperar ninguna contrapartida por su pago, habida cuenta, como confirmaron la Comisión y la JUR, de que su situación se rige por las disposiciones vigentes en el momento de su resolución, con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 2014/59, y de que no puede utilizarse ningún instrumento de resolución con respecto a ella en caso de inviabilidad. 31 Asimismo, las aportaciones ex ante solo persiguen objetivos de interés público, como declaró el Tribunal General en la sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR (T‑758/18, EU:T:2021:28), apartados 70 y 71. Pues bien, el objetivo de interés público consistente en garantizar la estabilidad financiera del sistema bancario no beneficia únicamente a las entidades sujetas a la obligación de pago de las aportaciones ex ante, sino a todos los operadores económicos de la Unión. 32 De ello resulta que solo el artículo 352 TFUE podría haber constituido una base jurídica para la adopción de los artículos 5, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014. 33 La JUR, el Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten estas alegaciones. 34 Con carácter preliminar, procede recordar que la elección de la base jurídica de un acto de la Unión debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control judicial, entre los que figuran la finalidad y el contenido de dicho acto [véase el dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017EU:C:2017:592, apartado 76 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 4 de septiembre de 2018, Comisión/Consejo (Acuerdo con Kazajistán)C‑244/17, EU:C:2018:662, apartado 36]. 35 Los actos legislativos adoptados sobre la base del artículo 114 TFUE, apartado 1, deben, por una parte, contener medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros y, por otra, tener por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior (sentencia de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo, C‑270/12, EU:C:2014:18, apartado 100). 36 Antes de nada, para examinar si los artículos 5, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 podían adoptarse sobre la base del artículo 114 TFUE, apartado 1, procede examinar si estas disposiciones cumplen los dos requisitos mencionados en el anterior apartado 35. 37 En primer lugar, es preciso recordar que el artículo 114 TFUE únicamente puede aplicarse como base jurídica cuando del propio acto jurídico se deriva objetiva y efectivamente que su finalidad es mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior (véase la sentencia de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo, C‑270/12, EU:C:2014:18, apartado 113 y jurisprudencia citada). 38 En el presente asunto, se desprende, en particular, de los considerandos 1 y 3 del Reglamento n.o 806/2014 y del considerando 1 de la Directiva 2014/59 que dicho Reglamento fue adoptado en un contexto de crisis económica y financiera, que reveló, en lo que respecta a la Unión, una falta de instrumentos adecuados para hacer frente de manera eficaz al riesgo que entrañaban las entidades con dificultades financieras, lo que obligaba a los Estados miembros a utilizar los recursos financieros públicos para apoyar a tales entidades. 39 Asimismo, del considerando 1 del Reglamento n.o 806/2014 se deduce que esta crisis puso de manifiesto las amenazas que pendían sobre el funcionamiento del mercado interior de los servicios bancarios y el riesgo creciente de fragmentación financiera. Ello constituía una verdadera fuente de preocupación en el mercado interior en el que los bancos debían poder realizar actividades transfronterizas importantes, y sin embargo se registraba una disminución de estas actividades, a causa del miedo al contagio. 40 Por otra parte, el legislador de la Unión subrayó, en los considerandos 2 a 4 y 12 del Reglamento n.o 806/2014, que las divergencias existentes entre las normas de resolución nacionales y las prácticas administrativas correspondientes, así como la falta de un proceso unificado de toma de decisiones en materia de resolución en la unión bancaria, agravaban la falta de confianza de los sistemas bancarios nacionales hacia los de otros Estados miembros, incluidos los Estados miembros no participantes en el MUR, y contribuían a la inestabilidad del mercado, al no garantizar la previsibilidad de las posibles repercusiones de la inviabilidad de un banco. Estas divergencias también podían encarecer los costes de financiación para algunos bancos y sus clientes únicamente a causa de su lugar de establecimiento y con independencia de su nivel real de solvencia. 41 Por último, el legislador de la Unión hizo referencia, en los considerandos 9 y 19 del Reglamento n.o 806/2014, a que, mientras las normas y las prácticas de resolución y los planteamientos de distribución de las cargas siguieran siendo nacionales y los recursos financieros necesarios para la financiación de los procedimientos de resolución se obtuvieran y gastaran a nivel nacional, no se rompería del todo el vínculo entre los Estados miembros y el sector bancario y el mercado interior seguiría fragmentado. Esta situación limitaba las actividades transfronterizas de los bancos y, por tanto, obstaculizaba el ejercicio de las libertades fundamentales y falseaba la competencia en el mercado interior. 42 A la vista de estas consideraciones, el Reglamento n.o 806/2014 pretende limitar el vínculo entre la percepción de la situación presupuestaria de los distintos Estados miembros y los costes de financiación de los bancos y las empresas que operan en cada uno de ellos, así como atribuir la responsabilidad de financiar la estabilización del sistema financiero al sector financiero en su conjunto. 43 Así, como indica su artículo 1, el Reglamento n.o 806/2014 establece, en particular, unas normas y un procedimiento uniformes, que deben ser aplicados por la JUR, para la resolución de entidades con el fin de paliar las amenazas mencionadas en los anteriores apartados 38 a 41. 44 Un elemento esencial de estas normas y de este procedimiento es el FUR, que permite, como se desprende de los artículos 67 y 76 del Reglamento n.o 806/2014 y del considerando 107 de este Reglamento, garantizar el ejercicio eficiente de las competencias de resolución y contribuir a la financiación de los instrumentos de resolución asegurando su aplicación efectiva. 45 Con el fin de garantizar los recursos financieros suficientes en el FUR, este se financia, a la vista de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 38 a 41, en particular, mediante las aportaciones ex ante abonadas por las entidades y cuyo importe depende del nivel fijado como objetivo final y de los principales métodos de cálculo establecidos en los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014. 46 Por consiguiente, el pago de estas aportaciones, tal como se determina de conformidad con los mencionados artículos, garantiza la aplicación eficaz de unas normas y un procedimiento uniformes para la resolución de entidades. Las normas que fijan dichas aportaciones permiten, a su vez, como se desprende de los considerandos 12 y 19 del mismo Reglamento, evitar que prácticas nacionales divergentes obstaculicen el ejercicio de las libertades fundamentales o falseen la competencia en el mercado interior. 47 Por otro lado, el legislador de la Unión subrayó, en los considerandos 11, 31 y 39 del Reglamento n.o 806/2014, que la aplicación uniforme del régimen de resolución en los Estados miembros participantes se ve reforzada por las funciones confiadas a la JUR, que fue establecida específicamente para garantizar la celeridad y eficacia del proceso de toma de decisiones en materia de resolución y también debe velar por que se tenga debidamente en cuenta la estabilidad financiera nacional y la de la Unión, así como el mercado interior. En este contexto, el artículo 5 de dicho Reglamento establece que la JUR debe ser considerada una autoridad nacional de resolución, en el sentido de la Directiva 2014/59, cuando ejerza funciones y competencias atribuidas a tal autoridad nacional de resolución. Así pues, esta disposición permite a la JUR actuar plenamente como órgano decisorio en el ámbito de la resolución en el seno de la unión bancaria y, por tanto, teniendo en cuenta también las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 38 a 41, tiene la finalidad de mejorar el funcionamiento del mercado interior. 48 Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que el objetivo del Reglamento n.o 806/2014, en particular de sus artículos 5, 69 y 70, es mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior. 49 En segundo lugar, procede recordar que, mediante la expresión «medidas relativas a la aproximación», que figura en el artículo 114 TFUE, los autores del Tratado FUE han querido conferir al legislador de la Unión, en función del contexto general y de las circunstancias específicas de la materia que deba armonizarse, un margen de apreciación en cuanto a la técnica de aproximación más adecuada para lograr el resultado deseado, en especial en los ámbitos que se caracterizan por particularidades técnicas complejas (véase la sentencia de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo, C‑270/12, EU:C:2014:18, apartado 102 y jurisprudencia citada). 50 Por lo tanto, el legislador de la Unión, al elegir la técnica de armonización y habida cuenta del margen de apreciación de que dispone en lo que respecta a las medidas contempladas en el artículo 114 TFUE, puede delegar en un órgano u organismo de la Unión competencias para la ejecución de la armonización que se pretende. Así sucede, en particular, cuando las medidas que hayan de adoptarse deban estar respaldadas por una competencia profesional y técnica especial y por la capacidad de reacción de tal entidad (sentencia de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo, C‑270/12, EU:C:2014:18, apartado 105). 51 En este contexto, por un lado, procede señalar que, como se desprende de los anteriores apartados 38 a 42, las medidas que deban adoptarse en el ámbito de la resolución deben basarse en unos conocimientos técnicos y profesionales específicos. Por otro lado, como se deduce de las consideraciones expuestas en el anterior apartado 47, la JUR fue creada con el fin de garantizar y reforzar la aplicación de unas normas y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades. En estas circunstancias, el legislador de la Unión podía establecer, en el artículo 5 del Reglamento n.o 806/2014, que la JUR debía ser considerada una autoridad nacional de resolución, en el sentido de la Directiva 2014/59, cuando ejercía funciones y competencias atribuidas a tal autoridad nacional de resolución y podía confiarle las competencias para fijar, con arreglo a los artículos 69 y 70 de dicho Reglamento, el importe de las aportaciones ex ante y para gestionar los recursos financieros del FUR de conformidad con el artículo 67, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento. 52 Además, como se desprende de los anteriores apartados 45 y 46, los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 constituyen un elemento esencial de las normas y del procedimiento de resolución de entidades, que contribuye a evitar que prácticas nacionales divergentes obstaculicen el ejercicio de las libertades fundamentales o falseen la competencia en el mercado interior. 53 Asimismo, como resulta del anterior apartado 47, el artículo 5 del Reglamento n.o 806/2014 incluye una medida relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de resolución, que refuerza la aplicación uniforme de las normas y del procedimiento de resolución de entidades. 54 En estas circunstancias, los artículos 5, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 pueden considerarse disposiciones relativas a la aproximación de las disposiciones de los Estados miembros en materia de resolución de entidades en la unión bancaria. 55 Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la demandante de que la creación de la JUR por el Reglamento n.o 806/2014 no cumple los requisitos establecidos en la sentencia de 2 de mayo de 2006, Reino Unido/Parlamento y Consejo (C‑217/04, EU:C:2006:279), apartados 44 y 45. 56 En la sentencia de 2 de mayo de 2006, Reino Unido/Parlamento y Consejo (C‑217/04, EU:C:2006:279), el Tribunal de Justicia señaló que las funciones confiadas a un organismo encargado de contribuir a alcanzar una armonización deben estar estrechamente ligadas a las materias que eran objeto de actos de aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, siendo así, «en particular», cuando el organismo así creado prestaba a las autoridades nacionales o a los operadores una asistencia que tenía repercusiones sobre la puesta en práctica homogénea de los instrumentos de armonización y que podía facilitar su aplicación (sentencia de 2 de mayo de 2006, Reino Unido/Parlamento y Consejo, C‑217/04, EU:C:2006:279, apartado 45). 57 Al presentar estas últimas precisiones, el Tribunal de Justicia puso de relieve las características del asunto del que conocía, que permitían, en las circunstancias de dicho asunto, considerar que las funciones del organismo en cuestión estaban estrechamente ligadas a las materias objeto del acto de aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros de que se trataba. 58 Tal estrecha aproximación entre las funciones confiadas a la JUR y la materia regulada por el Reglamento n.o 806/2014 también existe en el presente asunto. En efecto, las funciones encomendadas a la JUR por este Reglamento, tal como se describen en el anterior apartado 51, se inscriben en el contexto de la creación de la unión bancaria, que requería un reglamento uniforme, completo y detallado relativo a los servicios financieros, como indicó el legislador de la Unión en el considerando 5 de dicho Reglamento. En este contexto, como se desprende del considerando 35 del citado Reglamento, la JUR desempeña un papel importante al garantizar la coherencia entre las prácticas de supervisión y resolución en toda la Unión. Además, de conformidad con los artículos 31, apartado 1, y 70, apartado 2, de ese mismo Reglamento, en el ejercicio de sus funciones, la JUR cooperará estrechamente con las autoridades nacionales de resolución, también a efectos del cálculo de las aportaciones ex ante. Por lo tanto, las funciones que el Reglamento n.o 806/2014 confía a la JUR inciden en la aplicación homogénea de los instrumentos de armonización y pueden facilitar su aplicación. 59 En estas circunstancias, la demandante no puede alegar que las funciones encomendadas a la JUR no están estrechamente ligadas a las materias que son objeto de actos de aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en la materia de que se trata. 60 De todas las consideraciones anteriores se infiere que los artículos 5, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 cumplen las condiciones enunciadas en el artículo 114 TFUE, apartado 1. 61 En segundo lugar, la demandante sostiene que los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, en la medida en que establecen la obligación de abonar aportaciones ex ante, tienen carácter fiscal en el sentido del artículo 114 TFUE, apartado 2, y, por tanto, no pueden adoptarse sobre la base del artículo 114 TFUE, apartado 1. 62 El artículo 114 TFUE, apartado 2, establece que el apartado 1 de dicho artículo no se aplicará, en particular, a las «disposiciones fiscales». 63 Por lo que respecta a la interpretación del término «disposiciones fiscales», es necesario señalar que el Tratado FUE no contiene una definición de este concepto (véase, en ese sentido, la sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/Consejo, C‑338/01, EU:C:2004:253, apartado 63). 64 Dicho esto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que una tasa abonada por los operadores económicos de un sector determinado no tiene carácter fiscal en una situación en la que, en particular, se destina solamente a la financiación de los gastos de dicho sector y en la que tales gastos son necesarios para el funcionamiento de este último, con el fin, en particular, de estabilizarlo (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, EU:C:1989:303, apartados 9 y 10). 65 Pues bien, este razonamiento se aplica también en el caso de las aportaciones ex ante, que siguen un sistema de tipo contributivo y que son abonadas por los operadores económicos de un sector determinado con el fin de financiar exclusivamente los gastos de dicho sector. 66 Así pues, por lo que respecta a la naturaleza de las aportaciones ex ante, ya se ha señalado en el anterior apartado 38 que el Reglamento n.o 806/2014 se adoptó en un contexto de crisis económica y financiera que había revelado, en lo que respecta a la Unión, una falta de instrumentos adecuados para hacer frente de manera eficaz al riesgo que entrañaban las entidades con dificultades financieras, lo que obligaba a los Estados miembros a utilizar los recursos financieros públicos para apoyar a tales entidades. El MUR pretende evitar los daños derivados de la inviabilidad que sufren las entidades en tales crisis, ya que la inviabilidad de las entidades en un solo Estado miembro puede afectar a la estabilidad de los mercados financieros en su conjunto, como se desprende de los considerandos 8 y 12 de dicho Reglamento. 67 En este contexto, el legislador de la Unión consideró que incumbía al sector financiero en su conjunto financiar la estabilización del sistema financiero, como se desprende, en particular, del considerando 100 del Reglamento n.o 806/2014. 68 Desde este punto de vista, la naturaleza específica de las aportaciones ex ante consiste, como confirman los considerandos 105 a 107 de la Directiva 2014/59 y el considerando 41 del Reglamento n.o 806/2014, en garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 113). 69 Por consiguiente, de conformidad con el artículo 67, apartados 2 y 4, y el considerando 61 del Reglamento n.o 806/2014, las aportaciones ex ante se recaudan de los operadores económicos del sector financiero para alimentar el FUR, al que se puede recurrir únicamente a efectos de la aplicación eficiente de los instrumentos de resolución y del ejercicio eficiente de las competencias de resolución cuando tales medidas resulten necesarias para alcanzar el objetivo de estabilidad financiera de este sector. 70 A este respecto, procede señalar que, como se desprende del artículo 1 del Reglamento n.o 806/2014, las medidas mencionadas en el anterior apartado 69 solo se aplican a las entidades obligadas a abonar las aportaciones ex ante. 71 Es cierto que el Reglamento n.o 806/2014 no establece ninguna relación automática entre el pago de la aportación ex ante y la resolución de la entidad de que se trate. Esta es la razón por la que las aportaciones ex ante no pueden considerarse primas de seguro cuya mensualización y reembolso son posibles (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR,T‑758/18, EU:T:2021:28, apartados 70 y 73). 72 No es menos cierto que las entidades se benefician doblemente del FUR, que se financia precisamente mediante sus aportaciones ex ante. 73 Por un lado, cuando las entidades están en graves dificultades o probablemente vayan a estarlo, su situación financiera puede regularizarse en el marco de un procedimiento de resolución que puede iniciarse en su favor si también se cumplen los demás requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014. Así, este procedimiento permite utilizar recursos financieros del FUR en beneficio de dichas entidades, teniendo en cuenta que tales recursos se han alimentado con sus aportaciones. 74 Por otro lado, todas las entidades se benefician de sus aportaciones ex ante a través de la estabilidad del sistema financiero, que está garantizada por el FUR. 75 En efecto, el riesgo cubierto por el FUR es el que el conjunto del sector financiero hace correr a la estabilidad del sistema financiero (sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR, T‑758/18, EU:T:2021:28, apartado 72). 76 De ello se deduce que el FUR pretende, no desde una perspectiva fiscal, sino contributiva, garantizar la estabilidad del sector financiero en su conjunto, con el objetivo de asegurar una protección contra su propia crisis en beneficio de todas las entidades. 77 Por otro lado, esta finalidad de tipo contributivo se refleja también en el cálculo de las aportaciones ex ante, dado que estas no resultan de la aplicación de un tipo porcentual a una base dada, sino, conforme a los artículos 102 y 103 de la Directiva 2014/59 y a los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, de la definición de un nivel fijado como objetivo final, más un objetivo anual, el cual se reparte a continuación entre las entidades (véase, a este respecto, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 113). Este reparto del nivel fijado como objetivo anual se basa, en particular, como también se deduce del considerando 109 del Reglamento n.o 806/2014, en el riesgo que representa cada entidad para la estabilidad del sistema financiero, lo que incita a las entidades a adoptar formas de funcionamiento menos arriesgadas. 78 De lo anterior se desprende que las entidades abonan las aportaciones ex ante siguiendo un sistema de tipo contributivo, entendiéndose que estas contribuciones se destinan directa y únicamente a la financiación de los gastos del sector financiero al que pertenecen y que tales gastos son necesarios para el funcionamiento de este sector, con el fin, en particular, de estabilizarlo en caso de incumplimiento de determinadas entidades y de limitar los efectos de contagio. 79 Por consiguiente, las disposiciones del Reglamento n.o 806/2014 que obligan a las entidades a abonar aportaciones ex ante y precisan la metodología para su cálculo, en particular sus artículos 69 y 70, no constituyen «disposiciones fiscales» en el sentido del artículo 114 TFUE, apartado 2. 80 Esta conclusión no queda desvirtuada por la argumentación de la demandante. 81 Por un lado, por los motivos expresados en los anteriores apartados 72 a 74, procede desestimar la alegación de la demandante de que no recibe ninguna contrapartida por el pago de las aportaciones ex ante. 82 Por otro lado, tampoco puede prosperar la alegación de la demandante de que la estabilidad financiera es un objetivo de interés público que no beneficia únicamente a las personas sujetas a la obligación de pago de las aportaciones ex ante. En efecto, tal circunstancia no incide en el sistema de tipo contributivo de las aportaciones ex ante, dado que estas aportaciones abonadas por las entidades se destinan directa y únicamente a la financiación de los gastos del sector financiero al que pertenecen y que tales gastos resultan necesarios para el funcionamiento de dicho sector. 83 En tercer lugar, la demandante sostiene que el Reglamento n.o 806/2014 debería haberse adoptado sobre la base del artículo 352 TFUE, que es una disposición equivalente al artículo 127 TFUE, apartado 6, que constituía la base jurídica del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63). 84 El artículo 352 TFUE tiene por objeto suplir la inexistencia de poderes de acción conferidos expresa o implícitamente a las instituciones de la Unión por disposiciones específicas de los Tratados, en la medida en que dichos poderes resulten no obstante necesarios para que la Unión pueda ejercer sus funciones con vistas a alcanzar alguno de los objetivos establecidos por los mencionados Tratados [dictamen 2/94 (Adhesión de la Comunidad al CEDH), de 28 de marzo de 1996, EU:C:1996:140, apartado 29; véase también la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Parlamento/Consejo, C‑166/07, EU:C:2009:499, apartado 41 y jurisprudencia citada]. 85 De ello resulta que el recurso al artículo 352 TFUE queda excluido cuando existe una base jurídica específica para la adopción de un acto de la Unión. 86 Pues bien, por un lado, de los anteriores apartados 38 a 54 se desprende que las disposiciones cuya legalidad se impugna, es decir, los artículos 5, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, cumplen los requisitos establecidos en el artículo 114 TFUE, apartado 1, en la medida en que cada uno de ellos incluye una medida relativa a la aproximación de las legislaciones y normativas en materia de resolución y en la medida en que tienen por objeto mejorar el funcionamiento del mercado interior. Por otro lado, de los anteriores apartados 62 a 79 se deduce que los artículos 69 y 70 de dicho Reglamento, cuya legalidad se impugna, no constituyen «disposiciones fiscales» en el sentido del artículo 114 TFUE, apartado 2. 87 Por consiguiente, tales medidas pueden vincularse a las competencias atribuidas a las instituciones de la Unión para legislar sobre la base del artículo 114 TFUE con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior. 88 En estas circunstancias, el artículo 352 TFUE no constituye una base jurídica adecuada para la adopción de los artículos 5, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014. 89 Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar los motivos quinto y sexto. [omissis] B.   Sobre los motivos del recurso referidos a la legalidad de la Decisión impugnada [omissis] 3. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 69, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 por la Decisión impugnada [omissis] 207 Para apreciar si la JUR infringió el artículo 69, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 al calcular el objetivo de financiación anual en la Decisión impugnada, el Tribunal General debe comenzar por examinar de oficio si dicha Decisión está suficientemente motivada en lo que atañe al cálculo de dicho objetivo. 208 A este respecto, procede recordar que una falta o insuficiencia de motivación constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el juez de la Unión (véase la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 34 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, el Tribunal General puede, e incluso debe, tener en cuenta también otros defectos de motivación distintos de los invocados por la demandante, en particular, cuando estos se manifiesten durante el procedimiento. 209 A tal fin, mediante una diligencia de ordenación del procedimiento y en la vista, se oyó a las partes sobre todos los eventuales defectos de motivación de que pudiera adolecer la Decisión impugnada en lo que respecta al cálculo del objetivo de financiación anual. 210 Precisado lo anterior, procede recordar que, de conformidad con el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, al término del período inicial, los recursos financieros disponibles del FUR deberán alcanzar el nivel fijado como objetivo final, que corresponderá como mínimo un 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes. 211 Según el artículo 69, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, durante el período inicial, las aportaciones ex ante deben escalonarse de la manera más uniforme posible hasta alcanzar el nivel fijado como objetivo final mencionado en el anterior apartado 210, pero teniendo debidamente en cuenta la fase del ciclo económico y las repercusiones que las aportaciones procíclicas puedan tener en la posición financiera de las entidades. 212 El artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 señala que, cada año, las aportaciones debidas por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes no deben exceder del 12,5 % del nivel fijado como objetivo final. 213 Por lo que respecta al método de cálculo de las aportaciones ex ante, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que la JUR determinará su importe sobre la base del nivel fijado como objetivo anual, atendiendo al nivel fijado como objetivo final, y sobre la base del importe medio de los depósitos con cobertura correspondientes al año anterior, calculado trimestralmente, de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes. 214 Del mismo modo, según el artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, la JUR determinará la aportación ex ante de cada entidad sobre la base del nivel fijado como objetivo anual, que debe establecerse por referencia al nivel fijado como objetivo final y de conformidad con el método establecido en el Reglamento Delegado 2015/63. 215 En el presente asunto, como se desprende del considerando 48 de la Decisión impugnada, la JUR cifró, para el período de contribución de 2021, el importe del nivel fijado como objetivo anual en 11287677212,56 euros. 216 En los considerandos 36 y 37 de dicha Decisión, la JUR explicó, en esencia, que el nivel fijado como objetivo anual debía partir de un análisis de la evolución de los depósitos con cobertura en años anteriores, de cualquier evolución pertinente de la situación económica y de un análisis de los indicadores relativos a la fase del ciclo económico y de las repercusiones que las aportaciones procíclicas puedan tener en la situación financiera de las entidades. A continuación, la JUR consideró apropiado fijar un coeficiente basado en este análisis y en los recursos financieros disponibles en el FUR (en lo sucesivo, «coeficiente»). La JUR aplicó este coeficiente a una octava parte del importe medio de los depósitos con cobertura en 2020, con el fin de obtener el nivel fijado como objetivo anual. 217 La JUR expuso el método que había seguido para determinar el coeficiente en los considerandos 38 a 47 de la Decisión impugnada. 218 En el considerando 38 de la misma Decisión, la JUR observó una tendencia constante al alza de los depósitos con cobertura de todas las entidades de los Estados miembros participantes. En particular, el importe medio de estos depósitos, calculado trimestralmente, para el año 2020 ascendía a 6,689 billones de euros. 219 En los considerandos 40 y 41 de la Decisión impugnada, la JUR ofreció un pronóstico de la evolución de los depósitos con cobertura durante los tres años restantes del período inicial, a saber, de 2021 a 2023. Estimó que las tasas anuales de crecimiento de los depósitos con cobertura hasta el final del período inicial se situarían entre el 4 % y el 7 %. 220 En los considerandos 42 a 45 de la Decisión impugnada, la JUR presentó una evaluación de la fase del ciclo económico y del efecto procíclico potencial que las aportaciones ex ante podrían tener en la situación financiera de las entidades. Para ello, señaló que había tomado en consideración varios indicadores, como la previsión de la Comisión del crecimiento del producto interior bruto, las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) a este respecto y el flujo de crédito del sector privado en porcentaje del producto interior bruto. 221 En el considerando 46 de la Decisión impugnada, la JUR concluyó que, si bien era razonable esperar que se mantuviera el crecimiento de los depósitos con cobertura en la unión bancaria, el ritmo de este crecimiento iba a ser inferior al del año 2020. A este respecto, la JUR indicó, en el considerando 47 de dicha Decisión, que había adoptado un «enfoque prudente» en lo referente a las tasas de crecimiento de los depósitos con cobertura en los años siguientes hasta 2023. 222 Habida cuenta de estas consideraciones, la JUR fijó, en el considerando 48 de la Decisión impugnada, el coeficiente en un 1,35 %. A continuación, calculó el importe del nivel fijado como objetivo anual, multiplicando el importe medio de los depósitos con cobertura en 2020 por dicho coeficiente y dividiendo el resultado de ese cálculo por ocho, de conformidad con la siguiente fórmula matemática que figura en el considerando 48 de la citada Decisión: «Objetivo0 [importe del objetivo de financiación anual] = Total de depósitos con cobertura2020 * 0,0135 * ⅛ = 11287677212,56 euros». 223 De las explicaciones de la JUR en la vista se desprende, en esencia, que determinó el objetivo de financiación anual para el período de contribución 2021 como se expone a continuación. 224 En primer lugar, sobre la base de un análisis prospectivo, la JUR fijó el importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes, previsto para el final del período inicial, en unos 7,5 billones de euros. Para obtener este importe, la JUR tomó en consideración el importe medio de los depósitos con cobertura en 2020, es decir, 6,689 billones de euros, una tasa de crecimiento anual de los depósitos con cobertura del 4 % y el número de períodos de contribución restantes hasta el final del período inicial, a saber, tres. 225 En segundo lugar, con arreglo al artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, para obtener el importe estimado del nivel fijado como objetivo final que debía alcanzarse el 31 de diciembre de 2023, la JUR calculó el 1 % de esos 7,5 billones de euros, esto es, alrededor de 75000 millones de euros. 226 En tercer lugar, la JUR dedujo de este último importe los recursos financieros ya disponibles en el FUR en 2021, es decir, alrededor de 42000 millones de euros, para obtener el importe que quedaba por percibir durante los períodos de aportación restantes antes de que finalizara el período inicial, a saber, de 2021 a 2023. Dicho importe ascendía a unos 33000 millones de euros. 227 En cuarto lugar, la JUR dividió este último importe entre tres para repartirlo uniformemente entre los tres períodos de contribución restantes. De este modo, el nivel fijado como objetivo anual para el período de contribución de 2021 se fijó en el importe mencionado en el anterior apartado 215, a saber, unos 11287 millones de euros. 228 La JUR también afirmó, en la vista, que había hecho pública determinada información en la que se basaba el método descrito en los apartados 224 a 227 de la presente sentencia y que habría permitido a la demandante comprender el método mediante el que se había calculado el nivel fijado como objetivo anual. En particular, señaló que había publicado en su sitio de Internet, en mayo de 2021, es decir, con posterioridad a la adopción de la Decisión impugnada, pero con anterioridad a la interposición del presente recurso, una ficha técnica denominada «Fact Sheet 2021» (en lo sucesivo, «ficha técnica»), que indicaba el importe estimado del nivel fijado como objetivo final. Asimismo, la JUR afirmó que el importe de los recursos financieros disponibles en el FUR también estaba disponible en su sitio de Internet, así como en otras fuentes públicas, bastante antes de la adopción de la Decisión impugnada. 229 Para examinar si la JUR cumplió su obligación de motivación en lo que atañe al cálculo del nivel fijado como objetivo anual, procede recordar que, por lo que respecta al contenido de la obligación de motivación, de la jurisprudencia se desprende que la motivación de una decisión adoptada por una institución u órgano de la Unión debe, en particular, estar exenta de contradicciones, de modo que permita a los interesados conocer los verdaderos motivos de tal decisión, con el fin de defender sus derechos ante el órgano jurisdiccional competente, y a este ejercer su función de control (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 169 y jurisprudencia citada; de 22 de septiembre de 2005, Suproco/Comisión, T‑101/03, EU:T:2005:336, apartados 20 y 45 a 47, y de 16 de diciembre de 2015, Grecia/Comisión, T‑241/13, EU:T:2015:982, apartado 56). 230 Del mismo modo, cuando el autor de la Decisión impugnada facilita determinadas explicaciones sobre los motivos de dicha Decisión en el marco del procedimiento ante el juez de la Unión, estas explicaciones deben ser coherentes con las consideraciones expuestas en la citada Decisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de septiembre de 2005, Suproco/Comisión, T‑101/03, EU:T:2005:336, apartados 45 a 47, y de 13 de diciembre de 2016, Printeos y otros/Comisión, T‑95/15, EU:T:2016:722, apartados 54 y 55). 231 En efecto, si las consideraciones expuestas en la Decisión impugnada no son coherentes con las explicaciones proporcionadas en el procedimiento judicial, la motivación de dicha Decisión no cumple las funciones recordadas en los anteriores apartados 181 y 182. En particular, tal incoherencia impide, por un lado, que los interesados conozcan los verdaderos motivos de la Decisión impugnada, con anterioridad a la interposición del recurso, y preparen su defensa atendiendo a ellos y, por otro lado, que el juez de la Unión identifique los motivos que han servido de verdadero fundamento jurídico a la mencionada Decisión y examine su conformidad con las normas aplicables. 232 Por último, procede recordar que, cuando la JUR adopta una decisión por la que se fijan las aportaciones ex ante, debe poner en conocimiento de las entidades afectadas el método de cálculo de dichas aportaciones (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 122). 233 Lo mismo debe suceder con el método de cálculo del nivel fijado como objetivo anual, cuyo importe reviste una importancia esencial en la lógica de una decisión de este tipo. En efecto, como se desprende del artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, el método de cálculo de las aportaciones ex ante consiste en repartir dicho importe entre todas las entidades afectadas, de modo que un incremento o una reducción de ese mismo importe da lugar al correspondiente incremento o reducción de la aportación ex ante de cada una de esas entidades. 234 De lo anterior se deduce que la JUR está obligada a proporcionar a las entidades, mediante la Decisión impugnada, explicaciones relativas al método de cálculo del nivel fijado como objetivo anual, pero tales explicaciones deben ser coherentes con las facilitadas por la JUR durante el procedimiento judicial y deben referirse al método realmente aplicado. 235 Ahora bien, esto no sucede en el presente asunto. 236 En efecto, procede señalar, antes de nada, que la Decisión impugnada incluye, en el considerando 48, una fórmula matemática que se presentaba como base para el cálculo del nivel fijado como objetivo anual. Pues bien, esta fórmula no integra los elementos del método realmente aplicado por la JUR expuesto en la vista. En efecto, como se desprende de los apartados 224 a 227 de la presente sentencia, la JUR obtuvo el importe del nivel fijado como objetivo anual, con arreglo a dicho método, deduciendo del nivel fijado como objetivo final los recursos financieros disponibles en el FUR, con el fin de calcular el importe que quedaba por percibir hasta el final del período inicial y dividiendo este último importe por tres. Pues bien, estas dos etapas del cálculo no se plasman de modo alguno en dicha fórmula matemática. 237 Por otra parte, esta observación no queda desvirtuada por la afirmación de la JUR de que había publicado, en mayo de 2021, la ficha técnica, que contenía un rango que indicaba los eventuales importes del nivel fijado como objetivo final y, en su sitio de Internet, el importe de los recursos financieros disponibles en el FUR. En efecto, con independencia de si la demandante tenía realmente conocimiento de esos importes, estos no le permitían, por sí solos, saber que la JUR efectivamente había aplicado las dos operaciones mencionadas en el apartado 236 de la presente sentencia, debiendo precisarse, además, que la fórmula matemática que figura en el considerando 48 de la Decisión impugnada ni siquiera los mencionaba. 238 Existen otras incoherencias similares que también afectan al modo en que se fijó el coeficiente del 1,35 %, que, sin embargo, desempeña un papel primordial en la fórmula matemática mencionada en el anterior apartado 237. Efectivamente, podría entenderse que este coeficiente se basa, entre otros parámetros, en la previsión de crecimiento de los depósitos con cobertura durante los años restantes del período inicial. Pues bien, esto es incoherente con las explicaciones proporcionadas por la JUR en la vista, de las que se infiere que dicho coeficiente se fijó de forma que pudiera justificar el resultado del cálculo del importe del nivel fijado como objetivo anual, es decir, después de que la JUR hubiera calculado dicho importe aplicando las cuatro etapas expuestas en los anteriores apartados 224 a 227 y, en particular, dividiendo entre tres el importe resultante de deducir del nivel fijado como objetivo final los recursos financieros disponibles en el FUR. Pues bien, lo anterior no se desprende de modo alguno de la Decisión impugnada. 239 Además, debe recordarse que, según la ficha técnica, la estimación del importe del nivel fijado como objetivo final se situaba en un rango comprendido entre 70000 y 75000 millones de euros. Pues bien, este rango resulta incoherente con el de la tasa de crecimiento de los depósitos con cobertura de entre el 4 % y el 7 % que figura en el considerando 41 de la Decisión impugnada. En efecto, la JUR señaló en la vista que, a efectos de calcular el nivel fijado como objetivo anual, había tomado en consideración la tasa de crecimiento del 4 % de los depósitos con cobertura —que era la más baja del segundo rango mencionado— y que, de este modo, había estimado el nivel objetivo final en 75000 millones de euros, que constituía el valor más alto del primer rango. Así pues, resulta que existe una discordancia entre ambos rangos. En efecto, por un lado, el rango relativo a la tasa de evolución de los depósitos con cobertura incluía asimismo valores superiores al 4 %, cuya aplicación habría dado como resultado un importe estimado del nivel fijado como objetivo final superior a los incluidos en el rango relativo a este nivel. Por otro lado, es imposible que la demandante comprenda la razón por la que la JUR incluyó en el rango relativo al nivel fijado como objetivo importes inferiores a 75000 millones de euros. En efecto, para obtener este importe, habría sido necesario aplicar una tasa inferior al 4 %, que, sin embargo, no está comprendido en el rango relativo a la tasa de crecimiento de los depósitos con cobertura. En estas circunstancias, la demandante no estaba en disposición de comprender el modo en que la JUR había empleado el rango relativo a la tasa de evolución de esos depósitos para calcular el nivel fijado como objetivo final estimado. 240 De ello se deduce que, por lo que respecta a la determinación del nivel fijado como objetivo anual, el método realmente aplicado por la JUR, tal como se expuso en la vista, no se corresponde con el descrito en la Decisión impugnada, de modo que ni las entidades ni el Tribunal General podían identificar, sobre la base de la Decisión impugnada, los verdaderos motivos por los que se fijó ese nivel. 241 Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que la Decisión impugnada adolece de vicios de motivación en lo que se refiere al cálculo del objetivo de financiación anual. 242 Por lo tanto, procede anular la Decisión impugnada por dicho motivo, ya que tal falta de motivación impide al Tribunal General examinar el fundamento del primer motivo. [omissis] En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada) decide: 1) Anular la Decisión SRB/ES/2021/22 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 14 de abril de 2021, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 al Fondo Único de Resolución en lo que respecta a Dexia Crédit Local. 2) Mantener los efectos de la Decisión SRB/ES/2021/22, en lo que respecta a Dexia Crédit Local, hasta la entrada en vigor, en un plazo razonable que no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia, de una nueva decisión de la JUR por la que se fije la contribución ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) de dicha entidad para el período de contribución 2021. 3) La JUR cargará, además de con sus propias costas, con las de Dexia Crédit Local. 4) El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas. Kornezov De Baere Petrlík Kecsmár Kingston Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de enero de 2024. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: francés. ( 1 ) Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână