Energía — Mercado interior de la electricidad — Reglamento (UE) 2017/2195 — Decisión de la ACER sobre la modificación de la metodología para la fijación de precios para la energía de balance — Imposición de un límite temporal a los precios — Recurso interpuesto ante la Sala de Recurso de la ACER — Condiciones y procedimientos específicos de los recursos — Artículos 28, apartado 1, y 29 del Reglamento (UE) 2019/942 — Inadmisibilidad por falta de legitimación activa ante la Sala de Recurso — Excepción de ilegalidad — Igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva — Inexistencia de afectación individual — Cualidades o situaciones de hecho no invocadas — Plazo para recurrir — Inexistencia de error excusable

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera ampliada) de 25 de junio de 2025 ( *1 ) «Energía — Mercado interior de la electricidad — Reglamento (UE) 2017/2195 — Decisión de la ACER sobre la modificación de la metodología para la fijación de precios para la energía de balance — Imposición de un límite temporal a los precios — Recurso interpuesto ante la Sala de Recurso de la ACER — Condiciones y procedimientos específicos de los recursos — Artículos 28, apartado 1, y 29 del Reglamento (UE) 2019/942 — Inadmisibilidad por falta de legitimación activa ante la Sala de Recurso — Excepción de ilegalidad — Igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva — Inexistencia de afectación individual — Cualidades o situaciones de hecho no invocadas — Plazo para recurrir — Inexistencia de error excusable» En el asunto T‑95/23, RWE Supply & Trading GmbH, con domicilio social en Essen (Alemania), representada por los Sres. U. Scholz y H. Weßling y por la Sra. M. von Armansperg, abogados, parte demandante, contra Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), representada por los Sres. P. Martinet, E. Tremmel y G. Bertrand, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. R. van der Hout, la Sra. J. Wiemer y el Sr. C. Wagner, abogados, parte demandada, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera ampliada), integrado por el Sr. M. van der Woude, Presidente, y la Sra. P. Škvařilová-Pelzl (Ponente), el Sr. I. Nõmm, la Sra. G. Steinfatt y el Sr. D. Kukovec, Jueces; Secretario: Sr. P. Cullen, administrador; habiendo considerado los escritos obrantes en autos; celebrada la vista el 9 de septiembre de 2024; dicta la siguiente Sentencia 1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, RWE Supply & Trading GmbH, solicita, con carácter principal, la anulación de la Decisión A‑002‑2022 de la Sala de Recurso de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), de 9 de diciembre de 2022 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), por la que se declara inadmisible el recurso que había interpuesto contra la Decisión n.o 03/2022 de la ACER, de 25 de febrero de 2022, sobre la modificación de la metodología para la fijación de precios para la energía de balance y la capacidad interzonal de intercambio utilizadas para el intercambio de energía de balance o para la operación del proceso de compensación de desequilibrios (en lo sucesivo, «Decisión inicial»), en la medida en que, en ella, la ACER había fijado, para un período de cuarenta y ocho meses contados desde el 1 de julio de 2022, un límite al precio al que los proveedores de servicios de balance, como es la propia demandante, podían intercambiar energía de balance en las plataformas europeas PICASSO y MARI, y, subsidiariamente, la anulación de la Decisión inicial. Antecedentes del litigio 2 Mediante su Decisión n.o 01/2020, de 24 de enero de 2020, la ACER adoptó, a propuesta de los gestores de las redes de transporte (en lo sucesivo, «GRT»), una metodología para la fijación de precios para la energía de balance y la capacidad interzonal de intercambio utilizadas para el intercambio de energía de balance o para la operación del proceso de compensación de desequilibrios (en lo sucesivo, «metodología controvertida») que establecía, en particular, que los precios del suministro de energía de balance no podían ser superiores ni inferiores a un límite técnico de precios de más o menos 99999 euros por megavatio hora (MWh). 3 El 2 de junio de 2021, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (en lo sucesivo, «REGRT de Electricidad») elaboró, en nombre de todos los GRT, una propuesta de modificación de la metodología controvertida para sustituir el límite técnico de precios existente por un límite de precios de un importe de más o menos 15000 euros/MWh (en lo sucesivo, «propuesta de los GRT»). Dicha propuesta iba acompañada de una nota explicativa de 28 de mayo de 2021. 4 Cuando la REGRT de Electricidad le transmitió la propuesta de los GRT para su aprobación, la ACER procedió, el 13 de octubre de 2021, a una consulta pública en su sitio de Internet e invitó a los actores del mercado interesados a presentar sus observaciones a dicha propuesta antes del 10 de noviembre de 2021. La demandante participó en dicha consulta pública, presentando observaciones a todas las cuestiones planteadas por la ACER y un dictamen jurídico sobre la propuesta de los GRT. 5 Del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2021, la ACER presentó para consulta, a los GRT, la REGRT de Electricidad y las autoridades reguladoras de los Estados miembros (en lo sucesivo, «ARN»), una versión, modificada por ella misma, de la propuesta de los GRT, que había transmitido previamente a aquellos, acompañada de una justificación de las modificaciones. 6 Mediante la Decisión inicial, adoptada el 25 de febrero de 2022 y publicada en su sitio de Internet el 28 de febrero de 2022, la ACER rechazó la propuesta de los GRT, al entender que no cumplía los requisitos del artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el balance eléctrico (DO 2017, L 312, p. 6), y ordenó que se mantuviera en vigor el límite técnico existente a los precios, de un importe de más o menos 99999 euros/MWh. Sin embargo, mediante el anexo I de la Decisión inicial, la ACER modificó la metodología controvertida, imponiendo un límite temporal a los precios, de un importe de más o menos 15000 euros/MWh y aplicable exclusivamente a los intercambios de energía de balance en las plataformas europeas PICASSO y MARI, para un período de cuarenta y ocho meses contados desde el 1 de julio de 2022. 7 El 27 de abril de 2022, la demandante recurrió contra la Decisión inicial ante la Sala de Recurso de la ACER (en lo sucesivo, «Sala de Recurso»). 8 Mediante la Decisión impugnada, la Sala de Recurso declaró la inadmisibilidad del recurso presentado por la demandante contra la Decisión inicial, al entender que la demandante carecía de legitimación activa para interponerlo, en virtud del artículo 28, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO 2019, L 158, p. 22), ya que no era destinataria de la Decisión inicial y que esta no la afectaba individualmente. Pretensiones de las partes 9 La demandante solicita al Tribunal General que: – Con carácter principal, anule la Decisión impugnada. – Subsidiariamente, anule la Decisión inicial. – Condene en costas a la ACER. 10 La ACER solicita al Tribunal General, en esencia, que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a la demandante. Fundamentos de Derecho Sobre la pretensión principal, de anulación de la Decisión impugnada 11 En apoyo de la pretensión principal, de anulación de la Decisión impugnada, la demandante invoca, en esencia, tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942, el segundo, en la infracción del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y, el tercero, en la violación del principio de tutela judicial efectiva, tal como se enuncia en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en los principios generales de Derecho de la Unión. 12 La ACER solicita que se desestime por infundada la pretensión principal. 13 Procede comenzar por el examen del segundo motivo. Segundo motivo, basado en que la infracción del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto 14 La demandante estima que, en la Decisión impugnada, la Sala de Recurso infringió el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, cuando consideró que la propia demandante carecía de legitimación activa para interponer recurso ante ella, siendo así que la Decisión inicial era un acto reglamentario que la afectaba directamente y no incluía medidas de ejecución. 15 La demandante sostiene que, en la Decisión impugnada, la Sala de Recurso acertó, atendiendo a la jurisprudencia, al declarar que la Decisión inicial constituía un acto reglamentario que la afectaba directamente y no incluía medidas de ejecución y que, por tanto, era impugnable ante el juez de la Unión Europea, a efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Afirma que, en el presente recurso, tampoco la ACER discute este extremo. 16 Sin embargo, según la demandante, la Sala de Recurso erró al considerar en la Decisión impugnada que la propia demandante carecía de legitimación para interponer recurso ante ella contra la Decisión inicial, habida cuenta del tenor del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942. Según afirma que corroboran tanto la doctrina como la jurisprudencia, no es posible, mediante las condiciones y los procedimientos específicos de aplicación del procedimiento de recurso administrativo previo instaurado dentro de la ACER al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo quinto, restringir indebidamente la legitimación activa para recurrir contra un acto reglamentario y, en definitiva, la tutela judicial efectiva que entiende que le otorgaba el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, sin infringir con ello el artículo 47, párrafo primero, de la Carta, al reabrir la laguna en la tutela judicial de los justiciables de la Unión que dicha disposición precisamente pretendía colmar. Entiende que la referida tutela judicial no puede variar por el mero hecho de que determinadas instituciones de la Unión hayan delegado algunas de sus facultades en órganos u organismos externos. 17 Según la demandante, el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 podía y debía interpretarse, a la luz del contexto y el objetivo perseguido por los autores de los Tratados de colmar una laguna que existía en la tutela judicial, en un sentido conforme con la tutela judicial conferida por el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Afirma que, en la medida en que, según entiende que se desprende del considerando 34 y el artículo 29 del Reglamento 2019/942 y de la jurisprudencia, el agotamiento del procedimiento administrativo interno constituye un prerrequisito para poder interponer recurso ante el juez de la Unión (pues ante este solo pueden impugnarse las decisiones de la Sala de Recurso), cualquier restricción al derecho de recurso ante dicha Sala equivale a la restricción del derecho de recurso ante el juez de la Unión. Añade que no cabe sostener, so pena, si se atiende a la jurisprudencia, de pasar por alto los principios de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva que se enuncian en los artículos 20 y 47 de la Carta y el principio de economía procesal y de menoscabar la eficacia del procedimiento de recurso interno ante la ACER, que ella tenía legitimación activa para interponer directamente ante el Tribunal General recurso de anulación contra la Decisión inicial al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Por lo demás, recuerda que la propia Sala de Recurso declaró en la Decisión impugnada que la inexistencia de ese derecho de recurso resultaba «insatisfactoria». 18 La ACER rebate las alegaciones de la demandante y solicita, en esencia, que se desestime el segundo motivo. 19 En el apartado 35 de la réplica, la demandante indica que, «mediante su segundo motivo, invoca la infracción [del tercer supuesto contemplado en] el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, por la negativa a admitir que [ella] se ve afectada individualmente, y no la infracción del artículo 28, apartado 1, del Reglamento [2019/942], como aduce la demandada» en el apartado 52 del escrito de contestación. 20 De ello deduce la ACER en el apartado 33 de la dúplica que, «debido a esa aclaración por la demandante, el segundo motivo resulta ser manifiestamente infundado, pues en el presente asunto no es posible concebir una infracción del tercer supuesto [contemplado en el] artículo 263 [TFUE], párrafo cuarto», ya que dicha disposición no era de aplicación al recurso administrativo que la demandante interpuso ante la Sala de Recurso. 21 A tal respecto, el juez de la Unión ya ha admitido que la presentación de motivos por su esencia, más que por su calificación jurídica, podía bastar, siempre que dichos motivos se dedujeran de la demanda con suficiente claridad (véanse las sentencias de 23 de septiembre de 2004, Italia/Comisión, C‑297/02, no publicada, EU:C:2004:550, apartado 57 y jurisprudencia citada, y de 24 de septiembre de 2015, Italia y España/Comisión, T‑124/13 y T‑191/13, EU:T:2015:690, apartado 33 y jurisprudencia citada; sentencia de 19 de enero de 2017, Comisión/Frieberger y Vallin, T‑232/16 P, no publicada, EU:T:2017:15, apartado 33). 22 Además, de conformidad con la jurisprudencia, se permite considerar que se ha propuesto implícitamente una excepción de ilegalidad en la medida en que se desprenda de forma relativamente clara del recurso que la demandante formula de hecho tal imputación (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de junio de 1996, Baiwir/Comisión, T‑262/94, EU:T:1996:75, apartado 37; de 27 de noviembre de 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento, T‑829/16, EU:T:2018:840, apartado 66, y de 21 de diciembre de 2022, Falke/Comisión, T‑306/21, EU:T:2022:834, apartado 30). 23 Pues bien, del contenido del segundo motivo, desarrollado en los apartados 75 a 104 de la demanda y en los apartados 35 a 49 de la réplica, se desprende que la demandante sostiene, en esencia, que, para ser conforme con el principio de tutela judicial efectiva y con el artículo 47 de la Carta, en la aplicación que hace de este el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto (que le confiere legitimación activa ante el juez de la Unión para solicitar la anulación de cualquier acto que, como la Decisión inicial, sea un acto reglamentario que la afecte directamente y no incluya medidas de ejecución), y con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 20 de la Carta, la interpretación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 por la Sala de Recurso en la Decisión impugnada debería haber ido en el sentido de permitir que ante ella la propia demandante interpusiera recurso contra la referida Decisión. 24 Los razonamientos mencionados en el anterior apartado 23 deben entenderse en el sentido de que abarcan, en esencia, una imputación doble, basada ya en que la interpretación que la Sala de Recurso realizó en la Decisión impugnada del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 no es conforme con el principio de tutela judicial efectiva y con el artículo 47 de la Carta (en la aplicación que hace de este el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa) ni con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 20 de la Carta (primera imputación), ya en una excepción implícita de ilegalidad del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 por no ajustarse a esos mismos principios y artículos de la Carta (segunda imputación). 25 En respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento adoptada sobre la base de los artículos 89 y 90 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demandante confirmó que la demanda recogía implícitamente una excepción de ilegalidad del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942. 26 Dado que, en respuesta a otra diligencia de ordenación del procedimiento, la ACER objetó que la excepción de ilegalidad del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 se había propuesto extemporáneamente, al haberlo sido en la respuesta de la demandante a la diligencia de ordenación del procedimiento que le había dirigido el Tribunal General, y que debía, por tanto y de conformidad con la jurisprudencia derivada del apartado 23 de la sentencia de 15 de mayo de 2008, España/Consejo (C‑442/04, EU:C:2008:276), de los apartados 38 y 39 de la sentencia de 26 de junio de 2008, Alferink y otros/Comisión (T‑94/98, EU:T:2008:226), y de los apartados 64 a 66 de la sentencia de 24 de septiembre de 2008, Reliance Industries/Consejo y Comisión (T‑45/06, EU:T:2008:398), declararse su inadmisibilidad, es preciso señalar que las dos imputaciones mencionadas en el anterior apartado 24 se desprendían con suficiente claridad de los apartados 75 a 86, 102 y 103 de la demanda. Por lo tanto, procede desestimar la objeción formulada por la ACER y examinar en cuanto a su fondo esas dos imputaciones. 27 Con carácter preliminar, ha de advertirse que (como admiten las partes en sus escritos procesales y la Sala de Recurso en los apartados 40 y 50 de la Decisión impugnada) la Decisión inicial, aunque fuera adoptada en forma de decisión dirigida individualmente a los GRT de la región que abarca Bélgica, la República Checa, Alemania, Francia, Croacia, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia (en lo sucesivo, «región CORE»), es un acto reglamentario que afecta directamente a la demandante sin incluir medidas de ejecución, a efectos del tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, de modo que la demandante pertenece, con relación a dicha Decisión, a la categoría de personas físicas o jurídicas a que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. 28 Precisado lo anterior, ha de comprobarse si, como sostiene la demandante en la primera imputación, el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 debería haber sido interpretado por la Sala de Recurso, en la Decisión impugnada, en el sentido de que le confiere legitimación activa a la propia demandante para impugnar ante ella la Decisión inicial, con el fin de garantizar la conformidad de esa disposición con el principio de tutela judicial efectiva, el artículo 47 de la Carta (en la aplicación que hace de este el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa) y el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 20 de la Carta. 29 Según la jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión no puede conducir a vaciar de toda eficacia el tenor claro y preciso de esa disposición. Por lo tanto, cuando el sentido de tal disposición se desprende sin ambigüedad de su propio tenor, el juez de la Unión no puede apartarse de esa interpretación (véase la sentencia de 23 de noviembre de 2023, Ministarstvo financija, C‑682/22, EU:C:2023:920, apartado 31 y jurisprudencia citada). Según reiterada jurisprudencia, al interpretar una disposición del Derecho de la Unión, cuando su tenor no delimite explícitamente su alcance, hay que tener en cuenta su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 21 de enero de 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, apartado 34 y jurisprudencia citada). 30 A tenor del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942, que se refiere a las «decisiones [de la ACER] susceptibles de recurso», «cualquier persona física o jurídica, incluidas las [ARN], podrá recurrir una decisión [de la ACER] de las mencionadas en el artículo 2, letra d), [de dicho Reglamento] de la que sea destinataria o una decisión que, aunque revista la forma de una decisión destinada a otra persona, l[a] afecte directa e individualmente». 31 En el caso de autos, consta que la Decisión inicial, mediante la que la ACER se pronunció sobre las modificaciones de la metodología controvertida que habían propuesto los GRT de la región CORE de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra b), del Reglamento 2019/942, es una de las decisiones de la ACER contempladas en el artículo 2, letra d), de dicho Reglamento. 32 Del tenor claro y preciso del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 se desprende que la demandante, como persona jurídica que no es destinataria de la Decisión inicial (que, de conformidad con su artículo 2, está dirigida a los GRT de la región CORE), solo puede recurrir contra la citada Decisión si esta la afecta no solo directa, sino también individualmente. 33 Si bien es cierto que el requisito de la afectación individual que enuncia el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 debe interpretarse a la luz de los principios generales de Derecho de la Unión, tal como se garantizan en la Carta, esa interpretación no puede llevar a pasar por alto tal requisito, que el texto prevé expresamente, sin llegar a una interpretación contra legem. 34 A ese respecto, procede recordar, según reiterada jurisprudencia, que el recurso a una interpretación amplia únicamente es posible si es compatible con el tenor de la disposición de que se trate y que ni siquiera el principio de interpretación conforme con una norma de rango superior puede servir de base para una interpretación contra legem (véase el auto de 15 de diciembre de 2023, Stan/Fiscalía Europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, apartado 30 y jurisprudencia citada; véanse asimismo, por analogía, las sentencias de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, apartado 61, y de 5 de octubre de 2020, Brown/Comisión, T‑18/19, EU:T:2020:465, apartado 111). 35 Por lo tanto, procede declarar que es lícito que, en la Decisión impugnada, la Sala de Recurso no interpretara el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 en el sentido de que autorizaba a la demandante, como persona jurídica a efectos de dicha disposición, a interponer recurso ante la propia Sala de Recurso contra la Decisión inicial sin que tuviera que acreditar que se veía afectada por ella no solo directa, sino también individualmente. 36 Por consiguiente, procede desestimar por infundada la primera imputación. 37 Ha de proseguirse con el examen en cuanto al fondo de la segunda imputación, que se corresponde con la excepción implícita de ilegalidad mencionada en el anterior apartado 24. 38 A ese respecto, procede recordar que, según un principio general de interpretación, los actos de la Unión han de interpretarse, en la medida de lo posible, de tal manera que no se ponga en duda su validez (sentencias de 4 de octubre de 2001, Italia/Comisión, C‑403/99, EU:C:2001:507, apartado 37, y de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, C‑402/07 y C‑432/07, EU:C:2009:716, apartado 47). Asimismo, cuando una disposición de Derecho de la Unión pueda ser objeto de varias interpretaciones, debe darse prioridad a la que permite garantizar su efecto útil (sentencia de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, C‑402/07 y C‑432/07, EU:C:2009:716, apartado 47; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 1988, Land del Sarre y otros, 187/87, EU:C:1988:439, apartado 19 y jurisprudencia citada). 39 En el caso de autos, ha de señalarse que, en sus respuestas a las diligencias de ordenación del procedimiento que les había dirigido el Tribunal General, la ACER, subsidiariamente, y el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, con carácter principal, alegaron, en esencia, que el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 no era contrario al principio de tutela judicial efectiva ni al artículo 47 de la Carta (en la aplicación que hace de este el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto), ni tampoco al principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 20 de la Carta, porque no obstaba a que, en casos como el de autos, las personas físicas o jurídicas que no fueran destinatarias de un acto de la ACER de alcance general carente de medidas de ejecución y que se vieran directa pero no individualmente afectadas por dicho acto, a saber, la categoría de personas físicas o jurídicas a las que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, interpusieran directamente ante el Tribunal General recurso de anulación contra el citado acto. 40 Dado que la Decisión inicial es, por lo que a ella respecta, un acto reglamentario que la afecta directamente y no incluye medidas de ejecución a efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa (véase el anterior apartado 27), la demandante forma parte de la categoría de personas físicas o jurídicas a las que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, que, al igual que las otras dos categorías de personas físicas o jurídicas a que se refieren los supuestos primero y segundo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, a saber, las personas físicas o jurídicas destinatarias del acto o afectadas directa e individualmente por este, pueden interponer recurso contra él ante el juez de la Unión en las condiciones previstas en el artículo 263 TFUE, párrafos primero y segundo. 41 No obstante, el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, dispone que los actos por los que se crean órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellas. 42 A propuesta de la Comisión, el legislador de la Unión previó, en los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942, interpretados a la luz de su considerando 34, que las personas físicas o jurídicas destinatarias de los actos de la ACER o afectadas directa e individualmente por ellos deben disfrutar, por motivos de economía procesal, del derecho a recurrir ante la Sala de Recurso. 43 En ese contexto, y como se desprende de las respuestas que dieron a las diligencias de ordenación del procedimiento que el Tribunal General les había dirigido, el Parlamento, el Consejo y la Comisión estimaron que no procedía incluir, entre las personas físicas o jurídicas que, en virtud del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942, podían interponer recurso contra las decisiones de la ACER contempladas en el artículo 2, letra d), del citado Reglamento, a las personas físicas o jurídicas que pertenecen a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, puesto que, por regla general, la ACER adoptaba «decisiones individuales», con fundamento en el artículo 2, letra d), de dicho Reglamento, frente a las que dichas personas disponían de vía de recurso ante la Sala de Recurso. Según las respuestas de esas instituciones, si, como sucede en el caso de autos (véase el anterior apartado 27), la ACER llegara a adoptar un acto reglamentario, la vía de recurso prevista en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, quedaría directamente abierta. 44 Por lo que respecta a que, sobre ese particular, la demandante sostenga que, con arreglo al artículo 29 del Reglamento 2019/942, no podía impugnar directamente ante el Tribunal General la Decisión inicial basándose en el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, procede señalar que, cierto es, el artículo 29 del Reglamento 2019/942 dispone que «solo se podrá interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] contra una decisión emitida por la ACER en virtud [del citado Reglamento] si se ha agotado previamente el procedimiento de recurso [previo] contemplado en [su] artículo 28» y que esa disposición obliga a que las partes demandantes no privilegiadas soliciten al Tribunal General la anulación de las decisiones adoptadas por la Sala de Recurso (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2022, MEKH y FGSZ/ACER, T‑684/19 y T‑704/19, EU:T:2022:138, apartados 35 a 42). 45 No obstante, ha de señalarse que la sentencia de 16 de marzo de 2022, MEKH y FGSZ/ACER (T‑684/19 y T‑704/19, EU:T:2022:138), debe interpretarse a la luz de su contexto y, en particular, del hecho de que las partes demandantes en aquel asunto tuvieran indiscutiblemente legitimación activa ante la Sala de Recurso, pero no estuvieran legitimadas para impugnar ante el Tribunal General la legalidad de las decisiones iniciales de la ACER a la luz de los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942. 46 A ese respecto, dado que, por las razones expuestas en el anterior apartado 43, el legislador de la Unión no sometió a la categoría de personas físicas o jurídicas a la que pertenece la demandante al procedimiento de recurso previo contemplado en el artículo 28 del Reglamento 2019/942, no puede interpretarse que el agotamiento del citado procedimiento que exige su artículo 29 se aplique a dicha categoría. De ello se deduce que las personas físicas o jurídicas que pertenecen a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, no están comprendidas en el ámbito de aplicación del procedimiento obligatorio de recurso previo que instauran los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942 y que, a diferencia de las que pertenecen a las otras dos categorías contempladas en el artículo 28, apartado 1, de dicho Reglamento, deben recurrir directamente ante el Tribunal General contra los actos en cuestión de la ACER, de conformidad con el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa. 47 Ello se debe a que, tal como sostienen el Parlamento, el Consejo y la Comisión en sus respuestas a las diligencias de ordenación del procedimiento, el Reglamento 2019/942 no puede interpretarse en el sentido de que el legislador de la Unión quisiera someter al control de la Sala de Recurso todos los actos adoptados por la ACER, pues el ámbito material de aplicación del artículo 28 del citado Reglamento se limita a las decisiones individuales contempladas en su artículo 2, letra d). Por lo demás, el legislador de la Unión también siguió ese enfoque «híbrido» al crear órganos de recurso en otras agencias, según se desprende de los reglamentos por los que se crean los órganos de recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Junta Única de Resolución (JUR), la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ). 48 Ha de advertirse a ese respecto que, en sus respuestas a las diligencias de ordenación del procedimiento, el Parlamento, el Consejo y la Comisión subrayaron que la falta de referencia explícita en el Reglamento 2019/942 a la posibilidad de recurrir directamente ante el juez de la Unión en los casos en que no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del artículo 28 de dicho Reglamento carecía de incidencia, por entender que tal referencia habría sido puramente declarativa, ya que, para ser aplicable, el artículo 263 TFUE no tenía por qué transponerse al Derecho derivado de la Unión. 49 Por otra parte, la interpretación preconizada en el anterior apartado 46 no contradice el apartado 57 de la sentencia de 9 de marzo de 2023, ACER/Aquind (C‑46/21 P, EU:C:2023:182), en el que el Tribunal de Justicia declaró que «[los] órganos de recurso [de las agencias de la Unión] representa[ba]n un medio apropiado para proteger los derechos de las partes interesadas», puesto que esa afirmación no implica que el control ejercido por la Sala de Recurso de la ACER sea el único medio apropiado para proteger, frente a las decisiones de la ACER, los derechos de las personas físicas o jurídicas que no puedan recurrir ante dicha Sala al amparo del artículo 28 del Reglamento 2019/942. 50 Tal interpretación tampoco entra en contradicción con el considerando 34 del Reglamento 2019/942, que indica que, «en los casos en que la ACER disponga de competencias en materia de toma de decisiones, las partes interesadas, por motivos de economía procesal, deben disfrutar del derecho a recurrir ante una Sala de Recurso». Ese considerando debe interpretarse en relación con el texto de los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942 y con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 49, de lo que resulta que la Sala de Recurso representa un medio apropiado para proteger los derechos de las partes interesadas por los actos de la ACER, siempre que cumplan con los requisitos de admisibilidad mencionados en el referido Reglamento. Sin embargo, ni el considerando 34 del Reglamento 2019/942 ni la jurisprudencia antes citada pueden interpretarse en el sentido de que el recurso directo ante el juez de la Unión y sobre la base del artículo 263 TFUE por personas físicas o jurídicas que no están legitimadas para recurrir ante la Sala de Recurso al amparo del artículo 28 del referido Reglamento no sea un medio apropiado para controlar en primera instancia la legalidad de los actos de la ACER. 51 Aun cuando, como sostienen la ACER, el Parlamento, el Consejo y la Comisión en sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal General en la vista o a las diligencias de ordenación del procedimiento que les dirigió este, el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, reconoce al legislador de la Unión facultades de apreciación para decidir sobre condiciones y procedimientos específicos que deben establecerse respecto a los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a ellas, tal facultad tiene que ejercerse cumpliendo el Derecho primario y, en particular, los principios generales de Derecho de la Unión. 52 Por consiguiente, es preciso preguntarse, en primer lugar, si, como sostiene la demandante, la diferencia de trato establecida por el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 entre la categoría de personas físicas o jurídicas a la que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, y las demás categorías de personas físicas o jurídicas a las que se refieren los supuestos primero y segundo contemplados en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en cuanto a la posibilidad de recurrir ante la Sala de Recurso, es incompatible con el principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 20 de la Carta. 53 A ese respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la igualdad ante la ley, enunciada en el artículo 20 de la Carta, es un principio general del Derecho de la Unión que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado [véase la sentencia de 2 de septiembre de 2021, État belge (Derecho de residencia en caso de violencia doméstica), C‑930/19, EU:C:2021:657, apartado 57 y jurisprudencia citada]. 54 La exigencia relativa al carácter comparable de las situaciones para determinar si existe violación del principio de igualdad de trato debe valorarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan y, en especial, a la luz del objeto del acto que establece la distinción de que se trate y de la finalidad perseguida por él, entendiéndose que deben tenerse en cuenta, a estos efectos, los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca ese acto. Siempre y cuando las situaciones no sean comparables, una diferencia de trato de las situaciones de que se trate no vulnera la igualdad ante la ley establecida en el artículo 20 de la Carta [véase la sentencia de 2 de septiembre de 2021, État belge (Derecho de residencia en caso de violencia doméstica), C‑930/19, EU:C:2021:657, apartado 58 y jurisprudencia citada]. 55 En el caso de autos, procede valorar si, atendiendo al objeto y a la finalidad del sistema de recurso interno de la ACER que instauran los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942, la situación de una persona física o jurídica que pertenezca a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, y que desee interponer recurso de anulación contra una decisión de la ACER en virtud de dicho Reglamento es comparable con la de una persona física o jurídica que pertenezca a las demás categorías a las que se refieren los supuestos primero y segundo contemplados en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y que también desee interponer tal recurso. 56 Con carácter preliminar, procede recordar que, como ya ha tenido ocasión de confirmar el juez de la Unión, en la medida en que el legislador de la Unión pretendió dotar a la Sala de Recurso de la pericia necesaria para que pudiera proceder ella misma a valoraciones sobre hechos de carácter técnico y económico complejos relacionados con la energía, dicha Sala no está autorizada a ceñirse a ejercer un control limitado sobre las decisiones de la ACER. Antes al contrario, sustentándose en la competencia científica de sus miembros, dicha Sala de Recurso debe examinar si las alegaciones formuladas por la parte demandante son idóneas para demostrar que las consideraciones en las que se basa la decisión de la ACER adolecen de errores (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P, EU:C:2023:182, apartados 53 a 72, y de 18 de noviembre de 2020, Aquind/ACER, T‑735/18, EU:T:2020:542, apartados 45 a 71). 57 En ese marco, el juez de la Unión ha precisado que la creación de la Sala de Recurso se inscribía en un planteamiento global, adoptado por el legislador de la Unión, tendente a dotar a las agencias de la Unión de órganos de recurso cuando se les hubieran atribuido competencias decisorias sobre cuestiones complejas en el plano técnico o científico que pudieran afectar directamente a la situación jurídica de las partes interesadas. Esos órganos de recurso representan un medio apropiado para proteger los derechos de las partes interesadas en un contexto en el que, según reiterada jurisprudencia, dado que las autoridades de la Unión disponen de una amplia facultad de apreciación, en particular en cuanto a los hechos de carácter científico y técnico de gran complejidad, para determinar la naturaleza y el alcance de las medidas que adoptan, el control del juez de la Unión debe limitarse a examinar si el ejercicio de tal facultad de apreciación adolece o no de un error manifiesto o de desviación de poder o si tales autoridades sobrepasaron manifiestamente o no los límites de su facultad de apreciación (sentencia de 9 de marzo de 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P, EU:C:2023:182, apartados 56 y 57; véase, asimismo, la sentencia de 7 de marzo de 2013, Bilbaína de Alquitranes y otros/ECHA, T‑93/10, EU:T:2013:106, apartado 76 y jurisprudencia citada). 58 Por lo tanto, procede declarar que, al no permitir a personas físicas o jurídicas que, como la demandante, pertenecen a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, recurrir ante la Sala de Recurso, el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 está estableciendo una diferencia de trato, en la medida en que dichas personas únicamente podrán beneficiarse del control limitado de las decisiones de la ACER que ejerza el Tribunal General en lo que respecta a las valoraciones científicas, técnicas o económicas complejas relacionadas con la energía, mientras que las personas físicas o jurídicas que pertenecen a las categorías a las que se refieren los supuestos primero y segundo contemplados en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, podrán beneficiarse, en relación con dichas valoraciones científicas, técnicas o económicas, del pleno control que efectuará la Sala de Recurso. 59 Como alegaron, en esencia, la ACER, el Parlamento, el Consejo y la Comisión en las respuestas que dieron a las diligencias de ordenación del procedimiento que les había dirigido el Tribunal General, esa diferencia de trato en cuanto al acceso al pleno control efectuado por la Sala de Recurso está justificada, no obstante, por el vínculo más o menos intenso que mantienen con las decisiones de la ACER las diferentes categorías de personas físicas o jurídicas interesadas. Mientras las personas físicas o jurídicas que pertenecen a las categorías a las que se refieren los supuestos primero y segundo contemplados en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, están individualizadas por las citadas decisiones, pues estas las tienen por destinatarias o les atañen de manera análoga a lo que harían con el destinatario, debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que las caracteriza en relación con cualesquiera otras personas (sentencias de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, y de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, apartado 93), no sucede así en el caso de las personas físicas o jurídicas que pertenecen a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. 60 Así pues, esa diferencia de trato, basada en los criterios objetivos establecidos en el artículo 28 del Reglamento 2019/942, está justificada porque está en relación con un fin legalmente admisible perseguido por la legislación en cuestión y es proporcionada al objetivo perseguido por dicho trato (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 1977, Bela-Mühle Bergmann, 114/76, EU:C:1977:116, apartado 7, y de 16 de diciembre de 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, C‑127/07, EU:C:2008:728, apartado 47). 61 Efectivamente, el empleo de los criterios objetivos fijados por el legislador de la Unión en el artículo 28 del Reglamento 2019/942 está en relación con el fin perseguido por dicha disposición, que consiste en establecer un sistema de vías administrativas de recurso para categorías concretas de actos de la ACER y de personas físicas o jurídicas que mantengan un vínculo intenso con ellos. 62 Habida cuenta del vínculo menos intenso que mantienen con las «decisiones individuales» de la ACER en relación con las personas físicas o jurídicas que pertenecen a las categorías a las que se refieren los supuestos primero y segundo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, resulta justificado y apropiado que personas físicas o jurídicas que, como la demandante, pertenezcan a la categoría a que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, solo dispongan de la posibilidad de obtener un control limitado de las citadas decisiones ante el Tribunal General, debiendo precisarse que, a diferencia de las pertenecientes a las otras dos categorías, las citadas personas no están sujetas ni a la obligación que impone el artículo 29 del Reglamento 2019/942 de agotar el procedimiento de recurso previo previsto en su artículo 28 (véase el anterior apartado 45) ni al procedimiento de previa admisión a trámite de los recursos de casación del artículo 58 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 63 Además, según la jurisprudencia, para que pueda achacarse al legislador de la Unión haber violado el principio de igualdad de trato, es preciso que haya tratado de manera diferente situaciones comparables, dando lugar a una desventaja para determinadas personas en relación con otras (sentencias de 13 de julio de 1962, Klöckner-Werke y Hoesch/Alta Autoridad, 17/61 y 20/61, EU:C:1962:30, p. 652, y de 16 de diciembre de 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, C‑127/07, EU:C:2008:728, apartado 39). 64 A ese respecto, no puede considerarse que el control directo que efectúa el Tribunal General ponga en desventaja a las personas físicas o jurídicas que, con relación a un acto de la ACER, no se encuentren en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 28 del Reglamento 2019/942. 65 Ello se debe a que el hecho de que se haya considerado que el examen de un acto de la ACER por la Sala de Recurso es un medio apropiado para proteger los derechos de personas físicas o jurídicas que mantienen un vínculo intenso con dicho acto, en un contexto en el que las autoridades de la Unión disponen de una amplia facultad de apreciación, en particular en cuanto a los hechos de carácter científico y técnico de gran complejidad, para determinar la naturaleza y el alcance de las medidas que adoptan (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P, EU:C:2023:182, apartado 57), no puede interpretarse en el sentido de que un recurso directo ante el Tribunal General y basado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no pueda considerarse asimismo un medio apropiado para proteger los derechos de las personas físicas o jurídicas que mantienen un vínculo menos intenso con ese mismo acto. 66 De ello se deduce que el legislador de la Unión estableció en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 una diferencia de trato justificada entre personas físicas o jurídicas que no se encuentran en una situación idéntica o comparable con relación a las decisiones de la ACER y, por tanto, no tienen que estar sujetas a las mismas condiciones o los mismos procedimientos específicos por lo que se refiere a los recursos que interponen contra las citadas decisiones, de modo que no puede entenderse que esa diferencia de trato viole el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 20 de la Carta. 67 En segundo lugar, es preciso preguntarse si, como sostiene la demandante, la imposibilidad de que las personas físicas o jurídicas que, como ella, pertenezcan a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, recurran ante la Sala de Recurso viola el principio de tutela judicial efectiva y el artículo 47 de la Carta (en la aplicación que hace de este el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto). 68 A tenor del artículo 47 de la Carta, toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el citado artículo. De ese modo, tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que el derecho de acceso a un tribunal no es un derecho absoluto, sino que puede comportar restricciones proporcionadas que persigan un objetivo legítimo y no menoscaben dicho derecho en su esencia (véase el auto de 6 de abril de 2017, PITEE/Comisión, C‑464/16 P, no publicado, EU:C:2017:291, apartado 31 y jurisprudencia citada). De conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, solo estarán justificadas las limitaciones al derecho a la tutela judicial efectiva si son establecidas por la ley, respetan el contenido esencial del citado derecho y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, son necesarias y responden efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (sentencias de 4 de mayo de 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, apartado 160, y de 15 de septiembre de 2016, Star Storage y otros, C‑439/14 y C‑488/14, EU:C:2016:688, apartado 49). 69 En el presente asunto, como ya se ha señalado (véanse los anteriores apartados 45 y 66), se desprende de una lectura conjunta del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942, interpretados a la luz del principio general de interpretación que se ha recordado en el anterior apartado 38, que las personas físicas o jurídicas que, como la demandante, pertenezcan a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, pueden interponer directamente ante el Tribunal General recurso contra las decisiones de la ACER. 70 A ese respecto, ha de señalarse que, en la medida en que siga abierta la vía del recurso de anulación ante el Tribunal General, no podrá considerarse que el legislador de la Unión vulnerara el derecho a la tutela judicial efectiva al adoptar los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942. 71 Cierto es que, como señalaron la Sala de Recurso en el apartado 55 de la Decisión impugnada y la demandante en la vista, las condiciones y los procedimientos específicos de recurso ante la Sala de Recurso que estableció el legislador de la Unión en los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942 dan lugar a complicaciones procesales poco satisfactorias. Por un lado, podrían suponer la interposición de recursos paralelos contra las mismas decisiones de la ACER ante la Sala de Recurso y el Tribunal General, bien por parte de las mismas personas físicas o jurídicas en caso de duda sobre la categoría a la que pertenecen de entre las contempladas en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, bien por parte de personas físicas o jurídicas que pertenecen a categorías diferentes de las contempladas en esa misma disposición, con todas las complicaciones que trae consigo la tramitación de tales recursos (suspensión, sobreseimiento, etc.). Por otro lado, al hacer depender la competencia respectiva de la Sala de Recurso y del Tribunal General para conocer de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica que no es destinataria de un acto de la ACER, pero respecto de la cual dicho acto produce efectos jurídicos, y, por tanto, el procedimiento que dicha persona debe seguir para impugnar dicho acto, de la compleja cuestión jurídica de si se ve o no «afectada individualmente» por el referido acto, la aplicación de esas condiciones y esos procedimientos específicos podría generar numerosos litigios ante la Sala de Recurso, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia. 72 No obstante, por un lado, el riesgo de recursos paralelos contra un mismo acto de la ACER existe con independencia de los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942, ya que, como se desprende, en particular, del apartado 31 de la sentencia de 16 de marzo de 2022, MEKH y FGSZ/ACER (T‑684/19 y T‑704/19, EU:T:2022:138), las partes demandantes privilegiadas tienen derecho a interponer directamente ante el Tribunal General recurso de anulación contra decisiones de la ACER. Por otro lado, la complejidad del concepto de «afectación individual» no se deriva específicamente del sistema de recursos administrativos que establecieron los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942. 73 En cualquiera de los casos, tales complicaciones procesales no bastan para declarar que el sistema de recursos establecido sea, en sí mismo, contrario al principio de tutela judicial efectiva, tal como lo garantiza el artículo 47 de la Carta. 74 Por consiguiente, tampoco puede considerarse que el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 viole el principio de tutela judicial efectiva ni infrinja el artículo 47 de la Carta (en la aplicación que hace de este el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto). 75 En consecuencia, procede desestimar por infundada la excepción de ilegalidad, de modo que queda desestimado el segundo motivo en su totalidad. 76 Procede proseguir con el examen del tercer motivo, basado en la violación del principio de tutela judicial efectiva, tal como se enuncia en el artículo 47 de la Carta y en los principios generales de Derecho de la Unión. Tercer motivo, basado en la violación del principio de tutela judicial efectiva, tal como se enuncia en el artículo 47 de la Carta y en los principios generales de Derecho de la Unión 77 La demandante estima que, en la Decisión impugnada, la Sala de Recurso violó el principio de tutela judicial efectiva, tal como se enuncia en el artículo 47 de la Carta y en los principios generales de Derecho de la Unión, cuando consideró que ella no tenía la legitimación requerida para recurrir ante la propia Sala de Recurso, siendo así que la privaba de tutela judicial efectiva respecto de una decisión, a saber, la Decisión inicial, que limita la libertad de empresa que le garantiza el artículo 16 de la Carta. Afirma que, conforme a la jurisprudencia, la Unión es una comunidad de Derecho que se basa en un sistema completo de vías de recurso y procedimientos, destinado a encomendar al juez de la Unión el control de la legalidad de los actos de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión. Entiende que el sistema del Tratado es ofrecer un recurso directo contra cualesquiera decisiones de dichos instituciones, órganos y organismos que tengan por objeto producir efectos jurídicos. Alega que, en ese contexto, las condiciones de admisibilidad que prevé el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, deben interpretarse a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal como se enuncia en el artículo 47 de la Carta. Pues bien, la demandante indica que, a falta de la posibilidad de presentar recurso administrativo ante la Sala de Recurso, se ve privada de cualquier tutela judicial efectiva respecto de la Decisión inicial, la cual, mediante sus efectos reglamentarios, incide en su situación jurídica de manera desfavorable, en su condición de proveedora de energía de balance (véanse los posteriores apartados 86 y 92), dado que, en el caso de autos, el acceso al juez de la Unión se supedita a dicho recurso administrativo (véase el anterior apartado 16). Indica que, sin embargo, en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, está legitimada para interponer recurso de anulación contra la Decisión inicial. 78 La ACER rebate las alegaciones de la demandante y solicita que se desestime el tercer motivo. 79 A ese respecto, procede recordar, según reiterada jurisprudencia ya citada (véase el anterior apartado 34), que el recurso a una interpretación amplia únicamente es posible si es compatible con el tenor de la disposición de que se trate y que ni siquiera el principio de interpretación conforme con una norma de rango superior puede servir de base para una interpretación contra legem. 80 En el caso de autos, a la vista del claro tenor del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942, que no es cuestionado por el contenido de la normativa pertinente ni los objetivos que esta persigue (véanse los anteriores apartados 32 a 35), es lícito que, en la Decisión impugnada, la Sala de Recurso, pese a su obligación de cumplir con el principio de tutela judicial efectiva, tal como se enuncia en el artículo 47 de la Carta y en los principios generales de Derecho de la Unión, no interpretara el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 en el sentido de que autorizaba a la demandante, que no era ni parte demandante privilegiada ni destinataria de la Decisión inicial, a interponer recurso ante la propia Sala de Recurso contra la Decisión de que se trata sin tener que acreditar que se veía afectada por ella no solo directa, sino también individualmente. 81 Aun suponiendo que el presente motivo deba entenderse también en el sentido de que contiene implícitamente una excepción de ilegalidad contra el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 por violación del principio de tutela judicial efectiva, tal como se enuncia en el artículo 47 de la Carta y en los principios generales de Derecho de la Unión, dicha excepción debería desestimarse por infundada, por las razones que se han enunciado en los anteriores apartados 68 a 71. 82 Así pues, ha de desestimarse por infundado el tercer motivo y proseguirse con el examen en cuanto al fondo del primer motivo, basado en la infracción del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942. Primer motivo, basado en la infracción del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 83 La demandante estima que, en la Decisión impugnada, la Sala de Recurso infringió el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 cuando consideró que la propia demandante carecía de legitimación activa para interponer recurso ante ella contra la Decisión inicial, siendo así que se veía afectada directa e individualmente por dicha Decisión. 84 La demandante advierte, que en los apartados 39 y siguientes de la Decisión impugnada, la Sala de Recurso declaró, acertadamente si se atiende a la jurisprudencia, que la propia demandante se veía afectada directamente por la Decisión inicial, que incidía directamente en su situación jurídica al impedirle temporalmente que fijara con libertad los precios de sus ofertas en el mercado de energía de balance, puesto que las ofertas que excedieran del límite temporal que fija la Decisión inicial a los precios ya no podían ser aceptadas por aquellos GRT de la región CORE que pasaban por las plataformas europeas PICASSO y MARI. 85 En cambio, según la demandante, la Sala de Recurso erró al negarse a declarar en la Decisión impugnada que, a efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en la interpretación que da a este la jurisprudencia, ella se veía afectada individualmente por la Decisión inicial. 86 En primer término, la demandante indica que se ve afectada individualmente por la Decisión inicial, puesto que, de conformidad con la jurisprudencia, dicha Decisión incide de manera sustancial en la posición que ocupa en el mercado de suministro de energía de balance, al reducir artificialmente el precio al que puede vender dicha electricidad a los GRT, que son los únicos que la demandan, de modo que se le impide temporalmente beneficiarse de un precio de mercado que entiende que debería ser más elevado (para cubrir el coste de oportunidad de las ofertas) o competir mediante los precios de la referida electricidad. Afirma que la Decisión inicial únicamente afecta a un número limitado de actores económicos, que, al igual que ella, actúan en la República Checa, Alemania y Austria, únicas zonas en las que están actualmente operativas las plataformas europeas PICASSO y MARI, y que han logrado, tras un procedimiento largo y costoso, la habilitación previa de sus instalaciones para suministrar energía de balance. Estima que, de este modo, la Decisión inicial menoscaba la libertad de empresa de específicamente dichos proveedores de energía de balance, al impedirles vender dicha energía a un precio superior al límite temporal fijado por dicha decisión a los precios, y ello a pesar de que los costes marginales variables de instalaciones, incluso las eficientes y competitivas, puedan no resultar cubiertos por dicho límite. 87 En segundo término, la demandante indica que participó activamente en el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión inicial, lo cual, según la jurisprudencia, constituye un elemento pertinente, entre otros, para establecer si una parte demandante está afectada individualmente. Afirma que, según la jurisprudencia, basta con que la acción de la parte demandante hubiera sido capaz de influir en el procedimiento en cuestión. Arguye que, en el caso de autos, participó activamente en la consulta pública que llevó a cabo la ACER sobre la propuesta de los GRT, al amparo del artículo 14, apartado 1, del Reglamento 2019/942, antes de la adopción de la Decisión inicial, mediante su contestación al cuestionario preparado por la ACER y la presentación a esta de un dictamen jurídico sobre el fondo. Entiende que, en la Decisión inicial, la ACER tuvo en cuenta dichos comentarios y observaciones, desestimándolos o comentándolos, por ejemplo en lo que respectaba a la formación de precios en el mercado de la energía de balance, o dándoles curso, en particular en lo que respectaba a la desestimación de la propuesta de los GRT. 88 En tercer término, la demandante advierte que la ACER no niega haber tenido debidamente en cuenta, en la Decisión inicial, su situación material, lo que también es, según la jurisprudencia, un elemento pertinente, entre otros, para acreditar la afectación individual de una parte demandante. Ello se debe a que, según la demandante, como se ha indicado en el anterior apartado 87, la ACER se vio influida, en la Decisión inicial, por los comentarios y observaciones que ella formuló en la consulta pública sobre la propuesta de los GRT. Por lo demás, a juicio de la demandante, recaía sobre la ACER la obligación jurídica de tener en cuenta las consecuencias que la Decisión inicial podía tener en su situación, lo cual, según la jurisprudencia, también tenía entidad para individualizarla con relación a dicha Decisión. Considera que, con arreglo al artículo 10, apartado 6, del Reglamento 2017/2195, los GRT debían consultar a las partes interesadas para dar consideración a sus intereses en sus propuestas. Añade que, con arreglo al artículo 9 del Reglamento 2017/2195 y al artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento 2019/942, la ACER debía consultar a dichas partes y a los actores del mercado, para dar consideración a sus intereses en sus decisiones. 89 En cuarto término y subsidiariamente, la demandante alega que la Decisión inicial la individualiza de la misma manera que a los GRT que son destinatarios suyos, pues, a los efectos de la jurisprudencia, vulneró las garantías que el Derecho de la Unión le confería a ella en el procedimiento administrativo de su adopción. En ese sentido, afirma que, como alegó ante la Sala de Recurso, en el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión inicial la ACER no le notificó el proyecto de Decisión inicial y, con ello, vulneró el derecho que le garantizan el artículo 14, apartado 6, del Reglamento 2019/942 y el artículo 41 de la Carta a presentar observaciones previas como parte afectada por dicha Decisión, que aduce que afecta directamente a la posición que ocupa en el mercado alemán de energía de balance. Añade que, desde el momento en que la ACER sustituyó a los GRT, al modificar la propuesta de estos, también debería haber respetado el derecho de consulta previsto en el artículo 10, apartado 6, del Reglamento 2017/2195. Entiende que esa exigencia no es desproporcionada, habida cuenta de que el mercado de energía de balance, en particular en Alemania, solo cuenta con un número limitado de actores. 90 Asimismo, según la demandante, la Sala de Recurso erró al negarse a declarar en la Decisión impugnada que la Decisión inicial la afectaba individualmente, a efectos de la interpretación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 a la luz de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223, y de las peculiaridades del procedimiento de recurso interno de la ACER. Reivindica el carácter abierto de dicha jurisprudencia, que, a su juicio, permite que se descubran nuevos supuestos basados en las particularidades del procedimiento de recurso de que se trate. 91 Por lo que se refiere a las peculiaridades del procedimiento de recurso interno de la ACER, la demandante advierte que, según el considerando 34 del Reglamento 2019/942, las decisiones de la ACER, como medidas de regulación del mercado que son, afectan a un gran número de actores que, por motivos de economía procesal, deben disfrutar del derecho a recurrir internamente ante una Sala de Recurso independiente dentro de la ACER antes de que, en su caso, acudan al juez de la Unión. Afirma que las «condiciones y [los] procedimientos específicos para los recursos presentados […] contra actos de […] órganos u organismos [de la Unión]» del artículo 263 TFUE, párrafo quinto, se refieren, precisamente, según la jurisprudencia, al establecimiento de procedimientos puramente internos, previos a un recurso judicial, como el mecanismo administrativo completo de autovigilancia técnica por expertos que se creó dentro de la ACER. 92 Por lo que se refiere a la interpretación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 conforme a la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223, la demandante indica que, en el caso de autos, únicamente pretende invocar el hecho de verse afectada materialmente por la Decisión inicial del mismo modo que los GRT que son, formalmente, sus únicos destinatarios, en virtud del sistema de autorregulación del mercado de la energía de balance por parte de los GRT (sin perjuicio de la autorización de las ARN o de la ACER) que establece el artículo 4, apartado 1, del Reglamento 2017/2195. La demandante fundamenta esa afirmación remitiéndose a que dicha Decisión regula temporalmente el precio de los intercambios de energía de balance que ella y los demás proveedores afectados podrían acordar, como socios contractuales, con dichos GRT y otros terceros en las plataformas europeas PICASSO y MARI. Pues bien, para la demandante, si bien dicha Decisión es conforme con la propuesta de los GRT de reducir el precio de la energía de balance que compran, resulta desfavorable para sus propios intereses y para los de los demás proveedores afectados, que se ven privados de la posibilidad de la que hasta entonces disponían de negociar libremente el suministro de energía de balance a un precio de mercado que pueda superar los 15000 euros/MWh y llegar incluso, a veces, hasta los 99999 euros/MWh. Añade que, en el marco de ese sistema de autorregulación del mercado por parte de los GRT, sujetos a autorización de la ACER, el derecho a recurrir internamente ante la ACER y el control técnico completo por la Sala de Recurso que prevé el artículo 28 del Reglamento 2019/942 son una garantía indispensable que se ofrece a los actores del mercado para que puedan garantizar la defensa de sus intereses. 93 La ACER rebate las alegaciones de la demandante y solicita que se desestime el primer motivo. 94 Con carácter preliminar, ha de recordarse que las «condiciones y procedimientos específicos» a los que se alude en el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, deben interpretarse en el sentido que se refieren únicamente al establecimiento, por una institución, un órgano o un organismo de la Unión, de condiciones y procedimientos puramente internos, previos a un recurso judicial, que regulan, en particular, el funcionamiento de un mecanismo de autovigilancia o el desarrollo de un procedimiento de solución amistosa para evitar un litigio ante los órganos jurisdiccionales de la Unión (véanse, en este sentido, el auto de 12 de septiembre de 2013, European Dynamics Luxembourg y otros/OAMI, T‑556/11, EU:T:2013:514, apartado 60, y la sentencia de 25 de octubre de 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, apartado 107). Por tanto, esas condiciones y esos procedimientos específicos deben ser perfectamente coherentes con el régimen general previsto en el artículo 263 TFUE por lo que respecta a la competencia del juez de la Unión para conocer de los recursos que se le hayan atribuido [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2016, Italian International Film/EACEA, T‑676/13, EU:T:2016:62, apartado 27; de 8 de junio de 2016, Monster Energy/EUIPO (Representación de un símbolo de la paz), T‑583/15, EU:T:2016:338, apartado 43, y de 8 de junio de 2016, Monster Energy/EUIPO (GREEN BEANS), T‑585/15, no publicada, EU:T:2016:339, apartado 41]. 95 De ello se deduce que cuando existen los mismos requisitos de admisibilidad en el régimen general previsto en el artículo 263 TFUE y en las condiciones y los procedimientos específicos adoptados con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo quinto, aquellos deben interpretarse, en principio, de manera uniforme. Por ello, para valorar si la demandante se veía afectada individualmente por el acto impugnado, a saber, por la Decisión inicial, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942, procede remitirse a la jurisprudencia dictada en relación con el segundo supuesto contemplado en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa. 96 Por lo que respecta al requisito de la afectación individual a efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, procede recordar que una persona, física o jurídica, que no sea destinataria de un acto solo puede alegar que este la afecta individualmente si le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, la individualiza de manera análoga a lo que haría con el destinatario (sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223). 97 Por otra parte, de la jurisprudencia que se ha dictado basándose en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, resulta el principio de que corresponde a la persona física o jurídica que demanda, sin ser destinataria del acto que impugna, invocar y acreditar en apoyo de su recurso las cualidades que le son propias o la situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y la individualiza de manera análoga a lo que haría con el destinatario (véanse, en este sentido, los autos de 28 de septiembre de 2011, UCAPT/Consejo, T‑96/09, no publicado, EU:T:2011:542, apartado 47, y de 6 de mayo de 2020, Sabo y otros/Parlamento y Consejo, T‑141/19, no publicado, EU:T:2020:179, apartado 32). En ese sentido, el artículo 15, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento de la Sala de Recurso recuerda que incumbe a la parte que ante esta recurre acreditar que la decisión de la ACER la afecta directa e individualmente, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942. 98 En el caso de autos, tal como se desprende de la descripción de sus alegaciones que figuraba en el apartado 43 de la Decisión impugnada (descripción que en el presente recurso no se impugna), en relación con los apartados 24 a 28 del escrito de motivación del recurso que presentó ante la Sala de Recurso el 27 de abril de 2022, la demandante adujo ante la Sala de Recurso que la Decisión inicial la afectaba individualmente por el hecho de que actuaba en el mercado alemán de energía de balance y era una de las mayores proveedoras en él. Según indicaba allí, dicha Decisión afectaba a un grupo predeterminado de actores económicos, constituido por proveedores de energía de balance que habían logrado la habilitación previa de instalaciones para suministro de energía de balance o cuyas instalaciones se encontraban en fase de habilitación previa. 99 En los apartados 44 a 48 de la Decisión impugnada, la Sala de Recurso examinó las «cualidades» o «situaciones de hecho» invocadas por la demandante y declaró que no eran suficientes para individualizarla a efectos de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223. 100 En el marco del presente recurso, la demandante reprocha, en esencia, a la Sala de Recurso no haber declarado en la Decisión impugnada que la Decisión inicial la afectaba individualmente debido a cualidades que le eran propias y que, especialmente si se consideraban en su conjunto, la caracterizaban en relación con cualesquiera otras personas. 101 En primer término, la demandante invoca la incidencia sustancial de la Decisión inicial en la posición que ocupaba en el mercado alemán de suministro de energía de balance. Afirma que la Decisión inicial constituye una injerencia en dicho mercado, al impedir la libre formación de los precios, menoscabar la libertad de empresa, reducir las posibilidades de competencia mediante los precios e impedir que los proveedores de energía, incluso los que disponen de instalaciones eficaces y competitivas, cubran sus costes de oportunidad, que pueden ser muy altos durante los momentos de gran demanda de energía de balance. Entiende que la Decisión inicial afecta únicamente a un número relativamente limitado y estable de proveedores de energía de balance que, al igual que ella, actúan en la República Checa o Alemania o Austria, únicas zonas en las que las plataformas europeas PICASSO y MARI están operativas actualmente, los cuales han logrado, tras un procedimiento largo y costoso, la habilitación previa de instalaciones para suministrar energía de balance. Alega que la Decisión inicial llevó a la desvalorización de las importantes inversiones realizadas por dichos proveedores de energía de balance para obtener la habilitación previa de sus instalaciones, mientras que sus competidores potenciales tenían posibilidad de evitar dichas inversiones con solo renunciar a entrar en el mercado. 102 En segundo término, la demandante aduce que participó activamente en el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión inicial. 103 En tercer término, la demandante arguye que, en la Decisión inicial, la ACER tuvo debidamente en cuenta su situación material. 104 En cuarto término, la demandante aduce la vulneración, en la adopción de la Decisión inicial, de las garantías que el Derecho de la Unión le confería a ella en dicho procedimiento. Por último, sostiene, en esencia, que el requisito de la afectación individual debe interpretarse de manera concreta en los recursos interpuestos ante la Sala de Recurso contra decisiones de la ACER, habida cuenta del gran número de actores del mercado que pueden verse afectados por dichas decisiones. 105 En sus escritos procesales, la ACER apoya la postura de la Sala de Recurso de que las «cualidades» o «situaciones de hecho» invocadas por la demandante ante el Tribunal General no son suficientes, ni por sí mismas ni en conjunto, para individualizarla a efectos de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223 (véase el anterior apartado 99). 106 Por lo que respecta a las «cualidades» o «situaciones de hecho» que invocó ante la Sala de Recurso y esta examinó en la Decisión impugnada, a saber, el hecho de que actuaba en el mercado alemán de energía de balance y era una de las mayores proveedoras del referido mercado, y que posteriormente ha desarrollado en el presente recurso, alegando que la Decisión inicial incidía sustancialmente en la posición que ocupaba en dicho mercado (véanse los anteriores apartados 98, 99 y 101), la demandante se remite a la jurisprudencia dictada por el juez de la Unión en materia de ayudas de Estado y concentraciones. 107 Cierto es que, a ese respecto, según la jurisprudencia, se ha admitido que una decisión de la Comisión adoptada al término de un procedimiento de investigación formal en materia de ayudas de Estado afecta individualmente, además de a la empresa beneficiaria de la medida de ayuda objeto de la decisión impugnada, también a las empresas competidoras de esta que hubieran desempeñado un papel activo en el marco del referido procedimiento, siempre que la medida de ayuda hubiera afectado sustancialmente a su posición en el mercado (véase la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Ja zum Nürburgring/Comisión, C‑647/19 P, EU:C:2021:666, apartado 33 y jurisprudencia citada). En ese contexto, ninguna empresa puede limitarse a invocar su condición de competidora de la empresa beneficiaria de la medida de ayuda, sino que además debe demostrar que se encuentra en una situación de hecho que la individualiza de manera análoga a la del destinatario (sentencia de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates/Comisión, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, apartado 48). 108 Por otra parte, de la jurisprudencia dictada en materia de concentraciones se desprende que, en los casos en que una decisión declara compatible con el mercado interior una operación de concentración, para determinar si una empresa tercera resulta afectada individualmente, procederá tener en cuenta, por un lado, su participación en el procedimiento administrativo y, por otro, la incidencia en la posición que ocupa en el mercado. Para admitir, en este contexto, la incidencia en la posición que ocupa en el mercado una parte demandante, el juez de la Unión tiene en cuenta o bien que sea una de las principales competidoras de las partes de la concentración que son beneficiarias de la decisión por la que esta se autorizaba (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de julio de 2006, easyJet/Comisión, T‑177/04, EU:T:2006:187, apartado 37; de 20 de diciembre de 2023, Mainova/Comisión, T‑64/21, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2023:843, apartado 85, y de 20 de diciembre de 2023, enercity/Comisión, T‑65/21, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2023:844, apartado 83), o bien que sea una mera competidora de las referidas partes, pero que la concentración pueda tener una repercusión, identificada específicamente, en su situación económica, como la desvalorización de importantes inversiones realizadas y calculadas a largo plazo, teniendo en cuenta la estructura preexistente del mercado (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de mayo de 2023, EVH/Comisión, T‑312/20, recurrida en casación, EU:T:2023:252, apartados 42 y 46; de 17 de mayo de 2023, TEAG/Comisión, T‑315/20, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2023:259, apartados 42 y 46, y de 17 de mayo de 2023, GGEW/Comisión, T‑319/20, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2023:263, apartados 42 y 46), o bien que sea competidora potencial de las partes de la concentración en el caso de mercados oligopolísticos, o bien, en determinadas circunstancias, que esté presente en mercados vecinos, situados antes o después de aquellos en los que opera una empresa en posición de monopolio cuya posición se ve reforzada por la concentración (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2003, ARD/Comisión, T‑158/00, EU:T:2003:246, apartado 78). 109 No obstante, la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 107 y 108 se basa, al menos parcialmente, en la existencia de una relación de competencia, real o potencial, entre los beneficiarios de la decisión impugnada en el mercado al que esta afecta y la parte demandante cuya posición en ese mercado o en mercados vecinos, en una fase anterior o posterior, se ve afectada por la referida decisión de una manera negativa, identificada específicamente, y que, en su caso, resulta sustancial. 110 En el caso de autos, la demandante no alega, y menos aún demuestra, que algunos de sus competidores en el mercado alemán de energía de balance, en el que actúa y al que afecta la Decisión inicial, se vean beneficiados en ese mercado por la referida Decisión. Por el contrario, de su argumentación se desprende que se está limitando a constatar una repercusión general de la Decisión inicial en el mercado alemán de energía de balance que afecta negativamente a todos los proveedores de energía de balance que actúan, como ella, en dicho mercado, así como en los mercados checo y austriaco. 111 Aun suponiendo que, por ser una de las mayores proveedoras del mercado alemán de energía de balance, la demandante se hubiera visto más afectada económicamente que algunos de sus competidores en el referido mercado, ello no bastaría para individualizarla a efectos de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223, pues, según reiterada jurisprudencia, no basta con que un acto tenga sobre determinados operadores mayores repercusiones económicas que sobre sus competidores para que se les considere, por ello, afectados individualmente por dicho acto. Así pues, incluso suponiendo que una decisión tenga especial incidencia sobre la situación económica de la parte demandante, esta circunstancia no basta para caracterizarla en relación con cualesquiera otras personas (autos de 2 de abril de 2004, Gonnelli y AIFO/Comisión, T‑231/02, EU:T:2004:105, apartado 45; de 12 de marzo de 2007, Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole y otros/Comisión, T‑418/04, no publicado, EU:T:2007:83, apartado 57, y de 13 de noviembre de 2008, Lemaître Sécurité/Comisión, T‑301/06, no publicado, EU:T:2008:495, apartado 24). 112 Además, el hecho de que la Decisión inicial pueda referirse a un número relativamente limitado y estable de proveedores de energía de balance que, como la demandante, hubieran logrado la habilitación previa de instalaciones para el suministro de energía de balance y actuaran en el mercado alemán de energía de balance y en los mercados checo y austriaco tampoco puede bastar para individualizarla a efectos de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223. Ello se debe a que, según se desprende asimismo de reiterada jurisprudencia, la posibilidad de determinar, con mayor o menor precisión, el número o incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica una medida no tiene en absoluto el efecto de que se deba considerar a estos sujetos afectados individualmente por dicha medida cuando esa aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida por el acto de que se trate (véase la sentencia de 18 de octubre de 2018, Internacional de Productos Metálicos/Comisión, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, apartado 35 y jurisprudencia citada; autos de 19 de septiembre de 2022, TDK Foil Italy/Comisión, T‑788/21, no publicado, EU:T:2022:581, apartado 18, y de 7 de diciembre de 2022, Sunrise Medical y Sunrise Medical Logistics/Comisión, T‑721/21, no publicado, EU:T:2022:791, apartado 53). Pues bien, en el caso de autos, como observó, en esencia, la Sala de Recurso en el apartado 48 de la Decisión impugnada, la Decisión inicial afecta de la misma manera a todos los proveedores de energía de balance, pues se aplica a todos los actores del mercado que deseen intercambiar energía de balance, en Alemania, pero también en la República Checa y Austria, a través de las plataformas europeas PICASSO y MARI. 113 Por último, la comparación que la demandante establece en sus escritos procesales entre, primero, su situación y la de quienes son sus competidores en el mercado alemán de energía de balance a raíz de la Decisión inicial y, segundo, la situación de competidores potenciales en ese mercado que se hubieran podido beneficiar de dicha Decisión con solo renunciar, a la vista de esta, a incurrir en costes para lograr la habilitación previa de sus instalaciones con el fin de poder entrar en el citado mercado tampoco tiene entidad para acreditar la existencia de una relación de competencia, real o potencial, entre los primeros y los segundos. 114 Por otra parte, la demandante no alega, y menos aún demuestra, que exista relación alguna de competencia, real o potencial, entre ella y los destinatarios, que, según ella, son los verdaderos beneficiarios de la Decisión inicial en el mercado alemán de energía de balance, a saber, los GRT a los que afecta dicha Decisión. 115 Así las cosas, la demandante, que no ha acreditado la existencia de relación alguna de competencia, real o potencial, entre ella y los beneficiarios de la Decisión inicial en el mercado alemán de energía de balance, en el que actúa y al que afecta la Decisión inicial, no puede invocar en su beneficio la jurisprudencia que se cita en los anteriores apartados 107 y 108 para alegar, como hace en el caso de autos, que la posición que ocupa en dicho mercado se vio afectada sustancialmente por la referida Decisión. 116 Por tanto, por lo que respecta a las «cualidades» o «situaciones de hecho» que la demandante invocó ante la Sala de Recurso, a saber, el hecho de que actuaba en el mercado alemán de energía de balance y era una de las mayores proveedoras en ese mercado, y que posteriormente ha desarrollado en el presente recurso, alegando que la Decisión inicial, a efectos de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 107 y 108, incidía sustancialmente en la posición que ocupaba en dicho mercado, procede observar que la Sala de Recurso acertó al declarar en los apartados 45 a 48 de la Decisión impugnada que, por sí mismas, no tenían entidad para individualizar a la demandante a efectos de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223. 117 Por lo que respecta a las «cualidades» o «situaciones de hecho» que la Decisión impugnada no mencionó en el sentido de haber sido invocadas por la demandante ante la Sala de Recurso y que, por ello, no fueron examinadas por esta en la referida Decisión, pero que la demandante invoca en el presente recurso (véanse los anteriores apartados 102 a 104), el Tribunal General instó en una diligencia de ordenación del procedimiento a las partes a que se pronunciaran sobre su admisibilidad. 118 La demandante alegó al respecto que la legitimación para recurrir ante la Sala de Recurso era una cuestión que esta debía examinar de oficio, en virtud de una aplicación analógica de la jurisprudencia de que la admisibilidad de un recurso de anulación ante el Tribunal General es una cuestión de orden público que corresponde a este examinar en cualquier momento, incluso de oficio, y del artículo 15 del Reglamento de Procedimiento de la Sala de Recurso. Así pues, la demandante afirma que, por lo que respecta a la afectación individual de una parte demandante, la citada Sala debería haber tenido en cuenta de oficio toda la información de que disponía. Entiende que, en el caso de autos, dicha Sala tenía acceso al informe de evaluación de la consulta pública llevada a cabo por la ACER con arreglo al artículo 14, apartado 6, del Reglamento 2019/942, que figuraba en el anexo II de la Decisión inicial y acreditaba su participación activa en el procedimiento administrativo previo a la adopción de la Decisión inicial. Añade que ella misma mencionó esa participación en los apartados 27 y 49 del escrito de motivación del recurso que presentó ante la Sala de Recurso el 27 de abril de 2022 (en que remitía, para más detalle, al anexo II de la Decisión inicial), en las notas a pie de página n.os 9 y 19 y en los apartados 25 a 33 de sus observaciones complementarias de 22 de julio de 2022. Por otra parte, indica que en el sexto motivo de anulación invocó que en el procedimiento administrativo se había vulnerado su derecho a que se la oyera con arreglo al artículo 14, apartado 6, del Reglamento 2019/942, en los apartados 118 y siguientes del escrito de motivación del recurso y en el apartado 26 de sus observaciones complementarias, en que también mencionó su derecho a que se la consultara con arreglo al artículo 14, apartado 1, del citado Reglamento. 119 La ACER estimó, por lo que respectaba a la afectación individual de la demandante, que esta se había basado esencialmente, en los apartados 24 a 28 del escrito de motivación del recurso administrativo (que se refieren a esa cuestión), en que era una de las mayores proveedoras en actividad del mercado alemán de energía de balance y en que no estaba legitimada para plantear posteriormente, y por tanto de forma extemporánea, otras «cualidades» o «situaciones de hecho» que tuvieran entidad para individualizarla a efectos de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223. 120 A ese respecto, procede observar que, a la hora de valorar la legalidad de decisiones que se impugnan, el Tribunal General no puede tener en cuenta «cualidades» o «situaciones de hecho» que la parte demandante no hubiera invocado o demostrado ante la Sala de Recurso. Efectivamente, en virtud del artículo 29 del Reglamento 2019/942, en relación con el artículo 263 TFUE, el Tribunal General ha de examinar la legalidad de la decisión de la Sala de Recurso, controlando la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por esta a la luz, en particular, de los elementos de hecho expuestos ante ella, pero no puede, en cambio, efectuar ese control tomando en consideración elementos de hecho que hayan sido invocados o presentados por primera vez ante él (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 54, y de 15 de abril de 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, apartado 76). 121 Por otra parte, de las normas que regulan el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, en particular del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 76 y 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, resulta, en principio, que el litigio es determinado y circunscrito por las partes y que el juez de la Unión no puede pronunciarse ultra petita (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2020, Alfamicro/Comisión, C‑623/19 P, no publicada, EU:C:2020:734, apartado 40 y jurisprudencia citada; sentencia de 22 de diciembre de 2022, Parlamento/Moi, C‑246/21 P, no publicada, EU:C:2022:1026, apartado 55). Además, de conformidad con el artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el artículo 120, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y el artículo 76, párrafo primero, letras d) y e), del Reglamento de Procedimiento, en los recursos directos presentados ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, la demanda por la que se interpone el recurso deberá contener, en particular, el objeto del litigio, una exposición sumaria de los motivos formulados y las pretensiones de la parte demandante. 122 En el caso de autos, en los apartados 24 a 28 del escrito de motivación del recurso administrativo, la demandante se basó esencialmente, para alegar que se veía afectada individualmente por la Decisión inicial, la cual conducía a congelar temporalmente el precio de la venta de energía de balance a los GRT, en la circunstancia específica de ser una de las mayores proveedoras en actividad del mercado alemán de esa energía. 123 Pues bien, de conformidad con la jurisprudencia y el tenor del artículo 15, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento de la Sala de Recurso, que se han mencionado en el anterior apartado 97, existía fundamento para que la referida Sala considerara en la Decisión impugnada que la circunstancia específica que la demandante había invocado oportunamente ante ella no tenía entidad para individualizarla a efectos de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223, sin tenerse que examinar si otras «cualidades» o «situaciones de hecho» que pudieran individualizarla se deducían del escrito de motivación del recurso administrativo, sus anexos, observaciones complementarias o, más en general, los documentos del expediente. 124 Aun suponiendo que la Sala de Recurso hubiera incurrido en ilegalidad por no tener en cuenta en la Decisión impugnada todas las «cualidades» o «situaciones de hecho» que hubieran podido ser invocadas ante ella por la demandante, es a esta a quien habría correspondido denunciarlo, mediante la formulación de un motivo en ese sentido que cumpliera con los requisitos de claridad y precisión enunciados en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento (véase el anterior punto 114). 125 Efectivamente, el hecho de no pronunciarse sobre una pretensión puede llevar lugar a la anulación, cuando menos parcial, de la resolución adoptada por una Sala de Recurso independiente de alguno de los órganos u organismos de la Unión que menciona el artículo 58 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 8 de junio de 2016, GREEN BEANS, T‑585/15, no publicada, EU:T:2016:339, apartado 27 y jurisprudencia citada). 126 Pues bien, aunque, en los apartados 50 a 59 de la demanda, la demandante invoque, como circunstancias que pueden individualizarla a efectos de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 223, su participación activa en el procedimiento administrativo previo a la adopción de la Decisión inicial y la vulneración de su derecho a presentar observaciones antes de la adopción de dicha Decisión con arreglo al artículo 14, apartado 6, del Reglamento 2019/942 y al artículo 41 de la Carta, no ha invocado de manera clara y precisa, a ese respecto, ningún motivo de anulación de la Decisión impugnada que se base en que en dicha Decisión la Sala de Recurso incurriera en ilegalidad por no pronunciarse sobre «cualidades» o «situaciones de hecho» que se hubieran invocado oportunamente ante ella. 127 Por consiguiente, la demandante no está legitimada para invocar en el presente recurso «cualidades» o «situaciones de hecho» que la Decisión impugnada no mencionara en el sentido de haber sido invocadas por ella ante la Sala de Recurso y que, por ello, no fueran examinadas por esta en la referida Decisión (véanse los anteriores apartados 102 a 104). 128 Por tanto, procede desestimar por infundado el primer motivo, de modo que la pretensión principal, que tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada y que se ve privada de cualquier fundamento, debe desestimarse a su vez por infundada. Por tanto, procede proseguir con el examen de la pretensión subsidiaria. Sobre la pretensión subsidiaria, de anulación de la Decisión inicial 129 En apoyo de la pretensión subsidiaria, la demandante invoca seis motivos, basados, en esencia, el primero, en la infracción del artículo 10, apartado 1, del Reglamento 2019/942; el segundo, en la falta de competencia de la ACER para pronunciarse sobre la propuesta de los GRT; el tercero, en la falta de competencia de la ACER para crear una normativa autónoma respecto de la propuesta por los GRT; el cuarto, en el incumplimiento de los objetivos perseguidos por el Reglamento 2017/2195; el quinto, en la falta de motivación y, el sexto, en la vulneración del derecho a que se la oyera que le garantizan el artículo 41 de la Carta y el artículo 14, apartado 6, del Reglamento 2019/942. 130 La ACER invoca la inadmisibilidad manifiesta de la pretensión subsidiaria, presentada el 17 de febrero de 2023, por incumplimiento del plazo de dos meses y diez días para interponer recurso de anulación contra la Decisión inicial, que enuncia el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, en relación con el artículo 60 del Reglamento de Procedimiento, el cual empezó a correr, a su juicio, a más tardar, en la fecha en que la demandante interpuso su recurso ante la Sala de Recurso, a saber, el 27 de abril de 2022. Afirma que la demandante no puede invocar la existencia de error excusable, pues la información sobre vías de recurso que figuraba en la Decisión inicial iba dirigida expresamente a los destinatarios de esta y una interpretación conforme del texto del artículo 29 del Reglamento 2019/942 implicaba considerar que este no menoscababa el derecho de la demandante a interponer directamente ante el Tribunal General recurso de anulación contra dicha Decisión al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa. En cualquiera de los casos, entiende que la pretensión subsidiaria debe desestimarse por infundada. 131 La demandante objeta que la inobservancia del plazo de recurso se debe, en el caso de autos, a un error excusable, puesto que, a la vista de la indicación de vías de recurso que figuraba en la Decisión inicial y del tenor del artículo 29 del Reglamento 2019/942, era lícito que ella no pensara que podía interponer ante el Tribunal General recurso de anulación sin haber agotado previamente el procedimiento de recurso a que se refiere el artículo 28 del citado Reglamento. 132 Por lo que respecta a la causa de inadmisión que propone la ACER frente a la pretensión subsidiaria, es preciso advertir, para comenzar, que, como se desprende del anterior apartado 45, la demandante podía, en el caso de autos, interponer directamente ante el juez de la Unión recurso de anulación contra la Decisión inicial, al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa. 133 Por otra parte, del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, se deriva que los recursos de anulación deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación a la parte recurrente o, a falta de ello, desde el día en que esta hubiera tenido conocimiento del mismo. 134 No pueden admitirse excepciones a la aplicación de normas de la Unión relativas a los plazos de procedimiento más que en circunstancias totalmente excepcionales, de caso fortuito o de fuerza mayor, de conformidad con el artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dado que la aplicación estricta de estas normas responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia (véase la sentencia de 14 de diciembre de 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, apartado 56 y jurisprudencia citada). 135 Resulta asimismo de la jurisprudencia, en relación con la normativa de la Unión relativa a los plazos para recurrir, que el concepto de «error excusable», que permite no aplicarla, únicamente se refiere a circunstancias excepcionales en las cuales, particularmente, la institución interesada haya adoptado un comportamiento que pueda provocar, por sí solo o de modo determinante, una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe que acredite haber actuado con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso (véase la sentencia de 14 de diciembre de 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, apartado 59 y jurisprudencia citada). 136 En el caso de autos, la Decisión inicial se publicó en el sitio de Internet de la ACER el 28 de febrero de 2022 y la demandante recurrió ante la Sala de Recurso el 27 de abril de 2022. Aun suponiendo que la demandante hubiera tenido conocimiento de la Decisión inicial el mismo día en que recurrió ante la Sala de Recurso, aplicando las reglas de cómputo de plazos previstas en los artículos 58 y 60 del Reglamento de Procedimiento, que se corresponden con los artículos 49 y 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, procede observar que, en la fecha de interposición del presente recurso, a saber, el 17 de febrero de 2023, se había producido la preclusión de la facultad de la demandante para impugnar la referida Decisión. 137 Por otra parte, en las circunstancias del caso de autos, carece de fundamento que la demandante invoque un error excusable a efectos de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 135. 138 Ello se debe a que, por un lado, la ACER no proporcionó ninguna garantía precisa a la demandante sobre la competencia de la Sala de Recurso para conocer de un recurso interpuesto por ella contra la Decisión inicial, puesto que la indicación de vías de recurso que figuraba al final de la Decisión inicial estaba dirigida expresamente a los «destinatarios» de dicha Decisión, a saber, los GRT de la región CORE, respecto de los cuales, por lo demás, era correcta (véase el anterior apartado 44). En cambio, la Decisión inicial no proporcionaba información alguna sobre las vías de recurso que debieran seguir las personas físicas o jurídicas que no fueran destinatarias. Así pues, la referida indicación no puede calificarse de comportamiento de la ACER que pudiera provocar una confusión admisible en el ánimo de la demandante sobre la competencia de la Sala de Recurso para conocer de un recurso interpuesto por la propia demandante contra la Decisión inicial. 139 Por otro lado, una interpretación del tenor del artículo 29 del Reglamento 2019/942 conforme con el Derecho primario de la Unión suponía considerar que no se oponía a que personas físicas o jurídicas que, como la demandante, se vieran afectadas directa pero no individualmente por un acto de alcance general de la ACER carente de medidas de ejecución pudieran interponer directamente ante el juez de la Unión recurso de anulación contra dicho acto al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en su versión resultante del Tratado de Lisboa. Por lo demás, en el apartado 117 de la demanda, la propia demandante sostuvo que «el recurso que era objeto de la pretensión subsidiaria no se supedita[ba] al agotamiento de las vías de recurso de conformidad con el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, y el artículo 29 del Reglamento 2019/942, pues la posibilidad de un recurso directo por [su parte] la exig[ía] el Derecho primario». 140 Así pues, en el caso de autos, la demandante no puede invocar en su beneficio la jurisprudencia que se ha basado en la formulación general de determinados textos que regulan las vías administrativas de recurso o en las costumbres imperantes para constatar un error excusable sobre la interposición extemporánea de recurso ante el juez de la Unión tras el agotamiento de una vía interna de recurso que, en ese caso específico y según la jurisprudencia, no era aplicable (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de junio de 1972, Marcato/Comisión, 44/71, EU:C:1972:53, apartados 5 a 9, y de 5 de abril de 1979, Orlandi/Comisión, 117/78, EU:C:1979:109, apartados 9 a 11). 141 De ello se deduce que la demandante no puede invocar ningún tipo de error excusable que hubiera podido dispensarla, en el caso de autos, de la obligación de cumplir con el plazo fijado de recurso. 142 En consecuencia, debe declararse asimismo la inadmisibilidad de la pretensión subsidiaria, que tiene por objeto la anulación de la Decisión inicial, de modo que queda desestimado el recurso en su totalidad. Costas 143 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. 144 Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la ACER. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera ampliada) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas a RWE Supply & Trading GmbH. Van der Woude Škvařilová-Pelzl Nõmm Steinfatt Kukovec Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de junio de 2025. Firmas Índice Antecedentes del litigio Pretensiones de las partes Fundamentos de Derecho Sobre la pretensión principal, de anulación de la Decisión impugnada Segundo motivo, basado en que la infracción del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto Tercer motivo, basado en la violación del principio de tutela judicial efectiva, tal como se enuncia en el artículo 47 de la Carta y en los principios generales de Derecho de la Unión Primer motivo, basado en la infracción del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 Sobre la pretensión subsidiaria, de anulación de la Decisión inicial Costas ( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.