Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2016 — Obligación de motivación — Principio de irretroactividad — Artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 — Exclusión de determinados pasivos del cálculo de las aportaciones ex ante — Préstamos promocionales — Actividades auxiliares de fomento — Excepción de ilegalidad

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada) de 21 de febrero de 2024 ( *1 ) «Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2016 — Obligación de motivación — Principio de irretroactividad — Artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 — Exclusión de determinados pasivos del cálculo de las aportaciones ex ante — Préstamos promocionales — Actividades auxiliares de fomento — Excepción de ilegalidad» En el asunto T‑466/16 RENV, NRW.Bank, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por el Sr. J. Seitz y la Sra. C. Marx, abogados, parte demandante, contra Junta Única de Resolución (JUR), representada por la Sra. H. Ehlers, el Sr. J. Kerlin y la Sra. De Falco, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. B. Meyring, S. Schelo y T. Klupsch y por la Sra. S. Ianc, abogados, parte demandada, apoyada por Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. A. Sikora-Kalėda y el Sr. J. Bauerschmidt, en calidad de agentes, y por Comisión Europea, representada por el Sr. D. Triantafyllou, la Sra. A. Steiblytė y el Sr. A. Nijenhuis, en calidad de agentes, partes coadyuvantes, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada), integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y los Sres. G. De Baere, D. Petrlík (Ponente) y K. Kecsmár y la Sra. S. Kingston, Jueces; Secretaria: Sra. S. Jund, administradora; vista la sentencia de 14 de octubre de 2021, NRW.Bank/JUR (C‑662/19 P, EU:C:2021:846); celebrada la vista el 9 de marzo de 2023; dicta la siguiente Sentencia 1 Mediante su recurso, interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, la demandante, NRW.Bank, solicita la anulación de la Decisión SRB/ES/2022/23 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 27 de abril de 2022, por la que se revocan la Decisión SRB/ES/SRF/2016/06 de la JUR, de 15 de abril de 2016, sobre las aportaciones ex ante para 2016 al Fondo Único de Resolución, en la medida en que afecta a NRW.Bank, y la Decisión SRB/ES/SRF/2016/13 de la JUR, de 20 de mayo de 2016, sobre el ajuste de las aportaciones ex ante para 2016 al Fondo Único de Resolución, por la que se completa la Decisión SRB/ES/SRF/2016/06, en la medida en que afecta a NRW.Bank, y se calculan las aportaciones ex ante de NRW.Bank para 2016 al Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). I. Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del presente recurso 2 La demandante es el banco de fomento del Land Nordrhein-Westfalen (estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania; en lo sucesivo, «estado federado»). De conformidad con la Gesetz über die NRW.BANK (Ley relativa a NRW.Bank), de 16 de marzo de 2004 (GV. NRW. 2004, p. 126; en lo sucesivo, «Ley relativa a NRW.BANK»), desempeña una misión de servicio público consistente en asistir al estado federado y a sus entidades locales en el ámbito de las políticas estructurales, económicas, sociales y de ordenación territorial, aplicando y ejecutando a tal efecto medidas de apoyo, en particular mediante la concesión de préstamos. Para alcanzar este objetivo, la demandante ejecuta operaciones bancarias y es titular de una licencia bancaria. 3 Las actividades de la demandante se dividen esencialmente en dos categorías. En primer lugar, lleva a cabo las denominadas actividades «de fomento», mediante las cuales concede, en particular, préstamos bonificados en los ámbitos enumerados en el artículo 3, apartado 2, de la Ley relativa a NRW.Bank (en lo sucesivo, «actividades de fomento»). 4 En segundo lugar, la demandante desarrolla actividades que ella misma denomina «actividades auxiliares de fomento», que son objeto del presente asunto y figuran en el artículo 3, apartado 5, de la Ley relativa a NRW.Bank. Según esta disposición, la demandante, con el fin de cumplir su cometido, puede «realizar operaciones y prestar servicios directamente relacionados con el cumplimiento de sus funciones[, entendiéndose que, a tal efecto,] puede, en particular, realizar operaciones de gestión de riesgos y de tesorería, captar capital de garantía subordinado, negociar derechos de disfrute, obligaciones del Estado y otro tipo de obligaciones y adquirir y ceder créditos» (en lo sucesivo, «actividades auxiliares de fomento»). En el contexto de estas actividades, la demandante, en concreto, adquiere fondos en el mercado de capitales y los invierte a largo plazo en forma de bonos, predominantemente valores públicos. 5 Mediante su Decisión SRB/ES/SRF/2016/06, de 15 de abril de 2016, sobre las aportaciones ex ante para 2016 al Fondo Único de Resolución, la JUR fijó, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1), las aportaciones ex ante para 2016 (en lo sucesivo, «período de contribución 2016») al Fondo Único de Resolución (FUR) (en lo sucesivo, «aportaciones ex ante») de las entidades comprendidas en el artículo 2, en relación con el artículo 67, apartado 4, de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «entidades»), entre las que se encuentra la demandante. 6 Mediante su Decisión SRB/ES/SRF/2016/13, de 20 de mayo de 2016, sobre el ajuste de las aportaciones ex ante para 2016 al FUR, que completa la Decisión SRB/ES/SRF/2016/06, la JUR revisó al alza la aportación ex ante correspondiente a la demandante a raíz de una rectificación del cálculo de las aportaciones ex ante de todas las entidades para el período de contribución 2016. 7 Mediante acuerdos recaudatorios de 22 de abril de 2016 y 10 de junio de 2016, la Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) (Autoridad Federal de Estabilización de los Mercados Financieros, Alemania), en su condición de autoridad nacional de resolución en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 3, del Reglamento n.o 806/2014, requirió a la demandante el pago de su aportación ex ante correspondiente al período de contribución 2016, que había sido fijada por la JUR. 8 El 27 de abril de 2022, la JUR adoptó la Decisión impugnada, mediante la cual revocó y sustituyó las Decisiones mencionadas en los apartados 5 y 6 de la presente sentencia (en lo sucesivo, «Decisiones iniciales»). Según los considerandos 19 y 20 de la Decisión impugnada, esta tenía por objeto subsanar la falta de motivación constatada por la JUR en las Decisiones iniciales a raíz de las sentencias de 28 de noviembre de 2019, Hypo Vorarlberg Bank/JUR (T‑377/16, T‑645/16 y T‑809/16, EU:T:2019:823), y de 28 de noviembre de 2019, Portigon/JUR (T‑365/16, EU:T:2019:824). II. Decisión impugnada 9 La Decisión impugnada consta de un cuerpo y tres anexos. 10 El cuerpo de la Decisión impugnada describe, en las secciones 3 a 9 y 11, el proceso de determinación de las aportaciones ex ante para el período de contribución 2016, aplicable a todas las entidades. 11 Más concretamente, en la sección 6 de dicha Decisión, la JUR determinó el objetivo de financiación anual a que se refiere el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 en lo que respecta a las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (DO 2015, L 15, p. 1) para el período de contribución 2016 (en lo sucesivo, «objetivo de financiación anual»). 12 La JUR explicó que había fijado el referido objetivo de financiación anual en una octava parte del 1,05 % del importe de los depósitos garantizados correspondientes a 2015, calculado al término del ejercicio, de todas las entidades, sobre la base de los datos comunicados por las entidades con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44; corrección de errores en DO 2017, L 156, p. 38). 13 En la sección 7 de la Decisión impugnada, la JUR describió el método conforme al cual debían calcularse las aportaciones ex ante correspondientes al período de contribución 2016. A este respecto, en el considerando 91 de dicha Decisión, precisó que, para dicho período, el 60 % de las aportaciones ex ante se había calculado sobre la «base nacional», es decir, a partir de los datos comunicados por entidades autorizadas en el territorio del Estado miembro participante en cuestión (en lo sucesivo, «base nacional»), de conformidad con el artículo 103 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27), y con arreglo al artículo 4 del Reglamento Delegado 2015/63. El resto de las aportaciones ex ante (esto es, el 40 %) se calculó sobre la «base de la unión bancaria», esto es, a partir de los datos comunicados por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de Resolución (MUR) (en lo sucesivo, «base de la unión bancaria»), de conformidad con los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 y con el artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/63. 14 A continuación, la JUR calculó las aportaciones ex ante de las entidades, incluida la demandante, siguiendo las fases principales siguientes. 15 En la primera fase, la JUR calculó, con arreglo al artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, la contribución anual de base de cada entidad, a prorrata del importe de los pasivos de la entidad en cuestión, con exclusión de sus fondos propios y depósitos con cobertura, con respecto a los pasivos totales, con exclusión de los fondos propios y los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes. De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, la JUR dedujo determinados tipos de pasivos del pasivo total de la entidad que debía tenerse en cuenta para determinar dicha contribución. 16 En la segunda fase del cálculo de las aportaciones ex ante, la JUR procedió a un ajuste de la contribución anual de base en función del perfil de riesgo de la entidad en cuestión, con arreglo al artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.o 806/2014. Evaluó este perfil de riesgo sobre la base de los cuatro pilares de riesgo a que se refiere el artículo 6 del Reglamento Delegado 2015/63, que llevan asociados diversos indicadores de riesgo. Con el fin de clasificar a las entidades según su nivel de riesgo, para empezar, la JUR estableció —en relación con cada indicador de riesgo aplicado respecto al período de contribución 2016— una serie de intervalos (grupos de riesgo) a los que fueron asignadas las entidades, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de dicho Reglamento Delegado, bajo el epígrafe «Etapa 2», punto 3. En relación con cada indicador de riesgo, se atribuyó a las entidades integrantes de cada intervalo un valor común, denominado «valor discretizado». Mediante la combinación de los valores discretizados para cada indicador de riesgo, la JUR calculó el «multiplicador de ajuste en función del perfil de riesgo» de la entidad en cuestión (en lo sucesivo, «multiplicador de ajuste»). Multiplicando la contribución anual de base de la entidad por su multiplicador de ajuste, la JUR determinó la «contribución anual de base ajustada al riesgo» de dicha entidad. 17 A continuación, la JUR sumó todas las contribuciones anuales de base ajustadas al riesgo para obtener el «denominador común» utilizado para calcular la parte del objetivo de financiación anual que debía abonar cada entidad. 18 Por último, la JUR calculó la aportación ex ante de cada entidad repartiendo el objetivo de financiación anual entre todas las entidades sobre la base de la ratio existente entre, por una parte, la contribución anual de base ajustada al riesgo y, por otra, el denominador común. 19 El anexo I de la Decisión impugnada contiene la ficha individual de la demandante, que muestra los resultados del cálculo de su aportación ex ante (en lo sucesivo, «ficha individual»). Dicha ficha individual indica el importe de la contribución anual de base de la demandante y el valor de su multiplicador de ajuste, tanto sobre la base de la unión bancaria como sobre la base nacional, especificando, en relación con cada indicador de riesgo, el número del intervalo al que fue asignada la demandante. Además, la ficha individual recoge una serie de datos que se utilizan para calcular las aportaciones ex ante de todas las entidades afectadas y que fueron determinados por la JUR mediante la suma o la combinación de los datos individuales de todas esas entidades. Por último, la referida ficha individual contiene los datos facilitados por la demandante en el formulario de declaración y utilizados para calcular su aportación ex ante. 20 El anexo II de la Decisión impugnada contiene una serie de estadísticas referentes al cálculo de las aportaciones ex ante en relación con cada Estado miembro participante, en forma resumida y agregada. Dicho anexo precisa, en particular, el importe global de las aportaciones ex ante adeudado por las entidades afectadas en cada uno de esos Estados miembros. Por otra parte, ese mismo anexo pormenoriza, respecto a cada indicador de riesgo, el número de intervalos, el número de entidades incluidas en cada uno de los intervalos y los valores mínimos y máximos de estos intervalos. En el caso de los intervalos relativos a la base nacional, por razones de confidencialidad, dichos valores se encuentran deflactados o inflados con una cantidad aleatoria, manteniéndose la distribución original de las entidades. 21 El anexo III de la Decisión impugnada, titulado «Análisis de los comentarios [de la demandante] presentados durante la consulta sobre las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2016», examina las observaciones presentadas por la demandante en el procedimiento de consulta llevado a cabo por la JUR previamente a la adopción de la Decisión impugnada. 22 En particular, en los puntos 21 y 27 a 31 del anexo III de la Decisión impugnada, la JUR expuso los motivos por los que, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, no se habían excluido del cálculo de la aportación ex ante de la demandante los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento. III. Pretensiones de las partes 23 La demandante solicita al Tribunal General que: – Anule la Decisión impugnada, incluidos sus anexos, en la medida en que estos últimos la afectan. – Condene en costas a la JUR. 24 La JUR solicita al Tribunal General que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a la demandante. – Con carácter subsidiario, en caso que el Tribunal General considere que la Decisión impugnada no debió adoptarse con efecto retroactivo, anule dicha Decisión únicamente por lo que respecta a este particular o únicamente su artículo 4, manteniéndola en todo lo demás. – Con carácter subsidiario de segundo grado, en caso de anulación de la Decisión impugnada, mantenga los efectos de dicha Decisión hasta que sea sustituida o al menos durante un período de seis meses desde la fecha en que la sentencia adquiera firmeza. 25 El Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea solicitan al Tribunal General que: – Desestime el recurso. – Condene en costas a la demandante. IV. Fundamentos de Derecho 26 En su escrito de demanda, la demandante invocó esencialmente dos motivos. Mediante el primer motivo, propuso una excepción de ilegalidad contra el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 y el Reglamento de Ejecución 2015/81. A este respecto, sostuvo que, en el supuesto de que dicha disposición y dicho acto no permitieran excluir del cálculo de su aportación ex ante los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento, infringirían el artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59 y el artículo 70, apartados 2 y 7, del Reglamento n.o 806/2014. Mediante su segundo motivo, la demandante consideró que, al no excluir del cálculo de dicha aportación los pasivos vinculados a las referidas actividades, la JUR había interpretado erróneamente el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63. 27 En su escrito de adaptación, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 11 de julio de 2022 con arreglo al artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demandante indica que mantiene en su totalidad las alegaciones formuladas en la demanda, al tiempo que señala que invoca motivos nuevos para cuestionar la sustitución de las Decisiones iniciales por la Decisión impugnada. 28 Así, la demandante invoca en total once motivos, basados: – el primero y el séptimo, en la vulneración del artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en la medida en que la JUR no le concedió debidamente audiencia sobre la sustitución, con efecto retroactivo, de las Decisiones iniciales por la Decisión impugnada y la adopción de esta última Decisión; – el segundo, en la vulneración de normas de rango superior, en la medida en que no existe base jurídica para la sustitución, con efecto retroactivo, de las Decisiones iniciales por la Decisión impugnada; – el tercero, en la vulneración del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, en la medida en que la Decisión impugnada no indica base jurídica alguna que sirva de fundamento para la sustitución con efecto retroactivo de las Decisiones iniciales; – el cuarto, en la vulneración del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, en la medida en que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en lo que atañe al cálculo de la aportación ex ante de la demandante; – el quinto, en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47, apartado 1, de la Carta, en la medida en que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada; – el sexto, en el incumplimiento por la Decisión impugnada de los requisitos generales de procedimiento que resultan del artículo 41 de la Carta, la vulneración del artículo 298 TFUE, la violación de los principios generales del Derecho y la infracción del Reglamento interno de la JUR; – el octavo, en la vulneración del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, del artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59, del artículo 70, apartados 2 y 7, del Reglamento n.o 806/2014 y del principio de igualdad de trato y en la inobservancia de la voluntad del legislador de la Unión de conceder un trato privilegiado a todos los bancos de fomento y del objetivo de reducir las cargas de los presupuestos públicos, en la medida en que la JUR no excluyó del cálculo de la aportación ex ante de la demandante los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento; – el noveno, con carácter subsidiario, en la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 y del Reglamento de Ejecución 2015/81, en la medida en que son incompatibles con normas jurídicas de rango superior; – el décimo, en la ilegalidad de las disposiciones contenidas en el artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y en el anexo I, titulado «Etapa 2», del Reglamento Delegado 2015/63, en la medida en que son incompatibles con normas jurídicas de rango superior; – el undécimo, en la violación de los principios generales del Derecho, en la medida en que la JUR incurrió en error al no basarse en los elementos de Derecho vigente en la fecha de adopción de la Decisión impugnada. 29 Procede examinar, para empezar, los motivos formulados por la demandante para invocar la ilegalidad de los artículos 5, apartado 1, letra f), y 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y de lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 y, a continuación, los motivos referidos directamente a la legalidad de la Decisión impugnada. A. Sobre las excepciones de ilegalidad de los artículos 5, apartado 1, letra f), y 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y de lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 1.   Sobre el noveno motivo, basado en la excepción de ilegalidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 a)   Observaciones preliminares 30 En primer lugar, debe señalarse que, si bien la demandante impugna en la demanda la validez tanto del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 como del Reglamento de Ejecución 2015/81 en su totalidad, sus alegaciones solo se refieren, en esencia, a la primera disposición. Así lo confirma la respuesta de la demandante de 13 de junio de 2022 a la diligencia de ordenación del procedimiento de 20 de mayo de 2022, en la que indicó que la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 conlleva asimismo la ilegalidad del artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, en la medida en que esta última disposición se remite al método de cálculo expuesto en el Reglamento Delegado 2015/63. 31 En estas circunstancias, es necesario proceder en primer término a la apreciación de la validez del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63. 32 En segundo término, debe examinarse la alegación de la JUR según la cual el noveno motivo solo es admisible en la medida en que fue invocado en la demanda, entendiéndose que, según dicha autoridad, el escrito de demanda únicamente contiene una exposición sucinta e hipotética de las alegaciones en apoyo de este motivo. Así, la JUR aduce, en esencia, que el Tribunal General no puede tener en cuenta las consideraciones adicionales que se han presentado en apoyo de dicho motivo en el escrito de adaptación de la demanda, puesto que son consideraciones sustanciales y no están «justificadas», en el sentido del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento, por la adopción de la Decisión impugnada. 33 A tenor del artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, la parte demandante puede adaptar su demanda antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad. 34 En el caso de autos, por una parte, procede observar que las consideraciones presentadas en el escrito de adaptación en apoyo del noveno motivo se basan en motivos de ilegalidad y alegaciones que se formularon en la demanda y que se refieren tanto al alcance del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 como a todas las partes del noveno motivo, examinadas más adelante en la presente sentencia. 35 Por otra parte, por lo que respecta al alcance del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, la Decisión impugnada contiene una nueva exposición de motivos por los que la JUR consideró que esta disposición no permitía excluir del cálculo de la aportación ex ante de la demandante los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento, mientras que las Decisiones iniciales no contenían motivación explícita alguna sobre este extremo. 36 En estas circunstancias, no cabe sino desestimar la objeción de la JUR. 37 En tercer término, es preciso señalar que, tras la celebración de la vista de 9 de marzo de 2023, la demandante solicitó al Tribunal General que adoptara una diligencia de ordenación del procedimiento con el fin de que las partes pudieran pronunciarse por escrito sobre la posibilidad de disociar la actividad de fomento de las actividades auxiliares de fomento. A este respecto, afirmó que la JUR había sostenido por primera vez en la vista que no era posible trazar una distinción clara entre estos dos tipos de actividades que ejerce la demandante. Mediante decisión de 16 de mayo de 2023, el Presidente de la Sala Octava ampliada del Tribunal General denegó dicha solicitud por considerar que se había ofrecido a la demandante la oportunidad de pronunciarse sobre las alegaciones formuladas en la vista por la JUR en su réplica final. 38 En cuarto término, la demandante planteó una excepción de ilegalidad contra el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 únicamente con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal General declare que dicha disposición no permite excluir del cálculo de la aportación ex ante los pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento. 39 Por consiguiente, es necesario, en un primer momento, examinar si el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 permite excluir del cálculo de la aportación ex ante de la demandante los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento y, de no ser así, apreciar, a continuación, si la citada disposición es conforme con el artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59 y con el artículo 70, apartados 2 y 7, del Reglamento n.o 806/2014. b)   Sobre el alcance del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 40 A tenor del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, se excluirán del cálculo de las aportaciones ex ante, «en el caso de las entidades que concedan préstamos promocionales, los pasivos de la entidad intermediaria frente al banco [originador], otro banco de fomento u otra entidad intermediaria y los pasivos del banco de fomento originador frente a las partes financiadoras, en la medida en que el importe de esos pasivos se corresponda con los préstamos promocionales de dicha entidad». 41 En virtud del artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63, por «préstamo promocional» se entenderá «un préstamo concedido por un banco de fomento o a través de un banco intermediario en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro, a fin de fomentar los objetivos públicos de la administración central o de las administraciones regionales de un Estado miembro». 42 La demandante alega que estas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que permiten excluir del cálculo de la aportación ex ante los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento, descritas en el apartado 4 de la presente sentencia. 43 La JUR, apoyada por la Comisión y el Consejo, rebate esta alegación. 44 De la jurisprudencia se desprende que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 no confiere a la JUR una facultad discrecional para excluir determinados pasivos en concepto de adaptación en función del riesgo de las aportaciones ex ante, sino que, por el contrario, enumera con precisión las condiciones en las que un pasivo está sujeto a tal exclusión (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartado 93). Conforme a esta misma jurisprudencia, la toma en consideración de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de proporcionalidad no permite justificar otro resultado, toda vez que el Reglamento Delegado 2015/63 ha establecido una distinción entre situaciones que presentan notables particularidades, directamente relacionadas con los riesgos que presentan los pasivos de que se trata (sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartado 95). 45 En este contexto, procede señalar que el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 establece tres requisitos para la exclusión de los pasivos de que se trata del cálculo de las aportaciones ex ante, partiendo de la base de que esos requisitos son acumulativos, de modo que el incumplimiento de cualquiera de ellos impide que se excluyan de dicho cálculo los pasivos de que se trata. 46 En primer lugar, para ser excluidos del cálculo de las aportaciones ex ante, los pasivos deben estar en poder de una entidad que conceda préstamos promocionales. 47 En segundo lugar, dichos pasivos deben constituir «pasivos de la entidad intermediaria frente al banco [originador], otro banco de fomento u otra entidad intermediaria» o «pasivos del banco de fomento originador frente a las partes financiadoras». 48 En tercer lugar, los pasivos de que se trata solo se pueden excluir del cálculo de los pasivos pertinentes para determinar la aportación ex ante«en la medida en que el importe de esos pasivos se corresponda con los préstamos promocionales de dicha entidad». 49 En el caso de autos, las partes discrepan en cuanto a si los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento, mencionadas en el anterior apartado 4, cumplen el tercer requisito indicado en el anterior apartado 48, esto es, que el importe de dichos pasivos se corresponda con los préstamos promocionales concedidos por el banco de fomento de que se trata. 50 A este respecto, del tenor del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, evocado en el anterior apartado 48, en particular del empleo de los términos «en la medida en que», se desprende que los pasivos en cuestión solo pueden excluirse del cálculo de la aportación ex ante de la entidad afectada hasta el importe correspondiente a los préstamos promocionales gestionados por dicha entidad, tal como se definen en el artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63. 51 Así pues, contrariamente a lo que parece sugerir la demandante, esta disposición no permite excluir del cálculo de la aportación ex ante todos los pasivos de un banco de fomento que, de un modo u otro, estén vinculados al cumplimiento de su misión de fomento, sino únicamente los pasivos cuyo importe se corresponda exactamente con el importe de los préstamos promocionales gestionados por ese banco. 52 Por otro lado, por lo que se refiere a la cuestión de si las actividades auxiliares de fomento, como las descritas en el apartado 4 de la presente sentencia, pueden estar comprendidas en el concepto de «préstamos promocionales» en el sentido del artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63, de las precisiones aportadas por la demandante en su escrito de adaptación de la demanda y en la vista se desprende que las actividades que son pertinentes a efectos de la excepción de ilegalidad aquí examinada consisten, en particular, en la adquisición de títulos de deuda en el mercado de capitales. 53 A este respecto, sin que sea necesario analizar si tales operaciones pueden calificarse de «préstamos», del tenor del artículo 3, punto 28, del citado Reglamento Delegado, como se ha recordado en el anterior apartado 41, resulta que, para ser calificadas de préstamos promocionales, es indispensable que las referidas operaciones se realicen «en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro». 54 En efecto, contrariamente a lo que sostiene la demandante, este requisito debe cumplirse no solo en el caso de los préstamos concedidos a través de un banco intermediario, sino también cuando se trate de préstamos concedidos por un banco de fomento. Esta conclusión no queda desvirtuada por las versiones en lengua inglesa y francesa del artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63, en las que se basa la demandante. A este respecto, de la redacción de estas dos versiones lingüísticas —y de las demás, en particular la española, la italiana y la polaca— se desprende claramente que el requisito que resulta del empleo de la expresión «en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro» se articula con el verbo «conceder», de modo que se refiere tanto a la expresión «un banco de fomento» como a la expresión «un banco intermediario». Por cuanto concierne a este aspecto, el mero hecho de que dicho requisito figure inmediatamente después de estos últimos términos no significa que afecte únicamente a los préstamos promocionales concedidos por los bancos intermediarios. 55 Esta interpretación se ve corroborada, además, por la versión en lengua alemana del artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63. En efecto, en esta versión lingüística, el requisito que resulta del empleo de la expresión «en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro» precede al concepto de «préstamo» y, por tanto, es aplicable por igual a los dos supuestos en cuestión, esto es, a la concesión de préstamos promocionales tanto por un banco intermediario como por un banco de fomento. 56 La conclusión enunciada en el anterior apartado 54 también se ve confirmada por el considerando 13 del Reglamento Delegado 2015/63, que menciona explícitamente el requisito que resulta del empleo de la expresión «en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro» en el contexto de los préstamos concedidos directamente por un banco de fomento. 57 Del mismo modo, el requisito en cuestión forma parte integrante del artículo 3, punto 27, del Reglamento Delegado 2015/63, que define el concepto de «banco de fomento» en el sentido de que se refiere a toda empresa o ente establecidos por la Administración central o una Administración regional de un Estado miembro, que conceda préstamos promocionales «en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro». 58 De ello se deduce que, para que una operación pueda calificarse de préstamo promocional a efectos del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, el requisito que resulta del empleo de la expresión «en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro» debe cumplirse no solo en el caso de una entidad intermediaria, sino también en el de un banco de fomento. 59 Pues bien, por lo que se refiere a las actividades auxiliares de fomento consistentes en la adquisición de títulos de deuda en el mercado de capitales, mencionadas en el anterior apartado 52, nada indica que tales operaciones de adquisición cumplan el requisito enunciado en el anterior apartado 58. 60 En efecto, no se discute, por una parte, que las referidas operaciones se llevan a cabo en el mercado abierto de capitales en el que participan otros agentes, que realizan los mismos tipos de operaciones y pueden adquirir los mismos títulos de deuda que los bancos de fomento, en las mismas condiciones de mercado que estos. Pues bien, en tal mercado, los bancos de fomento, por definición, compiten directamente con esos otros agentes del mercado, de modo que no cabe considerar que la actividad de que se trata se ejerza en condiciones no competitivas. 61 Por otra parte, la propia demandante admite que, con las actividades consistentes en tal adquisición de títulos de deuda en el mercado de capitales, se pretende generar y se generan ingresos, pues consisten en producir márgenes de interés para financiar la actividad bancaria como tal de los bancos de fomento, como la demandante. Por consiguiente, no cabe considerar que dichas actividades se ejerzan sin ánimo de lucro. 62 No desvirtúa esta conclusión la alegación de la demandante de que el «objetivo último» de dichas actividades no consiste en obtener beneficios, debido a la prohibición de repartir dividendos que se le impone. En efecto, el carácter no lucrativo de una actividad, a efectos de la aplicación del artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63, se aprecia en consideración a la naturaleza de la actividad de que se trate, sin que sea pertinente que los beneficios generados por ella se utilicen o no posteriormente para financiar las actividades de fomento, que se ejercen sin ánimo de lucro. Cualquier otra interpretación supondría considerar que las actividades de que se trata presentan carácter no lucrativo por el mero hecho de que las ejerce un banco de fomento, lo que vaciaría de contenido el requisito que resulta del empleo de la expresión «en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro», establecido en el artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63. 63 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el artículo 5, apartado 1, letra f), en relación con el artículo 3, puntos 27 y 28, del Reglamento Delegado 2015/63 debe interpretarse en el sentido de que no permite excluir del cálculo de la aportación ex ante de los bancos de fomento, como la demandante, los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento. c)   Sobre la legalidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 64 En el supuesto de que el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 deba interpretarse en el sentido de que no permite excluir del cálculo de la aportación ex ante los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento, la demandante invoca una excepción de ilegalidad contra dicha disposición alegando que es incompatible con el artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59 y con el artículo 70, apartados 2 y 7, del Reglamento n.o 860/2014. 65 Con carácter preliminar, por una parte, se ha de precisar que la demandante desarrolla su argumentación esencialmente a la luz del artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59 y que invoca la vulneración del artículo 70, apartados 2 y 7, del Reglamento n.o 860/2014 únicamente en la medida en que el Reglamento de Ejecución 2015/81 se remite al método de cálculo indicado en el Reglamento Delegado 2015/63. 66 Por otra parte, de la demanda se desprende que la excepción de ilegalidad propuesta por la demandante contra el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 se divide, en realidad, en tres partes, basadas, la primera, en la inobservancia de los trabajos preparatorios de la Directiva 2014/59; la segunda, en la vulneración del objetivo de reducción de las cargas de los presupuestos públicos y, la tercera, en la violación de los principios de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo y de igualdad de trato. 1) Sobre la primera parte, basada en la inobservancia de los trabajos preparatorios de la Directiva 2014/59 67 La demandante sostiene que, al no excluir del cálculo de las aportaciones ex ante todos los pasivos vinculados a las actividades de que se trata de los bancos de fomento, que disfrutan de una garantía pública, incluidos, por ende, los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento de estos bancos, el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 no se ajusta al enfoque adoptado en los trabajos preparatorios de la Directiva 2014/59. Alega que, en efecto, en el proceso legislativo, el Parlamento propuso reflejar en el cálculo de las aportaciones ex ante la importancia particular de estos bancos y su misión de servicio público disponiendo la no inclusión de tales pasivos en dicho cálculo. El hecho de que la enmienda del Parlamento relativa a tal exclusión no se incluyera en el texto final de la citada Directiva no se debe a un desacuerdo en cuanto al fondo, sino a un malentendido. Así, dicha exclusión ya estaba prevista cuando se adoptó la referida Directiva y debería haberse tenido en cuenta con ocasión de la adopción del Reglamento Delegado 2015/63. 68 La JUR, el Consejo y la Comisión rebaten estas alegaciones. 69 A este respecto, procede recordar que las aportaciones ex ante se exigen y determinan sobre la base del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014. 70 De esta disposición se desprende que deben contribuir al FUR las «entidades» en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 13, del Reglamento n.o 806/2014. 71 De esta última disposición, en relación con el artículo 3, apartado 2, del mismo Reglamento y con el artículo 2, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2014/59, resulta que tales entidades comprenden, en particular, las entidades de crédito en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1), que no figuran entre las entidades mencionadas en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338). 72 A la luz de estas disposiciones, los bancos regionales de fomento de la República Federal de Alemania que constituyen entidades de crédito en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento n.o 575/2013 (en lo sucesivo, «bancos regionales de fomento»), como la demandante, no estaban exentos del régimen general de pago de aportaciones ex ante, ya que no figuraban entre las entidades excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 en virtud del artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/36, en su versión aplicable al período de contribución 2016. 73 En efecto, por una parte, a diferencia del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que es el banco nacional de fomento de la República Federal de Alemania, los bancos regionales de fomento, como la demandante, no figuraban en el artículo 2, apartado 5, punto 6, de la Directiva 2013/36, en su versión aplicable antes de su modificación por la Directiva 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019 (DO 2019, L 150, p. 253). 74 Por otra parte, si bien de los trabajos preparatorios de la Directiva 2014/59 se desprende que, durante el proceso legislativo, el Parlamento propuso, en esencia, que se excluyera del cálculo de las aportaciones ex ante todo el pasivo de los bancos de fomento, la versión final de la Directiva no mantuvo tal propuesta. 75 Pues bien, contrariamente a lo que sostiene la demandante, no puede considerarse que el hecho de que no se adoptara dicha propuesta fuera fruto de un «malentendido» durante el proceso legislativo. En efecto, además de que esta alegación carece de respaldo probatorio, no puede sostenerse que el rechazo de una propuesta de modificación constituya un indicio de la interpretación a contrario de la disposición de que se trate, en la medida en que el legislador decidió expresa y deliberadamente descartar la modificación en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 1996, RTI y otros, C‑320/94, C‑328/94, C‑329/94 y C‑337/94 a C‑339/94, EU:C:1996:486, apartado 44). 76 De cuanto antecede se sigue que ni el Reglamento n.o 806/2014 ni la Directiva 2014/59 eximen con carácter general a los bancos regionales de fomento de la obligación de abonar aportaciones ex ante —pese a que disfrutan de una garantía pública— y que, por tanto, dicho Reglamento y dicha Directiva no excluyen del cálculo de la aportación ex ante todos los pasivos vinculados a las actividades de esos bancos. 77 Del mismo modo, ninguno de estos actos contempla la posibilidad de que la Comisión excluya a determinadas entidades, como los bancos regionales de fomento, del ámbito de aplicación personal de la obligación de abonar las aportaciones ex ante. 78 En consecuencia, procede desestimar la primera parte del noveno motivo. 2) Sobre la segunda parte, basada en la vulneración del objetivo de reducción de las cargas de los presupuestos públicos 79 La demandante considera que la negativa a excluir del cálculo de la aportación ex ante de los bancos regionales de fomento los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento, como resulta del Reglamento Delegado 2015/63, contraviene la voluntad del legislador de la Unión y vulnera el objetivo de reducción de las cargas de los presupuestos públicos fijado por la Directiva 2014/59. Así, se somete a los presupuestos públicos a una presión doble en la medida en que la suma que debe abonarse en forma de aportaciones ex ante se recauda con cargo a los bancos regionales de fomento, como la demandante, pero también indirectamente con cargo a las autoridades públicas propietarias de dichos bancos y, por ende, con cargo a los presupuestos públicos. 80 La JUR y la Comisión rebaten las alegaciones de la demandante. 81 Con carácter preliminar, procede recordar que, como se desprende de los anteriores apartados 69 a 77, ni el Reglamento n.o 806/2014 ni la Directiva 2014/59 eximen, respecto del período de contribución 2016, a los bancos regionales de fomento de la obligación de pagar aportaciones ex ante, pese a que estos bancos disfrutan de una garantía pública. 82 Esta conclusión no queda desvirtuada por el objetivo de reducción de las cargas de los presupuestos públicos a que se refiere la Directiva 2014/59, en el que se basa la demandante en esta parte. 83 Es cierto que, como se desprende del considerando 109 de la Directiva 2014/59, esta pretende alcanzar el objetivo de que la financiación de los procedimientos de resolución de las entidades afectadas corra a cargo fundamentalmente de los accionistas y acreedores de las entidades objeto de dichos procedimientos y, por lo tanto, de los operadores económicos, y no de los presupuestos públicos. 84 Ahora bien, en la medida en que una autoridad pública sea accionista, acreedora o garante de una entidad de este tipo, el hecho de que dicha autoridad participe en su condición de tal en la financiación del FUR y contribuya así a garantizar la solidez del sistema de mecanismos de financiación de la resolución de la Unión no es incompatible con el objetivo mencionado en el anterior apartado 83. 85 Por consiguiente, el referido objetivo no puede desvirtuar la apreciación formulada en el anterior apartado 76. 86 A la vista de cuanto antecede, procede desestimar la segunda parte del noveno motivo. 3) Sobre la tercera parte, basada en la violación de los principios de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo y de igualdad de trato 87 En primer lugar, la demandante considera que, en la medida en que no excluye del cálculo de la aportación ex ante de los bancos regionales de fomento los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento, el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 infringe el artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59, que exige que se adecúe el importe de la aportación ex ante al perfil de riesgo de las entidades. 88 La demandante considera que, habida cuenta de la lógica inherente a los mecanismos de financiación de la resolución, consagrada en el considerando 103 de la Directiva 2014/59, la probabilidad de que la entidad sea objeto de un procedimiento de resolución podría, en un caso concreto, tener una importancia preponderante respecto de los demás parámetros que permiten adecuar las aportaciones ex ante al perfil de riesgo, enumerados en el artículo 103, apartado 7, de dicha Directiva. Así pues, el Reglamento Delegado 2015/63, que se basa —en la medida en que establece el método de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo de las entidades— en el citado artículo 103, apartado 7, solo es conforme a Derecho en tanto en cuanto integra en grado suficiente en las modalidades de cálculo de las aportaciones ex ante la probabilidad de que las entidades de que se trata sean objeto de un procedimiento de resolución. 89 Pues bien, atendiendo a esta probabilidad, no hay diferencia entre los pasivos vinculados a las actividades de fomento y los vinculados a las actividades auxiliares de fomento. Por una parte, el estado federado garantiza, en su condición de garante de la demandante, una cobertura total de estas dos categorías de pasivos. Por otra parte, habida cuenta de la garantía que ofrece el estado federado, queda prácticamente excluida la inviabilidad de la demandante, lo que significa que nunca precisará de los instrumentos de resolución. 90 Con carácter preliminar, procede señalar que, en el contexto de un poder delegado en el sentido del artículo 290 TFUE, la Comisión dispone, en el ejercicio de las competencias que se le confieren, de una amplia facultad de apreciación, en particular, cuando tiene que efectuar apreciaciones y evaluaciones complejas (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 53 y jurisprudencia citada). 91 Tal es el caso del establecimiento de los criterios de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo en virtud del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59. 92 A este respecto, debe recordarse que la naturaleza específica de las aportaciones ex ante estriba, como se infiere de los considerandos 105 a 107 de la Directiva 2014/59 y del considerando 41 del Reglamento n.o 806/2014, en garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que pueda cumplir sus funciones, incentivando a las entidades en cuestión para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 113). 93 En este contexto, y como se desprende del considerando 114 de la Directiva 2014/59, el legislador de la Unión ha encomendado a la Comisión que especifique, mediante acto delegado, la forma en que las contribuciones de las entidades deben ajustarse a los dispositivos de financiación para la resolución en función de su perfil de riesgo. 94 En este mismo sentido, el considerando 107 de dicha Directiva precisa que, con el fin de garantizar un cálculo equitativo de las aportaciones ex ante y proporcionar incentivos para operar con arreglo a modelos menos arriesgados, las contribuciones a los mecanismos nacionales de financiación deben tener en cuenta el grado de riesgo de crédito, liquidez y mercado asumido por las entidades. 95 De lo anterior resulta que la Comisión debía elaborar una serie de normas de ajuste de las aportaciones ex ante en función del perfil de riesgo de las entidades, persiguiendo dos objetivos conexos, a saber, por una parte, garantizar que se tengan en cuenta los distintos riesgos generados por las actividades de las entidades, ya sean bancarias o, en un sentido más amplio, financieras, y, por otra, proporcionar a esas mismas entidades incentivos para operar con arreglo a métodos menos arriesgados. 96 Pues bien, como se desprende de los documentos relativos a la adopción del Reglamento Delegado 2015/63, en particular los documentos «JRC technical work supporting Commission second level legislation on risk based contributions to the (single) resolution fund» [Estudio técnico del JRC en apoyo de la legislación de segundo nivel de la Comisión sobre las aportaciones al Fondo (Único) de Resolución en función de los riesgos] y «Commission Staff Working Document: estimates of the application of the proposed methodology for the calculation of contributions to resolution financing arrangements» (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: estimaciones de la aplicación del método propuesto para el cálculo de las aportaciones a los mecanismos de financiación de las resoluciones), la elaboración de tales normas suponía para la Comisión la realización de apreciaciones y evaluaciones complejas en la medida en que dicha institución debía examinar los diferentes factores en atención a los cuales se consideraban los diversos tipos de riesgo en el sector bancario y financiero. 97 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión disponía de una amplia facultad de apreciación para adoptar, en virtud del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, las normas que especificaran el concepto de ajuste de las aportaciones ex ante en función del perfil de riesgo. 98 En estas circunstancias, por lo que respecta al método de ajuste de las contribuciones anuales de base conforme al artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, el control del juez de la Unión debe limitarse a examinar si, al ejercer la facultad de apreciación que le ha sido atribuida, la Comisión no incurrió en error manifiesto o en desviación de poder o, también, si no rebasó manifiestamente los límites de esa facultad (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, apartado 60). 99 En consecuencia, corresponde a la demandante demostrar que el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 adolece de tales vicios en la medida en que no excluye del cálculo de las aportaciones ex ante los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento de los bancos de fomento regionales. 100 A este respecto, procede recordar, para empezar, que ni el Reglamento n.o 806/2014 ni la Directiva 2014/59 eximían, con carácter general, a los bancos regionales de fomento de la obligación de abonar aportaciones ex ante, pese a que estos disfrutan de una garantía pública e independientemente del nivel de probabilidad de quedar sujetos a un procedimiento de resolución (véanse los anteriores apartados 69 a 77). 101 Del mismo modo, ni la Directiva 2014/59 ni el Reglamento n.o 806/2014 obligan a la Comisión a excluir determinados pasivos de dichas entidades del cálculo de las aportaciones ex ante. 102 Así pues, de conformidad con el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 y con el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59, a efectos del cálculo de dichas aportaciones, en principio deben tomarse en consideración todos los pasivos de las referidas entidades, con exclusión de sus fondos propios y depósitos con cobertura, sin perjuicio del ajuste de tales aportaciones en función del riesgo de las entidades. 103 Este enfoque concuerda con la lógica de garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo ex ante, que el sector financiero en su conjunto proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 113). En efecto, según esta lógica, todas las entidades, incluidas aquellas con menor probabilidad de resolución, se benefician de sus aportaciones ex ante gracias a la estabilidad del sistema financiero que asegura el FUR. 104 En estas circunstancias, la demandante no puede sostener que la Comisión estaba obligada a excluir del cálculo de la aportación ex ante determinados pasivos de los bancos regionales de fomento, como los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento, simplemente porque la probabilidad de resolución de dichos bancos fuera menor. 105 Esto es tanto más cierto cuanto que la demandante no ha rebatido que no se excluye, desde el punto de vista jurídico, que un banco regional de fomento, pese a disfrutar de garantías públicas, pueda ser objeto de resolución y, por ende, recurrir al FUR. 106 Por otro lado, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, la aportación ex ante no se calcula únicamente sobre la base de los pasivos de las entidades de que se trate, sino que se ajusta ulteriormente en función del perfil de riesgo de cada entidad. Así, en virtud del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, la Comisión está facultada para especificar, mediante un acto delegado, las modalidades de este ajuste de las aportaciones ex ante en función del perfil de riesgo de dichas entidades. 107 A este respecto, la referida disposición contempla ocho aspectos que la Comisión debe tener en cuenta al realizar dicho ajuste. Pues bien, aunque «la probabilidad de que la entidad sea objeto de resolución» y «el nivel de riesgo de la entidad» figuran entre esos aspectos, estando por tanto la Comisión obligada a tenerlos en cuenta al adoptar un acto delegado como es el Reglamento Delegado 2015/63, se trata tan solo de dos de los ocho aspectos que la Comisión debe tomar en consideración al elaborar tal acto. 108 Además, nada hay en el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59 que indique que la Comisión esté obligada a conceder una importancia preponderante a uno o varios de esos aspectos, como el de la probabilidad de que la entidad sea objeto de resolución. 109 Esta conclusión se ve confirmada por el contexto del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59. 110 Por una parte, del considerando 105 de dicha Directiva se desprende que las aportaciones ex ante se recaudan de los actores del sector financiero antes de la aplicación de cualquier operación de resolución y con independencia de ella. Por otra parte, los instrumentos de resolución solo pueden aplicarse a las entidades que estén en graves dificultades o probablemente vayan a estarlo y únicamente cuando sean necesarios para conseguir la estabilidad financiera en aras del interés público. Así pues, la normativa no establece ninguna relación automática entre el abono de la aportación ex ante de la entidad de que se trate y la resolución de esta última, puesto que lo decisivo para la utilización del FUR es únicamente preservar el interés público, y no el interés individual de esa entidad (sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR, T‑758/18, EU:T:2021:28, apartado 70). De ello resulta que la probabilidad de que una entidad sea objeto de resolución no es el único aspecto que debe tenerse en cuenta para calcular su aportación ex ante. 111 Ello es tanto más cierto cuanto que la exclusión de los pasivos vinculados a las actividades de fomento del cálculo de las aportaciones ex ante, establecida en el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, no se justifica por el hecho de que los bancos de fomento, que poseen tales pasivos, tengan menores probabilidades de ser objeto de resolución. En efecto, como se infiere del considerando 13 del citado Reglamento Delegado, la exclusión de dichos pasivos se basa en el hecho de que los préstamos promocionales persiguen un objetivo de política pública, que se conceden en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro y que están garantizados parcialmente, de forma directa o indirecta, por la Administración central o regional o por la autoridad local de un Estado miembro. Así pues, esta exclusión se basa en las características específicas de una categoría de actividades determinada y no en el perfil global de riesgo de los bancos de fomento que ejecutan esas actividades, partiendo de la base de que tales bancos no tienen necesariamente el mismo perfil de riesgo simplemente por el hecho de llevar a cabo actividades de fomento, entre otras. 112 Habida cuenta de lo anterior, la demandante no ha demostrado que el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 adoleciera de error manifiesto o de desviación de poder o que traspasara manifiestamente los límites de la facultad de apreciación de la Comisión debido a que no excluía los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento de los bancos regionales de fomento del cálculo de sus aportaciones ex ante. 113 En segundo lugar, la demandante alega que el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 viola el principio de igualdad de trato, cuando el artículo 103 de la Directiva 2014/59 exige la igualdad de trato entre bancos que presentan el mismo perfil de riesgo. 114 En primer término, sostiene que el artículo 5, apartado 1, letra f), de Reglamento Delegado 2015/63 introduce una diferencia de trato injustificada entre los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento y los pasivos vinculados a las actividades de fomento. A este respecto, del considerando 13 de dicho Reglamento Delegado se deduce que el régimen privilegiado de los pasivos de los bancos de fomento asignados a la refinanciación de determinados préstamos se debe a que estos préstamos están garantizados, de forma directa o indirecta, por la Administración central o regional o por la autoridad local de que se trate. Pues bien, la garantía de mantenimiento de la actividad de que disfruta la demandante —y, por ende, la probabilidad «sumamente baja» de quedar sujeta a un procedimiento de resolución— no depende en absoluto de que sus pasivos correspondan a créditos vinculados a su actividad de fomento o a sus actividades auxiliares de fomento. La diferencia de trato tampoco está justificada desde el punto de vista de la naturaleza de estas actividades, ya que las actividades de fomento son económicamente indisociables de las actividades auxiliares de fomento. 115 En segundo término, la demandante alega que el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, en relación con el artículo 5, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento Delegado, da lugar a una diferencia de trato injustificada entre los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento y los pasivos contraídos con contrapartes con las que una entidad haya instaurado un sistema institucional de protección (en lo sucesivo, «SIP»), puesto que estos últimos pasivos están excluidos del cálculo de las aportaciones ex ante en virtud del artículo 5, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento Delegado. En efecto, la demandante disfruta, respecto a los recursos utilizados para sus actividades auxiliares de fomento, de un mecanismo de protección independiente del FUR, a saber, la garantía del estado federado, que es comparable a la que brinda un SIP. 116 En tercer término, la demandante afirma que los bancos regionales de fomento son tratados de forma diferente a los bancos nacionales de fomento, los cuales no están considerados como entidades de crédito en el sentido del Reglamento n.o 575/2013 y, por consiguiente, están exentos de la obligación de abonar aportaciones ex ante, aun cuando los bancos de fomento regionales, al igual que los nacionales, llevan a cabo tareas específicas de financiación en aras del interés público y disponen de una garantía de mantenimiento de la actividad. 117 A este respecto, procede recordar que el principio de igualdad de trato, como principio general del Derecho de la Unión, exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (sentencia de 3 de febrero de 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, apartado 95). 118 Dado que la violación del principio de igualdad de trato ha sido invocada por la demandante, corresponde a esta identificar con precisión las situaciones comparables que, a su juicio, han sido tratadas de manera diferente o las situaciones diferentes que, a su parecer, han sido tratadas de manera idéntica [sentencia de 12 de abril de 2013, Du Pont de Nemours (France) y otros/Comisión, T‑31/07, no publicada, EU:T:2013:167, apartado 311]. 119 Según reiterada jurisprudencia, el carácter comparable de situaciones diferentes debe apreciarse sobre la base del conjunto de elementos que las caracterizan. Estos elementos deben determinarse y valorarse, en particular, a la luz del objeto y la finalidad del acto que establece la distinción de que se trate. Además, deben tenerse en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenece el acto en cuestión (véase la sentencia de 3 de febrero de 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, apartado 99 y jurisprudencia citada). 120 Por lo que respecta al objeto y a la finalidad de la Directiva 2014/59, del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento Delegado 2015/63, es preciso recordar que estos actos se inscriben en el ámbito del MUR, cuya creación pretende, de conformidad con el considerando 12 del Reglamento n.o 806/2014, garantizar un enfoque neutral ante las entidades en graves dificultades, reforzar la estabilidad de las entidades de los Estados miembros participantes y evitar que, en su caso, las crisis tengan repercusiones en los Estados miembros no participantes en dicho mecanismo, con el fin de facilitar el funcionamiento del mercado interior en su conjunto. 121 Con vistas a asegurar la financiación de las actividades del MUR, la Directiva 2014/59, el Reglamento n.o 806/2014 y el Reglamento Delegado 2015/63 establecieron las aportaciones ex ante cuya naturaleza específica estriba, como se infiere de los considerandos 105 a 107 de la citada Directiva 2014/59 y del considerando 41 del Reglamento n.o 806/2014, en garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones y en proporcionar incentivos a las entidades para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 113). 122 En este contexto, la exclusión establecida en el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 viene motivada, como se desprende del considerando 13 de este mismo Reglamento Delegado, por el hecho de que los préstamos promocionales persiguen un objetivo de política pública, se conceden en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro y están garantizados parcialmente, de forma directa o indirecta, por la Administración central o regional o por la autoridad local de un Estado miembro. 123 Por lo que respecta a la primera alegación, esta debe entenderse en el sentido de que la demandante sostiene, en esencia, que las actividades auxiliares de fomento son comparables a las actividades de fomento, de modo que los pasivos de un banco regional de fomento que ejerce las dos categorías de actividades deberían haberse excluido del cálculo de su aportación ex ante no solo hasta el importe correspondiente a las actividades de fomento, sino hasta el importe correspondiente a ambas categorías de actividades. 124 A este respecto, del anterior apartado 60 resulta, antes de nada, que las actividades auxiliares de fomento se llevan a cabo en el mercado abierto de capitales y con ánimo de lucro, que pueden ser realizadas por entidades distintas de los bancos regionales de fomento y que se ejercen en condiciones de competencia con las demás entidades. En cambio, las actividades de fomento se desarrollan sobre la base de una obligación legal de asistir a la Administración central o regional de un Estado miembro en el cumplimiento de sus misiones de interés público. 125 Además, a la luz de las apreciaciones formuladas en los anteriores apartados 62 y 124 y contrariamente a lo que sugiere la demandante, el hecho de que estas dos categorías de actividades sean complementarias desde el punto de vista económico no significa que sean comparables. 126 Por último, la circunstancia invocada por la demandante de que la garantía del estado federado de que disfruta cubre, en su caso concreto, todas sus actividades, ya sean de fomento o auxiliares de fomento, carece de pertinencia para apreciar el carácter comparable de estas dos categorías de actividades a la luz del objetivo perseguido por el artículo 5, apartado 1, letra f), de Reglamento Delegado 2015/63. En efecto, por una parte, como resulta del anterior apartado 122, dicha disposición no tenía por objetivo excluir del cálculo de las aportaciones ex ante todos los pasivos de todos los bancos regionales de fomento que disfrutan de garantías como aquellas de las que disfruta la demandante. Por otra parte, no se ha demostrado que las garantías públicas que cubren, por regla general, las actividades de fomento de los bancos regionales de fomento se extiendan también, en el caso de todos estos bancos, a las actividades auxiliares de fomento que estos desarrollan. A este respecto, la demandante no ha rebatido, en particular, la alegación de la Comisión según la cual hay situaciones en las que las actividades auxiliares de fomento de determinados bancos regionales de fomento no están cubiertas por ninguna garantía estatal o equivalente. 127 A la vista de lo anterior, las actividades auxiliares de fomento no pueden considerarse comparables a las actividades de fomento. En consecuencia, no ha quedado acreditado que deban recibir el mismo trato en lo que respecta a la exclusión de los pasivos vinculados a dichas actividades a efectos del cálculo de las aportaciones ex ante. 128 En cuanto a la segunda alegación, la demandante se equivoca al sostener que, a la luz del objetivo específico que persigue el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado 2015/63, los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento son comparables a los pasivos contraídos con contrapartes con las que la entidad de que se trate haya instaurado un SIP. En efecto, de conformidad con el considerando 8 de este Reglamento Delegado, la exclusión de los pasivos vinculados a los SIP obedece a la voluntad de evitar el doble cómputo de determinados pasivos al determinar las aportaciones ex ante de las entidades que sean miembros de un SIP o afiliadas de forma permanente al mismo organismo central. Pues bien, la demandante no ha alegado que la inclusión de los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento en el cálculo de su aportación ex ante constituya un doble cómputo de tales pasivos. 129 Por cuanto atañe a la tercera alegación, basada en que los bancos regionales de fomento reciben un trato diferente al de los bancos nacionales de fomento en lo que respecta a la obligación de abonar aportaciones ex ante, procede señalar lo siguiente. 130 Para empezar, esta diferencia de trato resulta de las disposiciones de los actos legislativos a los que aluden los anteriores apartados 70 a 73. En efecto, como se ha explicado en dichos apartados, fue el artículo 2, apartado 5, punto 6, de la Directiva 2013/36, en su versión aplicable antes de su modificación por la Directiva 2019/878, el que excluyó específicamente al KfW del ámbito de aplicación de la Directiva 2013/36 y, por ende, del régimen general de pago de aportaciones ex ante. Pues bien, la demandante no ha cuestionado la validez de esta disposición ni de las demás disposiciones mencionadas en los anteriores apartados 70 a 73. 131 En cambio, el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, cuya ilegalidad se invoca mediante el presente motivo, se aplica a todos los bancos de fomento, en el sentido del artículo 3, punto 27, del Reglamento Delegado 2015/63, comprendidos en el ámbito de aplicación personal del régimen general de pago de aportaciones ex ante. Así pues, dicha disposición no establece diferencia de trato alguna entre estos bancos en función de que hayan sido creados por una Administración central o por una Administración regional de un Estado miembro. 132 Por otro lado, como se ha declarado en el anterior apartado 77, ni el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59 ni ninguna otra disposición de dicha Directiva o del Reglamento n.o 806/2014 facultan a la Comisión para dispensar por completo, mediante un acto delegado, a determinadas entidades, como los bancos regionales o nacionales de fomento, de la obligación de abonar aportaciones ex ante. 133 En estas circunstancias, el mero hecho de que el legislador de la Unión hubiera decidido sustraer del régimen general de pago de las aportaciones ex ante, a título individual, al KfW, designado nominalmente en el artículo 2, apartado 5, punto 6, de la Directiva 2013/36, en su versión aplicable antes de su modificación por la Directiva 2019/878, no puede afectar a la legalidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63. 134 En tercer lugar, la demandante considera, por lo que respecta al Reglamento de Ejecución 2015/81, que el método de cálculo establecido en dicho Reglamento y aplicado en la Decisión impugnada viola el principio de proporcionalidad y distorsiona las estructuras del sector bancario de los Estados miembros, en la medida en que conduce a subvenciones cruzadas de los bancos comerciales a través del sector de los bancos de fomento. En este sentido, sostiene que el referido método de cálculo crea distorsiones entre las estructuras del sector bancario de los Estados miembros, infringiendo el artículo 70, apartado 2, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 806/2014. 135 A este respecto procede recordar que el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, exige que los actos de las instituciones de esta sean idóneos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas a la luz de los objetivos perseguidos (sentencias de 4 de mayo de 2016, Philip Morris Brands y otros, C‑547/14, EU:C:2016:325, apartado 165, y de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR, T‑758/18, EU:T:2021:28, apartado 142; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, C‑58/08, EU:C:2010:321, apartado 51). 136 Pues bien, la demandante no ha aportado prueba alguna que demuestre que la inclusión de los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento en el cálculo de las aportaciones ex ante fuera inadecuada en relación con los objetivos que el legislador de la Unión y la Comisión pretenden alcanzar, indicados en los anteriores apartados 120 a 122. 137 Tampoco ha formulado ningún motivo para demostrar que la inclusión de esos pasivos en el cálculo de las aportaciones ex ante iba más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos enunciados en los anteriores apartados 120 a 122 o producía inconvenientes excesivos en relación con esos objetivos. 138 Por lo que respecta al único argumento concreto formulado por la demandante en el contexto de la presente alegación, a saber, que la inclusión de los referidos pasivos en el cálculo de las aportaciones ex ante conduce, en su opinión, a «subvenciones cruzadas» de los bancos comerciales a través del sector de los bancos de fomento, la demandante no ha justificado de modo suficiente en Derecho que tal inclusión no cumpla los criterios enunciados en el anterior apartado 135. Además, y en cualquier caso, como ya se ha indicado en el anterior apartado 124, las actividades auxiliares de fomento se llevan a cabo en el mercado abierto de capitales con ánimo de lucro, de modo que la posible exclusión de los pasivos vinculados a esas actividades del cálculo de las aportaciones ex ante podría conducir al resultado contrario al que propone la demandante, a saber, la creación de distorsiones entre las distintas entidades que operan en ese mercado. 139 De todas estas consideraciones resulta que procede desestimar la tercera parte del noveno motivo y, con ella, este motivo en su totalidad. 2.   Sobre el décimo motivo, basado en la ilegalidad del artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y de lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 140 En el contexto del décimo motivo, la demandante sostiene que «el método de cálculo definido en el Reglamento Delegado [2015/63]» vulnera el Reglamento n.o 806/2014, la Directiva 2014/59 y el principio de igualdad de trato. 141 A este respecto, es necesario precisar que, si bien la demandante, por una parte, alega, en términos generales, que es el método de cálculo establecido en el Reglamento Delegado 2015/63 el que, como tal, infringe las normas jurídicas de rango superior que invoca y, por otra, precisa que solo desarrolla a título ilustrativo sus alegaciones relativas al artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y a lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I de dicho Reglamento Delegado, sus escritos no contienen consideración alguna sobre aspectos del método de cálculo distintos de los enunciados en dichas disposiciones. 142 En estas circunstancias, procede limitar el examen del presente motivo a la supuesta ilegalidad del artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y de lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado. 143 En primer lugar, la demandante sostiene que el hecho de que la garantía pública de que disfruta no se tenga en cuenta en el marco del pilar de riesgo «indicadores adicionales de riesgo que la autoridad de resolución determine», previsto en el artículo 6, apartado 5, del Reglamento Delegado 2015/63, vulnera tanto el principio de igualdad de trato como el Reglamento n.o 806/2014 y la Directiva 2014/59, por cuanto estos actos exigen que el cálculo de las aportaciones ex ante se ajuste al perfil de riesgo de las entidades. Aduce que las garantías públicas, como es aquella que cubre a la demandante, deberían haberse tenido en cuenta, en particular, bajo el subindicador de riesgo «pertenencia a un [SIP]», contemplado en el artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), del Reglamento Delegado 2015/63, siendo estas garantías públicas posiblemente hasta más pertinentes a la hora de evaluar el perfil de riesgo de las entidades que la pertenencia a un SIP. 144 En segundo lugar, según la demandante, el mecanismo de asignación de las entidades a los distintos intervalos, establecido bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, vulnera la Directiva 2014/59 y los principios de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo y de igualdad de trato. Por una parte, dicha asignación se realizó sobre la base de un análisis comparativo del perfil de riesgo de todas las entidades de los Estados miembros participantes, lo que podría dar lugar a resultados manifiestamente injustos. Por otra parte, el método establecido bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I de dicho Reglamento Delegado, visto que consiste en asignar en la medida de lo posible el mismo número de entidades a cada intervalo, podría conducir a que entidades con indicadores de riesgo en bruto semejantes sean tratadas de manera diferente y entidades con indicadores diferentes reciban un trato idéntico. 145 En este sentido, a título de ejemplo, del anexo II de la Decisión impugnada se desprende que, bajo el subindicador «activos ponderados por riesgo, divididos entre el total del activo» relativo a las entidades alemanas, los intervalos 1 a 15 contienen 646 entidades con un valor del 0 %, y la entidad que presenta el perfil de riesgo más elevado en este indicador, con un valor aproximado del 1121,1 %, está asignada al intervalo 18, esto es, solo uno por encima del atribuido a la demandante, la cual, con un valor del 0,05 %, está asignada al intervalo 17. En consecuencia, unas entidades con un perfil de riesgo completamente distinto se encuentran clasificadas dentro del mismo intervalo. 146 La JUR alega que debe declararse la inadmisibilidad del décimo motivo en su totalidad, puesto que debería haberse planteado cuando se interpuso el recurso en 2016. Sostiene que, en cualquier caso, el motivo es infundado. 147 A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. No obstante, se debe declarar la admisibilidad de un motivo o un argumento que constituye una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en la demanda y que presenta un estrecho vínculo con este (sentencia de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, apartado 46). 148 Además, de conformidad con el artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, el demandante podrá adaptar su demanda a fin de tener en cuenta esta novedad. 149 Por otro lado, los artículos 84 y 86 del Reglamento de Procedimiento deben interpretarse de manera estricta, dado que las normas de procedimiento tienen carácter imperativo (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión, C‑113/07 P, EU:C:2009:191, apartado 48, y de 20 de septiembre de 2018, España/Comisión, C‑114/17 P, EU:C:2018:753, apartado 54). 150 En el caso de autos, la demandante solo ha propuesto la excepción de ilegalidad contra el artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y contra lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 en su escrito de adaptación de la demanda. 151 En efecto, el escrito de demanda no contiene ninguna alegación que pueda considerarse que presenta un vínculo siquiera implícito con la legalidad de las disposiciones mencionadas en el anterior apartado 150. Ciertamente, la demanda contiene una alegación relativa a la pertenencia de las entidades a un SIP, pero dicha alegación guarda relación con la exclusión de determinados pasivos del cálculo de las aportaciones ex ante en virtud del artículo 5 del Reglamento Delegado 2015/63 y no con el ajuste de dichas aportaciones en función del perfil de riesgo de las entidades conforme a los artículos 6 a 9 de ese mismo Reglamento Delegado. Por consiguiente, nada permite concluir que la presente excepción de ilegalidad constituya la ampliación de un motivo ya invocado en la demanda en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 147. 152 Además, la Decisión impugnada se basa en las disposiciones de Derecho vigentes en el momento de la adopción de las Decisiones iniciales, apreciación esta que es especialmente cierta en cuanto atañe al artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y a lo dispuesto en el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63. A este respecto, nada indica que la demandante no dispusiera ya en la fase de la demanda de todos los elementos en los que se ha basado en su escrito de adaptación para impugnar la validez de las referidas disposiciones. 153 Por lo que concierne a este particular, se ha de precisar que la circunstancia, cuestionada por la demandante, de que las entidades sean asignadas a los intervalos atendiendo a los valores del indicador de riesgo en bruto de todas las entidades para las que se calcula ese indicador deriva directamente de lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63. 154 Lo mismo cabe decir respecto al cálculo del número de intervalos dentro de un determinado indicador de riesgo y del número de entidades asignadas a cada intervalo, visto que, según el punto 3 del epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, la JUR asignará, en principio, el mismo número de entidades a cada intervalo, comenzando por las entidades con los valores más bajos del indicador en bruto, que se asignarán al primer intervalo. 155 Pues bien, la demandante impugna lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 precisamente en la medida en que dispone que se asigne el mismo número de entidades a cada intervalo. 156 Habida cuenta de lo anterior, la presente excepción de ilegalidad no se funda en ninguna razón de hecho y de Derecho que haya aparecido durante el procedimiento en el sentido del artículo 84 del Reglamento de Procedimiento. Tampoco se basa en un motivo que la demandante pudiera invocar válidamente por primera vez en el contexto de la adaptación de su demanda en virtud del artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. 157 En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la presente excepción de ilegalidad por haberse presentado de forma extemporánea. B. Sobre los motivos relativos a la legalidad de la Decisión impugnada 1.   Sobre los motivos segundo y tercero, basados en la vulneración por la Decisión impugnada del artículo 41 de la Carta y de la obligación de motivación debido a la falta de base jurídica para la sustitución, con efecto retroactivo, de las Decisiones iniciales 158 En el contexto de su segundo motivo, la demandante sostiene que la Decisión impugnada, en la medida en que sustituye, con efecto retroactivo, las Decisiones iniciales, vulnera el artículo 41 de la Carta, en relación con el artículo 4 del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, el principio del Estado de Derecho y el principio de buena administración, debido a que no existía base jurídica para adoptar la Decisión impugnada con efecto retroactivo. Alega a este respecto que ni el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 ni el artículo 17, apartado 4, del Reglamento Delegado 2015/63 constituyen tal base jurídica. 159 En cualquier caso, no existe justificación objetiva para sustituir las Decisiones iniciales con efecto retroactivo. En particular, no se ha acreditado que la ausencia de tal efecto pueda menoscabar el objetivo de alcanzar el nivel fijado como objetivo final. A este respecto, las posibles deficiencias en la financiación de la JUR se podrían compensar mediante aportaciones ex ante más elevadas los años siguientes o mediante una prórroga de la fase inicial en virtud del artículo 69, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014. Por otro lado, la falta de carácter retroactivo de la Decisión impugnada no procura a la demandante una ventaja competitiva indebida frente a las demás entidades, puesto que, en su condición de banco de fomento, no compite con ellas. Tampoco disfrutó de una ventaja indebida por el hecho de que su aportación ex ante para el período de contribución 2016 fuera pagadera en una fecha posterior a la señalada para las demás entidades, puesto que, en cualquier caso, ya había abonado dicha aportación en 2016. 160 Por otro lado, mediante su tercer motivo, la demandante alega que la Decisión impugnada incumple la obligación de motivación prescrita por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, en la medida en que no menciona la base jurídica en que se apoyó la JUR para adoptar la Decisión impugnada con efecto retroactivo. 161 La JUR rebate las alegaciones de la demandante. 162 La Decisión impugnada fue adoptada el 27 de abril de 2022 y, de conformidad con el artículo 4 de su parte dispositiva, surtió efecto el 15 de abril de 2016, esto es, cuando entró en vigor la primera de las Decisiones iniciales. 163 En los considerandos 177 a 184 de la Decisión impugnada, la JUR expuso los motivos por los que había limitado en el tiempo los efectos de dicha Decisión del modo descrito en el apartado 162 de la presente sentencia. En particular, indicó que lo había hecho para mantener el título jurídico en virtud del cual se había recaudado en 2016 la aportación ex ante correspondiente a la demandante para 2016 y para preservar la validez del pago de dicha aportación efectuado por la demandante. 164 Según la jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica se opone a que el alcance temporal de un acto de la Unión comience en una fecha anterior a la de su adopción, salvo cuando, con carácter excepcional, lo exija el objetivo perseguido y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, EU:C:1990:391, apartado 45, y de 5 de septiembre de 2014, Éditions Odile Jacob/Comisión, T‑471/11, EU:T:2014:739, apartado 102 y jurisprudencia citada). 165 De esta jurisprudencia se desprende que, cuando se cumplen los requisitos que en ella se indican, la facultad de las instituciones, órganos y organismos de la Unión de adoptar un acto con efecto retroactivo deriva de los principios generales del Derecho de la Unión, sin estar supeditada a la existencia de una base jurídica explícita en la normativa de que se trate. 166 En estas circunstancias, contrariamente a lo que sostiene la demandante en su tercer motivo, el hecho de que la Decisión impugnada no se refiera a una disposición explícita de la normativa en cuestión que atribuya tal facultad a la JUR no puede constituir un incumplimiento de la obligación de motivación. 167 Por otro lado, sin que sea necesario examinar si la Decisión impugnada tiene un verdadero alcance retroactivo, como alega la demandante mediante su segundo motivo, procede señalar que, en cualquier caso, en el presente asunto se cumplen los requisitos mencionados en el anterior apartado 164. 168 En efecto, por una parte, la demandante no alega que el carácter retroactivo de la Decisión impugnada vulnere el principio de protección de la confianza legítima. Por lo demás, nada indica que en las circunstancias del presente asunto no se respetara debidamente la confianza legítima, ya sea de la demandante o de terceros. 169 Por otra parte, por lo que se refiere a la cuestión de si, por mor de los objetivos que debían alcanzarse mediante la Decisión impugnada, esta debía surtir efecto en una fecha anterior a la de su adopción, es preciso tener en consideración el contexto en que se adoptó dicha Decisión. 170 Como se desprende de los considerandos 19, 20 y 183 de la Decisión impugnada, esta se adoptó con el fin de subsanar la falta de motivación de las Decisiones iniciales constatada por la JUR a raíz de las sentencias de 28 de noviembre de 2019, Hypo Vorarlberg Bank/JUR (T‑377/16, T‑645/16 y T‑809/16, EU:T:2019:823), y de 28 de noviembre de 2019, Portigon/JUR (T‑365/16, EU:T:2019:824), sin que dicha Decisión o dichas sentencias modificaran el alcance de la obligación de la demandante de abonar una aportación ex ante correspondiente al período de contribución 2016, tal como esta se había determinado mediante las Decisiones iniciales y tal como había existido respecto a dicho período de contribución. 171 En efecto, el cálculo de la aportación ex ante correspondiente a la demandante para el referido período de contribución y el importe de esta aportación fueron los mismos en la segunda de las Decisiones iniciales y en la Decisión impugnada. A este respecto, la JUR señaló en particular, en el considerando 22 de la Decisión impugnada, que esta Decisión «se basa en los datos recabados, las hipótesis formuladas, las etapas preparatorias emprendidas y la metodología aplicada en el procedimiento de 2016 que condujo a la adopción de las [Decisiones iniciales]». Así pues, el único elemento nuevo introducido por la Decisión impugnada fue una motivación más extensa sobre el cálculo de la aportación ex ante correspondiente a la demandante para 2016. 172 En estas circunstancias particulares, si la JUR no hubiese adoptado la Decisión impugnada con efectos a partir de la fecha de la primera de las Decisiones iniciales, la Decisión impugnada no habría podido surtir efectos durante el período comprendido entre el 15 de abril de 2016 y el 27 de abril de 2022, durante el cual la demandante habría quedado dispensada de su obligación de abonar una aportación ex ante respecto al período de contribución 2016, cuando, en virtud de los artículos 2, 67, apartado 4, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, estaba sujeta a tal obligación. De igual manera, durante ese período, el FUR se habría visto privado, en contravención de las referidas disposiciones, de los fondos procedentes de las aportaciones ex ante de la demandante, lo que habría resultado en perjuicio del cumplimiento de la Directiva 2014/59, del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento Delegado 2015/63 (véase, por analogía, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 176 y 177). 173 Por consiguiente, mediante la adopción de la Decisión impugnada con efectos a partir del 15 de abril de 2016 se pretendía garantizar la concomitancia entre la aplicabilidad de la Decisión impugnada y el momento en que había nacido la obligación de la demandante de abonar la aportación ex ante correspondiente a 2016 y, de este modo, evitar un resultado contrario a la normativa aplicable. Pues bien, la consecución de tal objetivo imponía la necesidad de fijar en dicha Decisión una fecha de entrada en vigor anterior a la de su adopción. 174 Habida cuenta de cuanto antecede, procede desestimar los motivos segundo y tercero por infundados. 2.   Sobre el cuarto motivo, basado en una motivación insuficiente de la Decisión impugnada en cuanto atañe al cálculo de la aportación ex ante de la demandante 175 La demandante sostiene que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en cuanto al cálculo de su aportación ex ante y, por ende, infringe el artículo 296 TFUE, párrafo segundo. 176 El cuarto motivo comprende esencialmente tres partes basadas, la primera, en la falta de motivación individualizada de la Decisión impugnada; la segunda, en la falta de comunicación de los datos individuales de las demás entidades y la tercera, en la motivación insuficiente en cuanto a la constitución de los intervalos. a)   Observaciones preliminares 177 El artículo 296 TFUE, párrafo segundo, establece que los actos jurídicos deben estar motivados. Asimismo, el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta, implica la obligación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión de motivar sus decisiones. 178 La motivación de una decisión de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión reviste una importancia muy especial, por cuanto permite al interesado decidir con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de interponer un recurso contra esa decisión y al órgano jurisdiccional competente ejercer su control y porque constituye, en consecuencia, uno de los presupuestos necesarios para la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 103 y jurisprudencia citada). 179 Esa motivación debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el cual este se adoptó. A ese respecto, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que el carácter suficiente de la motivación debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate y, en particular con el interés que las personas afectadas por el acto puedan tener en recibir explicaciones. Por consiguiente, un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado, permitiéndole comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 104 y jurisprudencia citada). 180 Para examinar si esta motivación es suficiente en relación con una decisión por la que se fijan las aportaciones ex ante, procede recordar, en primer término, que no cabe deducir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la motivación de cualquier decisión de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión que imponga a un operador privado el pago de una cantidad de dinero deba incluir necesariamente todos los datos que permitan a su destinatario comprobar la exactitud del cálculo del importe reclamado (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 105 y jurisprudencia citada). 181 En segundo término, las instituciones, órganos y organismos de la Unión están obligados en principio, con arreglo al imperativo de la protección del secreto comercial, que constituye un principio general del Derecho de la Unión, concretado en particular en el artículo 339 TFUE, a no revelar a los competidores de un operador privado la información confidencial que este les haya facilitado (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 109 y jurisprudencia citada). 182 En tercer término, considerar que la motivación de la decisión de la JUR por la que se fijan las aportaciones ex ante debe permitir necesariamente a las entidades comprobar la exactitud del cálculo de su aportación ex ante traería consigo necesariamente prohibir al legislador de la Unión que instaure un método de cálculo de esta contribución que incluya datos cuyo carácter confidencial esté protegido por el Derecho de la Unión y, por tanto, reducir excesivamente la amplia facultad de apreciación de que debe disponer dicho legislador en la materia, impidiéndole, en particular, elegir un método que logre una financiación del FUR adaptada a la evolución del sector financiero, especialmente mediante un análisis comparativo de la situación financiera de cada entidad autorizada en el territorio de un Estado miembro participante (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 118). 183 En tercer término, si bien es cierto que cuanto antecede pone de manifiesto que la obligación de motivación que incumbe a la JUR debe ponderarse, dado el funcionamiento del sistema de financiación del FUR y el método de cálculo establecido por el legislador de la Unión, con la obligación de la JUR de respetar el secreto comercial de las entidades afectadas, también es cierto que esta última obligación no debe interpretarse en un sentido tan amplio que vacíe la obligación de motivación de su contenido esencial (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 120). 184 Pero tampoco es lícito considerar, en el marco de la ponderación de la obligación de motivación con el principio de la protección del secreto comercial, que motivar una decisión por la que se impone a un operador privado el pago de una suma de dinero sin proporcionarle todos los datos que permitan comprobar con exactitud el cálculo del importe reclamado menoscaba necesariamente, en todos los casos, el contenido esencial de la obligación de motivación (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 121). 185 Por lo que respecta a la decisión de la JUR por la que se fijan las aportaciones ex ante, deberá considerarse que se ha respetado la obligación de motivación si las personas afectadas por dicha decisión pueden acceder, sin que se les transmitan datos protegidos por el secreto comercial, al método de cálculo utilizado por la JUR y disponen de información suficiente para comprender, en esencia, de qué manera se tuvo en cuenta su situación individual, a efectos del cálculo de su aportación ex ante, en relación con la situación del resto de las entidades afectadas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 122). 186 En tal caso, esas personas tienen, en efecto, la posibilidad de comprobar si su aportación ex ante se fijó de manera arbitraria, pasando por alto la realidad de su situación económica o utilizando datos relativos al resto del sector financiero carentes de verosimilitud. Dichas personas pueden, por tanto, comprender las razones presentadas para justificar la decisión por la que se fija su aportación ex ante y valorar la conveniencia de interponer un recurso contra tal decisión, de suerte que sería excesivo exigir a la JUR que comunique cada uno de los elementos cuantificados en que se basa el cálculo de la aportación ex ante de cada entidad afectada (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 123). 187 De lo anterior resulta que la JUR no está obligada, en particular, a proporcionar a una entidad los datos que le permitan comprobar, de manera exhaustiva, la exactitud del valor del multiplicador de ajuste, ya que tal comprobación supondría disponer de datos protegidos por el secreto comercial relativos a la situación económica de cada una de las demás entidades afectadas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 135). 188 En cambio, incumbe a la JUR publicar o transmitir a las entidades afectadas, en forma colectiva y anonimizada, los datos relativos a estas entidades utilizados para calcular dicha aportación, siempre que los datos en cuestión puedan comunicarse sin vulnerar el secreto comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 166). 189 Entre los datos que deben ponerse, pues, a disposición de las entidades figuran, en particular, los valores límite de cada intervalo y los indicadores de riesgo correspondientes, sobre cuya base la aportación ex ante de las entidades se ajustó al perfil de riesgo de estas (véanse, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 167). 190 A la luz de estas consideraciones, deben examinarse las alegaciones formuladas por la demandante en el marco del cuarto motivo. b)   Primera parte, relativa a la falta de motivación individualizada de la Decisión impugnada 191 Según la demandante, la Decisión impugnada infringe el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, en la medida en que adolece de una motivación individualizada insuficiente. En particular, los considerandos 24 a 164 de dicha Decisión no mencionan a la demandante y sus anexos no contienen un examen suficientemente detallado de sus peculiaridades. 192 Más concretamente, la demandante alega que la Decisión impugnada, en particular sus considerandos 53 a 57, no contiene un examen de su situación específica por lo que respecta a la calificación de sus actividades auxiliares de fomento a la luz del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63. Además, las explicaciones relativas a esta cuestión que figuran en el anexo III de la Decisión impugnada se basan en una comprensión errónea del concepto de «actividades auxiliares de fomento». Por añadidura, dichas explicaciones se limitan a la mera negación del privilegio de las actividades auxiliares de fomento por lo que respecta a la demandante e incluyen argumentos que nada tienen que ver con estas actividades. 193 Por último, para la demandante, la Decisión impugnada no explica las razones que llevaron a la JUR a apartarse de una práctica seguida anteriormente por la autoridad de resolución alemana, respecto al período de contribución 2015, de aplicar el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 a sus actividades auxiliares de fomento. 194 La JUR rebate las alegaciones de la demandante. 195 En primer lugar, procede recordar que, como ya se ha expuesto en los anteriores apartados 9 a 21, la Decisión impugnada consta de cuatro partes distintas. Así, los considerandos 24 a 164 y 167 a 175 del cuerpo de dicha Decisión y el anexo II exponen una serie de consideraciones y datos de cálculo aplicables a todas las entidades. Sin embargo, el anexo I de la Decisión impugnada, que lleva por epígrafe «Detalles del cálculo (ajustado al riesgo)», y su anexo III, que contiene un análisis de los comentarios formulados por la demandante durante la consulta efectuada por la JUR antes de la adopción de la Decisión impugnada, contienen datos de cálculo y motivos que son específicos de la aportación individual adeudada al FUR por la demandante. 196 En estas circunstancias, la Decisión impugnada está suficientemente individualizada en relación con la demandante. 197 En segundo lugar, por cuanto atañe al contenido concreto de la Decisión impugnada, la demandante solo ha identificado —además de la cuestión de la asignación de las entidades a los intervalos, que se examinará al abordar la segunda parte del presente motivo— un aspecto que no está suficientemente motivado, a saber, la inaplicación del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 a sus actividades auxiliares de fomento. 198 Pues bien, en el considerando 55 de la Decisión impugnada, la JUR precisó que se había abstenido de aplicar el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 a los pasivos que no cumplían todos los requisitos necesarios para quedar excluidos del cálculo de las aportaciones ex ante, en aquellos casos en que una interpretación favorable a tal exclusión habría resultado incompatible con el tenor de dicha disposición. La JUR precisó asimismo en ese mismo considerando que, dado el carácter excepcional de la referida disposición, esta debía interpretarse de manera restrictiva y no debía aplicarse de forma extensiva o por analogía, ni en lo que respecta a su ámbito de aplicación «subjetivo», esto es, respecto a las entidades a las que se aplicaba, ni en lo que respecta a su ámbito de aplicación «objetivo», esto es, respecto a los tipos de pasivos que podían quedar excluidos del cálculo de las aportaciones ex ante. 199 Por otro lado, en los puntos 21 a 23 y 27 del anexo III de la Decisión impugnada, la JUR expuso los motivos por los que consideraba que las actividades auxiliares de fomento de la demandante no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63. En el considerando 22 de ese mismo anexo, precisó, en particular, que las actividades auxiliares de fomento de la demandante eran independientes y distintas de las actividades de fomento llevadas a cabo por esta. Entendió, en el referido considerando, que las actividades de fomento no se basan en la economía de mercado ni en la competencia y se realizan en cumplimiento del cometido encomendado por las autoridades públicas, mientras que las actividades auxiliares de fomento se llevan a cabo en condiciones de mercado, son facultativas y se ejercen en condiciones competitivas y con ánimo de lucro. De este modo, la JUR concluyó, en el punto 27 del anexo III de la Decisión impugnada, que las actividades auxiliares de fomento de la demandante, por su propia naturaleza, no podían considerarse realizadas en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro, con independencia del destino dado a los beneficios procedentes de sus actividades. 200 Tales datos permitieron a la demandante identificar los motivos que habían llevado a la JUR a considerar que los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento no estaban excluidos del cálculo de su aportación ex ante en virtud del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63. 201 En estas circunstancias, nada permite afirmar que la JUR se limitara simplemente a denegar la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 respecto a la demandante o que utilizara argumentos del todo inconexos con las actividades auxiliares de fomento de esta. 202 En tercer lugar, la alegación de la demandante relativa a la supuesta comprensión errónea por parte de la JUR del concepto de «actividades auxiliares de fomento» no se basa en un incumplimiento de la obligación de motivación, sino en una impugnación del fundamento de los motivos por los que la JUR no aplicó el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 a esas actividades de la demandante. Lo mismo cabe decir respecto a la alegación por la que se rebate la opinión de la JUR según la cual tales actividades, por su propia naturaleza, se desarrollan en condiciones competitivas y con ánimo de lucro. Pues bien, según la jurisprudencia, la cuestión de la obligación de motivación es distinta de la del fundamento de la motivación de la Decisión impugnada (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2006, Ter Lembeek/Comisión, T‑217/02, EU:T:2006:361, apartado 234). 203 Además, esta alegación, en caso de que debiera entenderse en el sentido de que la demandante cuestiona el fundamento de dichos motivos, coincidiría de hecho con el octavo motivo, que se examina más adelante en los siguientes apartados 258 a 262. 204 En cuarto lugar, por lo que respecta a la alegación según la cual la JUR se apartó de una práctica anterior de la autoridad de resolución alemana consistente en aplicar, en 2015, el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 a las actividades auxiliares de fomento de la demandante, debe precisarse que la demandante impugna únicamente la falta de motivación relativa a la desviación de la práctica anterior, sin invocar la infracción de otra norma jurídica. 205 A este respecto, de los anteriores apartados 198 a 200 se desprende que la JUR explicó suficientemente los motivos por los que consideró que las actividades auxiliares de fomento de la demandante no estaban comprendidas en la excepción establecida en el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63. Por otra parte, en el punto 23 del anexo III de la Decisión impugnada, la JUR explicó que el análisis efectuado en relación con un ciclo de contribución determinado no puede vincular a la autoridad de resolución cuando esta lleva a cabo un análisis relativo a otro ciclo, en particular cuando cada uno de esos ciclos de contribución son competencia de distintas autoridades de resolución. Añadió que no le correspondía pronunciarse sobre un análisis realizado por otra autoridad de resolución. 206 Tales datos permiten a la demandante comprender las razones que llevaron a la JUR a no aplicar el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 a sus actividades auxiliares de fomento en relación con el período de contribución 2016, pese a que la demandante considere que se trata de un giro respecto a la práctica anterior. Por consiguiente, estos elementos cumplen los requisitos de la obligación de motivación establecidos en la jurisprudencia citada en el anterior apartado 179. 207 Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la primera parte del cuarto motivo por infundada. c)   Segunda parte, relativa a la falta de comunicación de los datos individuales de las demás entidades 208 La demandante sostiene que la Decisión impugnada no permite comprobar si el cálculo de las aportaciones ex ante respeta la normativa aplicable. Además, los cálculos detallados que figuran en los anexos I y II de dicha Decisión no permiten comprobar la asignación de la demandante a los intervalos ni la fijación de su aportación ex ante. En particular, dicha Decisión debería haber contenido los datos individuales de las demás entidades, al menos en forma anonimizada, sin los cuales la demandante no puede verificar su asignación a los intervalos. 209 La JUR rebate las alegaciones de la demandante. 210 En el considerando 118 de la Decisión impugnada, la JUR observó que «se [han considerado] información confidencial los secretos comerciales de las entidades, esto es, todos los datos relativos a la actividad profesional de las entidades cuya eventual divulgación a un competidor o a un público más amplio podría perjudicar gravemente los intereses de las entidades». Añadió que, «en el cálculo de las aportaciones ex ante […], se [han considerado] secretos comerciales los datos individuales facilitados por cada entidad en sendos formularios [de declaración] […], en los que se [ha basado] [la JUR] para calcular su aportación ex ante». 211 Además, en los considerandos 120, 122 y 123 de la Decisión impugnada, la JUR señaló que tenía prohibido «divulgar los puntos de datos de cada entidad, que [han constituido] la base de los cálculos en [dicha Decisión]», mientras que estaba autorizada a «divulgar los puntos de datos agregados y comunes, en la medida en que se [tratara] de datos acumulados». Siendo así, según la referida Decisión, las entidades se beneficiaban de una «total transparencia en cuanto al cálculo de su [contribución anual de base] y de su multiplicador de ajuste» en cada una de las etapas de cálculo de dicha contribución, definidas en el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, correspondientes al «cálculo de los indicadores en bruto» (etapa 1), al «redimensionamiento de los indicadores» (etapa 3) y al «cálculo del indicador compuesto» (etapa 5). Además, las entidades tenían la posibilidad de obtener «puntos de datos comunes aplicados indistintamente por la JUR a todas las entidades, ajustados en función de su perfil de riesgo» en las etapas de cálculo correspondientes a la «discretización de los indicadores» (etapa 2), la «inclusión del signo asignado» (etapa 4) y el «cálculo de las contribuciones anuales» (etapa 6). 212 A este respecto, procede recordar, para empezar, que el principio mismo del método de cálculo de las aportaciones ex ante, tal como se deduce de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014, implica la utilización por la JUR de datos protegidos por el secreto comercial que no pueden invocarse en la motivación de la decisión de fijación de las aportaciones ex ante (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 114). 213 A continuación, de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 177 a 189 resulta que, contrariamente a lo que afirma la demandante, la JUR no estaba obligada a proporcionar a esta los datos individuales de las demás entidades que le permitieran comprobar, en su totalidad, la determinación del número de intervalos y la asignación de las entidades a dichos intervalos, puesto que tal proceder habría implicado que le hubieran comunicado datos de otras entidades protegidos por el secreto comercial. 214 La demandante, al no haber aportado prueba concreta alguna para rebatir la posición de la JUR según la cual los valores de los indicadores en bruto están protegidos por el secreto comercial, no puede reprochar a dicha autoridad que no haya comunicado esos datos a las entidades. 215 Por último, en el supuesto de que la observación de la demandante relativa a la anonimización de los valores de los indicadores en bruto deba entenderse en el sentido de que se refiere a una situación en la que se sustituye el nombre de cada entidad por un seudónimo, tal procedimiento no puede garantizar que las entidades no puedan ser identificadas a partir de los datos así comunicados. Efectivamente, no se excluye que algunas entidades, aunque hayan sido seudonimizadas, puedan, no obstante, ser identificadas mediante los datos individuales que ya se han hecho públicos, especialmente en el caso de las grandes entidades y de los Estados miembros que cuentan con pocas entidades. 216 Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo por infundada. d)   Tercera parte, relativa a una motivación insuficiente en cuanto a la constitución de los intervalos 217 La demandante sostiene que la Decisión impugnada no explica por qué el número de entidades por intervalo y el número total de intervalos varían de un indicador de riesgo a otro. 218 La JUR rebate la alegación de la demandante. 219 220 En tales circunstancias, la demandante se equivoca al afirmar que la Decisión impugnada no facilitó explicaciones sobre las variaciones en el número total de intervalos de un indicador de riesgo a otro. 221 Asimismo, por lo que respecta al desigual número de entidades asignadas a cada intervalo, la JUR explicó debidamente, en el considerando 140 de la Decisión impugnada, los motivos de tal distribución, indicando que esta tenía por objeto evitar que se asignasen a intervalos diferentes entidades que presentaban el mismo valor para un indicador de riesgo en bruto, de modo que se asignaron al mismo intervalo entidades que presentaban el mismo valor para dicho indicador, lo que dio lugar a que se asignara a cada intervalo un número diferente de entidades. 222 Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la tercera parte del cuarto motivo por infundada y, con ella, el cuarto motivo en su totalidad. 3.   Sobre el sexto motivo, basado en el incumplimiento de los «requisitos generales de procedimiento» que resultan del artículo 41 de la Carta, la vulneración del artículo 298 TFUE, la violación de los principios generales del Derecho y la infracción del Reglamento interno de la JUR 223 La demandante sostiene que la Decisión impugnada incumple los «requisitos generales de procedimiento» que resultan del artículo 41 de la Carta, vulnera el artículo 298 TFUE, viola los principios generales del Derecho e infringe el Reglamento interno de la JUR. Alega, en particular, que no ha quedado acreditado que dicha Decisión fuera adoptada respetando «la duración mínima del procedimiento escrito». Tampoco puede comprobar si se respetaron otras normas de procedimiento. Considera que, por consiguiente, incumbe al Tribunal General verificarlo de oficio. 224 La JUR afirma que este motivo carece de todo respaldo probatorio y debe rechazarse como puramente especulativo. 225 A este respecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe indicar el objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados y esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal General resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones (sentencia de 7 de marzo de 2017, United Parcel Service/Comisión, T‑194/13, EU:T:2017:144, apartado 191). 226 A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda (véase la sentencia de 25 de enero de 2018, BSCA/Comisión, T‑818/14, EU:T:2018:33, apartado 95 y jurisprudencia citada). Análogas exigencias se aplican cuando se formula una alegación en apoyo de un motivo (véase la sentencia de 25 de marzo de 2015, Bélgica/Comisión, T‑538/11, EU:T:2015:188, apartado 131 y jurisprudencia citada). 227 En particular, la mera invocación del principio del Derecho de la Unión cuya violación se alega, sin indicar los elementos de hecho y de Derecho en los que se fundamenta esta alegación, no satisface las exigencias del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento (véase la sentencia de 7 de noviembre de 2019, ADDE/Parlamento, T‑48/17, EU:T:2019:780, apartado 22 y jurisprudencia citada). 228 En el caso de autos, por una parte, debe señalarse que la demandante se limita a sostener que la Decisión impugnada incumple los «requisitos generales de procedimiento que resultan del artículo 41 de la Carta, vulnera el artículo 298 [TFUE], viola los principios generales del Derecho e infringe el Reglamento interno de la JUR» debido a que no ha quedado acreditado que dicha Decisión respetara la «duración mínima del procedimiento escrito» y otras normas de procedimiento, sin desarrollar, no obstante, una argumentación pertinente a este respecto. 229 Por otra parte, por lo que respecta a la pretensión de la demandante de que el Tribunal General controle de oficio la violación de dichos principios, de la respuesta de la demandante de 31 de enero de 2023 a las preguntas formuladas por el Tribunal General se deduce que, mediante su sexto motivo, solicita al Tribunal General que ordene «la aportación de documentos que permitan comprobar la regularidad del procedimiento» que condujo a la adopción de la Decisión impugnada. Pues bien, como resulta del anterior apartado 228, la demandante no expone con precisión las razones exactas que justifiquen tal aportación, de modo que, en cualquier caso, esta pretensión no cumple los requisitos que establece el artículo 88, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. 230 Por todo ello, procede declarar la inadmisibilidad del sexto motivo. 4.   Sobre los motivos primero y séptimo, basados en la vulneración del artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta, por no haberse respetado el derecho a ser oído 231 Mediante los motivos primero y séptimo, que deben examinarse conjuntamente, la demandante sostiene que el procedimiento de consulta llevado a cabo por la JUR con vistas a la adopción de la Decisión impugnada al efecto de sustituir las Decisiones iniciales no cumplió las exigencias inherentes al derecho a ser oído reconocido en el artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta. 232 El presente motivo consta de dos partes, basadas, la primera, en que el plazo para presentar observaciones en el contexto de dicho procedimiento de consulta fue insuficiente y, la segunda, en que la Decisión impugnada fue definitivamente adoptada antes de dicho procedimiento. a)   Primera parte, relativa al carácter insuficiente del plazo para presentar observaciones en el procedimiento de consulta 233 La demandante alega que, habida cuenta de «la complejidad del procedimiento» y del volumen de documentos comunicados por la JUR, el plazo de diez días hábiles que esta le concedió para presentar observaciones antes de la adopción de la Decisión impugnada no fue suficientemente amplio para permitirle llevar a cabo un examen completo de los documentos comunicados. En efecto, la JUR facilitó a la demandante no solo un proyecto de Decisión impugnada, sino también «diversos anexos» que contenían detalles de cálculo y cifras incomprensibles. 234 La JUR rebate las alegaciones de la demandante. 235 El derecho a ser oído, reconocido en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (véase la sentencia de 22 de noviembre de 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, apartado 87 y jurisprudencia citada). 236 En el caso de autos, antes de la adopción de la Decisión impugnada, el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Autoridad Federal de Supervisión de los Servicios Financieros, Alemania) remitió a la demandante una comunicación de la JUR de 2 de marzo de 2022, en la que la JUR anunciaba su intención de revocar y sustituir las Decisiones iniciales. Esta comunicación contenía un proyecto relativo a la nueva decisión de la JUR y a sus anexos I y II para el período de contribución 2016. En la referida comunicación, la JUR solicitó a la demandante que presentara observaciones sobre los documentos así comunicados a más tardar el 23 de marzo de 2022. 237 La demandante presentó sus observaciones mediante un escrito de 23 de marzo de 2022 remitido a la BaFin. 238 Consta que se concedió a la demandante un plazo de diez días hábiles para presentar dichas observaciones. 239 Por lo que se refiere al carácter suficiente de dicho plazo, en primer término, procede recordar el contexto en el que se inscribe la Decisión impugnada. Como se ha señalado en los anteriores apartados 170 y 171, la Decisión impugnada sustituyó las Decisiones iniciales con el fin de subsanar la falta de motivación constatada por la JUR, partiendo de la base de que el cálculo de la aportación ex ante correspondiente a la demandante para el período de contribución 2016 y el importe de dicha aportación fueron los mismos en la segunda de las Decisiones iniciales y en la Decisión impugnada. Así pues, desde que se adoptaron las Decisiones iniciales, la demandante conocía muchos de los aspectos en que se sustenta la Decisión impugnada, como la no exclusión de los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento del cálculo de los pasivos pertinentes para determinar su aportación ex ante, lo que, por otro lado, queda confirmado por los motivos que formuló la demandante en la presentación de la demanda. 240 En segundo término, si bien la demandante alega que el procedimiento de consulta llevado a cabo por la JUR fue complejo, no explica en qué consistió dicha complejidad. En particular, no hace referencia a dudas concretas sobre el contenido de los documentos aportados en dicho procedimiento ni a dificultades prácticas que le impidieran presentar sus observaciones dentro del plazo señalado. 241 En tercer término, no cabe secundar a la demandante cuando se apoya, para demostrar el carácter insuficientemente amplio del plazo, en «el volumen de documentos comunicados por la JUR». En efecto, como precisó la demandante en la vista, su referencia a los «diversos anexos» proporcionados en el contexto del procedimiento de consulta debe entenderse hecha a los anexos I y II del proyecto de Decisión impugnada. Pues bien, ese anexo I constaba de tres páginas, una de las cuales solo contenía una lista de datos comunicados por la demandante. Por otro lado, aunque el anexo II contenía 105 páginas, recogía una serie de estadísticas referentes al cálculo de las aportaciones ex ante en relación con cada Estado miembro participante en forma resumida y agregada. Así pues, solo una parte limitada del referido anexo era directamente pertinente para la demandante. En estas circunstancias, nada indica que el volumen de documentos comunicados por la JUR impidiera a la demandante expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista sobre el proyecto de Decisión impugnada dentro del plazo señalado. 242 En cuarto término, procede añadir que la argumentación desarrollada por la demandante en los puntos 18 a 22 de su escrito de adaptación, que tiene por objeto rebatir individualmente cada uno de los argumentos formulados por la JUR para justificar la suficiencia del plazo que concedió a las entidades, no aporta ningún dato que apoye su tesis según la cual la complejidad del procedimiento de consulta y el volumen de los documentos comunicados fueron tales que el plazo de diez días que se le concedió fue insuficiente. 243 Habida cuenta de lo anterior, nada permite concluir que ese plazo no permitió a la demandante expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista sobre el proyecto de Decisión impugnada. 244 En consecuencia, procede desestimar esta parte por infundada. b)   Segunda parte, relativa al hecho de que la Decisión impugnada fue definitivamente adoptada antes del procedimiento de consulta 245 La demandante alega que la JUR trató el procedimiento de consulta como una mera formalidad, puesto que anunció inicialmente, antes de dicho procedimiento, su intención de adoptar la Decisión impugnada en el primer trimestre de 2022, es decir, solo seis días hábiles después de que expirara el plazo que se le había concedido para presentar observaciones. Así pues, la demandante no podía esperar que la JUR realizara un examen riguroso de sus observaciones. A este respecto, según la demandante, carece de pertinencia que la JUR decidiera posteriormente dejar que transcurrieran más de seis días hábiles tras la expiración de dicho plazo antes de adoptar la mencionada Decisión. 246 Por otro lado, de la constatación que figura en el punto 9 del anexo III de la Decisión impugnada, según la cual la JUR no esperaba que la evaluación de las alegaciones fuera un proceso largo, se desprende que dicha autoridad no estaba dispuesta a revisar el proyecto de Decisión impugnada. Además, el anexo III de la Decisión impugnada invita a pensar que las observaciones de la demandante solo fueron parcialmente analizadas y fueron rechazadas como «consideraciones en parte inadecuadas». 247 La JUR rebate la alegación de la demandante. 248 A este respecto, las circunstancias invocadas por la demandante, como el calendario seguido por la JUR para la adopción de la Decisión impugnada y su posterior modificación, no permiten demostrar que dicha autoridad no tuviera la intención de prestar toda la atención necesaria a las observaciones que pudiera presentar la demandante. Las alegaciones que la demandante deduce de esas circunstancias son puramente especulativas. 249 Por lo que respecta, por otro lado, a la afirmación de la demandante de que sus observaciones solo fueron parcialmente analizadas y fueron rechazadas como consideraciones «en parte inadecuadas», la demandante no ha identificado ninguna observación concreta que no haya recibido respuesta por parte de la JUR. 250 Además, en la medida en que la demandante expresa su disconformidad con la apreciación efectuada por la JUR en la Decisión impugnada, tal disconformidad no puede constituir una vulneración del derecho de la demandante a ser oída, sino que forma parte del examen de fondo de tal apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2015, Slovenská pošta/Comisión, T‑556/08, no publicada, EU:T:2015:189, apartado 89). 251 Por último, la demandante no puede invocar el apartado 31 de la sentencia de 10 de julio de 2001, Ismeri Europa/Tribunal de Cuentas (C‑315/99 P, EU:C:2001:391), en la que el Tribunal de Justicia declaró que una institución se halla más dispuesta a aceptar comentarios antes de adoptar su postura definitiva que tras la publicación de esta, ya que aceptar tras la publicación que las críticas están fundadas la obligaría a desdecirse a través de una rectificación. En efecto, en el presente asunto, no se invitó a la demandante a presentar observaciones sobre una posición definitivamente adoptada por la JUR, cuya modificación habría requerido de una rectificación, sino sobre un proyecto de decisión antes de que se adoptara una decisión definitiva. 252 Por consiguiente, procede desestimar esta parte por infundada y, con ella, los motivos primero y séptimo en su totalidad. 5.   Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración por la Decisión impugnada del derecho a la tutela judicial efectiva 253 La demandante sostiene que los defectos de motivación expuestos en el contexto del cuarto motivo dificultan considerablemente el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, le resulta prácticamente imposible comprender los fundamentos de la Decisión impugnada y, por ende, formular los motivos de su recurso. Por consiguiente, dicha Decisión vulnera el artículo 47 de la Carta y el principio de contradicción. 254 La JUR rebate las alegaciones de la demandante. 255 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que no procede examinar de manera autónoma una imputación basada en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cuando esta imputación no se apoya en alegaciones específicas, sino que se limita a remitirse a las alegaciones expuestas en el marco de las demás imputaciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de septiembre de 2015, First Islamic Investment Bank/Consejo, T‑161/13, EU:T:2015:667, apartado 68, y de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 101). 256 En el presente asunto, la demandante invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin apoyarse, no obstante, en alegaciones específicas, aparte de las que formula en el marco de su cuarto motivo. 257 En consecuencia, procede desestimar el quinto motivo por las mismas razones que las expuestas en los anteriores apartados 175 a 222 al apreciar el cuarto motivo. 6.   Sobre el octavo motivo, basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada a la luz de los artículos 3, punto 28, y 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 258 La demandante alega que, al no excluir los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento del cálculo de su aportación ex ante, la JUR interpretó erróneamente el Reglamento Delegado 2015/63, en particular sus artículos 3, punto 28, y 5, apartado 1, letra f). 259 La JUR, apoyada por el Consejo y la Comisión, rebate esta alegación. Además, considera que el octavo motivo solo es admisible en la medida en que fue invocado en la demanda y por las mismas razones que las que figuran resumidas en el anterior apartado 32. 260 En el punto 27 del anexo III de la Decisión impugnada, la JUR consideró que las actividades auxiliares de fomento de la demandante, «por su propia naturaleza, no [podían] considerarse realizadas en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro, con independencia del destino dado a los ingresos que generan y, en cualquier caso, [que] el importe de estas actividades no se [correspondía] con el de los préstamos promocionales [de la demandante]». 261 A este respecto, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de las consideraciones formuladas por la demandante en su escrito de adaptación, de los anteriores apartados 44 a 63 resulta que la JUR consideró acertadamente, al determinar la aportación ex ante de la demandante para el período de contribución 2016, que sus actividades auxiliares de fomento no estaban comprendidas en el concepto de «préstamo promocional», tal como se define en el artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63, y que, por tanto, los pasivos de la demandante vinculados a dichas actividades no debían excluirse del cálculo de su aportación ex ante en virtud del artículo 5, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento Delegado. 262 En consecuencia, procede desestimar el octavo motivo por infundado. 7.   Sobre el undécimo motivo, basado en la violación de los principios generales del Derecho, en la medida en que la Decisión impugnada no se basa en los elementos de Derecho vigente en la fecha de su adopción 263 La demandante sostiene que la Decisión impugnada incumple el requisito derivado de los principios generales del Derecho y de la jurisprudencia de que un acto adoptado por una institución de la Unión debe basarse en los elementos de Derecho en vigor en la fecha de su adopción. Así pues, la JUR, al adoptar en el año 2022 la Decisión impugnada, debería haber tenido en cuenta el hecho de que, desde la adopción de la Directiva 2019/878, la demandante ya no es una entidad comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, de modo que ya no está obligada al pago de aportaciones ex ante. En efecto, la sustitución de las Decisiones iniciales relativas al período de contribución 2016 por una nueva decisión constituye, en realidad, la mera adopción, en 2022, de una nueva decisión. 264 La JUR rebate las alegaciones de la demandante. 265 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que la observancia de los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo y las exigencias relativas a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima obligan a aplicar las normas sustantivas vigentes en la fecha de los hechos aun cuando dichas normas no estén ya en vigor en el momento de la adopción de un acto por una institución, un órgano o un organismo de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2016, Comisión/McBride y otros, C‑361/14 P, EU:C:2016:434, apartado 40 y jurisprudencia citada). 266 Las disposiciones que regulan el pago de las aportaciones ex ante se basan en esos mismos principios. 267 En el caso de autos, la Decisión impugnada fija las aportaciones ex ante para el período de contribución 2016 sobre la base del nivel fijado como objetivo anual para ese período. 268 Pues bien, consta que, durante el período de contribución 2016, la demandante era una entidad en el sentido de los artículos 2 y 3, apartado 1, punto 13, del Reglamento n.o 806/2014, de modo que constituía una entidad obligada al pago de una aportación ex ante correspondiente a dicho período de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, en relación con los artículos 2, 67, apartado 4, y 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014. 269 En estas circunstancias, la obligación de la demandante de abonar la aportación ex ante correspondiente a 2016 no puede verse afectada por la adopción posterior de la Directiva 2019/878, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 7 de junio de 2019 y entró en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación, con un plazo de transposición que expiraba, en principio, a más tardar el 28 de diciembre de 2020. En efecto, ninguna disposición de la citada Directiva establece la exclusión ex tunc de la demandante del ámbito de aplicación personal de la obligación de pago de aportaciones ex ante. Por consiguiente, no procedía que la JUR tuviera en cuenta esta circunstancia en la Decisión impugnada a efectos de fijar estas aportaciones. 270 Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el undécimo motivo por infundado. 8.   Sobre la motivación de la determinación del objetivo de financiación anual 271 Procede recordar que una falta o insuficiencia de motivación constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el juez de la Unión (véase la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 34 y jurisprudencia citada). 272 En el caso de autos, mediante una diligencia de ordenación del procedimiento y en la vista, se interrogó a las partes sobre todos los posibles defectos de motivación de que, a su parecer, adolecía la Decisión impugnada en lo tocante a la determinación del objetivo de financiación anual. 273 De las respuestas de las partes se desprende que estas discrepan en cuanto a si la Decisión impugnada está suficientemente motivada a este respecto, ya que la demandante considera que no lo está, mientras que la JUR opina lo contrario. 274 En estas circunstancias, y aunque la demandante no critica en su demanda ni en su escrito de adaptación la motivación de la determinación del objetivo de financiación anual, el Tribunal General considera que debe examinar de oficio si la JUR motivó de forma suficiente en Derecho en la Decisión impugnada la determinación del objetivo de financiación anual. 275 Con carácter preliminar, procede recordar que, de conformidad con el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, al término del período inicial, los recursos financieros disponibles del FUR deberán alcanzar como mínimo un 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito autorizadas en todos los Estados miembros participantes. 276 Según el artículo 69, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, durante el período inicial, las aportaciones ex ante se escalonarán de la forma más uniforme posible hasta alcanzar el nivel fijado como objetivo final a que se refiere el apartado 275 de la presente sentencia, pero teniendo debidamente en cuenta la fase del ciclo económico y las repercusiones que las aportaciones procíclicas puedan tener en la situación financiera de las entidades. 277 El artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 precisa que, cada año, las aportaciones debidas por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes no deben exceder del 12,5 % del nivel fijado como objetivo. 278 Por lo que respecta a la determinación de las aportaciones ex ante, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que la JUR determinará su importe sobre la base del nivel de financiación anual, atendiendo al nivel fijado como objetivo final y sobre la base del importe medio de los depósitos garantizados correspondientes al año anterior, calculado trimestralmente, de todas las entidades autorizadas en los Estados miembros participantes. 279 Del mismo modo, con arreglo al artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, la JUR calcula la aportación ex ante correspondiente a cada entidad basándose en el nivel de financiación anual, que debe establecerse por referencia al nivel fijado como objetivo final y de conformidad con el método establecido en el Reglamento Delegado 2015/63. 280 Para examinar si la JUR cumplió su obligación de motivación en cuanto a la determinación del objetivo de financiación anual, debe recordarse, para empezar, que, si bien es cierto que el autor de una decisión no está obligado, en la motivación de esa decisión, a especificar todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, no es menos cierto que debe exponer, al menos, los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan una importancia esencial en la sistemática de la decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 169 y jurisprudencia citada). 281 A continuación, cuando la JUR adopta una decisión por la que se fijan aportaciones ex ante, debe poner en conocimiento de las entidades afectadas el método de cálculo de esas aportaciones (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 122). 282 Lo mismo debe suceder con el método de cálculo del objetivo de financiación anual, cuyo importe reviste una importancia esencial en la lógica de una decisión de ese tipo. En efecto, como se desprende del artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, el método de cálculo de las aportaciones ex ante consiste en repartir dicho importe entre todas las entidades afectadas, de modo que un incremento o una reducción de ese importe da lugar al correspondiente incremento o reducción de la aportación ex ante de cada una de esas entidades. 283 De lo anterior se desprende que la lectura de la Decisión impugnada debe permitir que las entidades obligadas al pago de aportaciones ex ante comprendan cuando menos las principales etapas del método de cálculo del importe del objetivo de financiación anual para el período de contribución de que se trate. 284 En el caso de autos, como se desprende del considerando 80 de la Decisión impugnada, la JUR fijó el importe del objetivo de financiación anual en 7007654704 euros. 285 En el considerando 60 de la Decisión impugnada, la JUR recordó que había determinado dicho nivel de financiación atendiendo, en particular, al importe del nivel pronosticado como objetivo final, que debía alcanzarse al término del período inicial, y a los recursos financieros ya disponibles en el FUR. 286 La JUR expuso la metodología aplicada para fijar el objetivo de financiación anual en los considerandos 38 a 79 de la Decisión impugnada. 287 En el considerando 62 de la Decisión impugnada, la JUR explicó que, ante la perspectiva de crecimiento de los depósitos con cobertura en el futuro, establecer el objetivo de financiación anual en una octava parte del 1 % del importe de los depósitos con cobertura del año anterior no bastaría para alcanzar el nivel fijado como objetivo final. 288 En los considerandos 63 a 66 de la Decisión impugnada, la JUR precisó que, para tener en cuenta el pronóstico de la evolución de los depósitos con cobertura a lo largo del período inicial, había analizado —a falta de datos fiables sobre la evolución probable de los depósitos con cobertura de las entidades— las tasas de crecimiento de los depósitos de los hogares y de los depósitos de las sociedades mercantiles no financieras, basándose en los datos publicados por el Banco Central Europeo (BCE). Señaló que, sobre la base de este análisis, la hipótesis más realista era una tasa de crecimiento anual de los depósitos con cobertura del 3 % aproximadamente. 289 En los considerandos 67 a 77 de la Decisión impugnada, la JUR analizó la fase del ciclo económico y la potencial repercusión procíclica de las aportaciones ex ante en la situación financiera de las entidades. En relación con este último aspecto, indicó, en particular, que había tenido en cuenta que las aportaciones ex ante para 2016 iban a ser considerablemente más elevadas que las recaudadas en 2015 por las autoridades nacionales de resolución sobre la base de la Directiva 2014/59. 290 A raíz de este análisis, la JUR concluyó en el considerando 78 de la Decisión impugnada que, habida cuenta de las circunstancias desfavorables en el sector bancario y del nivel de incertidumbre imperante en la economía mundial en 2016, a fin de no agravar los efectos procíclicos que podían tener las aportaciones ex ante en la solvencia del sector bancario, era conveniente revisar a la baja la tasa de crecimiento que se había pronosticado a partir de las tasas de crecimiento de los depósitos de los hogares y de los depósitos de las sociedades mercantiles no financieras, esto es, mantener una tasa de crecimiento inferior al 3 %. 291 A la luz de estas consideraciones, en el considerando 80 de la Decisión impugnada, la JUR calculó un coeficiente que aplicó para determinar el objetivo de financiación anual (en lo sucesivo, «coeficiente») y fijó su valor en el 1,05 %. A continuación, calculó el importe del objetivo de financiación anual, multiplicando el importe medio de los depósitos con cobertura en 2015 por dicho coeficiente y dividiendo por ocho el resultado, de conformidad con la siguiente fórmula matemática: Objetivo0 [importe del objetivo de financiación anual] = 5339158631522 [Total depósitos con cobertura2015] * 0,0105 * ⅛ = 7007654704 euros. 292 En cuanto a la suficiencia de este razonamiento, en primer término, debe recordarse que el período de contribución 2016 corresponde al primer año del período inicial de ocho años. Así pues, aun cuando del considerando 60 de la Decisión impugnada se desprenda que el objetivo de financiación anual debe fijarse atendiendo a los recursos financieros ya disponibles en el FUR, las entidades podían saber que este factor carecía de toda incidencia en el cálculo del objetivo de financiación anual para el período de contribución 2016. 293 Por otro lado, de los considerandos 60 y 80 de la Decisión impugnada resulta, en particular, que la JUR determinó el objetivo de financiación anual siguiendo dos fases principales. En un primer tiempo, determinó el importe del nivel pronosticado como objetivo final y, en un segundo tiempo, dividió ese importe por ocho con el fin de tener en cuenta que el período inicial comprendía ocho años de contribución (véanse los anteriores apartados 285 a 291). 294 En cambio, nada indica que el cálculo del objetivo de financiación anual para el período de contribución 2016 se efectuara con arreglo a una fórmula matemática distinta de la indicada en el considerando 80 de la Decisión impugnada o que implicara otras fases adicionales no expuestas en dicha Decisión. 295 En estas circunstancias, no puede considerarse que la JUR omitiera indicar en la Decisión impugnada las principales etapas del método seguido para calcular el importe del objetivo de financiación anual correspondiente a ese período de contribución. 296 Por lo que se refiere, en segundo término, al importe del nivel pronosticado como objetivo final, procede señalar que dicho importe puede deducirse de la fórmula matemática que figura en el considerando 80 de la Decisión impugnada, como admite la propia demandante y confirmó la JUR en la vista. Más concretamente, el referido importe puede obtenerse multiplicando los dos primeros factores de esta fórmula, a saber, el importe de los depósitos con cobertura de las entidades en 2015 (esto es, 5339158631522 euros) por el coeficiente (esto es, 0,0105), lo que arroja un resultado aproximado de 56000 millones de euros. 297 Por lo que atañe, en tercer término, al modo en que la JUR determinó el importe del nivel pronosticado como objetivo final, del considerando 59 de la Decisión impugnada se desprende que dicha autoridad basó su análisis en el hecho de que, con arreglo al artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, ese importe debía corresponder al menos a un 1 % del importe de los depósitos con cobertura, al término del período inicial, de todas las entidades autorizadas en todos los Estados miembros participantes. 298 A este respecto, de los considerandos 62 y 63 de la Decisión impugnada se desprende que la JUR tuvo en cuenta el pronóstico de la evolución de los depósitos con cobertura de todas las entidades autorizadas en todos los Estados miembros participantes, a partir del importe de dichos depósitos como se presentaba en 2015 y hasta el final del período inicial, es decir, hasta finalizar 2023. 299 Por otro lado, de los considerandos 66 y 78 de la Decisión impugnada se infiere, en particular, que la JUR identificó en un primer momento una tasa de crecimiento anual de dichos depósitos con cobertura del 3 % entre 2015 y 2023, pero posteriormente revisó a la baja ese porcentaje a fin de tener en cuenta el análisis de la fase del ciclo económico y la posible repercusión procíclica que las aportaciones ex ante podrían tener en la situación financiera de las entidades (véanse los anteriores apartados 289 y 290). 300 Así, de la Decisión impugnada resulta que la JUR tomó una tasa de crecimiento anual de los depósitos con cobertura inferior al 3 % entre 2015 y 2023 para determinar el nivel fijado como objetivo final. 301 Por último, procede señalar que, como resulta de los considerandos 64 y 79 de la Decisión impugnada, la JUR no disponía, al determinar el objetivo de financiación anual correspondiente al período de contribución 2016, de datos fiables sobre la evolución probable de los depósitos con cobertura de las entidades entre 2015 y 2023, debido a que no había sido hasta un año antes cuando se había introducido una nueva definición de los depósitos con cobertura mediante la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO 2014, L 173, p. 149). Ante la falta de tales datos, la JUR tuvo que evaluar el pronóstico de la evolución de dichos depósitos a partir de las tasas de crecimiento de los depósitos de los hogares y de los depósitos de las sociedades mercantiles no financieras, como se desprende del considerando 64 de la Decisión impugnada. 302 Dadas estas particulares circunstancias y habida cuenta, además, de que la Decisión impugnada se refería al primer período de contribución tras la adopción del Reglamento n.o 806/2014, las entidades, como operadores diligentes, podían razonablemente esperar que, para determinar el objetivo de financiación anual correspondiente a ese período, la JUR tuviera también en cuenta el importe del nivel pronosticado como objetivo final, tal como figuraba en la exposición de motivos de la propuesta COM(2013) 520 final de la Comisión, de 10 de julio de 2013 —que dio lugar a la adopción de dicho Reglamento—, según la cual la Comisión estimó que el nivel que se fijaría como objetivo final correspondería a 55000 millones de euros. 303 Habida cuenta de lo anterior, las entidades tenían la posibilidad de comprender las principales modalidades con arreglo a las cuales la JUR iba a determinar el nivel que se fijaría como objetivo final, a los efectos de la determinación del objetivo de financiación anual correspondiente al período de contribución 2016. 304 Las alegaciones formuladas por la demandante no desvirtúan esta conclusión. 305 En primer lugar, la demandante critica que la Decisión impugnada no contiene ni el importe pronosticado de los depósitos con cobertura de todas las entidades autorizadas en el territorio de los todos los Estados miembros participantes al término del período inicial ni el importe del nivel pronosticado como objetivo final. 306 A este respecto, basta con recordar que, como se ha indicado en el anterior apartado 296, el importe del nivel pronosticado como objetivo final puede deducirse de la fórmula matemática que figura en el considerando 80 de la Decisión impugnada. 307 Por otro lado, en cuanto atañe al importe pronosticado de los depósitos con cobertura al término del período inicial, este no constituye, en el contexto de la Decisión impugnada, un dato esencial sin el cual la demandante no pudiera comprender las principales etapas del método seguido por la JUR, descrito en el anterior apartado 293. 308 En segundo lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada no ofrece elementos cuantificados que permitan comprender las razones en que se basó la JUR para fijar el coeficiente precisamente en el 1,05 %. Además, aduce que los elementos cuantificados que figuran en la Decisión impugnada son contradictorios. En efecto, el hecho de que la JUR aplicara el coeficiente del 1,05 % implica que la determinación del objetivo de financiación anual se basó en un crecimiento acumulado de los depósitos con cobertura del 5 % durante los ocho años del período inicial, mientras que en la Decisión impugnada se afirma que dicha determinación se basa en una tasa de crecimiento «anual» de tales depósitos del 3 % aproximadamente. Esta última tasa resulta en un crecimiento acumulado de los depósitos con cobertura muy superior al 5 % al término del período inicial. Por otro lado, no queda claro si la referencia a un «enfoque conservador» en el considerando 79 de la Decisión impugnada significa que, por razones de seguridad, el objetivo de financiación anual tuvo que fijarse en un nivel elevado o si, por el contrario, significa que la JUR se basó en un crecimiento reducido de los depósitos con cobertura. 309 Esta alegación se basa, por una parte, en la premisa errónea de que la JUR tomó, para determinar el nivel fijado como objetivo final, una tasa de crecimiento anual de los depósitos con cobertura del «3 % aproximadamente». En este sentido, como ya se ha señalado en el anterior apartado 300, se desprende de la Decisión impugnada, en particular de su considerando 78, que la JUR consideró conveniente «fijar el objetivo de financiación anual para 2016 sobre la base de una tasa de crecimiento pronosticada de los depósitos con cobertura inferior a la identificada atendiendo a la tasa de crecimiento observada de los depósitos de los hogares y de los depósitos de las sociedades mercantiles no financieras», a saber, una tasa inferior al 3 %. Por lo tanto, de este considerando se puede inferir que la JUR tomó una tasa comprendida entre el 0 % y el 3 %. Además, señalando que había adoptado un «enfoque conservador», la JUR indicó, en esencia, que consideraba conveniente, por los motivos que expuso en la Decisión impugnada, tomar una tasa de crecimiento anual situada en la franja inferior de dicha horquilla. 310 A este respecto, la JUR precisó en la vista, sin que la demandante la contradijera al respecto, que el importe del nivel de 56000 millones de euros fijado como objetivo final por la Decisión impugnada correspondía a una tasa de crecimiento anual de los depósitos con cobertura del 0,6 % aproximadamente. Pues bien, tal tasa de crecimiento anual aplicada a la suma de 5339158631522 euros corresponde, al cabo de ocho años, a una tasa acumulada del 4,92 % y, por tanto, no es incongruente, contrariamente a lo que alega la demandante, con una tasa de crecimiento acumulada del 5 % aproximadamente al término de ese período de ocho años, reflejada en el coeficiente del 1,05 %. 311 Por consiguiente, la Decisión impugnada no adolece de incongruencia alguna a este respecto. 312 Por otra parte, en cuanto a la crítica de la demandante de que la Decisión impugnada no ofrece elementos cuantificados que permitan comprender las razones en las que se basó la JUR para fijar el coeficiente precisamente en el 1,05 %, procede señalar, en primer término, que de los datos mencionados en la Decisión impugnada y de los recordados en los anteriores apartados 309 y 310 podía inferirse que dicho coeficiente corresponde al pronóstico de la tasa de crecimiento acumulado de los depósitos con cobertura al término del período inicial de ocho años estimado en el 5 % aproximadamente, lo que, en el caso de autos, se traducía en una tasa de crecimiento anual del 0,6 % aproximadamente. Así pues, esta última tasa se sitúa en la franja inferior de la horquilla comprendida entre el 0 % y el 3 % tomada por la JUR, lo que guarda coherencia con su enfoque conservador justificado por el análisis de la fase del ciclo económico y la posible repercusión procíclica que las aportaciones ex ante podrían tener en la situación financiera de las entidades. Por lo tanto, un operador diligente, como la demandante, podía comprender la articulación entre estos elementos. En segundo término, el coeficiente del 1,05 % permitía a la JUR, en las circunstancias particulares del caso de autos recordadas en el anterior apartado 302, inferir el nivel fijado como objetivo final atendiendo al importe pronosticado de dicho nivel, tal como se desprendía de los trabajos preparatorios del Reglamento n.o 806/2014. En tercer término, por cuanto atañe a la fijación de un coeficiente destinado a reflejar, en esencia, un pronóstico económico basado en diversos factores cambiantes, inciertos o variables, sería excesivo exigir una motivación específica para cada una de las decisiones técnicas o cada uno de los elementos cuantificados en que se basa este razonamiento, puesto que la Decisión impugnada recoge claramente el razonamiento seguido, permitiendo la impugnación posterior de su fundamentación ante el órgano jurisdiccional competente (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX y otros, C‑341/06 P y C‑342/06 P, EU:C:2008:375, apartado 108 y jurisprudencia citada). 313 Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la Decisión impugnada no adolece de falta de motivación en lo que atañe a la determinación del objetivo de financiación anual para el período de contribución 2016. C. Conclusión 314 Al ser infundados todos los motivos invocados por la demandante, procede desestimar el recurso en su totalidad. V. Costas 315 Según el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento, se decidirá sobre las costas en la sentencia que ponga fin al proceso. A tenor del artículo 219 de dicho Reglamento, aplicable al presente procedimiento tras la devolución, corresponde al Tribunal General decidir sobre las costas relativas, por una parte, a los procedimientos entablados ante dicho Tribunal General y, por otra, al procedimiento de casación seguido ante el Tribunal de Justicia. 316 Además, de conformidad con el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. 317 En el caso de autos, el Tribunal de Justicia, en la sentencia dictada en casación, anuló la sentencia inicial y reservó la decisión sobre las costas. Por consiguiente, procede decidir en la presente sentencia sobre las costas relativas al procedimiento inicial ante el Tribunal General, al procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia y al presente procedimiento tras la devolución. 318 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la JUR en el procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la demandante correspondientes a dicho procedimiento. 319 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante en el procedimiento de devolución ante el Tribunal General, sobre la base de las alegaciones que esta había formulado en el procedimiento ante el Tribunal General previo al recurso de casación, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la JUR correspondientes a estos dos procedimientos. 320 Por último, con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el Consejo y la Comisión cargarán con sus propias costas. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) La Junta Única de Resolución (JUR) cargará con sus propias costas y con las de NRW.Bank correspondientes al procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑662/19 P. 3) NRW.Bank cargará con sus propias costas y con las de la JUR correspondientes al procedimiento de devolución ante el Tribunal General en el asunto T‑466/16 RENV y al procedimiento inicial ante el Tribunal General en el marco del asunto T‑466/16. 4) El Consejo de la Unión Europea y el Comisión Europea cargarán con sus propias costas. Kornezov De Baere Petrlík Kecsmár Kingston Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de febrero de 2024. El Secretario T. Henze, Secretario Adjunto El Presidente Índice I. Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del presente recurso II. Decisión impugnada III. Pretensiones de las partes IV. Fundamentos de Derecho A. Sobre las excepciones de ilegalidad de los artículos 5, apartado 1, letra f), y 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y de lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 1. Sobre el noveno motivo, basado en la excepción de ilegalidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 a) Observaciones preliminares b) Sobre el alcance del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 c) Sobre la legalidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 1) Sobre la primera parte, basada en la inobservancia de los trabajos preparatorios de la Directiva 2014/59 2) Sobre la segunda parte, basada en la vulneración del objetivo de reducción de las cargas de los presupuestos públicos 3) Sobre la tercera parte, basada en la violación de los principios de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo y de igualdad de trato 2. Sobre el décimo motivo, basado en la ilegalidad del artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra b), y de lo dispuesto bajo el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 B. Sobre los motivos relativos a la legalidad de la Decisión impugnada 1. Sobre los motivos segundo y tercero, basados en la vulneración por la Decisión impugnada del artículo 41 de la Carta y de la obligación de motivación debido a la falta de base jurídica para la sustitución, con efecto retroactivo, de las Decisiones iniciales 2. Sobre el cuarto motivo, basado en una motivación insuficiente de la Decisión impugnada en cuanto atañe al cálculo de la aportación ex ante de la demandante a) Observaciones preliminares b) Primera parte, relativa a la falta de motivación individualizada de la Decisión impugnada c) Segunda parte, relativa a la falta de comunicación de los datos individuales de las demás entidades d) Tercera parte, relativa a una motivación insuficiente en cuanto a la constitución de los intervalos 3. Sobre el sexto motivo, basado en el incumplimiento de los «requisitos generales de procedimiento» que resultan del artículo 41 de la Carta, la vulneración del artículo 298 TFUE, la violación de los principios generales del Derecho y la infracción del Reglamento interno de la JUR 4. Sobre los motivos primero y séptimo, basados en la vulneración del artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta, por no haberse respetado el derecho a ser oído a) Primera parte, relativa al carácter insuficiente del plazo para presentar observaciones en el procedimiento de consulta b) Segunda parte, relativa al hecho de que la Decisión impugnada fue definitivamente adoptada antes del procedimiento de consulta 5. Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración por la Decisión impugnada del derecho a la tutela judicial efectiva 6. Sobre el octavo motivo, basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada a la luz de los artículos 3, punto 28, y 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 7. Sobre el undécimo motivo, basado en la violación de los principios generales del Derecho, en la medida en que la Decisión impugnada no se basa en los elementos de Derecho vigente en la fecha de su adopción 8. Sobre la motivación de la determinación del objetivo de financiación anual C. Conclusión V. Costas ( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.